sábado, 30 de agosto de 2008

EL DESTINO DE LOS MILLONES QUE DEJARÁ MADONNA EN CHILE

Sólo por la venta de entradas, el show programado para el 10 de diciembre recaudará casi 9 millones de dólares. El negocio no sólo es redondo para Madonna y los organizadores. Del total de los honorarios declarados por la cantante, el fisco chileno cobrará el 35%. Además, a la SCD le corresponde el 5% de cada entrada vendida y a Chiledeportes el 6%, además de 600 invitaciones y $ 9 millones por el arriendo del estadio. Cuentas aparte hace la empresa Ticketmaster, que ganará unos $693 millones por tener la exclusividad de la venta de entradas.
Por Cristóbal Peña y Juan Pablo Figueroa, CIPER.


No sólo Madonna y las productoras que la traen a Chile se llenarán los bolsillos con el concierto de una gira mundial que ostenta el récord de las entradas más caras del mundo. De los cerca de 9 millones de dólares que recaudará la presentación programada para el 10 de diciembre, sólo por venta de entradas -cifra que se desprende al calcular la totalidad de las ubicaciones disponibles con el valor los boletos (ver cuadro 1 al final del texto)-, un porcentaje importante quedará en las arcas fiscales por concepto del impuesto adicional a la renta de empresas no residentes.
A este gravamen, que consiste en el 35% de los honorarios declarados, se suma lo que cobra el Estadio Nacional por el arriendo del recinto y por cada boleto vendido, que alcanza al 6% del total de lo recaudado, además del 5% del total de lo percibido que por ley le corresponde a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).
En ese entendido, aparte de los 9 millones 130 mil pesos que cobra la administración del Estadio Nacional por el arriendo, el recinto recaudará cerca de $ 232 millones por los boletos vendidos en cada actuación. La cifra se calcula a base de la venta de boletos y no considera el valor de las 600 entradas “de cortesía” que exige el contrato y que van a parar a Chiledeportes, sin que exista un reglamento o norma acerca del destino o uso de las mismas.
“Las invitaciones forman parte de un antiguo protocolo y está vigente para cada evento, no sólo para el de Madonna”, explica Claudia Castro, administradora del Estadio Nacional.
Lo que llegará a la caja de la SCD, una corporación de derecho privado, alcanza a unos $194 millones. Se trata de un cobro que opera en casi todo el mundo, aunque con diferencias porcentuales, y se calcula en relación a la venta de boletos. El de Chile es un porcentaje bajo en relación a otros países. En Argentina cobra un 12% y en España, Uruguay y Perú, un 10 por ciento.
El director del Departamento de Licencia de la SCD, Juan Antonio Durán, explica que del total recaudado por la institución en cada concierto, cerca de un 20% quedará en la SCD para gastos de administración. El resto irá a parar a quienes ostenten los derechos de las canciones que se interpreten en vivo.
En el caso de los temas en que Madonna sea autora, explica Durán, “esos derechos no se le pagan directamente, sino que se remesan a la sociedad autoral que corresponda, quien a la vez le paga los derechos”.
De cualquier modo, esas ganancias resultan muy marginales en relación a las otras.


Modelo de negocio
No es fácil conocer el valor exacto de un show de Madonna. Este varía de un país a otro, pero de acuerdo con los principales medios de prensa de España, donde se desató una polémica por el financiamiento público que prestará la diputación de Valencia al show programado para el 18 de septiembre, éste bordea los 4.5 millones de euros, honorarios incluidos. Esto es, poco más de 6 millones 600 mil dólares.
Además, el modelo de negocios de la intérprete de Like a virgin resulta particular para la industria del espectáculo. Desde que en octubre último abandonó la discográfica Warner Music para asociarse con Live Nation Inc, productora estadounidense que maneja a músicos como U2, Shakira y Jay-Z, la cantante no sólo concentró sus discos, conciertos, productos de marketing y películas en una sola agencia de promoción, sino que pasó a ser accionista de esa agencia. La operación, que le significó US$ 120 millones por un contrato a diez años, le asegura el control absoluto de sus intereses comerciales.
A diferencia de otros artistas de talla mundial, que venden los shows a productoras multinacionales por medio de una agencia, Madonna y la empresa Live Nation participan directamente de la producción y también, por cierto, de gran parte de las ganancias de los conciertos. Es por esta razón que las presentaciones en Latinoamérica son organizadas en conjunto por Live Nation y la también multinacional de origen estadounidense Time For Fun. La primera se aseguraría el 90% por ciento de las ganancias.
Descontando los costos mencionados por impuestos y derechos, la recaudación total por cada concierto en Chile superaría los US$ 3 millones (ver cuadro 2), sin contar los ingresos de las empresas auspiciadoras, Entel PCS y Banco de Chile, que se reservan la exclusividad de venta de entradas para sus clientes. A los valores recaudados habría que restarle los gastos de producción y, eventualmente, el IVA por concepto de la venta de boletos. Sin embargo, muy rara vez el valor de los boletos de conciertos están gravados con el IVA.
La enorme mayoría de los espectáculos se acogen al artículo 12 de la Ley sobre Impuestos a la Venta y Servicios, según el cual la venta de las entradas de producciones consideradas artísticas, culturales o científicas pueden acogerse a la exención del pago del IVA. En la Secretaría Ministerial de Educación, Seremi, encargada de revisar las solicitudes al respecto, explican que la gran mayoría de los conciertos que se realizan en el país, ya sea de músicos chilenos o extranjeros, se realizan con el patrocinio del Ministerio de Educación y, por tanto, no pagan IVA.
Ha habido algunas excepciones fundadas en el no cumplimiento de los requisitos exigidos. Entre estos figuran el que en los espectáculos no se venda alcohol hasta que, en caso de los artistas extranjeros, cuenten con el patrocinio de embajadas o institutos culturales de sus respectivos países. Por razones obvias, el primer requisito no ha sido cumplido por la Cumbre Guachaca y la Feria del Vino de Pirque. Tampoco se cumplió en el caso Liza Minelli: el precio de la entrada a su concierto incluía una copa de pisco sour.

La comisión de Ticketmaster
The Sticky and Sweet Tour es el nombre de la gira que trae por primera vez a Madonna a Chile. Considera 50 presentaciones y la recaudación total estimada es de US$ 250 millones, la quinta más lucrativa en la historia de la música popular. Aunque gran parte de las ganancias quedarán en poder de Live Nation, la agencia que la representa y de la que a la vez es accionista, las cuentas para Time 4 Fun, la productora que organiza el concierto en Latinoamérica, no son despreciables. Especialmente para la representación en Chile, a cargo del gerente Francisco Goñi: acá las entradas más caras cuestan casi el doble que en Argentina.
Negocio aparte realiza hace Ticketmaster, empresa de la cual Goñi fue gerente. Como Ticketmaster tiene la exclusividad de la venta de las entradas, se asegura una comisión promedio del 18%, lo que se traduce en una recaudación cercana a los $693 millones.
Consultado por CIPER sobre éste y otros temas referentes al contrato del concierto de Madonna, además del número de boletos en venta y la modalidad de distribución, el productor Francisco Goñi se negó a comentar lo que considera “cosas privadas del negocio”.

Cuadro 1:
Publicado originalmente en CIPER (29/08/2008)

viernes, 15 de agosto de 2008

BIENES, PLATAS Y DEUDAS DE LOS ALCALDES III: LAS COMUNAS MÁS IMPORTANTES DE REGIONES

Durante dos años el alcalde de Ancud ignoró la ley que lo obliga a entregar a la Contraloría una declaración de patrimonio con todos sus bienes e inversiones. El jefe comunal debía presentar el documento en 2006, pero lo hizo recién esta semana y nunca fue fiscalizado. Los ediles de Arica e Iquique tampoco cumplieron con los plazos para actualizar las declaraciones. Un dato sorprendente: el suspendido edil antofagastino declaró que guarda en su casa $22 millones en efectivo.
Por Juan Pablo Figueroa y Pedro Ramírez, CIPER

En la cabecera norte de la isla grande de Chiloé sencillamente ignoraron la puesta en marcha de la reforma a la Ley 18.575, la que obliga a los jefes comunales -entre otras autoridades- a entregar a la Contraloría una declaración con todos los bienes, intereses y deudas que poseen al momento de iniciar su gestión y otra cuando finalizan su periodo. En el municipio de Ancud nadie se dio por enterado de la norma que surgió después de largos años de discusión legislativa y que dio origen a las declaraciones de patrimonio, formulario que desde junio de 2006 deben llenar las autoridades ejecutivas y legislativas cada cuatro años, y cuyo fin es que los ciudadanos puedan fiscalizar si hay enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Y nadie se encargó de representarles su incumplimiento de la Ley.
Porque aunque parezca increíble, hasta esta semana el alcalde de Ancud no había presentando su declaración. Su actitud es un verdadero indicador de las falencias que evidencia este sistema. En más de dos años, la Contraloría regional jamás fiscalizó al edil Pablo Ossio (DC) ni le notificó que, al no haber cumplido con esta obligación legal, se exponía a una sanción que va de 5 a 15 UTM (entre $180.000 y $540.000).
Y si el objetivo final de estas declaraciones es que se conviertan en una herramienta eficaz contra la corrupción a través de la activa fiscalización ciudadana, lo ocurrido en este municipio chilote revela su ineficacia: ni siquiera los partidos políticos opositores a la gestión de Ossio se dieron el trabajo de chequear la existencia del documento y la veracidad de su contenido. De hecho, los seis concejales de Ancud -en cuyos cargos recae la labor fiscalizadora de la gestión alcaldicia- tampoco entregaron sus declaraciones de patrimonio.
El proceso, aun cuando está destinado a cautelar la probidad pública, mantiene en pie una barrera que dificulta el rol fiscalizador de los ciudadanos. De acuerdo con
el fallo adoptado por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre de 2005, la Contraloría no puede entregar fotocopias ni reproducciones en formato electrónico de las declaraciones de patrimonio. Los interesados en el patrimonio de sus autoridades sólo pueden consultar los originales y copiarlos a mano o con grabadoras de audio. Para quienes residen en pequeñas comunas de provincia, la valla es mucho más alta. Para acceder a las declaraciones de sus autoridades locales, deben desplazarse en horario laboral a la ciudad donde se encuentre la sede regional de la Contraloría.
CIPER solicitó a la Contraloría consultar estos archivos. Copió los datos en formularios idénticos a los que usan las autoridades y publica ahora esas reproducciones para facilitar la labor de fiscalización de los ciudadanos. Después de los dos primeros capítulos dedicados a los bienes e inversiones que declaran los alcaldes metropolitanos, la serie se cierra con esta tercera entrega que contiene las declaraciones patrimoniales de los jefes comunales de los 27 municipios más importantes de regiones. (Ver declaraciones de alcaldes de la
zona metropolitana norte y declaraciones de alcaldes de la zona metropolitana sur).

Un atraso de dos años
A comienzos de esta semana, cuando CIPER consultó por qué no figuraba la declaración de Ossio en el archivo de la Contraloría, la jefa de Personal de la Municipalidad de Ancud, Adriana Yánez, respondió que el formulario nunca fue llenado ni entregado por el alcalde. También confirmó que otras 28 personas que ocupan cargos directivos en el gobierno comunal, tampoco cumplieron con la obligación legal
A dos años de la entrada en vigencia de la norma, y en una curiosa coincidencia, la funcionaria comentó que precisamente todos los formularios serían presentados a la Contraloría la próxima semana. El trámite extrañamente se apuró y las declaraciones de Ossio y otros 20 funcionarios municipales fueron despachadas este miércoles 13 a la Contraloría Regional de Puerto Montt. Con tono de alivio, Adriana Yánez comentó ese día que sólo faltaban las de los concejales. De hecho, en esa misma jornada remitió a CIPER una copia del formulario que llenó el alcalde –fechado el 11 de este mes-, pero sin timbre de ingreso de la Contraloría.
El alcalde Ossio, quien no respondió las solicitudes de entrevistas de CIPER, tampoco había presentado su declaración de intereses, de acuerdo a la respuesta de Adriana Yánez. Un dato no menor, si se considera que las faltas relacionadas con la declaración de patrimonio sólo tienen multa en dinero, pero aquellas referidas a los intereses económicos del declarante -profesión u oficio y sociedades en las que participa- pueden ser castigadas hasta con la destitución si se detectan omisiones graves.

Atrasos en Arica e Iquique
La norma que regula las declaraciones patrimoniales de las autoridades estipula que éstas deben hacerse ante notario hasta 30 días después de haber asumido el cargo y deben actualizarse cada cuatro años o cada vez que se produzca un “hecho relevante” relacionado con los bienes, inversiones, intereses o deudas del funcionario. También tendrán 30 días de plazo para actualizar la ficha cuando se cambien de puesto dentro de la administración pública.
Además del alcalde de Ancud, que ostenta el récord en materia de retraso, otros jefes comunales que están en deuda con la Contraloría son los del extremo norte: Waldo Sankán, de Arica y Myrta Dubost, de Iquique: dos municipios en los que las irregularidades han dado paso a juicios de destitución. Ambos asumieron como alcaldes suplentes y aunque la ley los obliga a entregar su declaración porque ocuparon un nuevo puesto, no informaron sobre su patrimonio.
Los 30 días de plazo expiraron hace rato para Sankán (PPD), que reemplazó al destituido Carlos Valcarce el 20 de mayo pasado. Lo mismo ocurre con Dubost (independiente pro Alianza), que en abril de 2007 ocupó el sillón del que fue expulsado Jorge Soria.
Sankán hizo un mea culpa: “Debo ser sincero, no sabía que había que actualizar esta declaración al asumir el cargo como alcalde suplente ni tampoco fui informado por quienes deberían ser responsables en la parte administrativa. Pero, más allá de las responsabilidades, me doy por enterado y no tengo ningún problema en actualizar mi declaración de patrimonio”. Claro que el reconocimiento no significa que se ahorrará la multa. Esto, claro está, si es que alguien decide llevar la denuncia a la Contraloría o directamente a los tribunales. Lo mismo corre para Ossio y Dubost.
Una situación radicalmente distinta es la que afecta al alcalde de Los Andes, Manuel Eduardo Enrique Rivera Martínez (UDI), cuya declaración no figura en los registros de la Contraloría. No obstante, el edil aconcagüino puede dar fe de que no ha incurrido en una irregularidad: Rivera hizo llegar a CIPER una copia del formulario, debidamente timbrado por la Contraloría Regional de Valparaíso e ingresado a esa repartición con el número 04091 del 21 de julio de 2006.

Sociedades y negocios
Al revisar las declaraciones patrimoniales de los alcaldes de ciudades de regiones, un dato que salta a la vista es que muy pocos de ellos participan en sociedades comerciales, en contraste con lo que ocurre con los jefes comunales metropolitanos. Sólo cinco de los 27 ediles que componen la nómina de las comunas de provincia, integran sociedades (uno de ellos participa en tres y otro, en dos). En cambio, entre los 49 alcaldes de los comunas metropolitanas, 19 integran sociedades con fines de lucro.
En todo caso, el edil de Los Ángeles, Joel Rosales Guzmán (independiente pro Alianza), en su declaración deja en claro la importancia que concede a sus negocios privados. En los espacios que el formulario destina a registrar la dependencia administrativa y el cargo (“municipalidad” y “alcalde”, respectivamente), Rosales prefirió poner primero su empresa “Servicios Forestales y Transportes Rosales” y se apuntó como “socio”. Después agregó -a mano- las referencias al municipio y a su puesto de alcalde. De hecho, en el espacio donde debía consignar el lugar en que se desempeña, Rosales no puso la dirección de la Municipalidad de Los Ángeles (Caupolicán 339), sino la de su negocio: Valdivia 300, oficina 303.
Similar actitud tuvo el alcalde de Coquimbo, Óscar Enrique Pereira Tapia (DC), quien no se registra en el formulario como “alcalde”, sino como jubilado del Servicio Nacional de Salud.
La declaración de patrimonio más “liviana” en este grupo de ediles de provincia, es la del alcalde de Rancagua, Carlos Arellano Baeza (DC), quien sólo apuntó los datos referidos a su nombre, estado civil, domicilio y lugar donde desempeña sus funciones. El resto de la ficha lo dejó en blanco. Arellano asegura que, salvo su sueldo a fin de mes, no tiene más fondo financiero que sus bolsillos. Ni siquiera una tarjeta de crédito.
En el ranking de la “austeridad”, le sigue el alcalde de Punta Arenas, Juan Morano Cornejo (DC), cuyas únicas propiedades son la sede democratacristiana local, a la que asigna un valor comercial aproximado de $20 millones, un PC y un bote (además de otro bien mueble ilegible). El resto, sólo deudas: un crédito hipotecario por 835 UF y tres créditos de consumo.

Dinero bajo el colchón
El único edil de regiones que no esperó el cambio de mando municipal o que se cumplieran cuatro años desde que hizo el primer formulario para actualizar el documento, fue el de La Serena, Raúl Saldívar Auger (PS), quien cambió su declaración para informar una nueva adquisición. Efectivamente, en su primera ficha (19 de julio de 2006), Saldívar no informó inmuebles. Pero en su última declaración (21 de noviembre de 2006) apuntó una vivienda inscrita a su nombre ese mismo año.
El alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo (DC), al parecer decidió proteger su privacidad y no llenó los siguientes campos obligatorios al declarar un bien inmueble: destino, ubicación, los antecedentes de la inscripción en el conservador (número, fojas y año) y si está sujeto a gravámenes (aunque más adelante consigna que tomó un crédito hipotecario por 1.348 UF en el BancoEstado). Cornejo sólo anotó que tiene la propiedad “plena o individual”, que el inmueble está inscrito en el conservador de bienes raíces de Valparaíso y que su rol de avalúos es 08030-00013.
Finalmente, el dato curioso y sorprendente lo puso el suspendido jefe comunal antofagastino, Daniel Adaro (independiente, ex DC), quien se vio obligado a dejar su cargo porque el Ministerio Público lo investiga por fraude al fisco. Adaro fue reemplazado por Gonzalo Dantagnan (DC) el 30 de julio pasado y aún no se cumple el plazo de 30 días para que el alcalde suplente actualice su declaración. De acuerdo con los datos que puso Adaro en la ficha que llenó el 2006, al parecer no confía en los bancos o quería dar una contundente muestra de la eficacia de los mecanismos de seguridad ciudadana de su municipio. El alcalde suspendido declaró que guarda en su casa nada menos que $22 millones en efectivo.
La siguiente es la nómina de las declaraciones de patrimonio de los alcaldes de las 27 ciudades más importantes de regiones. Salvo aquellos datos consignados en las declaraciones de los alcaldes de Ancud y Los Andes, los antecedentes de las restantes fueron tomados de los documentos archivados en la Contraloría. En concordancia con el fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2005, en lo relativo a proteger la privacidad de los declarantes, se han tarjado detalles de las direcciones de sus inmuebles y las placas patentes de sus vehículos.

Declaraciones patrimoniales de los alcaldes de las 27 principales comunas de provincia
Arica: Waldo Sankan

Iquique: Myrta Dubost

Antofagasta: Daniel Adaro

Calama: Arturo Molina

Copiapó: Marcos López

La Serena I: Raúl Saldívar

La Serena II: Raúl Saldívar

Coquimbo: Oscar Pereira

Los Andes: Manuel Rivera

San Felipe: Jaime Amar

Valparaíso: Aldo Cornejo

Viña del Mar: Virginia Reginato

Rancagua: Carlos Arellano

San Fernando: Juan Paulo Molina

Curicó: Celso Morales

Talca: Patricio Herrera

Linares: Rodrigo Hermosilla

Chillán: Aldo Bernucci

Concepción: Jacqueline Van Rysselberghe

Los Ángeles: Joel Rosales

Temuco: Francisco Huenchumilla

Osorno: Mauricio Saint-Jean

Valdivia: Bernardo Berger

Puerto Montt: Rabindranath Quinteros

Ancud: Pablo Ossio

Castro: Nelson Águila

Coyhaique: David Sandoval

Punta Arenas: Juan Morano

Lea además las declaraciones de patrimonio de los alcaldes de la Región Metropolitana:

Bienes y platas de los alcaldes I: Las comunas de la región metropolitana norte

Bienes y platas de los alcaldes II: Las comunas de la región metropolitana sur
Publicado originalmente en CIPER (14/08/2008)

sábado, 9 de agosto de 2008

BIENES Y PLATAS DE LOS ALCALDES II: LAS COMUNAS DE LA ZONA METROPOLITANA SUR

Un saxofón de tres millones de pesos, un caballo llamado “Tirano”, un nicho perpetuo y un Ford de 1946 figuran entre las curiosidades que anotan los alcaldes en sus declaraciones de patrimonio. El jefe comunal de San Miguel sólo apunta una deuda y el de La Cisterna ni siquiera eso: entregó la ficha en blanco. El de Pirque, en tanto, muestra un millonario patrimonio en acciones que contrasta con el modesto préstamo que pidió hace diez años a la popular “Tía Rica”. En esta segunda entrega, CIPER publica las declaraciones de patrimonio de otros 27 alcaldes capitalinos.

Por Juan Pablo Figueroa y Pedro Ramírez, CIPER.

Para el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, aquello de que la música es una pasión no es sólo un lugar común. Y de su bolsillo surgen las pruebas. Así se desprende de su declaración de patrimonio. Según lo que anotó en el formulario que se conserva en el archivo de la Contraloría, a lo largo de su vida el PPD Sergio Echeverría sólo ha acumulado tres bienes: un Peugeot 307 del 2001, un equipo de sonido de tres millones de pesos y un saxofón que el edil tasa en otros tres millones.

En todo caso, en este segundo capítulo de las declaraciones de patrimonio hechas por alcaldes -que considera a los 27 jefes comunales de la zona sur metropolitana- la de Echeverría no es la más “liviana”. El primer lugar de ese ranking lo tiene la declaración del alcalde de San Miguel, Julio César Palestro (PS), que lo único que registra a su nombre es una deuda de seis millones de pesos, por un crédito de consumo que le extendió el BCI.

A Palestro le sigue el alcalde de La Granja, Claudio Arriagada (DC), el que, salvo por haber apuntado la fecha y sus datos personales, firmó un formulario prácticamente en blanco. De hecho, ni siquiera puso su domicilio, un campo que debía ser llenado obligatoriamente. No hay frutos materiales del esfuerzo laboral de Arriagada en su declaración ni cuentas corrientes ni ahorros ni vehículos ni sociedades. Por lo menos, a estas alturas puede decir que la vida lo sorprende empatado: tampoco marca deudas.

Entre las curiosidades que se observan en las declaraciones de los ediles del sur capitalino, se cuentan dos anotaciones que el alcalde de Macul, Tito Sergio Puyol (DC), apuntó en su ficha: un automóvil Ford de 1946 y un “nicho perpetuo” en el Cementerio Católico. También resalta la joyita del alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón (RN), quien mantiene en su poder una potente moto Kawasaki 650B, un clásico de 1978. Digna de mención, además, es la transparencia del alcalde de la modesta comuna de San Pedro de Melipilla, Avelino del Tránsito Farías (independiente pro Alianza), quien incluye en su nómina de bienes hasta la estufa de su esposa y las herramientas de su taller.

Caballos y acciones

Aunque el jefe comunal de Pirque, Jaime Escudero Ramos (PPD), consigna tres caballos a su haber -dos tasados en 1,5 millón de pesos y el tercero en un millón-, uno de los cuales lleva al sugerente nombre de “Tirano”, no es este detalle el más llamativo de su declaración patrimonial. En el tercer punto del formulario, destinado a anotar los “valores o instrumentos transables”, Escudero coloca sus acciones en la Sociedad Agrícola La Higuera Ltda. y en el mismo espacio apunta que, a su juicio, estos títulos representan un cantidad aproximada de $ 3.325.000.000. Aunque se trata de un monto inusual respecto de los que figuran habitualmente en las declaraciones de los ediles, tener dinero -y declararlo- no es un pecado. Lo extraño es que diez años antes, en mayo de 1996, el mismo Escudero solicitó un préstamo a la Dirección de Crédito Prendario, la popular “Tía Rica”, que atiende a quienes no tienen cabida en el sistema bancario. Una investigación realizada por CIPER consignó que el alcalde recibió entonces un millón de pesos.

El préstamo que favoreció a Escudero cuando aún era concejal fue objeto de una denuncia, que involucra otros casos irregulares, de la asociación de funcionarios del Crédito Prendario, lo que motivó una investigación del fiscal de la Contraloría Jaime Gallegos Aguilar. Este último identificó en su primer informe a Escudero Ramos -a quien erróneamente llama Juan Francisco- como agricultor y cuñado de Juan Guillermo Hurtado Neira, entonces fiscal de la Dirección del Crédito Prendario. El informe de Gallegos, fechado en febrero de 1998, establece que la reglamentación era precisa en orden a que este tipo de préstamos “están dirigidos a personas naturales de escasos recursos y que tengan o se inicien en una actividad económica de carácter industrial o comercial”.

“Hechos relevantes”

De los 27 alcaldes de las municipalidades del sur metropolitano, 11 anotan domicilio en comunas distintas a las que encabezan. Los “extranjeros” se agrupan en tres de la Alianza por Chile (Cerrillos, La Florida y Puente Alto) y ocho del oficialismo (El Bosque, La Pintana, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, San Joaquín, San Ramón y Talagante).
De acuerdo con las normas que regulan las declaraciones de patrimonio, éstas deben ser actualizadas cada cuatro años, cuando el declarante deja el cargo, cambia de puesto o sucede algún hecho relevante en su bitácora financiera (compra de un bien, ingreso o salida de una sociedad, por ejemplo). En este grupo de alcaldes, sólo dos han entregado una segunda declaración. Se trata de los jefes comunales de La Pintana (Jaime Pavez, PPD) y La Cisterna (Santiago Rebolledo, PPD).

El titular de La Cisterna hizo su segunda declaración sólo dos meses después de la primera (20 de julio de 2006 y 27 de septiembre de 2006) y agregó una cuenta de ahorro a la vista con $12.400.000 abierta en el BancoEstado.

El edil de La Pintana presentó el primer formulario también en julio de 2006, pero lo actualizó en marzo de 2007. En su segunda entrega desaparece un inmueble inscrito en el conservador de San Miguel que había registrado en la primera versión. Además, incluyó un departamento con bodega en la costera localidad de El Tabo (al que asigna un valor comercial de 2.450 UF), agregó la sociedad Transportes El Cóndor Ltda. y sumó dos créditos hipotecarios. Un dato interesante es que la sociedad de transportes figura en los registros del Diario Oficial constituida por Pavez y otros dos socios en julio de 2004 y el departamento en la playa -según los datos que anota el mismo alcalde- está registrado a su nombre en el conservador de San Antonio desde 2005. De acuerdo con estos antecedentes, pareciera que ni la sociedad ni el departamento son “hechos relevantes” surgidos después de confeccionada la primera declaración, sino simples olvidos.

Las declaraciones que publicamos no son fotocopias de las originales, pues la Contraloría no está autorizada a entregar copias, sino sólo a facilitar estos documentos para su consulta. Llenando el mismo formulario que utilizan los funcionarios públicos y autoridades, CIPER recopiló los datos y exhibe reproducciones. En sintonía con el fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2006, que cautela el derecho a la privacidad de los declarantes, se han tarjado detalles de las direcciones y placas patentes de los vehículos de los alcaldes.

Normas y sanciones
Las normas que regulan las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios públicos están incluidas en los Párrafos 3º y 4º de la Ley Nº 18.575 (y entraron en vigencia con las modificaciones introducidas a ese cuerpo legal en 2006). El texto define los cargos que están sujetos a dichas reglas, establece la individualización de los contenidos que deben ser incluidos en las declaraciones y las sanciones que se aplicarán en caso de omisión de información relevante en ellas.
El formulario de la declaración de patrimonio debe ser llenado y entregado por el declarante dentro de los 30 días siguientes a la asunción en el cargo. Este debe incluir datos específicos sobre sus bienes inmuebles, vehículos motorizados, valores transables, derechos en sociedades y comunidades y pasivos superiores a las 100 UTM. Las actualizaciones deben presentarse cada cuatro años, cada vez que el funcionario sea nombrado en un nuevo puesto de la administración pública y al concluir el período de su función. El plazo que otorga la ley para ello es de 30 días.
Según la ley, “la inclusión a sabiendas de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de la información relevante requerida por ley en la declaración de intereses o en la de patrimonio serán tenidas en cuenta para los efectos de las calificaciones y se sancionarán disciplinariamente con multa de diez a treinta UTM”. La misma sanción corre para la no presentación oportuna de las declaraciones al asumir un cargo. En el caso de retraso en las actualizaciones la multa irá de cinco a 15 UTM.
El reglamento que complementa la ley -decreto Nº 45, del 17 de marzo de 2006- indica que “se considerará que la omisión de información es inexcusable, cuando el antecedente omitido no haya podido sino ser conocido por el funcionario o autoridad declarante”. Asimismo, estipula que las multas podrán ser reclamadas ante las cortes de Apelaciones y que si el infractor corrige la declaración dentro de 10 días desde que se le notifica la resolución, la multa se rebajará a la mitad.

Declaraciones patrimoniales de los 22 alcaldes de la zona norte de la Región Metropolitana

Buin: Ángel Bozán

Calera de Tango: Erasmo Valenzuela

Cerrillos: Alejandro Almendares

El Bosque: Sadi Melo

La Cisterna I: Santiago Rebolledo

La Cisterna II: Santiago Rebolledo

La Florida: Pablo Zalaquett

La Granja: Claudio Arriagada

La Pintana I: Jaime Pavez

La Pintana II: Jaime Pavez

Lo Espejo: Carlos Inostroza

Macul: Sergio Puyol

Maipú: Alberto Undurraga

María Pinto: Jessica Mualim

Melipilla: Fernando Pérez

Padre Hurtado: Desiderio Moya

Paine: Patricio Achurra

Pedro Aguirre Cerda: Juan Saavedra

Peñaflor: Manuel Fuentes

Peñalolén: Claudio Orrego

Pirque: Jaime Escudero

Puente Alto: Manuel Ossandón

San Bernardo: Orfelina Bustos

San Joaquín: Sergio Echeverría

San José de Maipo: Víctor Cáceres

San Miguel: Julio Palestro

San Pedro de Melipilla: Avelino Farías

San Ramón: Pedro Isla

Talagante: Rosa Huerta

Publicado originalmente en CIPER (08/08/2008)

sábado, 2 de agosto de 2008

LAS PROPIEDADES, AHORROS Y DEUDAS QUE DECLARAN LOS ALCALDES (PARTE I)

Mesas de pool, caballos de carrera y autos antiguos se mezclan con las sociedades, casas e inversiones que incluyen las declaraciones de patrimonio que hicieron los alcaldes en 2006 y que a partir del 6 de diciembre, al finalizar su período, podrán ser comparadas con las actualizaciones que los ediles deben entregar por ley. Una obligación que transparenta la función pública y ayuda a la fiscalización del posible enriquecimiento ilícito. Como un aporte al voto informado en las elecciones municipales, CIPER copió los formularios que entregaron los jefes comunales a la Contraloría y en este primer capítulo publica los correspondientes a los municipios de la zona norte metropolitana.

Por Juan Pablo Figueroa y Pedro Ramírez, CIPER

Al menos un punto hermana al disciplinado militante comunista Salvador Delgadillo con el coronel (r), ex jefe de escolta de Pinochet y ministro del régimen militar, Cristián Labbé. Ambos forman parte de lo que podría denominarse el “proletariado edilicio”. Delgadillo, hoy alcalde de Til Til, y Labbé, actual jefe comunal de Providencia, ocupan un lugar de excepción entre la minoría de ediles que prácticamente no consignan propiedades en las declaraciones de patrimonio que –por ley- están obligados a entregar los alcaldes, entre otras autoridades administrativas, ejecutivas, judiciales y legislativas. Delgadillo sólo registró en el formulario una deuda que supera los 900 mil pesos y una casa de su esposa. Labbé declaró como único bien la propiedad de un inmueble.

Aunque la ley establece que estas declaraciones son documentos públicos, las autoridades no están obligadas a difundirlas por medios masivos y sus originales sólo pueden ser consultados y copiados a mano en la sede de la Contraloría General de la República. Un proceso engorroso, a pesar de las facilidades que brinda la unidad de la Contraloría encargada de recibir las consultas sobre este material, que dificulta a los ciudadanos ejercer el proceso de fiscalización para el que fue creado este documento.

En la misma semana en que se han inscrito los candidatos para las elecciones municipales de octubre, CIPER ha copiado desde los archivos de la Contraloría las declaraciones de patrimonio de los ediles salientes -muchos de los cuales repostulan- y las publica para información de todos los ciudadanos. De la misma manera, esperamos difundir, una vez que finalice este periodo de gestión edilicia, las actualizaciones de estos documentos -proceso al que la ley obliga a realizar entre el 6 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009- para que todo aquel que lo desee pueda imponerse acerca de cómo varió el patrimonio de sus jefes comunales en el periodo alcaldicio que expira.

Extranjeros y locales

En esta primera entrega, publicamos las declaraciones de los 22 alcaldes de la zona norte metropolitana. Tres de ellos prácticamente entregaron un documento en blanco. Labbé y Delgadillo sólo fueron superados por el DC Carlos Escobar, titular del municipio de Lampa, quien aseguró que no tiene propiedad alguna, ni vehículos ni inmuebles ni acciones ni participación en sociedades ni muebles. Ni siquiera deudas. Nada.

Si hubiese un ranking, probablemente Labbé alcanzaría la medalla de bronce entre aquellos alcaldes a los que -de acuerdo con lo que declaran- sólo les queda vivir de su sueldo mes a mes, porque ni siquiera consignan ahorros. Y ese tercer lugar se debería a que si bien informa sólo un inmueble –al igual que Delgadillo-, un dato no menor es que la residencia está ubicada en una zona de alta plusvalía: Las Condes. El antecedente lleva a otro tema: el domicilio de los alcaldes. Labbé no indica su lugar de residencia (aunque se trata de un campo obligatorio en el formulario), pero el dato de su propiedad en Las Condes permite presumir que está en el grupo de los ediles que viven fuera de las comunas que encabezan.

De los 22 alcaldes que componen esta primera entrega de CIPER, 11 no declaran domicilio en los municipios que dirigen. Entre ellos se cuenta Pedro Sabat (RN), de Ñuñoa, que aparece en la misma situación de Labbé, porque no informa domicilio, pero consigna inmuebles de uso habitacional en otras comunas. De estos 11 “extranjeros”, siete alinean en la Alianza por Chile (Ñuñoa, Providencia, Recoleta, Renca, Santiago, Vitacura y Estación Central) y cuatro en la Concertación (Cerro Navia, Conchalí, Lo Prado y Quilicura). El único alcalde que no se inscribe en los dos grandes conglomerados políticos es el ya mencionado Delgadillo, un comunista que juega de local, con domicilio en Til Til.

Motos y vacaciones compartidas

Entre los datos curiosos registrados en estas 22 declaraciones se cuenta un auto Ford de 1930 del que se enorgullece el alcalde Sabat, una mesa de pool del edil de Pudahuel, Johnny Carrasco (PS), y el finasangre “Silver Gold” -que ganó el clásico La Tercera del año pasado- propiedad del alcalde de Independencia, Antonio Garrido (RN).

El único jefe comunal motoquero de este grupo es el de Santiago, Raúl Alcaíno (independiente pro Alianza), quien tiene en su garage una poderosa Honda Africa Twin y una más modesta motoneta de la misma marca. El alcalde de Curacaví -José Guillermo Barros (UDI)- informa un añoso camión Ford de 1975 y su colega de Renca, Vicky Barahona (UDI), incluye una promesa de usufructo inmobiliario equivalente a 15 días corridos de vacaciones en Hippocampus S.A. de Viña del Mar.

La alcaldesa Barahona es una de los tres jefes comunales del norte de Santiago que rehicieron sus declaraciones y entregaron a la Contraloría actualizaciones con nuevos datos. Los otros son los ediles de Pudahuel y Las Condes. La obligación de declarar el patrimonio comenzó a regir en junio de 2006 y la norma establece que los antecedentes deben ser actualizados cada cuatro años, al finalizar la gestión pública del declarante o cuando se produzca un hecho relevante (como la compra de nuevos bienes o el ingreso a una sociedad comercial).

La actualización que hizo Barahona se debió a un “olvido” de la alcaldesa. En octubre de 2006, cuatro meses después de haber suscrito el primero, la jefa comunal presentó un nuevo formulario en el que consignó su participación en la “Sucesión Víctor Barahona Bustos”, argumentando en un mensaje a la entonces contralora Noemí Rojas que recién había tomado conocimiento de que “subsisten algunos bienes de menor valor” de la herencia de su padre.

El alcalde de Pudahuel consideró que la compra de un nuevo auto era un hecho relevante que ameritaba actualizar el formulario. En marzo de este año registró el cambio de su Hyundai Sonata GL 2.4 del 2006 por un Hyundai Santa Fe GL CRDI 2.2 del 2008. Pero Carrasco no sólo se limitó a consignar ese cambio en su patrimonio. En la misma actualización, señaló que su saldo de cuenta corriente a esa fecha era de $23 millones, en contraste con los $3,5 millones que informó en junio de 2006. También indicó que su ahorro para la vivienda aumentó de $5 millones a $8 millones y que un fondo mutuo a su nombre se incrementó de US$3.000 a US$3.500.

Sociedades inmobiliarias

Si bien la Contraloría determinó que no está vedado para los alcaldes participar en sociedades dedicadas a los rubros inmobiliarios, se trata de un área de negocios sensible a las determinaciones que adopten los gobiernos comunales sobre normas de construcción y uso de suelos. De los 22 alcaldes considerados en este capítulo, es imposible saber cuántos realmente integran sociedades dedicadas al negocio inmobiliario. Y ello, porque el formulario de la declaración no exige que se informe al rubro al que se dedican las sociedades. Con certeza sólo se puede decir que en este grupo hay cuatro alcaldes que integran sociedades vinculadas a este tipo de negocios. Y eso porque el nombre de esas sociedades incluye la palabra “inmobiliario”. Se trata de Mario Olavarría (Colina, UDI), José Guillermo Barros (Curacaví, UDI), Raúl Alcaíno (Santiago, independiente pro Alianza), Raúl Torrealba (Vitacura, RN) y Francisco de la Maza (Las Condes, UDI).

A De la Maza sus sociedades inmobiliarias le dieron varios dolores de cabeza. En octubre de 2007 fue acusado por el concejal Hugo Unda (PPD) de haber omitido sociedades inmobiliarias en su declaración de patrimonio original. En principio, la división de Municipalidades de la Contraloría admitió el reclamo, pero posteriormente el contralor general Ramiro Mendoza acogió la argumentación del alcalde, al comprobar que su afirmación -que esas sociedades estaban inactivas- era efectiva.

El edil de Las Condes ha hecho cuatro declaraciones en poco más de dos años (la primera en mayo de 2006 y la última hace sólo un mes, en junio de 2008), variando notoriamente el número de sociedades que incluyó en cada una de ellas.

En su primera declaración, De la Maza, no llenó el campo destinado a indicar profesión u oficio e informó que participaba en cuatro sociedades. En la segunda (fechada en marzo de 2007), se presentó como “constructor civil” y anotó 25 sociedades, de las cuales 18 eran inmobiliarias. Del total, indicó que cuatro estaban con término de giro, una en proceso de ser calificada de la misma manera y que en 16 participaba a través de su sociedad Inversiones Victoria Ltda. En la tercera (noviembre de 2007), el alcalde se apunta como “empresario” y anota sólo tres sociedades: una inmobiliaria y dos de inversión. De estas, sostiene que participa en dos a través de la sociedad Inversiones Victoria Ltda., pero esta última no aparece individualizada en ese formulario. En su última declaración (junio de 2008), el jefe comunal inscribe sólo dos sociedades agrícolas constituidas en marzo pasado e inscritas en el Registro de Comercio de Victoria.

Declaraciones patrimoniales de los 22 alcaldes de la zona norte de la Región Metropolitana

Cerro Navia: Cristina Girardi

Colina: Mario Olavarría

Conchalí: Carlos Sottolichio

Curacaví:José Barros

Estación Central: Gustavo Hasbún

Huechuraba: Carolina Plaza

Independencia: Antonio Garrido

La Reina: Luis Montt

Lampa: Carlos Escobar

Las Condes I: Francisco de la Maza (mayo 2006)

Las Condes II: Francisco de la Maza (marzo 2007)

Las Condes III: Francisco de la Maza (noviembre 2007)

Las Condes IV: Francisco de la Maza

Lo Barnechea: Marta Elhers

Lo Prado: Gonzalo Navarrete

Ñuñoa: Pedro Sabat

Providencia: Cristián Labbé

Pudahuel I: Johnny Carrasco (junio 2006)

Pudahuel II: Johnny Carrasco (marzo 2008)

Quilicura: Carmen Romo

Quinta Normal:Manuel Fernández

Recoleta: Gonzalo Cornejo

Renca I: Vicky Barahona (julio 2006)

Renca II: Vicky Barahona (octubre 2006)

Santiago: Raúl Alcaíno

Til Til: Salvador Delgadillo

Vitacura: Raúl Torrealba


Publicado originalmente en CIPER (01/08/2008)