viernes, 24 de julio de 2009

PATRICIO ROSENDE: “LAS BANDAS HICIERON DESAPARECER LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LAS CALLES”

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, explica en esta entrevista cuáles son a su juicio los factores que han permitido que bandas de delincuentes se apropien de determinadas poblaciones de la capital, las que CIPER investigó e identificó como “Zonas Ocupadas”. También reseña cómo desde el Estado se está enfrentando el problema de los chilenos que viven en zonas vulnerables.

-En las 80 poblaciones que CIPER identificó como “Zonas Ocupadas”, el reclamo principal es que personal de Carabineros no ingresa por temor a verse sobrepasados por bandas delictuales. ¿Cuál es su percepción?

Creo que Carabineros, al igual que cualquier institución pública, tiene deficiencias. Pero cuando son requeridos para actuar en un determinado procedimiento, tienen la obligación constitucional y legal de responder. No quiero decir que no sea cierto que haya vecinos que han tenido y tienen la experiencia de llamar a Carabineros y no tener respuesta. Es probable que ocurra en algunos sectores, pero no es la generalidad en las poblaciones.

-El reclamo lo escuchamos reiteradamente de los vecinos en las poblaciones que CIPER recorrió: dicen que cuando hay enfrentamientos de bandas, llaman a la policía y o no les responden o les dicen que los llamen cuando todo haya terminado, “después de que se hayan matado”.

Eso es súper fácil de comprobar. Todos los llamados al 133 quedan grabados. Le aseguro que no todos ellos son tan reales como lo cuentan.

-Pero también están los teléfonos del Plan Cuadrante. ¿Esos llamados también quedan grabados?

No, esos no.

-En todas las poblaciones donde fuimos los vecinos reconocen que ya no existe confianza en las policías, porque deben convivir con grupos armados y traficantes y cuando llaman a Carabineros no obtienen respuesta o es tardía. ¿Qué políticas está desarrollando el Estado en este tipo de zonas, además del Plan Cuadrante?

Efectivamente, desde la década de los ’90 empezó a surgir un fenómeno en algunos barrios de las grandes ciudades que se caracterizó por la aparición de bandas de delincuentes ligados al microtráfico y al tráfico de drogas. Se instalaron en determinados barrios sin que necesariamente vivieran ahí. En aquella época se comenzó a desarrollar un esquema de trabajo denominado Barrio Seguro (en convenio con el BID) y que partió en 2001 con La Legua. Al año siguiente se agregó la Santa Adriana, la población Yungay; y después entraron poblaciones de afuera de Santiago, como la Intendente Saavedra, en Valparaíso.

-Las llamadas “intervenciones” que hizo el Ministerio del Interior.

Intervención no es el nombre apropiado, porque generas dos efectos: uno, estigmatizas a la población completa; y dos, no da cuenta de lo que se hizo con el programa Barrio Seguro, cuyas líneas fundamentales eran mantener la estrategia de control policial en el perímetro y al interior de estos barrios y disponer a todos los servicios públicos en una línea de trabajo con los vecinos para fortalecer las organizaciones comunitarias y la capacitación laboral. Son poblaciones donde, producto de la acción de las bandas, toda la estructura social empezó a desaparecer de las calles. Las organizaciones que aún existían eran las vinculadas con algún tipo de “protección” a estas bandas. Hubo un trabajo también muy fuerte en materia de prevención sicológica y social a través del Conace, los Cosam…

-Pero si uno examina los planes y sus efectos, finalmente han sido soluciones parche, que quizás funcionan, pero sólo por un tiempo.

Uno puede decir que son parches en el sentido de que eran acotadas en el tiempo, pero como había distintos tipos de programas, hubo una acción permanente. Conace ha hecho muchas cosas con agrupaciones de jóvenes en temas deportivos, culturales y artísticos. Y hubo también una intervención más visible, vinculada a la infraestructura, para recuperar espacios como canchas, sitios eriazos, equipamiento. Toda la inversión del programa Barrio Seguro -en las diez o doce poblaciones donde se implementó este trabajo- debe andar por sobre los $2.500 millones. No trabajamos sobre la población vulnerada, sino con sujetos que vulneran un entorno, habitualmente los mismos y que circulan entre la población y la cárcel. De allí la coordinación con las policías y Gendarmería para saber cuándo salen.

-¿Qué tan efectivos han sido los programas? ¿Cuál es la evaluación?

No sé si se puede hacer una evaluación de cuál fue el efecto de Barrio Seguro. Creo que instaló una metodología de trabajo que se ha ido aplicando en muchas poblaciones y que básicamente es cómo se transforma a un vecino solitario en uno solidario. Lo que estamos tratando de hacer en estas villas es generar redes sociales que les permitan a los vecinos recuperar su entorno y aislar a los que vulneran su barrio. Si uno compara con la situación de las poblaciones del país en 2000, cuando partió el programa, creo que hemos tenido éxito en muchas poblaciones. Hay algunas donde es probable que uno pueda decir que no hubo efecto alguno…

-¿De qué depende?

Del funcionamiento del Plan Cuadrante, de la efectividad de las políticas, de que hayamos logrado o no generar un entorno vecinal proclive a un trabajo de más largo plazo. No es llegar y decir vamos a capacitar, arreglar una plaza, poner luz y nos vamos.

-Pero en la población Yungay, emblemática del programa, estuvieron tres años: pavimentaron algunas calles y veredas, iluminaron rincones oscuros, pusieron lomos de toro, pero los vecinos cuentan que después que se fueron la cosa sigue igual o peor, que las balaceras son algo cotidiano.

Estos programas evolucionan al mismo ritmo que lo hace la actividad delictual. Es cierto que en la Yungay uno podría decir que el efecto durante la intervención se produjo y se sintió; y cuando terminó, la gente puede decir que los abandonamos. Pero no es verdad. Por ejemplo, en Santa Adriana, La Legua, Los Centinelas en Concepción y en una serie de poblaciones estos programas van cambiando. Hoy se llama Quiero Mi Barrio, otra modalidad producto de Barrio Seguro.

-Si uno mira el listado de sectores donde está presente Quiero Mi Barrio, la mayoría de los considerados críticos queda fuera. Por ejemplo, en casi ninguna de las poblaciones de La Pintana están.

Hay distintos tipos de acciones. Quiero Mi Barrio es sólo uno. Por ejemplo, en la Santa Adriana, una zona compleja por el tema de seguridad vinculada con el microtráfico, estamos desarrollando un programa que le va a cambiar la cara a la población. En La Legua pronto vamos a inaugurar el Centro Cívico. En distintas poblaciones hay varios tipos de acciones que van acompañadas de control policial, que puede ser deficitario, insuficiente porque efectivamente hay una demanda y tenemos un déficit de Carabineros. No hay duda.

-En junio se informó de una carencia estimada en 4.500 carabineros.

De 5.200 en estricto rigor para los próximos cuatro años. Durante este gobierno se han agregado a la dotación 6.000 carabineros, 1.500 carabineros por año. Pero uno no saca nada poniendo carabineros en todas las cuadras. Un Estado policial nunca va a ser suficiente. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo con las organizaciones vecinales. Puede tener todos los defectos, situaciones que corregir además de reforzar la presencia policial en muchas de estas poblaciones, pero hay que comparar la evolución de la seguridad desde hace 10 años a la fecha. Porque puedes decir que en Santiago hay 80 de estas poblaciones, pero te aseguro que en el 2000 había 150.

-El promedio de distancia entre las poblaciones y el recinto policial más cercano es de 2 ó 2,5 kilómetros. Quizás esa distancia influye en la lentitud de la acción. Se ha propuesto la creación de retenes y comisarías al interior de estas zonas y finalmente no se hace. ¿Por qué?

Nosotros lo hemos desincentivado por un motivo muy simple: lo que nos interesa es tener mayor eficiencia policial. La presencia de un retén o una tenencia en un determinado lugar genera un entorno de mayor protección, pero lo mismo hace la pareja de policías o el vehículo que cumple su función de manera periódica en un sector. En un retén trabajan siete funcionarios. De ellos, tres están con permiso, dos tienen labores administrativas y sólo quedan dos operativos. O sea, la peor inversión es instalar retenes. El sentido del Plan Cuadrante es precisamente tener mayor cercanía entre los Carabineros y un determinado sector.

-Pero el Plan Cuadrante no ha tenido la mejor de las evaluaciones.

Sería absurdo afirmar que con la dimensión de los cuadrantes que tenemos en Santiago no hay déficit. Lo hay: de carabineros y de vehículos. Eso se está paulatinamente corrigiendo. Pero no creo que sea esa la razón por la que todavía tenemos poblaciones donde hay grupos que las vulneran de manera periódica.

-Usted dijo que la acción de estos grupos ha cambiado por completo el sistema social de estas poblaciones, pero también que el foco principal del trabajo estatal son las bandas. ¿Qué se está haciendo con la gente afectada por esas bandas?

Eso es lo que uno trata de reflejar en el programa comunal de seguridad: empoderar a los vecinos, crear redes comunitarias. Hace un tiempo partimos con un programa de instalación de alarmas que ha generado una comunidad distinta. Al vecino que vive solo o que es mayor, le sirve frente a un asalto y ante cualquier problema: toca la alarma y se genera una reacción del vecindario completo. Lo estamos viendo en Puente Alto, La Florida, Maipú. El sistema ha sido muy potente por la capacidad que han tenido los vecinos de reagruparse y tomar posesión de sus barrios. Más que poner rejas o cerrar los pasajes, que al final se transforma en un obstáculo para la entrega de servicios. También la inversión en luminarias. Los delincuentes actúan donde está oscuro y los vecinos están encerrados. Pero cuando éstos salen a las calles y se toman los espacios, los delincuentes tienden a replegarse. Hay que generar las condiciones para que puedan salir a la calle. En esa línea estamos trabajando.

-Volviendo al tema de las bandas. ¿Cuál es el protocolo de acción cuando hay enfrentamientos? En todas las poblaciones dicen que se repiten todos los fines de semana y que Carabineros no llega sino hasta después de ocurrido el problema. Lo mismo con las ambulancias.

Me cuesta aceptar -como si fuera la normalidad- que cuando esto pasa y llaman a Carabineros, éstos no llegan. Es una conducta inadecuada e impropia. Debe ser una excepción. Si eso fuera así, me costaría encontrar razones para que Carabineros siga siendo la institución con más alta credibilidad en el país. Estoy seguro que si uno hace una revisión completa de los procedimientos, son muchos más los casos en que sí llegan y oportunamente. El protocolo de Carabineros es de estándar internacional. Cuando hay una llamada de emergencia, quien responde por el cumplimiento es el oficial de más alto grado. Por eso me cuesta decir que lo normal es que a estas poblaciones los Carabineros no llegan.

-Pero si alguien sabe de lo que allí ocurre son los propios vecinos.

No digo que no suceda. Si errores e incumplimiento a los procedimientos existen y habitualmente, pero lo normal es que lleguen y adopten los mecanismos que correspondan. En todo caso, las condiciones en estos barrios vulnerables no dependen exclusivamente de la mayor o menor presencia o frecuencia de las rondas policiales. Por eso hacemos tanto hincapié en que hay que hacer prevención, sin dejar de lado la responsabilidad policial. Carabineros y la PDI tienen un rol que cumplir. Para eso se les entregan los recursos. Lo que importa en estas poblaciones es cómo se genera seguridad comunitaria, porque nunca vamos a tener la cantidad de Carabineros que la gente quisiera tener en la calle. Por eso hay que reforzar la seguridad comunitaria, que se expresa en la rearticulación de las redes vecinales, familiares y escolares. Muchos de los jóvenes que actúan en estas bandas han abandonado la educación formal. Estamos en un trabajo fuerte para recuperarlos en los colegios.

-En muchas de estas poblaciones no hay colegios en las cercanías y en varios casos sólo son de básica y el que imparte educación media está al otro lado de la comuna.

Sí, pero esa no es una realidad que sólo ocurra en las zonas vulneradas, así que uno no puede decir que ese sea el elemento que detona la situación.

-En las zonas vulnerables sí hay problemas de locomoción y a muchos lugares aún no llegan las micros. Y cuando llegan, después de cierta hora dejan de hacerlo. Eso también ayuda a que los espacios comunes sean tomados por grupos que consumen drogas, alcohol y perpetran delitos.

Pero uno también podría decir que las viviendas son tan chicas que la gente no tiene cómo estar adentro de las casas…

-Y también es así.

Sí. Y gran parte de los problemas que hay en estas poblaciones es precisamente producto de la forma en cómo la ciudad de Santiago ha ido concentrando realidades complejas en los mismos sectores.

-Desde que el ’79 se liberalizó el uso de suelo, hubo una explosión en la construcción y entrega de viviendas sociales en la periferia, sin los servicios necesarios.

Así es. Ese es un déficit importante en muchas de estas poblaciones. Eso es verdad.

-Y se mantiene hasta hoy.

No, porque la política de vivienda actual es completamente distinta, incluso a la de cinco años atrás. Hoy la calidad de la vivienda social es mucho mejor: es más grande y con mejores instalaciones. No hay ningún barrio nuevo que se entregue sin servicios asociados.

-Pero si hablamos de poblaciones nuevas, las que se instalaron hace unos 10 años, en ellas aún se encuentran estos problemas.

Sí. Siguen teniendo esos problemas porque cuando debes optar, como política pública, entre terminar o disminuir el déficit habitacional, te preocupas de lo primero. El componente de calidad de vida es accesorio ante una demanda que es mucho más urgente. Pero hoy eso casi no existe en los barrios nuevos. Es verdad que se construyeron miles y miles de viviendas sin servicios, sin centros comunitarios, sin escuelas. Es cosa de ir a darse una vuelta. Sin duda que hay una demanda insatisfecha en muchísimas poblaciones donde hay mucha gente.

-¿De qué manera ese déficit ha influido en el deterioro de la seguridad en estos sectores?

Creo que influyen mucho las condiciones urbanísticas de una ciudad para facilitar la comisión de delitos. Esa forma de diseñar las ciudades, con carencias en infraestructuras y servicios, hace que la gente se encierre en sus casas. En muchas de las poblaciones, a pesar del tamaño de las viviendas, la gente no sabe quién vive al lado ni atrás ni adelante. Se generan situaciones de alta desconfianza, vecinos solitarios muchas veces asustados y escondidos. Y no porque la gente haya optado por eso, sino porque el entorno que se les construyó iba orientado en ese sentido. Y ellos tampoco lograron tener los apoyos para generar condiciones de vida y de ciudad distintas. Ahí hay una deuda muy fuerte que estamos enfrentando. Es muy difícil, porque pasar del temor y la desconfianza a la condición de vecinos más empoderados, más involucrados en una vida de barrio, requiere de muchas energías que confluyan en el mismo sentido.

-A la hora de diseñar un nuevo barrio, ¿se trabaja en conjunto con la Subsecretaría del Interior para ver la seguridad?

Claro. No sólo para la seguridad. Hoy sigue existiendo déficit habitacional, pero las condiciones en que se construyen las viviendas sociales son muy distintas. Antes sólo se entregaban viviendas casi en obra gruesa; hoy ninguna se entrega sin calefón o revestimiento de interiores. Es otro concepto que también influye en la dignidad de la familia. En los ’90, una vivienda Serviu era muy poco acogedora: murallas sin revestimientos, piso de radie, lavatorios pequeñísimos… Hoy se entrega otra casa, para que los vecinos no sólo se sientan dueños de su espacio, sino también de un barrio que los acoge. Eso no existió en la gran obra de vivienda de los primeros 15 años de los gobiernos de la Concertación. No hemos logrado resolver nudos importantes en algunas de estas poblaciones.

-¿Cuáles son esos nudos?

Son barrios que no reúnen las condiciones elementales de una ciudad. Esa marginalidad permite la aparición de estos grupos que se adueñan de los sectores y vulneran a la mayoría de sus habitantes que quiere vivir en paz. Esa es nuestra apuesta: que esos muchos más logren empoderarse. Para eso el Estado tiene que poner no sólo el control policial, sino que generar espacios para que esa gente pueda salir a la calle con confianza y a determinada hora del día los puedan usar los niños, la tercera edad y los jóvenes. Eso requiere mucha coordinación y acción proactiva del Estado, las municipalidades y los vecinos.

-Habla de “grupos que se adueñan de los sectores”. ¿Reconoce que bandas delictuales han tomado el control de algunos sectores?

Hay grupos y bandas que actúan en algunas poblaciones y que causan un problema complejo. Nosotros estamos trabajando para controlarlas y sacarlas de esos lugares.



Vea además:

Vivir y/o morir en una zona ocupada de Santiago

Zona Multimedia: Las zonas ocupadas de Santiago


Publicado originalmente en CIPER (20/07/2009)

miércoles, 22 de julio de 2009

VIVIR Y/O MORIR EN UNA ZONA OCUPADA DE SANTIAGO

El último ranking de The Economist Intelligence Unit ubicó a Santiago como la segunda mejor ciudad de Latinoamérica para vivir. Pero para un sector de su población la realidad es muy distinta. Más de 660 mil santiaguinos viven alejados de los servicios básicos y en medio de traficantes, asaltos, riñas y balaceras. CIPER cotejó estudios e investigó a fondo en las zonas más pobres y vulnerables de la capital y detectó que en al menos 80 poblaciones, policías, ambulancias, bomberos, carteros y técnicos de las empresas que suministran agua, luz y teléfono no se atreven a ingresar. Las bandas y grupos de narcos dominan, mientras los vecinos deben vivir con miedo y hacinados en sus casas. Muchos se quieren ir. Pocos pueden. Así vive el sector más desprotegido de la sociedad chilena.

Por Juan Pablo Figueroa, Jorge Sullivan y Matías Fouillioux, CIPER

Fotos: Alejandro Olivares

Después de cinco años en la cárcel, al “Peto” lo mataron. Lo acribillaron en el Pasaje 32, frente a la sede comunitaria de la población Cuatro de Septiembre, en la comuna de El Bosque. Sólo unos días antes había vuelto a su casa. Allí donde cayó muerto, un enorme mural con su retrato y una animita con velas, fotos y flores lo recuerdan: Hasta siempre Peto kerido, se lee en el muro de ladrillos.

Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) identificó a la Cuatro de Septiembre como una de las 171 poblaciones con mayores índices de delitos graves y tráfico de drogas de la Región Metropolitana. Según los registros de Gendarmería, homicidios, secuestros, robos, hurtos, tráfico de drogas, porte de armas y lesiones son los principales delitos por los que han sido encarcelados algunos de sus moradores. Al 3 de marzo de este año, había 32 personas de esa población privadas de libertad (19 reincidentes). Ello muestra que la gran mayoría de sus pobladores son trabajadores, dueñas de casa y estudiantes. Por ello, los vecinos acusan: “esa minoría es la que decide las reglas de nuestra vida cotidiana”.

Para ellos, la muerte del “Peto” no fue algo extraordinario. La junta de vecinos tiene empadronadas las 615 casas de la población donde viven poco más de 4.000 habitantes. La mayoría –dicen sus dirigentes- ya está acostumbrada a refugiarse en sus hogares por las balaceras que estallan sorpresivamente; a que cada noche los traficantes transen su mercancía en las esquinas; a los asaltos de los propios vecinos; a que los niños tengan que pasar el día encerrados y a que sus juegos y canciones estén relacionados con las drogas. Pero sobre todo, a que nadie haga nada para cambiar la situación.

CIPER investigó lo que ocurre en las zonas más vulnerables de la capital y descubrió que a esta población, y al menos a otras 79 de Santiago (ver Mapa), son muy pocos los extraños dispuestos a ingresar. En medio de basurales, jaurías de perros vagos y animitas dispersas, lejos de colegios, centros de salud, comercio, farmacias y bancos o centros de pago, estos sectores se han convertido en las “zonas rojas” de los servicios básicos. No hay teléfonos públicos en las calles porque las empresas se cansaron de reponerlos. Las numerosas redes de cables clandestinos de electricidad son un peligro permanente para niños y adultos, y las filtraciones de cañerías no se reparan porque a los contratistas de la compañía sanitaria los apedrean al entrar. Las cartas no llegan porque a los carteros los asaltan y muchos vecinos mueren simplemente porque no llegan ni ambulancias ni bomberos ni policías.

-Vivimos en una villa donde tenemos toda la gama de adicciones: marihuana, pasta base, cocaína y alcohol. No tenemos farmacias, pero sí un récord de botillerías. Hay mucho microtráfico y violencia. Uno llama a Carabineros y dicen que no tienen carros o bencina o personal, que los vecinos hagamos algo. ¡Pero qué vamos a hacer, si los tipos andan armados! La gente vive con miedo… Da rabia tener que estar encerrados en nuestras casas mientras esos tipos andan libres por nuestras calles. Estamos completamente olvidados –dice José Manuel Aliaga, dirigente de la junta vecinal de la población Cuatro de Septiembre.

Las deudas del diseño urbano

La noche del viernes 13 de febrero hubo un enfrentamiento a balazos entre pandillas rivales en la población Francisco Coloane, una de las 45 villas ubicadas al sur poniente de Puente Alto, donde habitan cerca de 11.500 personas. Todo ocurrió frente a la casa de Pilar, quien cuenta que eso ocurre todos los fines de semana y, a veces, también en días hábiles: “cada viernes y sábado los jóvenes se toman las plazas y asaltan a los que llegan en las micros”.

Pilar y Viviana, ambas dirigentas de la junta de vecinos, han trabajado en conjunto con sus pares de las otras poblaciones del sector (Marta Brunet, Pedro Lira y El Volcán). Y en todas enfrentan los mismos problemas: hacinamiento y drogadicción que derivan en violencia intrafamiliar, delincuencia, balaceras, asesinatos y falta de espacios públicos y acceso a servicios. Ellas tienen identificados a los responsables: “las drogas, la falta de voluntad de las autoridades para encontrar soluciones y las políticas públicas de vivienda”. En esto último, muchos expertos están de acuerdo.

La Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Metropolitana (Serplac) realizó en 2007 un estudio para la implementación de su programa Zonas Urbanas Vulnerables en las distintas poblaciones y villas de la capital. El resultado arrojó que en Santiago hay 180 poblaciones vulnerables y 2,5 millones de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

El problema, según Mario Bugueño, coordinador del programa, “radica en las políticas sociales históricas que ha elaborado el Estado y se manifiesta en el diseño urbano de Santiago”. En 1979, el régimen militar liberalizó el uso de suelos a través de su Política Nacional de Desarrollo Urbano. Con esto, la construcción de viviendas sociales se privatizó y el mercado inmobiliario dedicado a la vivienda social mejoró considerablemente la oferta cuantitativa, pero los estándares de vida y la calidad dejaron de ser una prioridad.

-Esto provocó una explosión sin control de la construcción a baja altura y de bajo costo. Este tipo de construcciones ha ocupado las periferias más pobres aumentando la condición de marginalidad en la población: los sectores en los que más se ha desarrollado este tipo de proyectos están alejados de equipamientos y servicios –dice Mónica Bustos, coordinadora de los tres barrios críticos (Las Viñitas, Santa Adriana y Unidad Vecinal Portales) contemplados en el programa Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivienda.

Entre 1980 y principios de 2000, la lógica del proceso de vivienda social no consideró las demás variables, como el círculo social o urbano. Se han entregado casas, pero sin colegios o consultorios o centros comerciales para satisfacer las necesidades de los nuevos pobladores. Además, las políticas focalizadas se han encargado de eliminar focos conflictivos, distribuyendo a los pobladores hacia otros sectores.

-De esta forma –dice Bugueño-, lo que se hace es exportar y diseminar el delito. No se trata sólo de dar casas, sino también de entregar servicios eficientes. Eso es algo que recién desde hace unos cuatro años se está tomando en cuenta, pero el 70% de los que han sido instalados en lugares distintos ha tenido problemas. Eso ocurrió, por ejemplo, en la población El Volcán, en Puente Alto. Para eliminar los focos de delincuencia de La Legua y de otros lugares, los han trasladado hasta allá, pero sin hacer un trabajo social. Eso ha permitido que surjan nuevos focos de delincuencia diseminados por las poblaciones de la ciudad.

Eso es precisamente lo que pasó en el sector donde Pilar y Viviana viven y en muchas de las poblaciones investigadas en terreno por CIPER. La locomoción es un problema: los chóferes de micros, taxis y colectivos tienen miedo de ingresar a esas poblaciones en las noches. Los vecinos también se quejan de que los pasajes no estén pavimentados ni iluminados y de que no haya lugares de entretención para los jóvenes, por lo que plazas y esquinas se convierten en centros de consumo de drogas y alcohol. O de que no haya farmacias y que tengan que comprar remedios en las ferias libres o en casas de vecinos. Tampoco tienen cerca un supermercado, un retén de policía o un banco.

Hace dos años, mientras hacía pan en su casa, una vecina de Pilar recibió una bala perdida de un enfrentamiento en la calle. Pilar llamó pidiendo una ambulancia. No llegó. Su vecina murió.

Que se maten, después los vamos a recoger

La Chimba es una pequeña población en Recoleta que partió hace más de 50 años con una toma. Sus pasajes o no están pavimentados o allí donde alguna vez hubo pavimento hoy predominan los hoyos donde se acumula agua sucia y basura. Todas las casas son distintas porque al instalar la villa, el Estado les dio un terreno y los mismos pobladores edificaron sus viviendas. Son pequeñas y casi todas enrejadas. Algunas tienen segundo piso y muros sólidos; otras, sólo son planchas de madera y de metal apiladas.

Juan Flores es de la camada inicial de pobladores. También el dirigente deportivo de la población. Pero desde hace más de cuatro años en La Chimba ya no se hace deporte: la cancha exhibe piedras puntiagudas y afiladas. Cuando algunos se atreven a jugar, terminan con heridas y piedras enterradas.

-¿Vienen a menudo los carabineros? –le preguntamos.

-Sí. Tengo buena relación con ellos, de confianza. Conversamos harto…

-Pero Juan –le interrumpe José Ponce, el presidente de la junta de vecinos-, ¿vienen cuando uno los llama? ¿Llegan a poner orden cuando hay peleas?

-Ah… no. Nunca he visto a los carabineros haciendo eso por acá.

En las zonas investigadas por CIPER son pocos los que confían en las policías. Ponce dice que hasta hace poco tenía contacto directo con los carabineros del Plan Cuadrante. Pero ya no. Cuenta que le contestaban después de varios intentos para decirle que los funcionarios estaban en otro operativo y que tendría que esperar al menos 45 minutos. Finalmente no llegaban. Aunque el manual de operaciones multi institucional ante emergencias dice que Carabineros deberá hacerse presente “en toda emergencia que requiera de un procedimiento policial”.

-Un carabinero me explicó que no se meten a La Chimba porque los sobrepasan, porque es muy peligroso –cuenta Ponce.

Lo mismo pasa en la Villa Lago Puyehue, en pleno sector Santo Tomás de La Pintana. Según sus habitantes, “es como un pueblo sin ley”.

Los dirigentes de esa junta de vecinos cuentan que los pobladores no pueden salir tranquilos de sus casas, que los niños no pueden salir a jugar porque les puede llegar un balazo, que los enfrentamientos pueden ser en cualquier minuto. Mientras hablan, por la ventana se ven al menos tres vehículos policiales pasar en casi dos horas.

-Es que es la mañana. Pero cuando empiezan los balazos llamamos a los pacos y nunca llegan. Nos dicen “que se maten los hueones. Cuando haya pasado, los vamos a recoger” –cuenta Raquel, la presidenta de la agrupación.

En algunos sectores de Lo Hermida, en Peñalolén, la historia es similar. Los pobladores cuentan que han hecho fiestas y Carabineros ha llegado por ruidos molestos. Pero que cuando los llaman por las balaceras, los asaltos y el tráfico, no llegan. Y que cuando lo hacen, ya es muy tarde: si hay heridos, los vecinos ya se los llevaron porque las ambulancias tampoco aparecen.

Pero eso no pasa sólo en las balaceras. Los vecinos de las zonas ocupadas de Santiago aseguran que lo mismo ocurre cuando hay ataques cardíacos o accidentes.

-Muchas veces nos cansamos de esperar la ambulancia y tenemos que trasladar a las personas en autos particulares –cuenta Iván Chacón, uno de los dirigentes vecinales de Lo Hermida.

Sectores con “eventos”

El consultorio Karol Wojtyla, en la población Pedro Lira de Puente Alto, está entre los blocks de la población y un peladero donde se acumulan basura y pastizales secos. Allí hay sólo una ambulancia para atender a 15 barrios. Y generalmente está estacionada junto a la entrada.

Trabajadores del consultorio cuentan que casi siempre llegan personas baleadas o apuñaladas y que son los vecinos quienes los llevan. Una semana antes de que CIPER visitara el lugar, llegó un joven con la pierna destrozada a balazos.

-Acá es más tranquilo. En el consultorio Cardenal Silva Henríquez (que atiende a las demás poblaciones del sector sur poniente de la comuna, en la población El Volcán) ingresan los heridos y detrás llegan los que les dispararon para rematarlos –dice un funcionario del recinto municipal de salud.

La falta de recursos es otro problema. En el SAMU Metropolitano cuentan con sólo 38 ambulancias para cubrir toda el área metropolitana. Allí reconocen que hay sectores a los que, en determinados “eventos”, las ambulancias no entran. Un “evento” es un 11 de septiembre, el día del joven combatiente o cualquier riña entre bandas. No tienen un estudio oficial, pero en conversaciones con CIPER los funcionarios identificaron a 48 de las poblaciones de la Región Metropolitana mencionadas en los informes de la PDI y Carabineros como las más peligrosas: la población San Luis, en Maipú; la San Gregorio, en La Granja; El Manzano, en San Bernardo; y Cerro 18, en Lo Barnechea, entre otras.

-Después de recibir el llamado evaluamos la situación: si hay armas involucradas, si hay heridos y si hay vías de entrada y salida libres. Porque en muchas poblaciones han instalado postes y pilares que no les permiten a los chóferes maniobrar, o basurales y hoyos que impiden el paso. En el 50% de los casos las llamadas nos llegan desde Carabineros y a esas les damos prioridad. Pero nuestros vehículos no llegan al sector hasta que Carabineros haya asegurado el área. Si el área no está asegurada, simplemente no vamos –dice un alto funcionario del SAMU.

Los choferes relatan el caso de un niño de dos años que se había caído en la población El Castillo, de La Pintana. Al llegar la ambulancia, los paramédicos examinaron al pequeño y descubrieron que había sido golpeado. El padre sacó un revólver y los amenazó. Los paramédicos se tiraron bajo la ambulancia con el niño en brazos. Entre gritos y balas, se subieron al vehículo y se fueron con el menor. También cuentan que en La Legua Emergencia, en San Joaquín, a uno de ellos le pusieron una pistola en la frente y le robaron los equipos del vehículo. Estas son sólo dos de las cientos de historias que los llevaron a decidir a qué sectores no ingresaban.

Ingrid es ajena a esa violencia, pero vivió las consecuencias. Estaba en su casa, en la población Cuatro de Septiembre en El Bosque, cuando su marido sufrió una hemorragia interna. Llamó a la ambulancia y a carabineros. Nada. Después de esperar un par de horas lo llevó al Hospital Barros Luco con ayuda de sus hijos. Allí esperaron otras cuatro horas sin ser atendidos. Finalmente les dijeron que se fueran al Hospital El Pino, en San Bernardo. Ahí sí los atendieron, pero el marido de Ingrid murió antes de 24 horas de ocurrida la hemorragia. El médico le dijo que si hubiese llegado a tiempo se hubiera salvado. Recién habían cumplido 36 años de matrimonio.

“Aquí pagan justos por pecadores”

En las zonas ocupadas de Santiago es común que las casas y departamentos estén rodeados de rejas y alambres. Marisol Orrego vive en un departamento junto a su familia y a la de Olga, en la población Andes, en San Bernardo. “Vivir aquí es como estar en un ghetto, prisioneros en nuestras propias casas”, dice.

Lo mismo ocurre en la población El Castillo, en La Pintana. Pero acá la situación es mas grave porque muchos departamentos han sido abandonados por sus propietarios al no soportar más la inseguridad y vivir encerrados. La mayoría termina desmantelado. En algunos sectores, los edificios parecen haber sido bombardeados. Los vecinos que quedan, deben vivir tras las rejas.

La situación en los pocos recintos comerciales que aun permanecen en la mayoría de estas 80 poblaciones no es mejor: los negocios están cercados con verjas y alambres y muchos de ellos están abarrotados incluso al interior.

Durante los primeros 13 años de existencia de la Villa Lago Puyehue, en La Pintana, ningún supermercado se instaló cerca. Sólo había pequeños almacenes y varias botillerías. Hasta que en enero de este año se inauguró un pequeño supermercado sobre la avenida general Arriagada, a media cuadra de Las Parcelas.

El supermercado está junto a un enorme sitio eriazo lleno de basura, escombros y perros vagos. Allí se reunió ansiosa la gente el día de la apertura. Apenas abrieron, un tumulto entró. En cosa de minutos se robaron casi todo dejando las estanterías vacías.

-La gente tomaba las cajas grandes de aceite y se las llevaba -relata uno de los guardias del recinto.
El supermercado cerró sus puertas. Al día siguiente fue cercado por alambres electrificados y cámaras de seguridad y en la entrada y salida instalaron una reja que impide el paso rápido. Ya nadie puede ingresar con bolsos. “Aquí pagan justos por pecadores”, dice otro guardia, quien debe informar por radio ante cualquier sospecha. Cuatro hombres custodian hoy el local: dos uniformados y dos encubiertos.

Cuando todos duermen

En noviembre pasado, el sindicato nacional de Correos de Chile presentó a la empresa un estudio identificando las “zonas rojas” en tres comunas (La Pintana, Puente Alto y La Florida) que avaló la petición de un bono de riesgo, ya que en esos sectores nadie paga los $30 que están autorizados a cobrar por carta. Aseguran que, por ejemplo, en los 152 blocks de la población Santo Tomás, nadie paga. La empresa aún no les ha respondido. Para ellos el problema pasó a ser una prioridad de seguridad.

-Cada vez que entro no sé si voy a salir. Los asaltos, las balaceras y los cobros de peajes son cosa de todos los días. Hay compañeros que han salido acuchillados, a otros les han robado el bolso y la bicicleta y a uno, en la población San Luis de Maipú, lo asaltaron y lo golpearon muy duro -asegura Patricio Arias, cartero en la población Pablo de Rockha, de La Pintana.

Como la situación se repite en la población Yungay de La Granja y en muchas otras más, los carteros adoptaron soluciones. Sólo entran cuando en las poblaciones la gente “peligrosa” duerme: entre las 10:00 y las 13:00 horas. En algunos sectores han contratado a gente domiciliada en la población para entregar la correspondencia y en otros, como en la Carol Urzúa de Puente Alto, dejan las cartas en la iglesia o la sede vecinal durante meses.

En los últimos tres años, Telefónica registró casi 9.000 cortes de red por el robo de cerca de 12.000 kilómetros de cable de cobre. Si bien ese robo ha disminuido, aseguran que al ir a reponerlos, los trabajadores han sido asaltados: no sólo les quitan el cable nuevo, sino también la camioneta y las herramientas. Omar González es uno de ellos. En cinco años trabajando en El Castillo lo asaltaron 20 veces. La última fue el año pasado, cuando lo encañonaron y le quitaron la camioneta con todo lo que tenía adentro. Al día siguiente, el vehículo apareció desvalijado en la población Libertad, en San Ramón.

Un riesgo mayor enfrentan los contratistas de los servicios de electricidad y agua. Cada vez que entran a esos sectores hay gente que los sigue para impedir que corten el suministro en una casa o por el miedo a que desmantelen a los “colgados” del sistema. Tanto en Chilectra como en Aguas Andinas, el 10% de sus pérdidas es por hurto a través de conexiones clandestinas al suministro. Y en las zonas ocupadas resulta evidente: los cables desde los departamentos hacia los postes se enredan como telarañas sobre las calles y las filtraciones de agua por reposiciones ilegales del servicio se ven en muros y techos.

En la población San Gregorio, en La Granja, los vecinos cuentan que han pasado autos de Chilectra que, sin detenerse, sacan un palo largo y arrasan con las conexiones ilegales. Los operarios de esas compañías dicen que es lo único que pueden hacer en las zonas ocupadas. Porque los testimonios de los riesgos que corren suman varias páginas. Como lo que le pasó a Raúl, un trabajador de una empresa sanitaria que fue a reparar una filtración en un block de departamentos en una población de Puente Alto. Un vecino llamó por el agua que se escurría desde el piso de arriba. Al tocar el timbre en el piso superior para revisar la conexión, se encontró con una pistola apuntando a su rostro.

-Si tocas las cañerías, te disparo –recuerda que escuchó.

Raúl se fue mientras el agua siguió escurriendo.

Algo de acción

Michel Garrido (20 años), vivía junto a su familia en la Villa La Orquesta de La Pintana. Allí volvería al salir de la cárcel. Pero el 13 de febrero participó en una riña en la Penitenciaría de Santiago. Un gendarme disparó perdigones de goma para intentar dispersar a los reos. Uno de ellos mató a Garrido. Dos días después, cuando el ataúd con el cuerpo de Garrido llegó a la casa de su familia, sus amigos lo esperaban con muchas coronas de flores. Los vecinos de la población corrieron a refugiarse en sus casas. Sabían que en cosa de segundos comenzaría el homenaje a Michel.

Sonó el primer disparo y luego una ráfaga de balas al aire. Hubo gritos y llantos. Una mujer cuenta que vio llegar a uno de los hombres que velaba a Michel con “una caja de esas que usan para llevar plátanos”, llena de marihuana y coca. Y que la puso en la mitad de la calle: el que quería sacaba. Los disparos continuaron. Cuando la procesión fúnebre partió rumbo al cementerio, sus amigos y familiares iban detrás cargando sus pistolas, escopetas e incluso, según algunos vecinos, subametralladoras UZI. Esa noche, una fuerte explosión despertó a los vecinos. Los más pequeños lloraban asustados. Al día siguiente, sus patios delanteros estaban llenos de casquillos y sus paredes y techos con impactos de bala.

A pocas cuadras de ahí, en la Villa Lago Puyehue, Raquel se queja del hacinamiento en que viven. Cuenta que en el sector hay un sólo colegio municipal y que los demás son particulares subvencionados; no tiene farmacias cerca y protesta por los bomberos que ya ni se aparecen cuando hay incendios y, sobre todo, por los policías que no responden a los llamados. Raquel está preocupada por lo que pasará el día siguiente.

-Esta mañana un vecino me avisó que había escuchado a unos cabros de la Villa La Orquesta diciendo que en este sector había mucha calma, que mañana tendrían que venir “a poner algo de acción” –cuenta Raquel.

-¿Qué significa eso?

-Que mañana no vamos a poder a salir porque en cualquier minuto van a llegar disparando.


Documentos:


Vea además:

- Patricio Rosende: "Las bandas hicieron desaparecer la estructura social de las calles"

- Zona multimedia: Las zonas ocupadas de Santiago (Haga click en la imagen o aquí)

Publicado originalmente en CIPER (20/07/2009) y en Qué Pasa (17/07/2009)