LAS PROPIEDADES, AHORROS Y DEUDAS QUE DECLARAN LOS ALCALDES (PARTE I)

Mesas de pool, caballos de carrera y autos antiguos se mezclan con las sociedades, casas e inversiones que incluyen las declaraciones de patrimonio que hicieron los alcaldes en 2006 y que a partir del 6 de diciembre, al finalizar su período, podrán ser comparadas con las actualizaciones que los ediles deben entregar por ley. Una obligación que transparenta la función pública y ayuda a la fiscalización del posible enriquecimiento ilícito. Como un aporte al voto informado en las elecciones municipales, CIPER copió los formularios que entregaron los jefes comunales a la Contraloría y en este primer capítulo publica los correspondientes a los municipios de la zona norte metropolitana.

Por Juan Pablo Figueroa y Pedro Ramírez, CIPER

Al menos un punto hermana al disciplinado militante comunista Salvador Delgadillo con el coronel (r), ex jefe de escolta de Pinochet y ministro del régimen militar, Cristián Labbé. Ambos forman parte de lo que podría denominarse el “proletariado edilicio”. Delgadillo, hoy alcalde de Til Til, y Labbé, actual jefe comunal de Providencia, ocupan un lugar de excepción entre la minoría de ediles que prácticamente no consignan propiedades en las declaraciones de patrimonio que –por ley- están obligados a entregar los alcaldes, entre otras autoridades administrativas, ejecutivas, judiciales y legislativas. Delgadillo sólo registró en el formulario una deuda que supera los 900 mil pesos y una casa de su esposa. Labbé declaró como único bien la propiedad de un inmueble.

Aunque la ley establece que estas declaraciones son documentos públicos, las autoridades no están obligadas a difundirlas por medios masivos y sus originales sólo pueden ser consultados y copiados a mano en la sede de la Contraloría General de la República. Un proceso engorroso, a pesar de las facilidades que brinda la unidad de la Contraloría encargada de recibir las consultas sobre este material, que dificulta a los ciudadanos ejercer el proceso de fiscalización para el que fue creado este documento.

En la misma semana en que se han inscrito los candidatos para las elecciones municipales de octubre, CIPER ha copiado desde los archivos de la Contraloría las declaraciones de patrimonio de los ediles salientes -muchos de los cuales repostulan- y las publica para información de todos los ciudadanos. De la misma manera, esperamos difundir, una vez que finalice este periodo de gestión edilicia, las actualizaciones de estos documentos -proceso al que la ley obliga a realizar entre el 6 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009- para que todo aquel que lo desee pueda imponerse acerca de cómo varió el patrimonio de sus jefes comunales en el periodo alcaldicio que expira.

Extranjeros y locales

En esta primera entrega, publicamos las declaraciones de los 22 alcaldes de la zona norte metropolitana. Tres de ellos prácticamente entregaron un documento en blanco. Labbé y Delgadillo sólo fueron superados por el DC Carlos Escobar, titular del municipio de Lampa, quien aseguró que no tiene propiedad alguna, ni vehículos ni inmuebles ni acciones ni participación en sociedades ni muebles. Ni siquiera deudas. Nada.

Si hubiese un ranking, probablemente Labbé alcanzaría la medalla de bronce entre aquellos alcaldes a los que -de acuerdo con lo que declaran- sólo les queda vivir de su sueldo mes a mes, porque ni siquiera consignan ahorros. Y ese tercer lugar se debería a que si bien informa sólo un inmueble –al igual que Delgadillo-, un dato no menor es que la residencia está ubicada en una zona de alta plusvalía: Las Condes. El antecedente lleva a otro tema: el domicilio de los alcaldes. Labbé no indica su lugar de residencia (aunque se trata de un campo obligatorio en el formulario), pero el dato de su propiedad en Las Condes permite presumir que está en el grupo de los ediles que viven fuera de las comunas que encabezan.

De los 22 alcaldes que componen esta primera entrega de CIPER, 11 no declaran domicilio en los municipios que dirigen. Entre ellos se cuenta Pedro Sabat (RN), de Ñuñoa, que aparece en la misma situación de Labbé, porque no informa domicilio, pero consigna inmuebles de uso habitacional en otras comunas. De estos 11 “extranjeros”, siete alinean en la Alianza por Chile (Ñuñoa, Providencia, Recoleta, Renca, Santiago, Vitacura y Estación Central) y cuatro en la Concertación (Cerro Navia, Conchalí, Lo Prado y Quilicura). El único alcalde que no se inscribe en los dos grandes conglomerados políticos es el ya mencionado Delgadillo, un comunista que juega de local, con domicilio en Til Til.

Motos y vacaciones compartidas

Entre los datos curiosos registrados en estas 22 declaraciones se cuenta un auto Ford de 1930 del que se enorgullece el alcalde Sabat, una mesa de pool del edil de Pudahuel, Johnny Carrasco (PS), y el finasangre “Silver Gold” -que ganó el clásico La Tercera del año pasado- propiedad del alcalde de Independencia, Antonio Garrido (RN).

El único jefe comunal motoquero de este grupo es el de Santiago, Raúl Alcaíno (independiente pro Alianza), quien tiene en su garage una poderosa Honda Africa Twin y una más modesta motoneta de la misma marca. El alcalde de Curacaví -José Guillermo Barros (UDI)- informa un añoso camión Ford de 1975 y su colega de Renca, Vicky Barahona (UDI), incluye una promesa de usufructo inmobiliario equivalente a 15 días corridos de vacaciones en Hippocampus S.A. de Viña del Mar.

La alcaldesa Barahona es una de los tres jefes comunales del norte de Santiago que rehicieron sus declaraciones y entregaron a la Contraloría actualizaciones con nuevos datos. Los otros son los ediles de Pudahuel y Las Condes. La obligación de declarar el patrimonio comenzó a regir en junio de 2006 y la norma establece que los antecedentes deben ser actualizados cada cuatro años, al finalizar la gestión pública del declarante o cuando se produzca un hecho relevante (como la compra de nuevos bienes o el ingreso a una sociedad comercial).

La actualización que hizo Barahona se debió a un “olvido” de la alcaldesa. En octubre de 2006, cuatro meses después de haber suscrito el primero, la jefa comunal presentó un nuevo formulario en el que consignó su participación en la “Sucesión Víctor Barahona Bustos”, argumentando en un mensaje a la entonces contralora Noemí Rojas que recién había tomado conocimiento de que “subsisten algunos bienes de menor valor” de la herencia de su padre.

El alcalde de Pudahuel consideró que la compra de un nuevo auto era un hecho relevante que ameritaba actualizar el formulario. En marzo de este año registró el cambio de su Hyundai Sonata GL 2.4 del 2006 por un Hyundai Santa Fe GL CRDI 2.2 del 2008. Pero Carrasco no sólo se limitó a consignar ese cambio en su patrimonio. En la misma actualización, señaló que su saldo de cuenta corriente a esa fecha era de $23 millones, en contraste con los $3,5 millones que informó en junio de 2006. También indicó que su ahorro para la vivienda aumentó de $5 millones a $8 millones y que un fondo mutuo a su nombre se incrementó de US$3.000 a US$3.500.

Sociedades inmobiliarias

Si bien la Contraloría determinó que no está vedado para los alcaldes participar en sociedades dedicadas a los rubros inmobiliarios, se trata de un área de negocios sensible a las determinaciones que adopten los gobiernos comunales sobre normas de construcción y uso de suelos. De los 22 alcaldes considerados en este capítulo, es imposible saber cuántos realmente integran sociedades dedicadas al negocio inmobiliario. Y ello, porque el formulario de la declaración no exige que se informe al rubro al que se dedican las sociedades. Con certeza sólo se puede decir que en este grupo hay cuatro alcaldes que integran sociedades vinculadas a este tipo de negocios. Y eso porque el nombre de esas sociedades incluye la palabra “inmobiliario”. Se trata de Mario Olavarría (Colina, UDI), José Guillermo Barros (Curacaví, UDI), Raúl Alcaíno (Santiago, independiente pro Alianza), Raúl Torrealba (Vitacura, RN) y Francisco de la Maza (Las Condes, UDI).

A De la Maza sus sociedades inmobiliarias le dieron varios dolores de cabeza. En octubre de 2007 fue acusado por el concejal Hugo Unda (PPD) de haber omitido sociedades inmobiliarias en su declaración de patrimonio original. En principio, la división de Municipalidades de la Contraloría admitió el reclamo, pero posteriormente el contralor general Ramiro Mendoza acogió la argumentación del alcalde, al comprobar que su afirmación -que esas sociedades estaban inactivas- era efectiva.

El edil de Las Condes ha hecho cuatro declaraciones en poco más de dos años (la primera en mayo de 2006 y la última hace sólo un mes, en junio de 2008), variando notoriamente el número de sociedades que incluyó en cada una de ellas.

En su primera declaración, De la Maza, no llenó el campo destinado a indicar profesión u oficio e informó que participaba en cuatro sociedades. En la segunda (fechada en marzo de 2007), se presentó como “constructor civil” y anotó 25 sociedades, de las cuales 18 eran inmobiliarias. Del total, indicó que cuatro estaban con término de giro, una en proceso de ser calificada de la misma manera y que en 16 participaba a través de su sociedad Inversiones Victoria Ltda. En la tercera (noviembre de 2007), el alcalde se apunta como “empresario” y anota sólo tres sociedades: una inmobiliaria y dos de inversión. De estas, sostiene que participa en dos a través de la sociedad Inversiones Victoria Ltda., pero esta última no aparece individualizada en ese formulario. En su última declaración (junio de 2008), el jefe comunal inscribe sólo dos sociedades agrícolas constituidas en marzo pasado e inscritas en el Registro de Comercio de Victoria.