viernes, 13 de junio de 2008

MUJERES CANERAS: EL LADO B DEL NUEVO PROTAGONISMO FEMENINO

La Cárcel de Mujeres de Santiago ha experimentado un cambio radical. Hasta 1996, cuando dejó de estar a cargo de las Hermanas del Buen Pastor, las reclusas no eran más de 300. Predominaba el carácter religioso y había potreros con huertos y caballos. Pero el constante aumento de las mujeres como protagonistas de delitos violentos y en el tráfico y consumo de drogas, han hecho del único penal femenino de la capital un mundo donde más de 1.400 internas conviven hacinadas y segregadas por peligrosidad “al ritmo de la cana”. Hoy, las drogas, el lesbianismo, las jerarquías, las peleas, las carretas y el Coa son la tónica de una prisión que da cuenta de otra faceta del nuevo protagonismo femenino en Chile.
Fotos: Claudio Reyes
Cuando Laura Chávez ingresó en 2001 a cumplir condena en el Complejo Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, nada era como lo recordaba. En 1994, cuando estuvo ahí por primera vez, el recinto de Vicuña Mackena con Capitán Prat era un enorme espacio donde los árboles frutales crecían, los caballos pastaban por un inmenso parque y los huertos y potreros eran un sitio de libre tránsito para las cerca de 300 detenidas. Las monjas y unas pocas gendarmes eran el ingrediente carcelario en una especie de internado de corte religioso que carecía de altos muros de concreto. Nada lo asimilaba a las cárceles masculinas.

Dos años después, todo cambiaría.

Entre 1864 y 1996, la custodia de las mujeres recluidas estuvo a cargo de la congregación de las Hermanas del Buen Pastor. Por más de 100 años la metodología de encierro, basada en la corrección y en la reforma moral, sirvió para controlar a una población penal de escaso crecimiento caracterizada por internas que mayoritariamente habían cometido delitos simples, como el hurto, y sólo en pocos casos, homicidio.

Pero el explosivo aumento del tráfico y consumo de drogas y la creciente participación femenina en actividades delictivas de la última década transformó por completo los rostros del delito y de la cárcel de mujeres. Si hasta la década del ’80 su rol correspondía al de señuelo, encubridora o cómplice del pololo, marido o amante delincuente, en los ’90 su participación en delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas aumentó tanto en cantidad como en calidad: actualmente la mujer es detenida como autora y se ha incorporado en grupos criminales estables.

Las estadísticas son claras: la población penal femenina en Chile se ha disparado a niveles impensados. Si en los ’80 las mujeres eran el 3% del sistema penitenciario; a fines de la década siguiente la cifra se duplicó: en 1998 ya eran el 7,7%. Actualmente (hasta el 30 de abril de 2008), las mujeres constituyen el 10,3% de la población penal del país, con 3.553 recluidas y 6.325 condenadas con medidas alternativas.

En el CPF de Santiago, con cerca del 45% de las mujeres presas en el país, el fenómeno ha sido aún más notorio. Hasta 1980 la población no superaba las 160 personas, pero ya en 1998 rondaba las 600 y hoy sobrepasa las 1.400 en una cárcel para 855 plazas. Se trata de un alza de 466% desde que en 1996 las religiosas abandonaron el recinto dejando 300 internas. Y la tasa de crecimiento va en aumento.

Su estructura actual–dice el sociólogo y analista de la sub-dirección operativa de Gendarmería, José Escobar– “es de un penal con mujeres caneras. El cambio tiene que ver con tratar de ‘vivir una cana’, o sea, llevar una vida en prisión que se parece cada vez más a la de los hombres”. En los penales masculinos hay una forma de adecuación que distingue a los presos que no están ni muy adentro ni muy por fuera de los núcleos (los que van ‘orillando’) de los que van ‘al ritmo de la cana’. Estos últimos son los que crean agrupaciones que respetan niveles de jerarquía en relación a los delitos cometidos, al historial delictivo y al nivel de choreza. En ese sentido, el mundo de las mujeres encarceladas ha experimentado cambios que apuntan a lo mismo.

Según Escobar, los factores que influyen van de la mano con la inserción de la mujer en todos los aspectos sociales, entre los que está la “contracultura delictual”. Pero a eso se le suman otras variables.

-Ahora las mujeres son más osadas, más desafiantes, se sienten más seguras y eso es producto del tema de la droga. Aquí o afuera una mujer drogada se siente más capaz de hacer cosas que una mujer lúcida quizás no haría –afirma la teniente Carol Araneda, una de las oficiales a cargo de las secciones del CPF.

Los dichos de la teniente Araneda son refrendados por Laura Chávez. Ella estuvo encarcelada el ‘94 por tráfico de marihuana, pero al volver siete años después, no sólo los huertos, viveros, parques y caballos habían desaparecido. Encontró rejas, candados y altos muros con alambrado para segregar por peligrosidad y situación judicial a las presas. Nada era igual.

El recinto está ahora dividido por secciones. Y el régimen de encierro, sometido por la exigencia del orden y la disciplina. Los gritos, las relaciones lésbicas, las ‘familias caneras’, las peleas y las drogas dominan un ambiente cercado por gendarmes con pistolas y armamento largo. Con cinco garitas elevadas en puntos periféricos estratégicos, y rodeado por terrenos pertenecientes a Gendarmería, el CPF ya es una cárcel. Laura debió asumir que allí viviría sus próximos cinco años.

-Si acá no hablas la Coa, te dan vuelta y te comen –afirma la teniente Carol Araneda.

Los suburbios del penal
Se abre el pesado portón negro de Capitán Prat Nº20 y un camión verde con el sello de Gendarmería ingresa al CPF. Al cerrarse, del camión descienden dos mujeres con sus muñecas esposadas y un chalequillo amarillo sin mangas (el de los imputados, conocido entre las reas como ‘el Pikachu’) escoltadas por dos gendarmes con revólveres en sus cintos. Cruzan lento las primeras rejas hasta el puesto de control. Con la mirada gacha, ingresan a la oficina de clasificación. La escena es rutinaria.

Cada día entra al menos una nueva interna a la única prisión que acoge mujeres en la Región Metropolitana. Y no son raros los días en que ingresan seis o siete. Su situación procesal, el nivel de peligrosidad y datos como, por ejemplo, si sus padres u otros familiares han estado detenidos o si tienen tatuajes o cicatrices, sirven para decidir a cuál de las 12 secciones de la cárcel irán. Al “barrio alto” o al “barrio bajo”, como llaman las internas a las dos alas en que se divide el penal.

El primero corresponde a las secciones donde van las primerizas y las reclusas de mejor comportamiento. En el segundo cohabitan las presas con prontuario, las más choras, las multi-reincidentes.

-Allí las mujeres están más expuestas a riñas y problemas. Son refractarias del régimen interno y para ellas no hay deberes ni obligaciones; sólo derechos –dice la teniente Araneda.

La estancia en el “barrio alto” es una especie de gracia a la que las reclusas acceden por buena conducta. El incentivo mayor es que llegando allí tienen más posibilidades de optar a beneficios intra-penitenciarios como las salidas dominicales, de fin de semana y diarias.

Esa área se divide en los sectores Esperanza, con las imputadas primerizas y unas pocas con medidas cautelares; Pabellón, donde están las que trabajan dentro de la cárcel y las embarazadas; Proceso, donde están las condenadas por el sistema antiguo; y Comunidad Terapéutica, con las pocas mujeres que optan a la rehabilitación voluntaria por drogas. El tratamiento dura año y medio. Actualmente en esa sección hay 12 mujeres y se espera que sólo dos salgan rehabilitadas este año. De ser así, se duplicaría la efectividad de 2007.

Pero la serenidad del sector de la cual hablan las gendarmes es relativa. Cuando Delia Duarte ingresó en 2005 a Proceso, sólo lloraba. Nueve años antes había estado tres meses ahí. Al volver, el cambio era evidente:

-Antes el patio tenía pastito lindo; ahora es puro barro y carpas, igual que una toma de terreno. Habían hecho un comedor horrible donde había casi 200 mujeres, filas para retirar la comida y los primeros días no comía nada, sólo lloraba. Entonces una funcionaria me vio y me dijo: “Vas a tener que ser chora nomás, porque aquí es la ley de la más fuerte. Si eres como pollito te van a pasar a llevar”. Y así no más fue, porque vi mujeres con las caras cortadas y sus brazos llenos de tajos. Casi todas estaban ahí por robo con intimidación, violencia, delincuentes desde cabras chicas… Después de pasar 20 meses ahí, ya no era la misma Delia que llegó.

Entre rejas con amor
En las cárceles de Chile hay todo tipo de mujeres: gordas, flacas, rubias, morenas, viejas, jóvenes, atractivas y feas. De ellas el 84,8% es madre, el 61,2% es soltera, el 46,2% es dueña de casa, el 9,8% es extranjera y el 67,5% está condenada. Al no existir uniformes, cada cual viste con lo que guste y muestra su apariencia según desee. Unas se maquillan o se peinan mientras otras cortan su pelo, fajan sus senos y se visten y actúan como hombres. Esas son las ‘machos’ y en la prisión femenina de Santiago, ellas protegen a sus parejas y se ofrecen para hacer tareas rudas, como armar camarotes o subir televisores. Donde arribó Delia no era la excepción.

Con tres pisos, más de 300 condenadas, algunos perros, unos gatos, y una reja entre las escaleras para evitar los suicidios, Proceso es el sector más sobrepoblado del CPF y el más conflictivo del “barrio alto”. Ahí, los casilleros ya no caben en los dormitorios: están reventados. Y los celulares clandestinos, junto a la droga que ingresa oculta en los genitales femeninos de las visitas, son algo tan normal como las relaciones amorosas entre internas.

Según un estudio realizado en 2003 por la socióloga Paula Silva, el lesbianismo al interior del penal corresponde al 26% de la población y son, en su mayoría, infractoras contra la propiedad (63,4%).

-La mujer recluida es muy sentimental. Al estar encerrada busca afecto y lo encuentra sólo en otra mujer en su misma condición. Pero es circunstancial. Casi todas después se van y siguen siendo heterosexuales –dice el comandante Jaime Concha, jefe del departamento de seguridad de Gendarmería y ex jefe interno del CPF.
A diferencia de los penales masculinos, donde la homosexualidad es algo ‘mal visto’, en el CPF es aceptado tanto por internas como por Gendarmería. Comen, pasean y hasta duermen juntas. Pero también es uno de los principales motivos de conflicto.

-Hay muchas parejas y a veces el amor entre ellas es como una atracción fatal. Eso significa que la mujer no puede ni mirar para el lado, porque ahí el macho asume su rol y se comporta como diciendo “yo soy el hombre y tú me tienes que respetar”. Y cuando se producen infidelidades, vienen los problemas. Al llegar una niña nueva y bonita, tratan de conquistarla y así empiezan. Ahí, cuando pelean los ‘machos’, pelean como hombres. Aunque también hay mujeres que pegan muy bien –cuenta la teniente Araneda.

Los dramas pasionales no están ausentes. Los más recurrentes son producto de la separación de una pareja por el cambio de sección de una de ellas. Entonces el macho empieza a redactar cartas: “Comandante, me quiero cambiar de nuevo, me quiero ir adonde está mi pareja. Si no, me voy a matar”. Según Araneda, eso nunca sucede: si bien los cortes auto infligidos en brazos y estómago y las sobredosis de pastillas para la depresión son comunes, la tasa de suicidios en el CPF es mínima.

Delia debió habituarse al nuevo clima con rapidez. A los “machos” que la abordaban, a los robos cotidianos (especialmente en los días de visita), a las peleas, e incluso a que en la noche la despertaran pidiéndole plata para comprar chicota, marihuana o pasta base. Las mañanas son otro infierno. Al amanecer en uno de los dos dormitorios donde duermen más de 100 mujeres en camarotes con cortinas, empieza el desfile hacia el baño de mujeres con baldes y botellas llenas de orina.

Una vez que las internas están bañadas y vestidas, las puertas de los dormitorios se cierran. Algunas se van a la escuela que administra la Municipalidad de San Joaquín (el 30,6% de las mujeres en prisión no posee educación básica completa), otras a trabajar a los talleres del Centro de Estudios y Trabajos (CET) donde cerca del 40% de las presas presta servicios a empresas. El resto pasa el día haciendo manualidades que luego venden, limpiando el sector y la ropa o haciendo nada. A la hora de almuerzo vuelven y el patio se convierte en el punto de reunión.

Cana en familia
Si Esperanza es el sector ideal para las primerizas y mujeres que corren peligro por haber cometido delitos como infanticidio, Pabellón lo es para las embarazadas. Pero el bullicio del “barrio alto” está en Proceso. En el comedor (o rancho), una enorme fila de reas espera inquieta tras una ventanilla enrejada a que las encargadas de la cocina les sirvan comida. A un costado del patio, un grupo de internas jóvenes baila al ritmo del reggaetón que se cuela de una radio mientras la mayoría cocina y comparte en un área que Delia Duarte llama la “toma de terreno”: el sector de las carretas.

Las carpas, ropa tendida y muebles que inundan el patio casi no dejan ver el muro de separación. Sobre el terreno polvoriento, las mujeres han puesto toldos bajo los cuales han instalado sillas, mesas, cocinillas, televisores, casilleros y todo lo necesario para que su carreta sea un lugar tan cómodo como la terraza de su propia casa. Pero no son de uso comunitario. Cada espacio es férreamente defendido por sus dueñas: grupos de amigas o ‘familias caneras’.

-Son verdaderas “familias”: hay una que trabaja y hace de padre (una “macho”) y otra que ejerce el rol de madre y se encarga de que las “hijas caneras” sean buenas hijas. La sobreprotección entre ellas es muy similar a la de una familia en el exterior. Sus típicas peleas son por ganar más espacio. Aquí adentro impera la ley del más fuerte: esta es mi familia, yo la cuido y la protejo y de aquí para allá nadie se mete –relata la teniente Araneda.

Las cabezas de familia suelen ser las “macho” o las que llevan más tiempo presas: las “caneras viejas”, a las que las más jóvenes asumen como madres. Ellas conocen tan bien el sistema que incluso les enseñan a las gendarmes nuevas el funcionamiento del penal en terreno. Por lo mismo, son las más respetadas al interior del CPF.

No influye tanto el delito que hayan cometido, sino la connotación del mismo: la que haya salido más en los medios es más venerada por sus pares.

Pero también importa si son o no reincidentes. “Si son conocidas adentro –cuenta el comandante Concha–, son admiradas por conservar los nexos en el exterior: de lo contrario son utilizadas, principalmente si llegan por drogas, para quitarles dinero”. Eso ocurre con mayor frecuencia en el “barrio bajo” y es uno de los motivos principales para que las internas del “barrio alto” cuiden a toda costa su conducta, evitando ir a parar al otro sector.

Alrededor de 700 mujeres dispersas en cinco patios conforman el “barrio bajo”, una zona en que las presas han hecho de la delincuencia y la agresividad un modo de vida. Todas han cruzado el portón de Capitán Prat más de una vez. Allí, las carretas, las relaciones lésbicas y las jerarquías igual se desarrollan, pero los hilos los mueven las presas más peligrosas, las choras; todas ellas orgullosas de serlo.

-Las que viven en el COD y el Patio 1 del “barrio bajo” nunca han ido al gimnasio a participar de algún evento porque llegan y botan las barreras, suben al escenario y se roban los celulares o los micrófonos de los periodistas. ¡Dejan la embarrá! Te cortan cadenas, te agarran el poto, hacen cualquier cosa a los que están allí. Cuando las niñas de Proceso salen a visita y están por ahí afuera las del Patio 1, te cogotean cuando vuelves con las bolsas. Y si no te cogotean, te piden cosas. Si no les das algo, te llega la chorrera de garabatos y te quitan todo a la mala nomás –dice una interna.

Peleas de niñas
Al principio, Laura Chávez no notó el cambio ya que los primeros dos años los pasó junto a su hija en Cuna, la sección a la que van las reas con niños pequeños. Junto a SEAS (Sección Especial de Alta Seguridad), de confinamiento estricto, y la sección de aislamiento, son las tres áreas que están fuera de los barrios. En Cuna hay parvularias que atienden a los niños mientras sus madres trabajan, asisten a la escuela o sólo pasan el día. Actualmente la habitan cerca de 20 presas, pero su permanencia es transitoria. Cuando el niño cumple los dos años de edad debe irse.

-Fue la pena más grande que tuve… Cuando se fue mi hija me quería morir. Y ella también. Lloraba y lloraba –recuerda Laura.

Ya sin una hija que cuidar, Laura debió emigrar a otra sección. Y desembarcó en la más difícil: el COD. Junto al Patio 1, han sido escenario del último motín con quema de colchonetas y barricadas ocurrido en el penal (2006).

-Si eres conflictiva te rayan altiro la cancha con un “no poh, qué te creí, o peleai o no”. Eso es si llegai haciendo boche… A no ser que vengai de la calle con problemas con una recluida. Como que te acusen de haberle quitado el marido a otra. Ahí las demás empiezan “ah, así que soi patas negras”. Pero si mantení bajo perfil vai a estar tranquila –dice Laura.

En el CPF las peleas son típicas de mujeres: mechoneos, patadas, rasguños y combos. Ahora se agregó el uso de puntas o armas blancas. “Aquí hay mujeres que tienen puntas y algunas se las fabrican, pero no es como los hombres que se hacen lanzas y estoques con pedazos de fierro de las camas o de los marcos de las puertas. En los allanamientos encontramos más colonias que armas. Claro que hay cuchillos o unos guantes a los que ellas mismas les ponen una especie de puntitas en los nudillos para defenderse”, relata la teniente Carol Araneda.

Los principales motivos de las reyertas entre presas son las drogas, el dinero, el territorio y, sobre todo, las parejas, las peleas más bravas. Algunas han dejado a más de una interna en el hospital. A pesar de que nunca se han registrado muertes por riña, sí se dan los casos de heridas con armas corto punzantes.

-Una puñalada y listo. Es más fácil, rápido y no deja marca. Cuando eso ocurre, casi siempre es en la noche y en las piezas. Las mujeres son astutas, nunca lo van a hacer de día, delante del personal. En cambio, los dormitorios son grandes. En promedio albergan entre 30 y 40 mujeres y se presta para los ataques –dice la teniente Araneda.

Según las internas, al día siguiente de una riña, estén moreteadas o malheridas, nadie dice nada. Saben que hablar les significaría represalias y algunos días aisladas en los ‘rosados’: una zona con 12 celdas personales que, aunque iluminadas, son húmedas y sólo caben un par de colchonetas. Allí, la comida se entrega a través de una ranura por la puerta de metal y no se permite fumar. Las reclusas pueden salir sólo dos veces al día para ir al baño. A diferencia de las cárceles de hombres, donde los que cometen alguna falta grave –como participar en un motín, riña o trafico interno de drogas– aceptan los castigos sin chistar, acá las mujeres gritan y se quejan sin parar hasta el fin del aislamiento. En promedio, los castigos duran 10 días.

La cárcel en receso
Son las 14:00 horas y afuera del CPF cuatro filas de personas empiezan a mostrar ansiedad e impaciencia ante la inminente apertura de puertas. Es jornada de visitas y con bolsas de mercadería en sus manos, platos de comida y niños en sus brazos, en las tres filas de mujeres unas se empujan y otras se cuelan mientras se escuchan gritos que no perturban a las que aprovechan la espera para darle pecho a sus hijos. En la de hombres –que nunca es muy numerosa– hay más calma. Algunos conversan, otros fuman. Hace calor, y el polvoriento patio se empieza a llenar de basura mientras que al interior del penal el ambiente es eufórico.
Cada día hay dos horarios de visita: de 9:30 a 11:30 y de 14:00 a 16:30 y las secciones tienen derecho a dos por semana.

-Ese día todas se levantan: ya no hay dolores de espalda, de muelas o de cabeza. Nadie está enferma y desde el día anterior empiezan a tratarnos bien, siendo que tres días atrás te empapelaron con garabatos. Se ponen sus mejores ropas, como si fueran a una fiesta. Se planchan el pelo, se pintan, le llevan regalos a los hijos y tratan de no cometer ninguna falta para estar ahí cuando las llamen y aprovechar el tiempo con sus familiares –cuenta la teniente Araneda.

A sólo minutos de que las visitas han ingresado al gimnasio, las mesas ya están llenas de comida, los niños corren de un lado a otro y un hombre va grupo a grupo difundiendo la palabra del Señor. Parece una gran convivencia donde las reclusas muestran su mejor cara. Sonrisas, besos, abrazos y algunos llantos en el único lugar del recinto con cámaras de vigilancia.

Delia Duarte sabía casi siempre quién iba a verla. Poco antes de la visita se conseguía un celular –$500 el minuto– para llamar a su madre. Cuando llegaba junto a sus hijos, salía de inmediato, al igual que las demás reas, con su mejor pinta y sillas para cada una de sus visitas. Ese es el único momento en que las presas tienen contacto con el exterior. Sólo ahí pueden pedir ropa y útiles de aseo y también ingresar droga y celulares.
De pronto, en el gimnasio suena una bocina. Han transcurrido casi tres horas y hay que despedirse. Las sonrisas se congelan. Los familiares y amigos se retiran por un lado, las reclusas por el otro. Al cruzar la pesada puerta de madera ya les ha cambiado la cara. Se les revisa la encomienda (que ya había sido registrada al ingreso) y sus cuerpos: abajo los calzones, afuera los sostenes.

Ese era el minuto en que Delia recuerda haber visto a varias reclusas llorar porque era la tercera o cuarta visita a la que sus maridos no iban o que, habiéndose conseguido un privilegiado espacio en los venusterios para visitas conyugales, regresaban sin huellas de amor.

-Tenían que volver al patio con su bolso, con la radio, con la comida. Y todas sabían que el marido no había llegado –relata Delia.

En este punto se encuentra una gran diferencia con las cárceles de hombres. Mientras en éstas las parejas, madres o hermanas acuden incondicionalmente y sin pausa, en los penales femeninos la asistencia masculina es mínima y en su mayoría está compuesta por hijos y padres.

Condena de ‘pelo a pelo’
Una mujer con un gato en brazos se pavonea de estar enloqueciendo y llevar 8 años ahí. Le quedan dos para salir en libertad. No dice su nombre, pero sí que no ha postulado a los beneficios intra-penitenciarios porque tiene mala conducta. Y se jacta de ello.

-Me porto mal –dice–. Si yo paso castigada en los “rosados”. Lo más que he pasado ahí fueron 17 días por apuñalar a una loca que me andaba “pintando los monos”. Si yo soy chora. No le voy a aguantar a nadie que me pase a llevar.

No son pocas las mujeres que tienen esa actitud y casi todas están en el COD o en Patio 1, donde el interés por los beneficios que da Gendarmería a las condenadas es casi nulo. Para acceder a ellos se consideran los informes de conducta, la participación en talleres y en la escuela y los informes psico-sociales de su entorno externo. Pero allí muchas optan por cumplir su pena completa, o como ellas dicen, de ‘pelo a pelo’. Todo a cambio de no perder su status delictivo.

En ese ambiente las diligencias criminales no cesan. Al interior del CPF, la droga se vende al doble del precio ‘de mercado’. Pero también es común el trueque: unas zapatillas de un valor cercano a los $50.000 pueden servir para obtener un par de pitos o un poco de pasta base.

Según un estudio realizado por la socióloga Claudia Gibbs en 2001, el 50% de las recluidas por delitos contra la propiedad y el 20% de las presas por tráfico consumen drogas a diario. Y como la oferta suele no ser suficiente para la demanda, los síndromes de abstinencia se han convertido en un verdadero problema de salud en el penal.

Cuando una comisión de la Corte de Apelaciones de Santiago visitó el recinto en abril de 2007, la encargada de enfermería “solicitó un mínimo de once horas dentales adicionales, así como la contratación de un auxiliar dental, en razón de la supremacía numérica de las consultas odontológicas”. Este aumento, según explican en la enfermería del CPF, se debe a la falta de higiene sumada al desgaste en los dientes producido por la contracción muscular propia del síndrome de abstinencia.

Ante eso, Gendarmería reconoce no poder hacer mucho. Como la mayor parte de la droga ingresada lo hace entubada al interior de la vagina, es imposible detenerla. Sin una orden judicial que permita la revisión en un hospital de la sospechosa, sus cavidades quedarán sin registrar. El problema de drogas y violencia en el CPF está lejos de terminar o quizás, apenas empezando. Actualmente, con 40 funcionarias durante el día y 25 de noche, Gendarmería aún puede controlar la situación al interior de las secciones. Pero la población penal sigue en aumento. Y su evolución, ‘al ritmo de la cana’.

Mujeres delincuentes en cifras
Las estadísticas policiales y judiciales de los últimos años demuestran que la participación de mujeres en actividades delictivas ha aumentado de forma alarmante. Según los datos recogidos por CIPER, entre 1997 y 2004 las detenciones femeninas efectuadas por Carabineros crecieron de un 7,7% a un 13,7%. El alza más importante en ese lapso es de delitos contra la propiedad: de un 12,1% a un 40,3%.

Los datos del Departamento de Estadísticas Policiales de Investigaciones son igualmente reveladores: las mujeres puestas a disposición de los tribunales de justicia entre 2000 y 2004 se elevaron de un 12% a un 15%. Si en el primero de esos años fueron 4.010 mujeres aprehendidas por Investigaciones por distintos delitos, para 2006 la cifra se había duplicado: 8.344.

Hasta noviembre de 2007, 7.908 mujeres habían sido detenidas y puestas a disposición de tribunales, con un promedio de 718 por mes. En los últimos dos años, la mayoría de las detenciones femeninas realizadas por Investigaciones corresponde a delitos contra la propiedad, alcanzando en ambos años el 30% de las detenciones totales.

La cantidad de mujeres atendidas por la Defensoría Penal Pública también ha mostrado un aumento constante desde el inicio de la reforma. Durante el año 2003, las mujeres representaron el 11,3% de los imputados atendidos por la Defensoría y durante 2004, el 13,6%. En 2005, se atendió un total de 20.269 imputadas a las cuales se asociaron 20.938 delitos, representando el 15,4% del total anual.

En 2006, el 14,6% de los imputados ingresados fueron mujeres; y al año siguiente, sólo hasta septiembre, el 15,2%. En total, en 2006, 29.384 mujeres fueron ingresadas como imputadas; para septiembre de 2007 ya habían 26.876, con un promedio de ingreso trimestral de 8.958.

- La inserción de la mujer en todos los ámbitos a nivel nacional también lleva a una participación en todas las actividades y, entre ellas, a la contracultura delictual. Y es bien difícil decir cuál es la
variable que determina directamente este fenómeno, porque son varias. Esto implica un cambio en la posibilidad que tienen las mujeres en la solventación de sus hijos, la falta de acceso a mayores grados de educación y el cambio en la estructura familiar chilena. O sea, hay varios factores y muchos son históricos: la marginación, situaciones de carencias psico-sociales… Además, existe una gran relación entre la deserción escolar, madres solteras sin apoyo de un sólido esquema familiar y con la necesidad de solventar la educación y el alimento –explica el sociólogo y analista de la sub-dirección operativa de Gendarmería, José Escobar.
Publicado originalmente en CIPER (12/06/2008)

viernes, 6 de junio de 2008

LOS AUTOCONTRATOS QUE TIENEN EN LA MIRA A LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA U. DE CHILE

Hace cinco años, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile se vio envuelta en el caso MOP-CIADE, que en su arista administrativa terminó con la destitución del director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag. Fue acusado de autorizar pagos a empresas propias y de su esposa, entre otras cosas. A pesar de esto, el modelo de negocios se volvió a implementar de manera muy similar, aunque esta vez sin involucrar al MOP. La facultad creó una fundación homónima dirigida por sus propios directivos. Los mismos que fueron contratados para hacer asesorías y consultorías pagadas a sociedades constituidas con sus esposas. La Contraloría se instaló en la facultad a investigar y ya existe una denuncia ante el Ministerio Público.


Suena el teléfono en la oficina de Juan Carlos González, director ejecutivo de la Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es miércoles 14 de mayo. La llamada es para solicitarle copia de algunos de los 69 convenios que entre 2005 y 2007 suscribió la facultad con la fundación para agilizar los procesos operativos de diplomados y cursos, y realizar distintas asesorías y consultorías tanto para la planificación estratégica interna de los departamentos como para clientes externos. Levanta el auricular y contesta.
-Esta semana nos cayó la Contraloría General. Así que te voy a pedir por favor que no me molestes más. El tema me tiene realmente chato –dice González antes de colgar.
Desde que en 1981 las universidades estatales sufrieron una reforma que les impuso un régimen de autofinanciamiento, los recursos fiscales destinados a ellas se redujeron drásticamente. Si antes el 100% de su presupuesto provenía del Estado, el aporte en la Universidad de Chile se redujo sólo a un 20%. Por lo mismo, para competir con las universidades privadas, se otorgó a las estatales la facultad de crear centros, institutos y fundaciones que les sirvieran de apoyo en su gestión. Y la Universidad de Chile lo aprovechó.
Actualmente, las principales facultades de la universidad cuentan con fundaciones. Las hay en Medicina, Derecho, Ingeniería y, desde el 28 de noviembre de 2003, cuando el Ministerio de Justicia emitió un decreto exento que la autorizaba, también en Economía.
-En estricto rigor, la fundación es una persona jurídica independiente de la universidad, pero por sus objetivos, está demasiado relacionada. Está transparentemente creada para ayudarle a funcionar a la facultad –decía Juan Carlos González en una entrevista días antes de que le “cayera” encima la Contraloría.
Cuando la fundación no existía, la parte operativa de la ex Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas –en 2006 cambió el nombre a Facultad de Economía y Negocios (FEN)– tenía procesos bastante engorrosos, pues como todos los procedimientos de la universidad, debían tener la firma del rector. Con la formación de una fundación de derecho privado y sin fines de lucro, todo se agilizaría, ya que podrían actuar a través de un organismo con personalidad jurídica independiente. Pero se debía proceder con cautela.
Sólo unos meses antes, la FEN se había visto involucrada en el caso MOP mediante unos contratos entre ese ministerio y su Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), dirigida por el ex decano interino Nassir Sapag. La investigación derivó en un proceso judicial que en primera instancia lo condenó a 541 días de presidio menor en su grado medio y a la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Desde hace un año la causa se encuentra en acuerdo.
Pero lo que realmente provocó el descalabró en la FEN, fue el sumario administrativo que realizó la Contraloría
(ver recuadro 1). A raíz del informe, a varios empleados de la facultad se les aplicaron medidas disciplinarias. Uno de ellos fue Sapag: fue destituido de su cargo por autorizar pagos a empresas de su propiedad y su cónyuge, contratar a su hermano y su sobrino, consentir indemnizaciones a funcionarios que se acogieron a retiro –sin existir normas que lo permitieran– y pagar por proyectos convenidos con la facultad sin que se hubieran realizado.
-Después de la mala experiencia que significó para la facultad todo el tema del MOP, se dijo “empecemos de nuevo y tratemos de ser lo más cautos posible” –dice Joseph Ramos, entonces decano de la FEN.
La fundación ya se había constituido. Su directorio estaría conformado por los directivos de la facultad en función de sus cargos: el decano, el vicedecano, los directores de los tres departamentos (de Administración, de Sistemas de Información y Auditoría, y de Economía), el director de la Escuela de Postgrados y tres consejeros electos por el Consejo de Facultad. Sus fines, según sus estatutos, serían “la investigación, el estudio, el fomento, la difusión y la ejecución de toda clase de actividades relacionadas con las ciencias económicas y administrativas, incluyendo la auditoría y los sistemas de información a nivel nacional e internacional”. Y aunque la cautela que menciona Ramos llevó a que la fundación sólo entrara en actividad en 2005, al parecer no fue suficiente.
Desde hace un tiempo los movimientos de la fundación han estado bajo la lupa tanto de la Fiscalía Centro Norte como de la Contraloría, a raíz de dos convenios que, lejos de ser casos excepcionales, son una muestra del modelo de negocios que ha realizado la FEN a través de ella.
A fines de enero de 2007, Miguel Mendoza, un académico de la facultad, puso una querella en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago denunciando “la exacción indebida e ilegal de recursos de la FEN de la Universidad de Chile” por parte de Carlos Maquieira, actual director de la Escuela de Postgrados. Un año y tres meses después,
Mendoza haría lo mismo en Contraloría.

Los contratos del triministro
La acusación de Mendoza se enfoca en dos estudios que solicitó la FEN a la fundación en diciembre de 2005 y enero de 2006, respectivamente. En ese entonces, Carlos Maquieira tenía un nivel de poder dentro de la facultad que lo llevaba a autodenominarse como el “triministro”: era director del Departamento de Administración, vicedecano interino y director de Postgrados. El primero de esos cargos es de elección popular entre los académicos de la facultad; los otros dos, de designación directa del decano. Y los tres le daban derecho a un puesto en el directorio de la fundación.
El 1º de noviembre de 2005, la facultad y la fundación firmaron un contrato de prestación de servicios para obtener el estudio “Asesoría para la gestión estratégica de programas de postgrado”, por la suma de $8.700.000. El estudio lo había solicitado Maquieira desde el Departamento de Administración. El documento, que el 5 de diciembre fue aprobado por decreto exento de la facultad, fue firmado por el decano Joseph Ramos, en representación de la FEN, y Fernando León, por la fundación. Este último era director de Extensión del Departamento de Administración y, por lo tanto, subalterno directo de Maquieira, su director. La firma que León puso fue por instrucción directa suya. No sería la última.
-Carlos (Maquieira) no me lo propuso; me dijo que tenía que hacerlo. Tuve que firmar como representante de la fundación, porque como funcionario de la facultad y el cargo que tenía, podía hacerlo. Cuando tu jefe, que además tiene tres cargos dentro de la estructura, te dice que el decano le pidió que hiciéramos esto, esto y esto otro, no te lo cuestionas mucho. Así que firmé. Pájaro. La fundación funcionaba como una sociedad de papel, pero te das cuenta del cuadro general cuando lo miras desde afuera –cuenta León, quien dejó el cargo en la FEN en diciembre de 2006.
Un mes después, Maquieira solicitó otro estudio de similares características y por el mismo monto. Al igual que el convenio anterior, después de pasar por Contraloría Interna, fue aprobado en decreto exento de la FEN. Pero el contralor sólo aprobó el contrato entre la facultad y la fundación. Lo que viene después queda fuera de sus atribuciones.
Para realizar esos estudios, la fundación subcontrató a la sociedad Inversiones Maquieira y Caro Ltda., perteneciente a Maquieira y su mujer, Lorena Caro. Los montos que se comprometió a pagarle la fundación corresponden al total del precio estimado en un principio y provendrían del centro de costo 0101 de la facultad, correspondiente al departamento administrado por Maquieira. La firma en representación de la fundación nuevamente la puso Fernando León, según él por orden expresa de su superior. Recién ahí apareció la firma de Maquieira, aunque no como funcionario de la universidad ni director de la fundación, sino como representante de la sociedad de inversiones. Ningún porcentaje del total fue a parar a la fundación. Los $17.400.000 que sumaban ambos estudios fueron depositados directamente en la cuenta de la sociedad de inversiones del “triministro”, quien para ese entonces recibía un sueldo mensual cercano a los nueve millones de pesos.
(ver recuadro 2)
Los decretos de la facultad estipulaban que los pagos se efectuarían dentro los 10 días hábiles siguientes a la recepción en conformidad de los estudios solicitados por Maquieira –a través de la fundación– a Inversiones Maquieira y Caro. Sin embargo, en una revisión de cuentas hecha en mayo de 2006 por el profesor asociado de la facultad, Fernando Bravo, se señala que los pagos se hicieron sin que existieran los informes pertinentes y que los que existían, eran muy breves. A los pocos días, aparecieron ambos informes, los que según León, llegaron simultáneamente a la orden de pago que él mismo despachó.
-No fueron antes, pero sí en paralelo. Cuando mandamos la solicitud de pago a la unidad administrativa de la FEN, se enviaba junto con el informe. Lo normal es que se manden a posteriori: que primero se haga entrega del informe y luego vendrían los pagos. Acá se hizo en paralelo. Carlos me dijo “acá está el informe, mándese a pagar”. Pero en rigor, era el mismo Carlos el que los aprobaba –relata León.
Por otro lado, León asegura que la definición de la planificación estratégica de cada departamento es responsabilidad directa de su director, como parte de las funciones regulares del cargo. Ambos estudios tenían por objeto esa tarea.
-No tiene mucha lógica que por hacer una pega que le corresponde, y que por otra parte ya estaba remunerada dentro de sus ingresos regulares por esos cargos fijos, finalmente se le paguen montos aparte por tareas que debe cumplir en su horario normal de oficina –agrega el ex director de Extensión del departamento de Maquieira, Fernando León.
Sobre lo mismo, Joseph Ramos asegura que “ellos (los directores de departamento) definen adónde se quiere ir, dónde va a haber más profesores, en qué áreas, cómo se reclutan, cómo se consiguen los fondos”, es decir, por su propio cargo definen la planificación estratégica. Pero agrega que en el modelo aplicado “no hay nada raro. Todas las facultades funcionan con estos mecanismos y típicamente se contrata a los profesores, que son quienes se consiguen las asesorías o proyectos afuera”.

Las dudas tras los informes
Desde que los estudios de asesoría para la gestión estratégica solicitados, realizados, entregados, aprobados y pagados por Carlos Maquieira llegaron a la FEN, se ha puesto en cuestionamiento el monto que por ellos se canceló.
-Haciendo un análisis económico frío, en el caso de que Maquieira hiciera una consultoría de este tipo para otro lado, como independiente, él ganaría como 5 UF la hora. Eso ganan todos estos tipos reputados de la Adolfo Ibáñez, la Chile o la Católica. Y la destinación de tiempo para hacer uno de estos informes es alta. Deben tener ayudantes y todo el cuento, pero eso es lo que cuestan. Si se hace un cálculo matemático simple, aproximando el costo alternativo de Maquieira a 100 mil pesos la hora, es como si hubiera dedicado 87 horas para el informe… tal vez es mucho. Quizás en 20 horas de dedicación exclusiva se saca un informe como este. Probablemente no valen los 8,7 millones, sino que deben estar en el orden de los dos o 2,5 millones cada uno –explica Fernando León.
El director del magíster de Recursos Humanos de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Carlos Gómez, le solicitó hace unos meses a su asistente la realización de un estudio similar al primero de los presentados por Maquieira. El informe lleva por título ‘Estudios sobre composición de mallas curriculares en programas de MBA’. La confección del estudio no demoró más de 20 días, ya que, al igual que Fernando León, asegura que “toda la información está disponible en línea y lo que no, se consigue vía telefónica”. Pagó por él $100 mil.
Por encargo de CIPER, Gómez revisó los informes realizados por Maquieira.

Sobre el
primero, Gómez dice que es “de una pobreza franciscana. Es pura información de catálogo. Además, no es uniforme: no se utilizan los mismos criterios para todos los casos. Por otro lado, las conclusiones son insuficientes. Quizás agrega algo, pero no dicen nada. Y no tiene antecedentes que lo respalden. Además, las conclusiones son irrelevantes, propias de un adolescente. Por un estudio de estas características, a un alumno de pregrado le pago 100 mil pesos y se va feliz”.
En relación al
segundo, Gómez comenta que “son conclusiones obvias. Además, están mal redactadas, ya que dice: ‘De acuerdo a las características expuestas, creemos que aún existe una gran posibilidad de ganar participación de mercado a las universidades seguidoras ofreciendo un producto carente de innovación científica y creación de nuevos conocimientos’. Eso es un barbarismo. Es inaceptable. Además, muchas de las cosas presentes en el informe no tienen fundamento. Por ejemplo, en uno de los ranking de universidades que utiliza como fuente, donde además pone cifras, es sólo una ‘estimación basada en el criterio del experto Fernando León’. Eso es realmente inaceptable, porque es una opinión. Más allá del contenido de este estudio, las fuentes son inaceptables para alguien que trabaja en la universidad. Es de mala calidad; como si se hubiera entregado sólo para cumplir”.
De todas formas, tanto León como Joseph Ramos defienden los estudios. Ambos concuerdan en que sirvieron para mejorar los programas de postgrados de la FEN, ya que mediante ellos se pudieron dar cuenta de que los que la facultad ofrecía eran considerablemente más caros y largos que en el resto del mercado. Además, a partir de ellos se modificaron los criterios de entrada al MBA.
-Justamente lo que tiene la Universidad de Chile es el prestigio académico, entonces si empezamos a aguar eso es muy difícil repuntar. De ahí que preferimos limitarnos sólo a nuestros diplomados; todo a partir de esos trabajos –cuenta Joseph Ramos.
En el segundo de los estudios elaborados por Maquieira y Caro Ltda., uno de los parámetros que se mencionan como de relevancia es el ranking de MBA que publica anualmente la revista América Economía. En la versión 2007 de este ranking, la escuela de postgrados de la FEN descendió del puesto 6 al 14.
Pero los estudios cuestionados y denunciados no son casos aislados. El modelo aplicado en ellos fue, por lo menos entre 2005 y 2006, la regla de las relaciones FEN-fundación.

La continuidad del modelo
Entre septiembre de 2005 y agosto de 2007, la FEN suscribió 69 convenios con la fundación. De ellos, el 74% corresponde a diplomados y cursos solicitados por el ex Departamento de Sistemas de Información y Auditoría (SIA) –actual Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información– dirigido por Mario Morales Parragué, quien además era director de Extensión del mismo departamento. En ese lapso, existen otros cuatro convenios firmados con el SIA: dos de ellos tienen mucha similitud con los solicitados por Maquieira.
Los estudios pedidos por el departamento de Morales, que al igual que Maquieira era miembro del directorio de la fundación, fueron suscritos en diciembre de 2005 y marzo de 2006. Éstos también se referían a la planificación estratégica, pero para el SIA (“Asesoría para la gestión estratégica en programas de educación continua”), y funcionaron bajo el mismo modelo: las facturas por las consultorías eran a nombre de Profesionales Morales y Gálvez Ltda., la sociedad de inversiones perteneciente a Mario Morales y su esposa, Loreto Gálvez.
En los dos decretos exentos de la Facultad que autorizan los estudios solicitados por el departamento de Morales, la representación de la fundación recayó en Claudio Müller, un símil de Fernando León en los primeros contratos. Entre 2005 y 2006, Müller fue director comercial del SIA, el departamento que dirigía Mario Morales, quien por lo tanto era su jefe. Y al igual que León, dice haber firmado por orden expresa de su superior.
El primero de los decretos fue emitido el 12 de diciembre de 2005, sólo 19 días antes de que venciera el plazo para la entrega del informe final. El segundo fue aprobado el 13 de marzo y el plazo de entrega vencía el 28 del mismo mes. El monto total de ambos estudios fue de $10.000.000.
A pesar de que sólo existen dos convenios de ese tipo, según Müller estos estudios se realizaban mensualmente. De hecho, durante la entrevista que CIPER le realizó en su oficina, mostró por lo menos nueve solicitudes de pago que aún guarda en su computador. Todas eran de 2006 y estaban destinadas a la sociedad de Morales. En ellas no aparecen los montos pero recuerda que, por cada uno, los pagos no eran inferiores a los $2,5 millones.
-En el fondo, era una remuneración a la asesoría que hacía Mario (Morales) por ser director de Extensión. Él percibía un sueldo como director de departamento, y más de una vez me comentó que no recibía un sueldo adicional de la universidad por su cargo en Extensión. Y todo lo que era asesoría lo veía él. El sueldo de director de Extensión se lo hacía a través de estas asesorías de gestión estratégica. Lo que a mí me parecía razonable. Nunca desconfié ni pensé en eso –dice Müller, quien hoy dirige el Centro de Formación para Ejecutivos de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo.

Asesorías para terceros
El período más cuestionado de los movimientos que realizó la fundación fue entre septiembre de 2005 y junio de 2006. Joseph Ramos, Fernando León y Juan Carlos González lo reconocen como “de marcha blanca”. Y en ese lapso la FEN suscribió a lo menos otros cuatro convenios que siguieron el mismo esquema, aunque encargados por externos.
Según González, en esos convenios los directivos “adoptaron modalidades distintas a las que se utilizan actualmente”.
(ver recuadro 3)
-Distribuían hacia la fundación trabajos que podía hacer fácilmente la facultad. Se dijo que como se estaba probando el sistema de la fundación, se hicieran por esa vía. El directorio decía que se haría una consultoría y se la pedía a tal persona. Pero ellos, a mi gusto, no entendían el concepto de la fundación porque no tenían personal propio de ella. Las personas que trabajaban para la fundación eran las mismas que lo hacían para la FEN –asegura González.
La primera actividad de la fundación, en septiembre de 2005, fue una consultoría sobre el manejo de flujos para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por $21 millones. Ese es otro de los contratos que acogió el departamento del SIA, dirigido por Morales.
En el decreto exento de la FEN, él y Müller aparecen como representantes de la fundación. En marzo de 2006 volvería a realizarse otro convenio entre la facultad y el Hospital Clínico –y en consecuencia, entre la facultad y la fundación–: una consultoría para el rediseño de los procesos hospitalarios, por $27 millones. En esta ocasión, el nombre de Mario Morales no aparece en el decreto, pero sí en el informe. Los trabajos los realizaba junto a su ayudante, Mario Nuche, y María José Morales, su hermana. Las facturas eran nuevamente a nombre de la sociedad que Morales tenía con su mujer.
En enero de 2006, la Facultad suscribió un convenio con la Central de Abastecimiento para el Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). A través de él, se pretendía obtener “un estudio destinado a determinar los fundamentos económicos asociados a la compra centralizada a través del rol intermediador de Cenabast, versus la compra desagregada por cada establecimiento de salud y una evaluación del cumplimiento de los objetivos mencionados a través de un análisis de rentabilidad”. El monto de este convenio fue de $24.618.000, los que la facultad pagaría a la fundación en tres pagos: el 30% después del primer informe de avance, otro 30% después del segundo y el 40% restante “al momento de la entrega conforme, por parte de la Facultad, del informe final”.
El departamento de Administración, dirigido por Carlos Maquieira, se hizo cargo de esta consultoría, la que había sido gestionada por el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke. El plazo de conclusión era de 30 días. La FEN traspasó el convenio hacia la fundación. El trabajo lo realizaron tres consultoras: la de Maquieira, la de Clarke y la de Mario Morales. Este es el único caso en que Maquieira aparece representando a la fundación, aunque en el decreto firma como vicedecano.
-Aquí y en los otros casos, la fundación funciona como vehículo: Cenabast, que recibía la consultoría, contrataba a la facultad, la que subcontrataba a la fundación para realizar el trabajo. De ahí surgía una especie de “contratos nietos” que eran entre la fundación y las consultoras de los funcionarios respectivos. No recuerdo que ninguno lo haya hecho como persona natural. Ellos ejecutaron las consultorías, pero a través de sus sociedades –recuerda León.
En abril del mismo año, la facultad suscribió un contrato con la Asociación de AFP por $4.860.000. El proyecto solicitado se titulaba: “Rentabilidad de las AFP: ¿Es aplicable la Contabilidad Regulatoria en el Sector?”. Como con todos los anteriores, el contrato se traspasó a la fundación aunque, “por una inadvertencia administrativa”, el convenio no se suscribió sino hasta después de haber entregado el informe preparado por las consultoras de Maquieira y Claudio Bonilla, quien en ese entonces era director de investigación del departamento de Sistemas de Información y Auditoría, dirigido por Morales. Actualmente, Bonilla es vicedecano de Postgrados en la Universidad del Desarrollo.
-Ellos hicieron la consultoría con este mismo modelo –asegura León, quien nuevamente firmó a nombre de la fundación.
Según González, “la puesta en marcha de la fundación fue una cosa un poco exploratoria. No la desarrollaron muy bien en términos de que los proyectos que se hacían tenían la estructura de gastos que a la fundación no le dejaba ni una ganancia. Eso era como trabajar bajo el esquema de la facultad, la que genera varios proyectos que no dejan ingresos. Incluso a veces presentan pérdidas”.
Durante el período de “marcha blanca” de la fundación, los convenios firmados por conceptos de asesorías y consultorías –tanto internas como externas– entre septiembre de 2005 y junio de 2006, suman un total cercano a los $127.378.900. Si bien a fines de 2006 la fundación se reformó y durante 2007 sus ingresos fueron cercanos a los $700 millones, de las platas obtenidas a través de esos convenios nada fue a parar a sus arcas. Todo fue cobrado por facturas pertenecientes a las sociedades de los distintos académicos, entre los que destacan Maquieira y Morales. Ninguno de los dos accedió a hablar con CIPER.
-Creo que, a fin de cuentas, fue una concepción errónea. Coincido en que se ve raro, pero no tiene sentido ilícito, sino que es algo más como un error estético –asegura González sobre un modelo de negocios muy similar al que en 2003 sumió a la FEN en una de sus peores crisis.


Del Ciade a la Fundación FEN
Los últimos días han sido difíciles para la investigación que lleva Contraloría con respecto a los estudios realizados por el director de postgrados de la FEN, Carlos Maquieira. Desde hace unas semanas sus fiscalizadores estaban instalados en la Universidad de Chile, pero las tomas por parte de los estudiantes en rechazo de la nueva Ley General de Educación, han hecho imposible que las pesquisas continúen. Algunos días los funcionarios de Contraloría simplemente no pueden entrar.
La indagación que está realizando el ente fiscalizador se asemeja bastante a la que llevó a cabo en el marco del caso MOP-Ciade. En esa ocasión, la Contraloría realizó un sumario administrativo en la FEN que culminó con la destitución de su director económico y administrativo, la ex jefa de contabilidad, un funcionario y el director del Ciade, Nassir Sapag. El caso de este último es el que más relaciona con el modelo que se aplicó desde 2005 a través de la fundación.
En medio de los contratos firmados con el MOP, Sapag participó directamente como director académico de proyectos. Las facturas las realizó a través de las empresas Necul-Hual S.A. y Nassir Sapag y Asociados Ltda., ambas en sociedad con su mujer, Cristina Bonilla. A diferencia de la situación actual, él mismo propuso y aprobó con su firma esos pagos. Sólo por el proyecto “aguas lluvias”, convenido con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, entre 2001 y 2002 percibió $15.811.576 en concepto de honorarios. Esto, aun cuando por ser funcionario público, como dice en el sumario administrativo, su deber era “abstenerse de intervenir o participar en actos que puedan reportarle a él o a familiares alguna ventaja”.
Dos años después del escándalo que significó el caso, las prácticas se siguieron realizando. A través de la fundación, los directivos contrataron en reiteradas ocasiones empresas de su propiedad para realizar consultorías y asesorías. Y aunque formalmente el proceso es distinto, el resultado terminó siendo el mismo.
A diferencia de la fundación (que legalmente es de derecho privado), el Ciade no tenía personalidad jurídica independiente a la Universidad de Chile. Por lo mismo, a primera vista los convenios realizados entre la fundación y las empresas de los directivos, serían entre privados. Pero las atribuciones de la Contraloría sobre ella son las mismas.
Lo anterior se sustenta en que la Contraloría considera que la fundación, al tener un directorio compuesto por los directores de la FEN en razón de sus cargos –que por estatuto universitario corresponden a la calidad de “funcionarios públicos”–, actúa en función de la universidad que es un ente estatal. Además, todas sus actividades son en función de ésta.

Los altos sueldos de los directivos
Entre 2005 y 2006, con tres cargos directivos importantes dentro de la facultad, Maquieira ganaba entre ocho y nueve millones de pesos mensuales, muy por sobre el promedio de dos y tres del resto de los académicos de la FEN. Mario Morales, con dos cargos de importancia dentro del Departamento de Sistemas de Información y Auditoría, también. -Cuando llegué al decanato –cuenta Joseph Ramos– no conocía a Maquieira, pero en la búsqueda de profesores para mantener el buen nivel de las escuelas el comité de búsqueda me recomendó que lo trajera de vuelta de la Adolfo Ibáñez. Si se trata de convencer a alguien de que se venga, es muy difícil hacerlo ofreciéndole mucho menos de lo que gana allá. Por consiguiente, la negociación no se podía hacer por un tercio menos. Quizás sí por el 10% o 15%, pero no más que eso. Y ese fue el caso del reclutamiento de Maquieira. Cuando entró, la escuela de graduados estaba en rojo y él lo dio vuelta. Una cosa como de $200 millones al año, o algo por el estilo.
En julio de 2006 salió un reportaje en El Mercurio que hace mención a esos sueldos. Al poco tiempo Maquieira dejaría de ser “triministro”: seguiría siendo sólo director de la escuela de postgrados.
En ese reportaje, Ramos explicó que lo elevado de sus sueldos se debía a que “estos cargos directivos tienen un plus porque requieren otro tipo de talento, dedicación, y ellos probablemente no estarán escribiendo papers y no podrían recibir bonos por publicaciones”. Pero según el currículum de Maquieira, entre 2004 y 2006 publicó estudios en a lo menos dos revistas internacionales (Revista Mexicana de Economía y Finanzas e International Finance Review) y realizó tres papers. Y recibió los respectivos bonos: alrededor de un millón de pesos por publicación.

La nueva fórmula de la Fundación
En julio de 2006 la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sufrió varios cambios. Después de haber puesto en marcha a la FEN luego del descalabro que significó el caso MOP-Ciade –que no sólo había terminado con la destitución de Sapag, sino que también había dejado a la FEN sin Consejo de Facultad–, Joseph Ramos dejó el decanato y no quiso repostular. En su lugar fue electo el actual decano, Felipe Morandé. A partir de ahí, se hizo una evaluación total de la facultad. En el proceso, se descubrió que se llevaban dos sistemas contables distintos que, si bien decían lo mismo, enredaban todo el proceso de contabilidad. Se tuvo que eliminar uno.
Al mismo tiempo, Morandé solicitó una revisión de la fundación. El informe determinó que ésta estaba mal conceptuada: estaba funcionando como centro de costos de la FEN. Hasta ese momento, la fundación había operado sólo virtualmente. No contaba con una estructura propia. Su personal estaba compuesto solamente por el directorio. Aunque según recuerda Ramos, también “había una secretaria y… creo que eso es todo”.
-Se dijo entonces –dice Juan Carlos González, director ejecutivo de la fundación–: hay que evitar los conflictos de intereses, hay que tener una estructura propia y hay que tener financiamiento. Entonces se hace la reforma de estatutos para evitar lo primero, me nombran como gerente para arreglar lo segundo, y para lo tercero, del financiamiento, es que se creó esta política de overhead para que la fundación pagara sus gastos y generara negocios propios. Básicamente, se ha ordenado todo. Pero de todas formas, creo que no hubo conciencia de que hubiera algo raro, sino más bien fue na operación mal hecha.
El 25 de junio de 2007, el Ministerio de Justicia aprobó
la modificación de los estatutos de la fundación. La más importante de las reformas fue que, “a fin de evitar confusiones de atribuciones o conflictos de intereses”, se agrega la posibilidad de que los miembros del directorio otorguen mandato a terceros. Así, se evitaría llevar todos los proyectos al directorio y que la decisión de llevarlos a cabo dependiera exclusivamente de ellos: los delegados o representantes podrían actuar independientemente con el mismo poder que el otorgante posea, actuando como presidente, tesorero o cualquier otro cargo.
Por otro lado, la facultad un centro de auditoría interna que cada cierto tiempo audita los proyectos o sus partes que son de la FEN. Y para pagar los gastos propios de las operaciones, se aplicó a la fundación una política de overhead, la que consiste en un porcentaje que se aplica sobre el precio de venta del proyecto y que actúa como una especie de impuesto para “compensar” a la institución de los costos asociados al mismo.

Ver documentos:

Publicado originalmente en CIPER (05/06/2008)