viernes, 30 de enero de 2009

EL COSTO HUMANO QUE DEJA LA PARALIZACIÓN DE COSTANERA CENTER

El miércoles 28 de enero, la gerencia de Cencosud anunció el cierre del megaproyecto que construye en Providencia y que se vendió como la que sería la torre más alta de Sudamérica. Más de 2.700 trabajadores de todo Chile llegaron a participar en el hito inmobiliario y en la escuela de nuevas técnicas, además de trabajo seguro y buenos sueldos. La vida daba un vuelco para muchos. CIPER ha estado entrevistando a esos trabajadores desde octubre pasado, cuando se anunció la paralización de gran parte de las obras. Días después, la empresa aseguró que no despediría a nadie; sólo habría redistribuciones en las faenas que seguían y un sistema de turnos. Y seguimos visitando la obra. Pero tres meses después, sólo quedan 600 operarios. En dos meses más no quedará ninguno. Estas son sus historias.

Fotos: Fernando Ramírez

Los planes que tenía Gustavo para 2009 estaban claros. Hace un año dejó a su mujer y sus dos hijas en Concepción y partió a Santiago para ser parte del proyecto inmobiliario más ambicioso del país: la construcción de la que sería la torre más alta de Sudamérica. La apuesta valía la pena.

La edificación de Costanera Center, el complejo de cuatro torres que Horst Paulmann y su holding Cencosud estaban construyendo desde 2006 en Providencia, prometía empleo seguro para casi 3.000 personas, buenos sueldos, uno de los ambientes más protegidos en cuanto a accidentes en el área de la construcción, además del entrenamiento en técnicas y tecnologías que por primera vez se utilizarían en Chile. Para los escogidos como partícipes del que prometía ser el hito inmobiliario en Sudamérica, era una escuela pagada que duraría hasta 2010. Sin dudarlo decidió establecerse en Santiago y traer a su familia apenas pudiera.

Gustavo lleva siete años trabajando en distintos proyectos para Salfa Corp, la empresa constructora encargada del proyecto. Aunque es comunicador audiovisual, hoy es uno de los capataces que trabajan en la única torre que sigue en faenas: la Gran Torre, la de los 300 metros de altura. Partió como fotógrafo en la compañía, pero a medida que pasó el tiempo, se interesó por la construcción e hizo cursos de interpretación de planos. De ahí, participó en obras de Salfa en Punta Arenas, Puerto Montt y otros tantos lugares del norte y sur del país. Cuando llegó a Costanera Center, se unió a los cerca de 1.600 trabajadores que durante las horas de colación salían a la calle y llenaban plazas y esquinas con sus cascos de colores y chalequillos reflectantes, hacían cola para comprar su almuerzo y eran abordados por vendedores de celulares, de televisión por cable y de planes de Isapres. A fines del año pasado llegó el momento que tanto esperaba.

Para los últimos días de 2008, Gustavo ya había arrendado un departamento y matriculado a sus dos hijas en un colegio de la capital. Ellas llegaron junto a su madre a pasar en familia las fiestas de fin de año. Fue el inicio de la instalación definitiva. Todo estaba arreglado: casa, trabajo, su familia. Hasta que en la noche del miércoles 28 de enero, encendió el televisor y vio la noticia de última hora: “Crisis económica obliga a suspender obras de Costanera Center”.

Fueron solo unos segundos. Y en cada uno de ellos su vida se fue diluyendo al mismo tiempo que el locutor anunciaba la noticia que estremeció a miles de chilenos por el anuncio de lo que se nos viene encima en materia de cesantía.

Su familia ya partió de vuelta a Concepción. Y hoy viernes Gustavo entregará el departamento que arrendaba para vivir con su familia. En los próximos días anulará las matrículas de sus hijas. Todo se decidió en 24 horas. Y no porque fuera ciego ni indiferente a las señales: la paralización de las obras de verdad fue una sorpresa para él y para los que aún trabajaban en Costanera Center.

La inauguración del mall estaba programada para abril de este año. Para entonces, dijeron, dos de las cuatro torres estarían casi terminadas. Pero en octubre, el ahora ex gerente general de Cencosud, Laurence Golborne, anunció la suspensión de las faenas en tres de los cuatro edificios “hasta que las condiciones del mercado así lo ameriten”. Y surgió el rumor de despidos masivos.

CIPER fue en ese momento a Costanera Center y habló durante varias jornadas con los obreros. Días después, el 30 de octubre el holding manejado por Paulmann anunció un aumento de capital de US$200 millones y anunció un cambio en su plan de inversiones. El cambio significó dejar stand by negocios por US$300 millones y frenar su proyecto emblema, que tenía un costo por el doble de esa cantidad. Junto con el anuncio, aseguraron que no habría despidos y que los más de 2.500 trabajadores contratados para la gran obra serían redistribuidos en las secciones que continuaban construyéndose en un sistema de turnos.

Y así se hizo. Pero la promesa duró muy poco. De los 2.500 trabajadores, hoy sólo quedan 600 y de acuerdo a lo anunciado en la reunión que sostuvieron el jueves 29 de enero dirigentes sindicales con gerentes de Salfa, en dos meses no quedará ni uno ( ver recuadro).

-A cada obra que voy llego con mi grupo de confianza. Antes tenía a mi cargo 42 trabajadores –dice Gustavo–. Ahora me quedan sólo cuatro y ninguno es de ese grupo. Eso ha pasado en todos los sectores.


Comedores, agua caliente y mesa de pin pon

Antes de llegar a la obra de Paulmann, Camilo Baeza trabajó en la construcción del nuevo estadio de La Florida. Ahí le prometieron trabajo seguro hasta septiembre del año pasado, pero al terminar la obra gruesa, lo despidieron. Eso fue en junio de 2008. A los pocos días habló con un conocido que era capataz en Costanera Center. Le dijo que él y otros cuatro compañeros habían sido despedidos y que andaban buscando trabajo, que eran todos esforzados y que tenían “muchas ganas de hacer la pega y hacerse lucas”. Los contrataron con el sueldo de maestro: $500.000.

Para el 24 de octubre, Camilo era carpintero en la torre 1, una de las tres en las que se repartirían los 200.000 m² de oficinas. Mientras almorzaba junto a su compañero Luis Alberto Olivares, usaba casco rojo, chalequillo reflectante amarillo, anteojos de seguridad y gruesos zapatos amarillos. Olivares y los demás obreros de la obra también. Como la gran mayoría, ambos consideraban que las condiciones de trabajo eran del mejor nivel: a diferencia de otros lugares, donde los comedores eran sólo unos tablones que los trabajadores se tenían que armar, había mesas y sillas como las de cualquier comedor. Además, todo era muy limpio, en las duchas tenían agua caliente y pronto llegaría una mesa de pin pon. Pero lo que más les llamaba la atención, era la relación con los capataces y los jefes de obra: en sus otros trabajos “todo el día andaban con el látigo”.

-Acá, por todo el tema de la seguridad, no te pueden chicotear. Siempre te andan diciendo que hagas las cosas lento, con cuidado, así que no te pueden apurar –contaba Camilo.

Cada mañana, puntualmente a las 8:00, los obreros recibían una charla de seguridad. Les hablaban del uso obligatorio del arnés al estar sobre el metro y medio de altura, de los lentes y del casco, además de otras medidas para evitar accidentes. Cualquier falta significaba el despido inmediato. Cerca de 150 trabajadores estaban en cada grupo. Y todos se motivaban.

Para que la motivación creciera, en cada sección al interior de la obra había un cartel que indicaba el avance y la cantidad de trabajadores que participaban de esos logros. Para que todos los vieran, se instalaron casi al lado de un murallón donde se ponían las tarjetas de ingreso y salida de cada uno. Olivares dice que en ese momento había 300 personas y que era muy común ver familias casi enteras trabajando en la obra.

-Acá eso es típico: uno encuentra pega, recibe unas lucas y le empieza a dar el dato a toda la familia. Al final, hay papás, hijos, tíos y primos trabajando en la misma construcción –decía.

Por esa época fue el anuncio de freno a la obra. A pesar de que un capataz le aseguró que tendría un cupo en la redistribución, Camilo estaba asustado. No tanto por él, que era soltero, sino más bien por sus compañeros que tenían familia. Él decía estar tranquilo, que se iría a trabajar al norte en proyectos mineros. Además, ya no confiaba: en el estadio de La Florida también le habían prometido trabajo seguro e igual lo habían despedido.

Tres meses después la cosa es distinta.


Torre desierta

Según Julio Arancibia, presidente de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, el desempleo en su rubro ya llegó al 17,5%. Para diciembre del año pasado, los despidos en Costanera Center habían alcanzado los mil y, según su sindicato, sólo desde el lunes 26 de enero 750 personas fueron despedidas en un proceso que comenzó con el anuncio en octubre de Golborne.

La torre 1 fue la primera en paralizar la actividad. Tenía sólo ocho pisos construidos. Camilo Baeza aún está ahí junto a los 14 que quedan en su sector, los mismos que se presentan cada día a las charlas de seguridad. Dice estar aburrido, que ya no le queda trabajo por hacer, que no le salieron las opciones de trabajo en el norte y que al interior de la torre está todo desierto. Que sólo están haciendo trabajos de ordenamiento y devolución de materiales y que ya no están recibiendo bonos de producción. Además, como el finiquito considera las últimas tres liquidaciones de sueldo, Camilo pidió que lo cortaran.

-Haciendo cálculos, con las últimas tres liquidaciones me estarían dando un finiquito de más de 600 mil pesos, además de un bono por cierre de obras de $225.000. Y como no me van a dar bono de producción este mes, los necesito sí o sí ahora –cuenta solitario y cabizbajo allí donde antes almorzaba junto a decenas de compañeros.

Desde hace un tiempo, Camilo está postulando para la casa propia. Los últimos 12 años los ha pasado en el campamento Nasur, en Peñalolén, pero ya se quiere ir. Dice que está aburrido de los traficantes, de los gritos y los balazos. Le dijeron que si todo sale bien, la casa se la entregarían en 2010. Pero para que eso suceda, a mediados de marzo debe pagar $400.000 que no tiene y que, si le va mal con el finiquito, difícilmente tendrá.

Ayer en la tarde le darían la respuesta. Al salir de la obra, en murmullos dijo que le fue mal.


“Hay que ver la realidad”

La paralización de Costanera Center movilizó a la prensa hacia la obra. En vez de vendedores de celulares y planes de Isapres, hay periodistas que abordan a los trabajadores que se asoman y a los que llegan a buscar su finiquito. Y se entiende: era la crisis que ya estaba encima de los chilenos. Y su primera página la marcaba el cierre de la construcción de 200.000 m² de oficinas –de los cuales 84.000 serían de alta categoría–, además de lo que anunciaba su página web: “el mall de mayor altura de Chile, con más de 300 locales comerciales; un Jumbo, un Easy, un Santa Isabel, tiendas Paris, Ripley y Falabella, un amplio patio de comidas, un paseo gastronómico con restaurantes y cafés, doce salas de cines, juegos Aventura Center con pistas de bowling, centros médicos y de salud, gimnasio y estacionamientos para recibir a 4.500 vehículos en cinco niveles”. Todo ello era lo que se prometía en la primavera del año pasado.

El 30 de octubre de 2008, Humberto le contaba a CIPER en su hora de colación que apenas saliera por la tarde se iría a juntar con su hijo para tomar unas cervezas. Llevaba cinco meses en la obra y mientras hablaba, reía. Y más que risas, eran carcajadas. Más rato diría que estaba volado, que se había fumado un pito de puro contento en su hora de colación. Sólo parecía un hombre alegre que al día siguiente estaría de cumpleaños, el número 51, y que prometía que iba a celebrar todo el fin de semana. Pero decía que era muy probable que el lunes siguiente, al acabar todo eso, tendría que volver al Costanera Center con su casco amarillo y su chalequillo reflectante del mismo color y ver cómo reubicarían a muchos de sus compañeros y despedirían a otros. Quizás, incluso él sería reubicado o despedido.

-Se está acabando la pega y no se sabe nada de lo que va a pasar –decía Humberto–. No hay nada concreto. Muchos compañeros están preocupados, principalmente los que tienen familia, cabros chicos. Es que se vienen las fiestas de fin de año y no van a tener plata. Y lo peor es que como nadie sabe, empiezan a correr los rumores. Pero yo les digo que ya están todos cagaos, que los van a echar… Hay que ver la realidad.

Humberto contaba que todo el día había palanqueo sobre el tema, y que era mejor tomarlo así. Él creía que diciéndole eso a sus compañeros, ellos se podían preparar para la noticia. Pero sobre su propia situación, reconocía estar tranquilo. Trabajó 18 años en el barrio alto, lo que le dejó una serie de buenos contactos con señoras dueñas de enormes casas que le decían que se quedara, que les hiciera el aseo, que les cuidara la vivienda. Pero no aceptaba las ofertas. Su idea era quedarse hasta las fiestas de fin de año y después renunciar.

Heraldo no paraba de reír ni de bromear. Después de unos minutos miró la hora. Se tenía que ir. Se puso el casco y se fue. Tres meses después ya no está entre los pocos que quedan almorzando junto al canal San Carlos.

Antes eran cientos los que se agrupaban. Ahora se ven sólo unas cuantas decenas.


Los de afuera

La noticia del cierre de la obra no sólo causó revuelo en la prensa y en los trabajadores de Costanera Center. Durante la mañana de ayer, mientras los obreros que llegaban hasta la puerta de la construcción para pedir comprobante de su finiquito eran abordados por los periodistas, un camión con un logo “Edificio Neohaus” se detuvo frente al complejo de Cencosud.

-Ando buscando albañiles y jornaleros para una obra que está en San Eugenio con Ñuble –dijo el conductor al asomarse por la ventana.

De inmediato algunos trabajadores se acercaron y le pidieron sus datos. El chofer cuenta que hace unos días pusieron un aviso en su construcción, pero no llegaron suficientes postulantes. Por eso, cuando el 28 de enero salió en todos los noticiarios nocturnos que los 600 obreros que quedaban en Costanera Center quedarían disponibles, decidieron salir a reclutar gente.

Maritza también aprovechó de pedir los datos para pasárselo a sus clientes. Ella trabaja desde 2006 vendiendo almuerzo casero a los trabajadores afuera de las torres. Es una de las tres personas que aún lo hace. Cuando llegó, las obras recién se encontraban en el segundo subterráneo. Ahora, los cinco subsuelos y la obra gruesa de la torre 4 están listos, las torres uno y tres tienen ocho pisos de altura y la Gran Torre alcanzó los 23. Y así se quedarán por tiempo indefinido.

El efecto que eso tendrá no sólo afectará a las personas que trabajan al interior de la edificación. Maritza asegura que la venta de almuerzos y bebidas a la salida le ha rendido frutos jugosísimos. En octubre, cuando CIPER comenzó a visitar las torres, su puesto -una mesa plegable, una sombrilla y una silla- se veía rodeado de hombres con cascos y casaquillas reflectantes en las horas de colación. Cada día llevaba 80 almuerzos. Y los vendía todos. Desde que llegó allí al inicio de la obra, Maritza logró juntar el dinero suficiente para comprarse una minivan. Pero la crisis de Cencosud también la golpeó: ahora con suerte vende 20 platos de comida en un buen día.

-Me da pena –dice–. He trabajado en esto en varias obras y primera vez que me toca ver un cierre a la mitad. Además, los trabajadores me cuentan todo, me tienen mucha confianza. Pero esto es lo que me da para comer, así que mañana decido si sigo aquí o no. Igual ya me empecé a ir a otro lugar, aunque hoy mandé a otra persona para que se encargara de eso.

Lo mismo le ocurre a María Jesús Castillo, dueña desde hace nueve años del kiosco que está en las esquina de Holanda con 11 de septiembre. Ella se refiere a los trabajadores como mis cabros de la pobla. Ellos le dicen “mami” o “tía”.

María Jesús cuenta que muchos de los obreros han llegado desde regiones para trabajar en el megaproyecto de Cencosud y que al salir de las faenas, ella les pasaba cartones para que se acostaran a dormir una siesta sobre el pasto de la plazoleta de al lado. Además, muchos hacían cola para usar su teléfono, le preguntaban dónde conseguir hospedaje y las compras que le hacían cada día le ayudaron a salir de una serie de deudas que la tenían metida “en un hoyo económico”. Pero no sólo eso. Los ingresos que percibía le permitieron costearse una operación de un quiste. Con la paralización de los trabajos, todo eso se acabó.

A principios de diciembre un grupo de trabajadores se fue a paro en protesta por la reducción de horas extra –debido al nuevo sistema de turnos-, la consecuente disminución en los sueldos y el despido de algunos dirigentes sindicales. Los líderes del movimiento afirmaron que la movilización contó con el respaldo de 1.800 trabajadores. Salfa indicó que la paralización contó sólo con 350 operarios de los 2.700 que aún había en la obra. Sea como sea, María Jesús asegura que después de eso se hizo visible el cambio. A pesar de que la empresa constructora llegó a acuerdo con los obreros movilizados, en poco tiempo disminuyó la cantidad del personal.

-Antes se veía toda la esquina llena de gente con cascos y ese peto amarillo. Los ruidos de las herramientas y las máquinas eran todo el día algo constante. Había mucho movimiento. Pero en diciembre la cosa empezó a bajar. Ahora igual hay gente, pero casi nada –cuenta María Jesús haciendo un suspiro y exteriorizando su pena.


Rascacielos de 23 pisos

A Gustavo y al resto de los obreros de Cencosud se les está acabando el tiempo. Según el capataz de la Gran Torre, la orden que dieron en Salfa fue “terminar la obra gruesa hasta el piso 23”. Y en ese nivel sólo queda poner la losa. El resto del trabajo consiste en un proceso de cierre: ordenar y entregar materiales, desmantelar las grúas y dejar todo listo para que cuando Salfa se retire del lugar y Cencosud decida reactivar las faenas, la nueva “administración delegada” se encargue de las tareas de obra fina.

Después de siete años trabajando con la empresa en construcciones a lo largo del país, Gustavo estima que eso no tomará más de dos semanas. Mucho menos de los dos meses que aseguró la empresa que demorará la suspensión definitiva de las labores. En todo caso, aun cuando se cumplan esos dos meses, no es garantía de trabajo para los 600 trabajadores que quedan.

Por lo mismo, Gustavo lleva un mes buscando trabajo en otro lado, pero aún no aparece nada. Y aunque no desespera, no tiene ni la menor idea de lo que va a suceder. Piensa en volver a Concepción para estar con su familia, pero asegura que allá la cosa está peor.

También cuenta que muchos miembros de la línea de mando –jefes de sector, de obra y capataces– dicen que partirán afuera para participar en los proyectos que Cencosud tiene en el extranjero. En la mira de las inversiones de Paulmann ya están las obras para las nuevas adquisiciones en Perú y Brasil. Pero aún nada es concreto. Y para muchos, son solo lindas promesas

-Este año se ve poco auspicioso para nosotros, pero no es sólo aquí. Está pasando en todos lados. Las empresas van a usar esta crisis como excusa para despedir y abusar durante todo 2009. Y vamos a tener que aceptar sueldos mucho más bajos. Esto siempre ocurre en la construcción: las pegas se acaban. Lo mismo pasó con la crisis asiática. Y si Paulmann dejó parado un mall en Argentina por dos años, ¿por qué no podría hacer lo mismo aquí? –asegura Gustavo mirando la torre.

De las torres a las calles

La noticia también llegó a través de la prensa a oídos del sindicato de trabajadores de Costanera Center. Y no tardaron en reaccionar. Ayer por la mañana, un grupo de dirigentes encabezados por su presidente, Miguel Nazar, se reunieron con directivos de la obra. La cita fue tensa y duró dos horas. Al salir, Nazar dio declaraciones a la prensa rodeado de obreros con pancartas.

-Nos enteramos ayer por las noticias de que esto se paralizaba; no así, teníamos nociones de que esa era la tendencia, habíamos visto señales en despidos de compañeros –dijo frente a las cámaras.

Mientras un grupo de periodistas se apelotonaba sobre Nazar, Julio Orellana, uno de los dirigentes del sindicato que había estado en la reunión, se encontraba de pie mirando la escena.

Al acabar octubre, Orellana contaba que la empresa había garantizado que los sueldos no se reducirían y que no habría despidos masivos, sino que se crearía un sistema de turnos que funcionarían las 24 horas. En ese entonces se veía tranquilo. Hoy se ve distinto.

-Muchos de los trabajadores tenían proyectos. Algunos pretendían salir de vacaciones con sus familias; otros tienen deudas que pensaban pagar. Ayer al ver las noticias se les cayó todo eso –cuenta Orellana.

Después de la reunión, la empresa constructora se comprometió a reubicar a los obreros despedidos en las obras de mitigación vial necesarias para que Costanera Center pueda funcionar. Pero el atraso de estas obras es uno de los puntos determinantes en la decisión del cierre.
Cencosud ha estado negociando su proyecto de mitigación vial desde hace más de dos años. Pero luego de ser rechazado en octubre pasado, en diciembre reingresó una propuesta que modificaba las soluciones viales presentadas. El plan fue revisado por el MOP, Transportes, Serviu y las direcciones de tránsito de Providencia, Vitacura y Las Condes, entre otros nueve organismos. Y aunque se le realizaron 40 observaciones, fue aprobado el 5 de enero pasado bajo la condición de realizar su construcción en cuatro etapas. Tendrá un costo de US$48 millones. Pero la discusión no se ha zanjado.

Paulmann no está de acuerdo con financiar por completo las obras viales, y por lo plazos estipulados en la aprobación, lo más probable es que su entrega hubiese ocurrido en una fecha posterior a la edificación de Costanera Center. Una cosa va unida a la otra. Mientras el proyecto vial no esté concluido, ni el mall ni las torres pueden empezar a funcionar.

-Por eso el próximo martes al medio día vamos a hacer una marcha hasta el MOP. Le vamos a exigir al ministro que se acelere el proceso. Los trabajadores necesitan empezar con las obras. No se puede permitir que la crisis de los ricos le pase la cuenta a los trabajadores –dice Orellana.

Zona Multimedia:
Galería Fotográfica: El costo humano que deja la paralización de Costanera Center

Publicado originalmente en CIPER (30/01/2009)

miércoles, 28 de enero de 2009

“MUERTOS DE NADIE” FINALISTA EN PREMIO PPE 2008


Dicen que a veces es bueno hacerse autobombos, que si uno n
o lo hace, nadie lo va a hacer por uno. Y de eso me cuelgo en este momento.

La escuela de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, desde 2003, entrega cada año el Premio Periodismo de Excelencia (PPE). El objetivo, según su página web, “es distinguir los mejores trabajos periodísticos publicados en los medios escritos nacionales. Contempla textos de los distintos géneros –columnas, reportajes, críticas, entrevistas, perfiles y golpes noticiosos– y de cualquier temática". Un jurado conformado por periodistas y académicos selecciona los mejores para incluirlos en un libro recopilatorio y establece un primer premio al más destacado de ellos.

La versión 2008 fue la quinta y hoy se entregaron los resultados. El ganador del PPE, o sea, el primer lugar, fue la serie publicada por CIPER: Irregularidades en el Servicio de Registro Civil e Identificación, que fue el mayor golpe periodístico del año pasado. La investigación realizada por Mónica González, Francisca Skoknic y Cristóbal Peña desentrañó las irregularidades cometidas en una licitación del servicio público por más de US$80 millones. Y fue impecable. No lo digo porque sean mis compañeros de trabajo, sino porque su serie de reportajes trajo como consecuencias la destitución completa de la plana directiva del Registro Civil, la anulación de la licitación con la empresa india TATA y coletazos judiciales que siguen apareciendo hasta hoy, 10 meses después de la publicación de la primera parte de la serie: la semana pasada la fiscal Alejandra Godoy pidió formalizar y dejar preso al ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, acusándolo de 155 fraudes al fisco por asesorías injustificadas y dos contratos con la USACH, que en total suman $636 millones. El juez sólo aceptó la segunda arista y lo dejó libre. Pero el tema está lejos de acabar.

En serio, les recomiendo que la lean. Acá van los links:

Por otro lado, este año se agregó la categoría de periodismo digital. La idea es incluir a los medios periodísticos on-line que han tomado fuerza, y que hasta el año pasado no estaban considerados en el PPE. Entre ellos está El Mostrador y el mismo CIPER. Y precisamente fueron textos de esos dos medios los seleccionados entre los finalistas de la categoría, la que no tuvo un ganador. Miguel Paz por El Mostrador y –aquí viene el autobombo– yo con la serie Muertos de Nadie, publicada en noviembre en CIPER y en La Desdémona.

La serie, que consta de tres capítulos, describe lo que ocurre con los cadáveres que llegan al Servicio Médico Legal (SML) y que son reconocidos, pero no reclamados. Los textos demuestran que ninguno de los servicios públicos involucrados en el tema le avisan a los familiares, por lo que los muertos se acumulan hasta que se necesita más espacio para los que vienen llegando. Mientras, familiares y amigos desconocen de sus destinos. Siguiendo la pista de un “cargamento” de cuerpos que fue enterrado en el Cementerio General en abril del año pasado, llegué a sus historias. De hecho, Reporteros de Teletrece hizo una nota sobre el tema. Les recomiendo también que las lean.

Bueno, como cada año, The Clinic apareció en varios nombramientos en la categoría de reportajes, pero fue Roberto Farías, de Paula, quien ganó con su texto Entendiendo al guerrero Catrileo, sobre la muerte del estudiante asesinado por Carabineros en medio del conflicto mapuche.

A continuación, la lista de ganadores y finalistas publicadas hoy:


Ganador Premio Periodismo de Excelencia

Serie: Irregularidades Servicio de Registro Civil e Identificación
Mónica Gónzalez, Cristóbal Peña y Francisca Skoknic
CIPER

Ganadores y finalistas por categoría

Ganador:

Entendiendo al guerrero Catrileo
Roberto Farías
Paula

Finalistas:

Acoso sexual en Internet: Diario del "child grooming" (ver)
Juan Luis Salinas Toledo
Ya, El Mercurio

El lonko tiene sida. (ver)
Claudio Pizarro
The Clinic

Tres semanas con una madre pastabasera (ver)
Carla Celis
The Clinic

La verdadera historia del boleto de kino robado.
Claudio Pizarro
The Clinic

2.- ENTREVISTA / PERFIL:

Ganador:

Verónica Espinoza, pareja de Gerardo Rocha: "Sabía que vivía con un enfermo" (ver)
Sabine Drysdale
El Sábado, El Mercurio

Finalistas:

Enrique Correa: "Hicimos la transición más exitosa de Latinoamérica"
Patricia Politzer
Qué Pasa

"Quiero que destroces a ese tipo": Siete asaltos en la esquina del púgil José 'Mortero' Sánchez (ver)
Esteban Abarzúa
Las Últimas Noticias

El grito de Valenzuela (ver)
Patricia Politzer
Qué Pasa

El hombre que vive en un aviso de Coca Cola
Macarena Gallo (ver)
The Clinic

Alfredo Jocelyn-Holt, historiador: "Huidobro, Edwards Bello y Matta no pasarían el examen de admisión en el Colegio Cumbres" (ver)
Vicente Undurraga
The Clinic

De La Habana a Auckland, la singular historia del nieto de Salvador Allende
Nancy Castillo
La Tercera

3.- COLUMNA:

Ganador:

Volodia (ver)
Sol Serrano
El Sábado, El Mercurio

Finalistas:

Estatuto Docente: Una tragedia peor que el Transantiago (ver)
Mario Waissbluth
Qué Pasa

A ti (ver)
Cristián Warnken
El Mercurio

¡Sintonízate clase política! (ver)
César Barros
Qué Pasa

Reventón de pus
Leonardo Sanhueza
Las Últimas Noticias

La foto de Doris Day
Pedro Peirano
La Tercera

4.- CRÓNICA

Ganador:

México D.F.: No es ciudad para débiles (ver)
Alberto Fuguet
Domingo, El Mercurio

Finalistas:

Pesadilla infantil en Punta Arenas (ver)
Gazi Jalil F.
El Sábado, El Mercurio

La última noche
Jorge Poblete
La Tercera

Monjas
sacramentinas dejaron de fabricar la tradicional "sustancia"
Claudia Urzúa
La Tercera

La
vida olímpica de un maratonista
Rodrigo Fluxá
El Mercurio

5.- CRÍTICA / RESENA

Ganador:

Desierto

Finalistas:

Las últimas composiciones de Violeta Parra (ver)
Marisol García
Rolling Stone

El enigma Murakami
Andrés Gómez Bravo
La Tercera

"Promesas del este", El monstruo que llevamos dentro (ver)
Ernesto Ayala
Artes y Letras, El Mercurio

6.- DIGITAL

Finalistas:

El insólito pituto de la subsecretaria que vende frambuesas: Elinett Wolff y su PYME frutícola (ver)
Miguel Paz
El Mostrador

Serie: Muertos de nadie (ver)
Juan Pablo Figueroa
Ciper

Premio Ediciones B al texto mejor escrito.

Perú, Machu Picchu es mía.
Roberto Farías
Paula

sábado, 24 de enero de 2009

EL 88% DE LOS PRINCIPALES ALCALDES DEL PAÍS NO HA ENTREGADO SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL

El 5 de enero se cumplió el plazo para que los alcaldes presentaran su declaración de patrimonio. Entre ediles entrantes y salientes de las 96 principales comunas del país, 132 declaraciones deberían haber llegado a la Contraloría. CIPER descubrió que sólo se han recibido 16. La ley estipula sanciones por la no entrega o presentación tardía del documento destinado a impedir enriquecimiento ilícito, pero en pocas ocasiones se hacen efectivas. Entre los pocos que cumplieron, siete son alcaldes reelectos, tres son salientes y seis son ediles nuevos. Del patrimonio de 116 ediles nada se sabe.
Por Juan Pablo Figueroa, Paula Guerra y Cristina Soto, CIPER

La cita tuvo lugar en el Auditorio de la Contraloría General de la República. Habían pasado sólo cinco días desde que los alcaldes –nuevos y reelectos– asumieran sus cargos. El 11 de diciembre de 2008 el contralor Ramiro Mendoza recibía a los 345 jefes comunales elegidos el 26 de octubre para comandar por los próximos cuatro años los municipios del país. La reunión parecía importante. Mendoza impartiría el seminario “Municipios, juridicidad y probidad. Aplicaciones prácticas”. Un encuentro en el que tanto él como la Presidenta Michelle Bachelet harían discursos para potenciar las prácticas administrativas transparentes. Al terminar, hubo besos, abrazos, saludos, diplomas y fotos. Ha transcurrido más de un mes y ya muchos de los invitados reprobaron la primera prueba.

El 5 de enero venció el plazo legal de 30 días para la entrega de la declaración de patrimonio que deben realizar todos los alcaldes y concejales después de asumir o dejar su cargo. Según el Decreto Nº 45 (2006) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modifica la Ley Nº 18.575, el formulario debe ser llenado por los funcionarios de alta jerarquía de la administración del Estado, ejecutivos de empresas públicas, parlamentarios y miembros de los tribunales superiores de justicia cada cuatro años, cada vez que la persona sea nombrada en un nuevo puesto de la administración pública y al concluir el período de su función. También cuando su patrimonio sufra cambios significativos. Todos conocen la ley. Por lo mismo, todos los alcaldes –electos, reelectos y salientes– deberían ya haberla enviado. Pero la transparencia no parece ser la tónica de la administración local.

CIPER fue esta semana a Contraloría para revisar las nuevas declaraciones patrimoniales de los 49 alcaldes reelectos y salientes del Gran Santiago (22 de Santiago norte y 27 de Santiago sur), los 27 ediles de las principales comunas de regiones y los 36 nuevos jefes en las alcaldías del mismo grupo. En total, eran 132 planillas de las 345 que deberían haber ingresado en los archivos del órgano fiscalizador. Pero de ellas, sólo encontramos 16: tres de alcaldes que dejaban el sillón edilicio, siete de los que fueron reelectos y seis de personas nuevas en el cargo.

De las otras 116, aún no se sabe nada.


Sanciones inefectivas

La ley es clara: existen sanciones para la no entrega o presentación tardía de las declaraciones de patrimonio. Según el artículo 24 del Decreto Nº 45, “se presume que el funcionario o autoridad ha incurrido en infracción a su obligación de presentar la declaración de patrimonio, si trascurren más de treinta días desde que la declaración fuere exigible y ésta no se hubiere efectuado”. En estos casos, la sanción consiste en una multa que va desde las 10 a las 30 UTM (entre $375.000 y $1.125.000). Pero estas sanciones casi nunca son efectivas.

El fin del proceso es que los ciudadanos puedan fiscalizar si hay enriquecimiento ilícito por parte de sus autoridades. Y a mediados de 2006, todos los funcionarios públicos que están obligados a llenar el formulario con datos específicos sobre sus bienes inmuebles, vehículos motorizados, valores transables, derechos en sociedades y comunidades y pasivos superiores a las 100 UTM, debían presentar sus declaraciones. Pero al revisarlas en agosto pasado, CIPER descubrió que durante dos años el ex alcalde de Ancud, Pablo Ossio (DC), simplemente hizo caso omiso a esa obligación. Y no es que la haya hecho a tiempo y se haya perdido en el trayecto a la Contraloría Regional. Tampoco que a sus asesores se les haya olvidado enviarla. Ossio llenó el formulario recién el 11 de agosto del año pasado y sólo incluyó un crédito de consumo por $4.000.000. Pero en todo ese tiempo, nadie lo fiscalizó.

Tampoco nadie lo hizo con los alcaldes suplentes de Arica e Iquique, el independiente Waldo Sankán y la también independiente, pero apoyada por la Alianza, Myrta Dubost. Ambos iniciaron el período anterior como concejales de sus comunas e hicieron sus declaraciones según ese cargo, pero asumieron la jefatura de sus municipios luego de que sus antecesores fueran destituidos –Carlos Valcarce, en Arica, por fraude al fisco y Jorge Soria, en Iquique, por notable abandono de deberes y faltas a la probidad, además de estar acusado de fraude al fisco, negociación incompatible y otras irregularidades–. Sin embargo, ninguno actualizó su declaración al asumir el mando municipal. Pero al menos uno de ellos reparó el error.

Después de las elecciones municipales del año pasado, tanto Sankán como Dubost fueron confirmados como alcaldes. Y la de Dubost es una de las nueve declaraciones que ya ingresaron a la Contraloría desde regiones. En la casilla donde debe poner el cargo que ostenta ya no dice concejal, sino alcaldesa. Pero esa no es la única diferencia con su formulario anterior.


Las actualizaciones que llegaron

Cuando Myrta Dubost era concejala por Iquique, según su declaración de patrimonio sólo poseía $10 millones en bienes muebles y una cuenta corriente. No indicó ni el tipo de bienes ni el monto o a qué banco correspondía la cuenta. Pero dos años después, el formulario que presentó como alcaldesa es muy distinto.

Dubost hizo su declaración el penúltimo día de 2008 y en ella no aparecen ni la cuenta corriente ni los $10.000.000 en bienes muebles. Pero agrega un auto Honda de 1996 y seis sociedades, de las cuales tres (Ocean Investments Ltda., Pacific Trading Ltda. y South Investments Ltda.), según ella misma indica, no han tenido movimiento desde hace más de 20 años. Lo que llama la atención es que no haya incluido en su declaración anterior las sociedades D y G Asociados Ltda., en la que participa desde 1996, ni Chileminmetals S.A. y Quebrada del Desierto S.A.C., en las que posee derechos a través de D y G Asociados desde 2005.

La actualización de Dubost no fue la única que llegó a la Contraloría. Al menos otras siete declaraciones corresponden a actualizaciones por reelección. Una de ellas es la de la alcaldesa de Concepción, Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), una de las pocas que evidencia un incremento en su patrimonio.

Mientras que en el formulario que la edil penquista presentó en 2006 aparecía su domicilio, además de un sitio eriazo avaluado en $120,5 millones y una cuenta corriente sin fondos, en la declaración que entregó ahora ya no aparece su dirección ni el sitio eriazo. Sin embargo, asegura tener dos sitios más, cuyo valor suma $225 millones. Además, ahora tiene dos cuentas corrientes con fondos que adicionados superan por poco los $5.000.000.

Otro de los alcaldes reelectos cuya actualización resulta llamativa es el de Coquimbo, Oscar Pereira (DC). En su declaración anterior , Pereira puso en la casilla destinada al organismo en que se desempeñaba “Jubilado SNS”, pero ahora rectificó: llenó el espacio con “I. Municipalidad de Coquimbo”. Ya no aparecen los dos créditos Corfo que tenía para pagar los estudios de sus hijos y sus acciones en Coopeuch pasaron de $1.860.000 a $6.152.744.

Otro cambio que mostró en el nuevo formulario fue su profesión: en 2006 se identificó como auxiliar de enfermería; ahora figura como paramédico.


El patrimonio de los que se van

De los 36 alcaldes incluidos en la lista de declaraciones que CIPER solicitó ver en Contraloría y que dejaron su puesto en el municipio, sólo tres han cumplido con la obligación de presentar el formulario con el detalle de su patrimonio. Y los tres son de regiones: Arturo Molina (Calama), Carlos Arellano (Rancagua) y Aldo Bernucci (Chillán).

El primero en hacerla fue Molina (DC), el 27 de noviembre de 2008. Según su “actualización por cese de funciones”, su patrimonio sólo ha variado en cuanto al valor de su auto y el vehículo de su mujer, además de la eliminación de una deuda de casi $6,5 millones . Todo lo demás sigue igual.

El radical Aldo Bernucci llenó el formulario el 5 de diciembre de 2008, un día antes de dejar la alcaldía chillaneja y ni siquiera se dio la molestia de rellenar las casillas referentes al cargo que dejaba. Ya no incluye su casa en Valdivia, pero en su reemplazo hay otra que no corresponde a su domicilio. Tampoco están los cerca de $7.000.000 que en 2006 tenía repartidos en una cuenta corriente, un fondo mutuo y una cuenta diferida. Ahora sólo anota una cuenta corriente con un fondo de dos millones de pesos. Y es mucho más que lo declarado por el ahora ex alcalde de Rancagua, Carlos Arellano (DC).

El formulario previo de Arellano da a entender que cuando llegó al mando del municipio no tenía nada. Ni propiedades ni vehículos ni bienes transables. Ni siquiera debía plata. Al parecer, durante los cuatro años que estuvo en el sillón edilicio no le fue muy bien: ahora sólo incluye $13,5 millones en deudas.


Los nuevos jefes

Dos días después de asumir la alcaldía de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN) llenó la primera declaración de patrimonio que hace como jefe municipal. En ella consignó que llevaba 25 días en el cargo, una casa en la misma comuna, un departamento destinado a la renta en Las Condes y un terreno en Cochamó, Puerto Varas. También incluye pasivos por $190 millones, un depósito a plazo de $35.000.000, una sociedad individual de responsabilidad limitada y acciones en D&S, Enersis y LAN, cuyo valor suma $11,8 millones.
Al otro lado de Santiago, Cristián Balmaceda (independiente pro Alianza) ganó en las elecciones con el 61,66% de los votos y llegó a reemplazar a Jaime Escudero (PPD), quien fue su contendor en la pelea por estar al frente de la municipalidad de Pirque entre 2008 y 2012. Balmaceda hizo su declaración el 26 de diciembre e incluyó dos sitios en Los Maitenes (avaluados en $68 millones), tres vehículos, dos sociedades y dos pasivos. Y a pesar de que su patrimonio está lejos de ser despreciable, no se compara con lo que su antecesor declaró tener en 2006 .

Escudero no ha presentado su actualización por cese de funciones, pero además de los tres caballos que tenía a su haber –dos tasados en 1,5 millón de pesos y el tercero en un millón–, uno de los cuales llevaba el sugerente nombre de “Tirano”, lo más llamativo de su declaración patrimonial eran sus acciones en la Sociedad Agrícola La Higuera Ltda., cuyos títulos representaban la cantidad de $3.325.000.000. De todas formas, Balmaceda no consigna el valor de sus participaciones en las sociedades Comercial El Llano de Pirque Ltda. –en la que posee el 50% de los derechos– ni en Inversiones Balún Ltda. –donde es dueño del 12,5%–, por lo que es imposible asegurar que su patrimonio sea menor.

Finalmente, al otro lado de la moneda está la declaración del nuevo alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa (RN). De las seis declaraciones que ya fueron ingresadas en la Contraloría por parte de alcaldes nuevos, la de él destaca por su austeridad. En el formulario, el edil de RN sólo indica poseer un millón de pesos guardados en una cuenta corriente en el BCI. Y eso sería todo.


Lista de alcaldes salientes y reelectos que no han presentado declaración de patrimonio

Lista de alcaldes nuevos que no han entregado declaración de patrimonio

Documentos PDF: Las declaraciones de patrimonio que han llegado a Contraloría
Arturo Molina - Calama (Saliente)
Aldo Bernucci - Chillán (Saliente)
Mario Olavarría - Colina (Reelecto)
Jaqueline Van Russelberghe - Concepción (Reelecta)
Oscar Pereira - Coquimbo (Reelecto)
Sadi Melo - El Bosque (Reelecto)
Carolina Plaza - Huechuraba (Reelecta)
Myrta Dubost - Iquique (Electa)
Felipe Guevara - Lo Barnechea (Electo)
Mauricio Navarro - Los Andes (Electo)
Alberto Undurraga - Maipú (Reelecto)
Cristián Balmaceda - Pirque (Electo)
Carlos Arellano - Rancagua (Saliente)
Jaime Amar - San Felipe (Reelecto)
Luis Pezoa - San José de Maipo (Electo)
Jorge Castro - Valparaíso (Electo)


Publicado originalmente en CIPER (23/01/2009)

jueves, 8 de enero de 2009

CONTRALORÍA ENVÍA A MINISTERIO PÚBLICO Y CDE INFORME DE CONTRATOS EN LA U. DE CHILE

En junio pasado, CIPER reveló que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile había implementado un modelo de autocontratos a través de una fundación ligada a la misma facultad y con su mismo nombre. La investigación estableció que los directivos de la facultad fueron contratados para hacer consultorías pagadas a sociedades que éstos tenían con sus esposas. La Contraloría acaba de concluir una auditoría al respecto, confirmando las posibles irregularidades. Instruyó un sumario administrativo y envió copia del informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, quienes deberán evaluar si además de faltas administrativas se cometieron delitos.

El informe de la Contraloría detalla las faltas detectadas en la investigación de CIPER. Por ejemplo, el contrato con una sociedad de uno de los representantes de la fundación, Mario Morales Parragué, actual director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de dicha facultad y ex director de Extensión del mismo departamento, para hacer consultorías. También destaca el contrato a María Morales Parragué, hermana del profesional. Fue el propio Mario Morales quien autorizó los pagos a su hermana e incluso firmó un cheque, pero la Contraloría no encontró evidencias de las tareas encomendadas a la mujer.

A Morales también se lo contrató por encargo de la propia facultad para hacer estudios a cambio de un pago de $10 millones, sin que a juicio de la Contraloría se encontraran los resultados de dichos trabajos.

La Contraloría además apunta hacia Carlos Maquieira Villanueva, pues la sociedad que tiene con su esposa -Maquieira y Caro Inversiones Limitada- también realizó asesorías mientras él era director de la fundación, además de director del Departamento de Administración, vicedecano interino y director de Postgrados. Al momento de publicarse el reportaje de CIPER, Maquieira mantenía este último cargo, pero en septiembre pasado asumió como decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás.

La Contraloría también detectó posibles irregularidades en la ejecución de varios diplomados impartidos por la facultad. En algunos de ellos aparece mencionado Mario Morales y en uno figura también su hermano Francisco, quien fue contratado para dictar un curso.

En su conclusión, el ente contralor establece que los funcionarios “al intervenir en razón de sus funciones en asuntos en los que tenían interés personal , habrían contravenido el principio de probidad administrativa, al no observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular”. Detalla que se habría contravenido el artículo 62º de la Ley Orgánica de Bases de Administración del Estado.

El informe agrega que los contratos en general no han reportado remanentes ni para la facultad ni para la fundación y que tampoco se pudo confirmar que la facultad hubiera recibido los dineros pagados por los cursos investigados. Cuestiona además que una empresa externa se haya arrogado la representación de la universidad en la gestión de los diplomados, llegando incluso a ocupar un timbre oficial para registar los ingresos. Dichos diplomados tenían también una duración menor que la exigida.

Ver también

Los autocontratos que tienen en la mira a la Facultad de Economía de la U. de Chile

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Publicado originalmente en CIPER (08/01/2009)