viernes, 6 de junio de 2008

LOS AUTOCONTRATOS QUE TIENEN EN LA MIRA A LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA U. DE CHILE

Hace cinco años, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile se vio envuelta en el caso MOP-CIADE, que en su arista administrativa terminó con la destitución del director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag. Fue acusado de autorizar pagos a empresas propias y de su esposa, entre otras cosas. A pesar de esto, el modelo de negocios se volvió a implementar de manera muy similar, aunque esta vez sin involucrar al MOP. La facultad creó una fundación homónima dirigida por sus propios directivos. Los mismos que fueron contratados para hacer asesorías y consultorías pagadas a sociedades constituidas con sus esposas. La Contraloría se instaló en la facultad a investigar y ya existe una denuncia ante el Ministerio Público.


Suena el teléfono en la oficina de Juan Carlos González, director ejecutivo de la Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es miércoles 14 de mayo. La llamada es para solicitarle copia de algunos de los 69 convenios que entre 2005 y 2007 suscribió la facultad con la fundación para agilizar los procesos operativos de diplomados y cursos, y realizar distintas asesorías y consultorías tanto para la planificación estratégica interna de los departamentos como para clientes externos. Levanta el auricular y contesta.
-Esta semana nos cayó la Contraloría General. Así que te voy a pedir por favor que no me molestes más. El tema me tiene realmente chato –dice González antes de colgar.
Desde que en 1981 las universidades estatales sufrieron una reforma que les impuso un régimen de autofinanciamiento, los recursos fiscales destinados a ellas se redujeron drásticamente. Si antes el 100% de su presupuesto provenía del Estado, el aporte en la Universidad de Chile se redujo sólo a un 20%. Por lo mismo, para competir con las universidades privadas, se otorgó a las estatales la facultad de crear centros, institutos y fundaciones que les sirvieran de apoyo en su gestión. Y la Universidad de Chile lo aprovechó.
Actualmente, las principales facultades de la universidad cuentan con fundaciones. Las hay en Medicina, Derecho, Ingeniería y, desde el 28 de noviembre de 2003, cuando el Ministerio de Justicia emitió un decreto exento que la autorizaba, también en Economía.
-En estricto rigor, la fundación es una persona jurídica independiente de la universidad, pero por sus objetivos, está demasiado relacionada. Está transparentemente creada para ayudarle a funcionar a la facultad –decía Juan Carlos González en una entrevista días antes de que le “cayera” encima la Contraloría.
Cuando la fundación no existía, la parte operativa de la ex Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas –en 2006 cambió el nombre a Facultad de Economía y Negocios (FEN)– tenía procesos bastante engorrosos, pues como todos los procedimientos de la universidad, debían tener la firma del rector. Con la formación de una fundación de derecho privado y sin fines de lucro, todo se agilizaría, ya que podrían actuar a través de un organismo con personalidad jurídica independiente. Pero se debía proceder con cautela.
Sólo unos meses antes, la FEN se había visto involucrada en el caso MOP mediante unos contratos entre ese ministerio y su Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), dirigida por el ex decano interino Nassir Sapag. La investigación derivó en un proceso judicial que en primera instancia lo condenó a 541 días de presidio menor en su grado medio y a la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Desde hace un año la causa se encuentra en acuerdo.
Pero lo que realmente provocó el descalabró en la FEN, fue el sumario administrativo que realizó la Contraloría
(ver recuadro 1). A raíz del informe, a varios empleados de la facultad se les aplicaron medidas disciplinarias. Uno de ellos fue Sapag: fue destituido de su cargo por autorizar pagos a empresas de su propiedad y su cónyuge, contratar a su hermano y su sobrino, consentir indemnizaciones a funcionarios que se acogieron a retiro –sin existir normas que lo permitieran– y pagar por proyectos convenidos con la facultad sin que se hubieran realizado.
-Después de la mala experiencia que significó para la facultad todo el tema del MOP, se dijo “empecemos de nuevo y tratemos de ser lo más cautos posible” –dice Joseph Ramos, entonces decano de la FEN.
La fundación ya se había constituido. Su directorio estaría conformado por los directivos de la facultad en función de sus cargos: el decano, el vicedecano, los directores de los tres departamentos (de Administración, de Sistemas de Información y Auditoría, y de Economía), el director de la Escuela de Postgrados y tres consejeros electos por el Consejo de Facultad. Sus fines, según sus estatutos, serían “la investigación, el estudio, el fomento, la difusión y la ejecución de toda clase de actividades relacionadas con las ciencias económicas y administrativas, incluyendo la auditoría y los sistemas de información a nivel nacional e internacional”. Y aunque la cautela que menciona Ramos llevó a que la fundación sólo entrara en actividad en 2005, al parecer no fue suficiente.
Desde hace un tiempo los movimientos de la fundación han estado bajo la lupa tanto de la Fiscalía Centro Norte como de la Contraloría, a raíz de dos convenios que, lejos de ser casos excepcionales, son una muestra del modelo de negocios que ha realizado la FEN a través de ella.
A fines de enero de 2007, Miguel Mendoza, un académico de la facultad, puso una querella en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago denunciando “la exacción indebida e ilegal de recursos de la FEN de la Universidad de Chile” por parte de Carlos Maquieira, actual director de la Escuela de Postgrados. Un año y tres meses después,
Mendoza haría lo mismo en Contraloría.

Los contratos del triministro
La acusación de Mendoza se enfoca en dos estudios que solicitó la FEN a la fundación en diciembre de 2005 y enero de 2006, respectivamente. En ese entonces, Carlos Maquieira tenía un nivel de poder dentro de la facultad que lo llevaba a autodenominarse como el “triministro”: era director del Departamento de Administración, vicedecano interino y director de Postgrados. El primero de esos cargos es de elección popular entre los académicos de la facultad; los otros dos, de designación directa del decano. Y los tres le daban derecho a un puesto en el directorio de la fundación.
El 1º de noviembre de 2005, la facultad y la fundación firmaron un contrato de prestación de servicios para obtener el estudio “Asesoría para la gestión estratégica de programas de postgrado”, por la suma de $8.700.000. El estudio lo había solicitado Maquieira desde el Departamento de Administración. El documento, que el 5 de diciembre fue aprobado por decreto exento de la facultad, fue firmado por el decano Joseph Ramos, en representación de la FEN, y Fernando León, por la fundación. Este último era director de Extensión del Departamento de Administración y, por lo tanto, subalterno directo de Maquieira, su director. La firma que León puso fue por instrucción directa suya. No sería la última.
-Carlos (Maquieira) no me lo propuso; me dijo que tenía que hacerlo. Tuve que firmar como representante de la fundación, porque como funcionario de la facultad y el cargo que tenía, podía hacerlo. Cuando tu jefe, que además tiene tres cargos dentro de la estructura, te dice que el decano le pidió que hiciéramos esto, esto y esto otro, no te lo cuestionas mucho. Así que firmé. Pájaro. La fundación funcionaba como una sociedad de papel, pero te das cuenta del cuadro general cuando lo miras desde afuera –cuenta León, quien dejó el cargo en la FEN en diciembre de 2006.
Un mes después, Maquieira solicitó otro estudio de similares características y por el mismo monto. Al igual que el convenio anterior, después de pasar por Contraloría Interna, fue aprobado en decreto exento de la FEN. Pero el contralor sólo aprobó el contrato entre la facultad y la fundación. Lo que viene después queda fuera de sus atribuciones.
Para realizar esos estudios, la fundación subcontrató a la sociedad Inversiones Maquieira y Caro Ltda., perteneciente a Maquieira y su mujer, Lorena Caro. Los montos que se comprometió a pagarle la fundación corresponden al total del precio estimado en un principio y provendrían del centro de costo 0101 de la facultad, correspondiente al departamento administrado por Maquieira. La firma en representación de la fundación nuevamente la puso Fernando León, según él por orden expresa de su superior. Recién ahí apareció la firma de Maquieira, aunque no como funcionario de la universidad ni director de la fundación, sino como representante de la sociedad de inversiones. Ningún porcentaje del total fue a parar a la fundación. Los $17.400.000 que sumaban ambos estudios fueron depositados directamente en la cuenta de la sociedad de inversiones del “triministro”, quien para ese entonces recibía un sueldo mensual cercano a los nueve millones de pesos.
(ver recuadro 2)
Los decretos de la facultad estipulaban que los pagos se efectuarían dentro los 10 días hábiles siguientes a la recepción en conformidad de los estudios solicitados por Maquieira –a través de la fundación– a Inversiones Maquieira y Caro. Sin embargo, en una revisión de cuentas hecha en mayo de 2006 por el profesor asociado de la facultad, Fernando Bravo, se señala que los pagos se hicieron sin que existieran los informes pertinentes y que los que existían, eran muy breves. A los pocos días, aparecieron ambos informes, los que según León, llegaron simultáneamente a la orden de pago que él mismo despachó.
-No fueron antes, pero sí en paralelo. Cuando mandamos la solicitud de pago a la unidad administrativa de la FEN, se enviaba junto con el informe. Lo normal es que se manden a posteriori: que primero se haga entrega del informe y luego vendrían los pagos. Acá se hizo en paralelo. Carlos me dijo “acá está el informe, mándese a pagar”. Pero en rigor, era el mismo Carlos el que los aprobaba –relata León.
Por otro lado, León asegura que la definición de la planificación estratégica de cada departamento es responsabilidad directa de su director, como parte de las funciones regulares del cargo. Ambos estudios tenían por objeto esa tarea.
-No tiene mucha lógica que por hacer una pega que le corresponde, y que por otra parte ya estaba remunerada dentro de sus ingresos regulares por esos cargos fijos, finalmente se le paguen montos aparte por tareas que debe cumplir en su horario normal de oficina –agrega el ex director de Extensión del departamento de Maquieira, Fernando León.
Sobre lo mismo, Joseph Ramos asegura que “ellos (los directores de departamento) definen adónde se quiere ir, dónde va a haber más profesores, en qué áreas, cómo se reclutan, cómo se consiguen los fondos”, es decir, por su propio cargo definen la planificación estratégica. Pero agrega que en el modelo aplicado “no hay nada raro. Todas las facultades funcionan con estos mecanismos y típicamente se contrata a los profesores, que son quienes se consiguen las asesorías o proyectos afuera”.

Las dudas tras los informes
Desde que los estudios de asesoría para la gestión estratégica solicitados, realizados, entregados, aprobados y pagados por Carlos Maquieira llegaron a la FEN, se ha puesto en cuestionamiento el monto que por ellos se canceló.
-Haciendo un análisis económico frío, en el caso de que Maquieira hiciera una consultoría de este tipo para otro lado, como independiente, él ganaría como 5 UF la hora. Eso ganan todos estos tipos reputados de la Adolfo Ibáñez, la Chile o la Católica. Y la destinación de tiempo para hacer uno de estos informes es alta. Deben tener ayudantes y todo el cuento, pero eso es lo que cuestan. Si se hace un cálculo matemático simple, aproximando el costo alternativo de Maquieira a 100 mil pesos la hora, es como si hubiera dedicado 87 horas para el informe… tal vez es mucho. Quizás en 20 horas de dedicación exclusiva se saca un informe como este. Probablemente no valen los 8,7 millones, sino que deben estar en el orden de los dos o 2,5 millones cada uno –explica Fernando León.
El director del magíster de Recursos Humanos de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Carlos Gómez, le solicitó hace unos meses a su asistente la realización de un estudio similar al primero de los presentados por Maquieira. El informe lleva por título ‘Estudios sobre composición de mallas curriculares en programas de MBA’. La confección del estudio no demoró más de 20 días, ya que, al igual que Fernando León, asegura que “toda la información está disponible en línea y lo que no, se consigue vía telefónica”. Pagó por él $100 mil.
Por encargo de CIPER, Gómez revisó los informes realizados por Maquieira.

Sobre el
primero, Gómez dice que es “de una pobreza franciscana. Es pura información de catálogo. Además, no es uniforme: no se utilizan los mismos criterios para todos los casos. Por otro lado, las conclusiones son insuficientes. Quizás agrega algo, pero no dicen nada. Y no tiene antecedentes que lo respalden. Además, las conclusiones son irrelevantes, propias de un adolescente. Por un estudio de estas características, a un alumno de pregrado le pago 100 mil pesos y se va feliz”.
En relación al
segundo, Gómez comenta que “son conclusiones obvias. Además, están mal redactadas, ya que dice: ‘De acuerdo a las características expuestas, creemos que aún existe una gran posibilidad de ganar participación de mercado a las universidades seguidoras ofreciendo un producto carente de innovación científica y creación de nuevos conocimientos’. Eso es un barbarismo. Es inaceptable. Además, muchas de las cosas presentes en el informe no tienen fundamento. Por ejemplo, en uno de los ranking de universidades que utiliza como fuente, donde además pone cifras, es sólo una ‘estimación basada en el criterio del experto Fernando León’. Eso es realmente inaceptable, porque es una opinión. Más allá del contenido de este estudio, las fuentes son inaceptables para alguien que trabaja en la universidad. Es de mala calidad; como si se hubiera entregado sólo para cumplir”.
De todas formas, tanto León como Joseph Ramos defienden los estudios. Ambos concuerdan en que sirvieron para mejorar los programas de postgrados de la FEN, ya que mediante ellos se pudieron dar cuenta de que los que la facultad ofrecía eran considerablemente más caros y largos que en el resto del mercado. Además, a partir de ellos se modificaron los criterios de entrada al MBA.
-Justamente lo que tiene la Universidad de Chile es el prestigio académico, entonces si empezamos a aguar eso es muy difícil repuntar. De ahí que preferimos limitarnos sólo a nuestros diplomados; todo a partir de esos trabajos –cuenta Joseph Ramos.
En el segundo de los estudios elaborados por Maquieira y Caro Ltda., uno de los parámetros que se mencionan como de relevancia es el ranking de MBA que publica anualmente la revista América Economía. En la versión 2007 de este ranking, la escuela de postgrados de la FEN descendió del puesto 6 al 14.
Pero los estudios cuestionados y denunciados no son casos aislados. El modelo aplicado en ellos fue, por lo menos entre 2005 y 2006, la regla de las relaciones FEN-fundación.

La continuidad del modelo
Entre septiembre de 2005 y agosto de 2007, la FEN suscribió 69 convenios con la fundación. De ellos, el 74% corresponde a diplomados y cursos solicitados por el ex Departamento de Sistemas de Información y Auditoría (SIA) –actual Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información– dirigido por Mario Morales Parragué, quien además era director de Extensión del mismo departamento. En ese lapso, existen otros cuatro convenios firmados con el SIA: dos de ellos tienen mucha similitud con los solicitados por Maquieira.
Los estudios pedidos por el departamento de Morales, que al igual que Maquieira era miembro del directorio de la fundación, fueron suscritos en diciembre de 2005 y marzo de 2006. Éstos también se referían a la planificación estratégica, pero para el SIA (“Asesoría para la gestión estratégica en programas de educación continua”), y funcionaron bajo el mismo modelo: las facturas por las consultorías eran a nombre de Profesionales Morales y Gálvez Ltda., la sociedad de inversiones perteneciente a Mario Morales y su esposa, Loreto Gálvez.
En los dos decretos exentos de la Facultad que autorizan los estudios solicitados por el departamento de Morales, la representación de la fundación recayó en Claudio Müller, un símil de Fernando León en los primeros contratos. Entre 2005 y 2006, Müller fue director comercial del SIA, el departamento que dirigía Mario Morales, quien por lo tanto era su jefe. Y al igual que León, dice haber firmado por orden expresa de su superior.
El primero de los decretos fue emitido el 12 de diciembre de 2005, sólo 19 días antes de que venciera el plazo para la entrega del informe final. El segundo fue aprobado el 13 de marzo y el plazo de entrega vencía el 28 del mismo mes. El monto total de ambos estudios fue de $10.000.000.
A pesar de que sólo existen dos convenios de ese tipo, según Müller estos estudios se realizaban mensualmente. De hecho, durante la entrevista que CIPER le realizó en su oficina, mostró por lo menos nueve solicitudes de pago que aún guarda en su computador. Todas eran de 2006 y estaban destinadas a la sociedad de Morales. En ellas no aparecen los montos pero recuerda que, por cada uno, los pagos no eran inferiores a los $2,5 millones.
-En el fondo, era una remuneración a la asesoría que hacía Mario (Morales) por ser director de Extensión. Él percibía un sueldo como director de departamento, y más de una vez me comentó que no recibía un sueldo adicional de la universidad por su cargo en Extensión. Y todo lo que era asesoría lo veía él. El sueldo de director de Extensión se lo hacía a través de estas asesorías de gestión estratégica. Lo que a mí me parecía razonable. Nunca desconfié ni pensé en eso –dice Müller, quien hoy dirige el Centro de Formación para Ejecutivos de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo.

Asesorías para terceros
El período más cuestionado de los movimientos que realizó la fundación fue entre septiembre de 2005 y junio de 2006. Joseph Ramos, Fernando León y Juan Carlos González lo reconocen como “de marcha blanca”. Y en ese lapso la FEN suscribió a lo menos otros cuatro convenios que siguieron el mismo esquema, aunque encargados por externos.
Según González, en esos convenios los directivos “adoptaron modalidades distintas a las que se utilizan actualmente”.
(ver recuadro 3)
-Distribuían hacia la fundación trabajos que podía hacer fácilmente la facultad. Se dijo que como se estaba probando el sistema de la fundación, se hicieran por esa vía. El directorio decía que se haría una consultoría y se la pedía a tal persona. Pero ellos, a mi gusto, no entendían el concepto de la fundación porque no tenían personal propio de ella. Las personas que trabajaban para la fundación eran las mismas que lo hacían para la FEN –asegura González.
La primera actividad de la fundación, en septiembre de 2005, fue una consultoría sobre el manejo de flujos para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por $21 millones. Ese es otro de los contratos que acogió el departamento del SIA, dirigido por Morales.
En el decreto exento de la FEN, él y Müller aparecen como representantes de la fundación. En marzo de 2006 volvería a realizarse otro convenio entre la facultad y el Hospital Clínico –y en consecuencia, entre la facultad y la fundación–: una consultoría para el rediseño de los procesos hospitalarios, por $27 millones. En esta ocasión, el nombre de Mario Morales no aparece en el decreto, pero sí en el informe. Los trabajos los realizaba junto a su ayudante, Mario Nuche, y María José Morales, su hermana. Las facturas eran nuevamente a nombre de la sociedad que Morales tenía con su mujer.
En enero de 2006, la Facultad suscribió un convenio con la Central de Abastecimiento para el Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). A través de él, se pretendía obtener “un estudio destinado a determinar los fundamentos económicos asociados a la compra centralizada a través del rol intermediador de Cenabast, versus la compra desagregada por cada establecimiento de salud y una evaluación del cumplimiento de los objetivos mencionados a través de un análisis de rentabilidad”. El monto de este convenio fue de $24.618.000, los que la facultad pagaría a la fundación en tres pagos: el 30% después del primer informe de avance, otro 30% después del segundo y el 40% restante “al momento de la entrega conforme, por parte de la Facultad, del informe final”.
El departamento de Administración, dirigido por Carlos Maquieira, se hizo cargo de esta consultoría, la que había sido gestionada por el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke. El plazo de conclusión era de 30 días. La FEN traspasó el convenio hacia la fundación. El trabajo lo realizaron tres consultoras: la de Maquieira, la de Clarke y la de Mario Morales. Este es el único caso en que Maquieira aparece representando a la fundación, aunque en el decreto firma como vicedecano.
-Aquí y en los otros casos, la fundación funciona como vehículo: Cenabast, que recibía la consultoría, contrataba a la facultad, la que subcontrataba a la fundación para realizar el trabajo. De ahí surgía una especie de “contratos nietos” que eran entre la fundación y las consultoras de los funcionarios respectivos. No recuerdo que ninguno lo haya hecho como persona natural. Ellos ejecutaron las consultorías, pero a través de sus sociedades –recuerda León.
En abril del mismo año, la facultad suscribió un contrato con la Asociación de AFP por $4.860.000. El proyecto solicitado se titulaba: “Rentabilidad de las AFP: ¿Es aplicable la Contabilidad Regulatoria en el Sector?”. Como con todos los anteriores, el contrato se traspasó a la fundación aunque, “por una inadvertencia administrativa”, el convenio no se suscribió sino hasta después de haber entregado el informe preparado por las consultoras de Maquieira y Claudio Bonilla, quien en ese entonces era director de investigación del departamento de Sistemas de Información y Auditoría, dirigido por Morales. Actualmente, Bonilla es vicedecano de Postgrados en la Universidad del Desarrollo.
-Ellos hicieron la consultoría con este mismo modelo –asegura León, quien nuevamente firmó a nombre de la fundación.
Según González, “la puesta en marcha de la fundación fue una cosa un poco exploratoria. No la desarrollaron muy bien en términos de que los proyectos que se hacían tenían la estructura de gastos que a la fundación no le dejaba ni una ganancia. Eso era como trabajar bajo el esquema de la facultad, la que genera varios proyectos que no dejan ingresos. Incluso a veces presentan pérdidas”.
Durante el período de “marcha blanca” de la fundación, los convenios firmados por conceptos de asesorías y consultorías –tanto internas como externas– entre septiembre de 2005 y junio de 2006, suman un total cercano a los $127.378.900. Si bien a fines de 2006 la fundación se reformó y durante 2007 sus ingresos fueron cercanos a los $700 millones, de las platas obtenidas a través de esos convenios nada fue a parar a sus arcas. Todo fue cobrado por facturas pertenecientes a las sociedades de los distintos académicos, entre los que destacan Maquieira y Morales. Ninguno de los dos accedió a hablar con CIPER.
-Creo que, a fin de cuentas, fue una concepción errónea. Coincido en que se ve raro, pero no tiene sentido ilícito, sino que es algo más como un error estético –asegura González sobre un modelo de negocios muy similar al que en 2003 sumió a la FEN en una de sus peores crisis.


Del Ciade a la Fundación FEN
Los últimos días han sido difíciles para la investigación que lleva Contraloría con respecto a los estudios realizados por el director de postgrados de la FEN, Carlos Maquieira. Desde hace unas semanas sus fiscalizadores estaban instalados en la Universidad de Chile, pero las tomas por parte de los estudiantes en rechazo de la nueva Ley General de Educación, han hecho imposible que las pesquisas continúen. Algunos días los funcionarios de Contraloría simplemente no pueden entrar.
La indagación que está realizando el ente fiscalizador se asemeja bastante a la que llevó a cabo en el marco del caso MOP-Ciade. En esa ocasión, la Contraloría realizó un sumario administrativo en la FEN que culminó con la destitución de su director económico y administrativo, la ex jefa de contabilidad, un funcionario y el director del Ciade, Nassir Sapag. El caso de este último es el que más relaciona con el modelo que se aplicó desde 2005 a través de la fundación.
En medio de los contratos firmados con el MOP, Sapag participó directamente como director académico de proyectos. Las facturas las realizó a través de las empresas Necul-Hual S.A. y Nassir Sapag y Asociados Ltda., ambas en sociedad con su mujer, Cristina Bonilla. A diferencia de la situación actual, él mismo propuso y aprobó con su firma esos pagos. Sólo por el proyecto “aguas lluvias”, convenido con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, entre 2001 y 2002 percibió $15.811.576 en concepto de honorarios. Esto, aun cuando por ser funcionario público, como dice en el sumario administrativo, su deber era “abstenerse de intervenir o participar en actos que puedan reportarle a él o a familiares alguna ventaja”.
Dos años después del escándalo que significó el caso, las prácticas se siguieron realizando. A través de la fundación, los directivos contrataron en reiteradas ocasiones empresas de su propiedad para realizar consultorías y asesorías. Y aunque formalmente el proceso es distinto, el resultado terminó siendo el mismo.
A diferencia de la fundación (que legalmente es de derecho privado), el Ciade no tenía personalidad jurídica independiente a la Universidad de Chile. Por lo mismo, a primera vista los convenios realizados entre la fundación y las empresas de los directivos, serían entre privados. Pero las atribuciones de la Contraloría sobre ella son las mismas.
Lo anterior se sustenta en que la Contraloría considera que la fundación, al tener un directorio compuesto por los directores de la FEN en razón de sus cargos –que por estatuto universitario corresponden a la calidad de “funcionarios públicos”–, actúa en función de la universidad que es un ente estatal. Además, todas sus actividades son en función de ésta.

Los altos sueldos de los directivos
Entre 2005 y 2006, con tres cargos directivos importantes dentro de la facultad, Maquieira ganaba entre ocho y nueve millones de pesos mensuales, muy por sobre el promedio de dos y tres del resto de los académicos de la FEN. Mario Morales, con dos cargos de importancia dentro del Departamento de Sistemas de Información y Auditoría, también. -Cuando llegué al decanato –cuenta Joseph Ramos– no conocía a Maquieira, pero en la búsqueda de profesores para mantener el buen nivel de las escuelas el comité de búsqueda me recomendó que lo trajera de vuelta de la Adolfo Ibáñez. Si se trata de convencer a alguien de que se venga, es muy difícil hacerlo ofreciéndole mucho menos de lo que gana allá. Por consiguiente, la negociación no se podía hacer por un tercio menos. Quizás sí por el 10% o 15%, pero no más que eso. Y ese fue el caso del reclutamiento de Maquieira. Cuando entró, la escuela de graduados estaba en rojo y él lo dio vuelta. Una cosa como de $200 millones al año, o algo por el estilo.
En julio de 2006 salió un reportaje en El Mercurio que hace mención a esos sueldos. Al poco tiempo Maquieira dejaría de ser “triministro”: seguiría siendo sólo director de la escuela de postgrados.
En ese reportaje, Ramos explicó que lo elevado de sus sueldos se debía a que “estos cargos directivos tienen un plus porque requieren otro tipo de talento, dedicación, y ellos probablemente no estarán escribiendo papers y no podrían recibir bonos por publicaciones”. Pero según el currículum de Maquieira, entre 2004 y 2006 publicó estudios en a lo menos dos revistas internacionales (Revista Mexicana de Economía y Finanzas e International Finance Review) y realizó tres papers. Y recibió los respectivos bonos: alrededor de un millón de pesos por publicación.

La nueva fórmula de la Fundación
En julio de 2006 la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sufrió varios cambios. Después de haber puesto en marcha a la FEN luego del descalabro que significó el caso MOP-Ciade –que no sólo había terminado con la destitución de Sapag, sino que también había dejado a la FEN sin Consejo de Facultad–, Joseph Ramos dejó el decanato y no quiso repostular. En su lugar fue electo el actual decano, Felipe Morandé. A partir de ahí, se hizo una evaluación total de la facultad. En el proceso, se descubrió que se llevaban dos sistemas contables distintos que, si bien decían lo mismo, enredaban todo el proceso de contabilidad. Se tuvo que eliminar uno.
Al mismo tiempo, Morandé solicitó una revisión de la fundación. El informe determinó que ésta estaba mal conceptuada: estaba funcionando como centro de costos de la FEN. Hasta ese momento, la fundación había operado sólo virtualmente. No contaba con una estructura propia. Su personal estaba compuesto solamente por el directorio. Aunque según recuerda Ramos, también “había una secretaria y… creo que eso es todo”.
-Se dijo entonces –dice Juan Carlos González, director ejecutivo de la fundación–: hay que evitar los conflictos de intereses, hay que tener una estructura propia y hay que tener financiamiento. Entonces se hace la reforma de estatutos para evitar lo primero, me nombran como gerente para arreglar lo segundo, y para lo tercero, del financiamiento, es que se creó esta política de overhead para que la fundación pagara sus gastos y generara negocios propios. Básicamente, se ha ordenado todo. Pero de todas formas, creo que no hubo conciencia de que hubiera algo raro, sino más bien fue na operación mal hecha.
El 25 de junio de 2007, el Ministerio de Justicia aprobó
la modificación de los estatutos de la fundación. La más importante de las reformas fue que, “a fin de evitar confusiones de atribuciones o conflictos de intereses”, se agrega la posibilidad de que los miembros del directorio otorguen mandato a terceros. Así, se evitaría llevar todos los proyectos al directorio y que la decisión de llevarlos a cabo dependiera exclusivamente de ellos: los delegados o representantes podrían actuar independientemente con el mismo poder que el otorgante posea, actuando como presidente, tesorero o cualquier otro cargo.
Por otro lado, la facultad un centro de auditoría interna que cada cierto tiempo audita los proyectos o sus partes que son de la FEN. Y para pagar los gastos propios de las operaciones, se aplicó a la fundación una política de overhead, la que consiste en un porcentaje que se aplica sobre el precio de venta del proyecto y que actúa como una especie de impuesto para “compensar” a la institución de los costos asociados al mismo.

Ver documentos:

Publicado originalmente en CIPER (05/06/2008)

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