La escena parecía repetida, un déjà vu, como cuando en dos gobiernos distintos prometió la construcción del mismo tren. Aunque todo era parecido a la última vez, había algunos cambios. El más evidente: el escenario. Porque a Sebastián Piñera Echenique, a diferencia de cualquier otro ciudadano o ciudadana, cuando era investigado por la Fiscalía, no lo citaban a declarar, sino que los persecutores iban hasta su oficina a tomarle declaración. Y si antes su base central era la cúspide del edificio de avenida Apoquindo 3000, en Las Condes, donde históricamente operaron su family office y sus fundaciones, ahora la locación había cambiado, porque la etapa era otra.
Esta vez fue en el piso 19 de la torre ubicada en Vitacura 3535, adonde se fue con su grupo de empresas tras dejar La Moneda por segunda vez en marzo de 2022. Había pasado un año de ese hito y ahí estaba de nuevo, flanqueado por su abogado Juan Domingo Acosta, como en otras oportunidades. Era la mañana del 21 de marzo de 2023, el día acordado con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el fiscal adjunto Claudio Rebeco, para declarar como imputado en la causa que más complicaciones le trajo en el último tiempo, aquella que incluso lo llevó a enfrentar una acusación constitucional en las postrimerías de su último mandato, convirtiéndolo en el primer presidente desde el retorno de la democracia que estuvo al filo de dejar el cargo por un juicio político.
Le imputaban posible cohecho, soborno y delitos tributarios. Era, otra vez, el fantasma de sus inversiones familiares en Minera Dominga y sus movimientos en paraísos fiscales los que lo perseguían.
Era imposible saberlo en ese momento, pero la declaración que dio esa jornada —desconocida hasta la publicación de este reportaje– sería su último encuentro con un fiscal por los flancos judiciales que se le abrieron debido a denuncias de conflictos de intereses que enfrentó en su trayectoria político-empresarial.
CIPER tuvo acceso exclusivo a esa declaración que duró más de seis horas, así como también a otros documentos incorporados en la indagatoria que abrió el Ministerio Público en su contra en octubre de 2021, tras conocerse los detalles de la venta simultánea que su familia hizo a fines de 2010, parte en Santiago y parte en las Islas Vírgenes Británicas, del proyecto minero-portuario Dominga. Un proceso que buscaba determinar la responsabilidad del expresidente en la polémica cláusula que amarraba parte del pago a que su administración no declarara zona protegida el área donde se pretendía instalar el puerto y la mina de hierro y cobre, en las cercanías de Punta de Choros, al norte de la Región de Coquimbo.
Piñera, en todo caso, ya fue sobreseído de cualquier responsabilidad penal por defunción, luego del accidente fatal en el Lago Ranco. Esto, a petición de su querellante, el abogado Luis Mariano Rendón. Sin embargo, su defensa solicitó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago echar pie atrás a esa decisión y discutirlo en la audiencia que ya estaba fijada para el martes 12 de marzo. Su intención es que la extinción de la acción penal no se dé por la muerte, sino que sea porque efectivamente la investigación del Ministerio Público no llegó a comprobar los delitos imputados, algo que ya había vislumbrado en enero la fiscal a cargo de la indagatoria. Y eso fue acogido por el juez Daniel Urrutia, por lo que, oficialmente, la causa sigue abierta.
¿Qué declaró el exmandatario, quiénes más prestaron testimonio, qué diligencias se realizaron, qué información tuvo a la vista la fiscal Perivancich y qué tanto se logró avanzar –o no– en más de dos años de investigación? ¿Y por qué la millonaria venta se hizo en un paraíso fiscal y no en Chile, por qué se incluyó una cláusula que dependía de una acción u omisión del gobierno que encabezaba Piñera –y que beneficiaba directamente a su familia–, qué pasó con los impuestos asociados a esa operación y qué falló en la indagatoria del Ministerio Público para poder llegar a un resultado concreto? Las respuestas a esas preguntas, a continuación.
Esta vez fue en el piso 19 de la torre ubicada en Vitacura 3535, adonde se fue con su grupo de empresas tras dejar La Moneda por segunda vez en marzo de 2022. Había pasado un año de ese hito y ahí estaba de nuevo, flanqueado por su abogado Juan Domingo Acosta, como en otras oportunidades. Era la mañana del 21 de marzo de 2023, el día acordado con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el fiscal adjunto Claudio Rebeco, para declarar como imputado en la causa que más complicaciones le trajo en el último tiempo, aquella que incluso lo llevó a enfrentar una acusación constitucional en las postrimerías de su último mandato, convirtiéndolo en el primer presidente desde el retorno de la democracia que estuvo al filo de dejar el cargo por un juicio político.
Le imputaban posible cohecho, soborno y delitos tributarios. Era, otra vez, el fantasma de sus inversiones familiares en Minera Dominga y sus movimientos en paraísos fiscales los que lo perseguían.
Era imposible saberlo en ese momento, pero la declaración que dio esa jornada —desconocida hasta la publicación de este reportaje– sería su último encuentro con un fiscal por los flancos judiciales que se le abrieron debido a denuncias de conflictos de intereses que enfrentó en su trayectoria político-empresarial.
CIPER tuvo acceso exclusivo a esa declaración que duró más de seis horas, así como también a otros documentos incorporados en la indagatoria que abrió el Ministerio Público en su contra en octubre de 2021, tras conocerse los detalles de la venta simultánea que su familia hizo a fines de 2010, parte en Santiago y parte en las Islas Vírgenes Británicas, del proyecto minero-portuario Dominga. Un proceso que buscaba determinar la responsabilidad del expresidente en la polémica cláusula que amarraba parte del pago a que su administración no declarara zona protegida el área donde se pretendía instalar el puerto y la mina de hierro y cobre, en las cercanías de Punta de Choros, al norte de la Región de Coquimbo.
Piñera, en todo caso, ya fue sobreseído de cualquier responsabilidad penal por defunción, luego del accidente fatal en el Lago Ranco. Esto, a petición de su querellante, el abogado Luis Mariano Rendón. Sin embargo, su defensa solicitó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago echar pie atrás a esa decisión y discutirlo en la audiencia que ya estaba fijada para el martes 12 de marzo. Su intención es que la extinción de la acción penal no se dé por la muerte, sino que sea porque efectivamente la investigación del Ministerio Público no llegó a comprobar los delitos imputados, algo que ya había vislumbrado en enero la fiscal a cargo de la indagatoria. Y eso fue acogido por el juez Daniel Urrutia, por lo que, oficialmente, la causa sigue abierta.
¿Qué declaró el exmandatario, quiénes más prestaron testimonio, qué diligencias se realizaron, qué información tuvo a la vista la fiscal Perivancich y qué tanto se logró avanzar –o no– en más de dos años de investigación? ¿Y por qué la millonaria venta se hizo en un paraíso fiscal y no en Chile, por qué se incluyó una cláusula que dependía de una acción u omisión del gobierno que encabezaba Piñera –y que beneficiaba directamente a su familia–, qué pasó con los impuestos asociados a esa operación y qué falló en la indagatoria del Ministerio Público para poder llegar a un resultado concreto? Las respuestas a esas preguntas, a continuación.
EL ORIGEN
Antes de proseguir, un poco de historia.
En agosto de 2010, a pocos meses de asumir por primera vez como Presidente de la República, Sebastián Piñera enfrentaba fuertes críticas desde todos los sectores políticos por los conflictos que le generaban los negocios que aún tenía en su poder y que estaban fuera de sus polémicos fideicomisos ciegos –principalmente sus inversiones en LAN, Chilevisión y Blanco y Negro–. Tenía a su cargo la reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27F; 33 mineros estaban bajo tierra en Atacama, de los cuales aún nada se sabía; experimentaba una primera gran baja en las encuestas de opinión pública; y movilizaciones masivas se gestaban para protestar por la aprobación de la Central Termoeléctrica Barrancones cerca de Punta de Choros, la misma que, cuando estaba en campaña, Piñera había prometido no apoyar por afectar una zona de alto valor ecológico.
Algo debía hacer, y lo hizo: gestionó la bajada del proyecto energético directamente con la empresa franco-belga que pretendía llevarlo a cabo, saltándose la institucionalidad medioambiental. Fue ampliamente criticado por cómo se movió, pero el resultado fue positivo: detuvo las movilizaciones y se perfiló como defensor del medioambiente.
Casi siete años después, cuando partía oficialmente su ruta a un nuevo período en La Moneda, una investigación de Radio Bío Bío revelaría que cuando bajó Barrancones, Piñera y su familia tenían intereses comerciales desconocidos en la zona, los que no aparecieron en sus declaraciones de patrimonio.
A través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), eran socios mayoritarios de las sociedades controladoras de Minera Dominga, que por entonces pretendía instalarse en el sector con un puerto y una mina a tajo abierto de hierro y cobre. Ya tenían contratos firmados con los dueños de las tierras en cuestión, una comunidad agrícola en la que, entre otros, participaban un hermano de él, algunos socios y amigos, y también quienes manejaban sus fideicomisos ciegos. De hecho, quien negoció informalmente la bajada de la termoeléctrica a nombre de Piñera, sin dejar registro alguno de aquellas gestiones, fue su amigo personal, el empresario Juan Claro, el principal tenedor de tierras de esa comunidad, así como el comunero más influyente.
En agosto de 2010, a pocos meses de asumir por primera vez como Presidente de la República, Sebastián Piñera enfrentaba fuertes críticas desde todos los sectores políticos por los conflictos que le generaban los negocios que aún tenía en su poder y que estaban fuera de sus polémicos fideicomisos ciegos –principalmente sus inversiones en LAN, Chilevisión y Blanco y Negro–. Tenía a su cargo la reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27F; 33 mineros estaban bajo tierra en Atacama, de los cuales aún nada se sabía; experimentaba una primera gran baja en las encuestas de opinión pública; y movilizaciones masivas se gestaban para protestar por la aprobación de la Central Termoeléctrica Barrancones cerca de Punta de Choros, la misma que, cuando estaba en campaña, Piñera había prometido no apoyar por afectar una zona de alto valor ecológico.
Algo debía hacer, y lo hizo: gestionó la bajada del proyecto energético directamente con la empresa franco-belga que pretendía llevarlo a cabo, saltándose la institucionalidad medioambiental. Fue ampliamente criticado por cómo se movió, pero el resultado fue positivo: detuvo las movilizaciones y se perfiló como defensor del medioambiente.
Casi siete años después, cuando partía oficialmente su ruta a un nuevo período en La Moneda, una investigación de Radio Bío Bío revelaría que cuando bajó Barrancones, Piñera y su familia tenían intereses comerciales desconocidos en la zona, los que no aparecieron en sus declaraciones de patrimonio.
A través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), eran socios mayoritarios de las sociedades controladoras de Minera Dominga, que por entonces pretendía instalarse en el sector con un puerto y una mina a tajo abierto de hierro y cobre. Ya tenían contratos firmados con los dueños de las tierras en cuestión, una comunidad agrícola en la que, entre otros, participaban un hermano de él, algunos socios y amigos, y también quienes manejaban sus fideicomisos ciegos. De hecho, quien negoció informalmente la bajada de la termoeléctrica a nombre de Piñera, sin dejar registro alguno de aquellas gestiones, fue su amigo personal, el empresario Juan Claro, el principal tenedor de tierras de esa comunidad, así como el comunero más influyente.
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El mapa muestra la localización planeada para la mina, el depósito de relaves y el puerto. En la parte superior se ve Punta de Choros, frente a las islas que conforman la Reserva Nacional Pingüino de Hunboldt. Más abajo, donde se señaliza Caleta Chungungo, planeaba instalarse la Termoeléctrica Barrancones. (Fuente: Minera Dominga) |
El entonces Presidente Piñera, al bajar Barrancones, tenía intereses económicos cruzados con Minera Dominga, proyecto que contemplaba unos US$ 2.500 millones de inversión y prometía unos 10.000 empleos, y que ya se había visto cuestionado en 2015 en el Caso Penta por los pagos irregulares que recibió el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, lo que fue inicialmente interpretado como un posible soborno para beneficiar su tramitación.
Las revelaciones darían pie a una comisión investigadora de Diputados y una querella contra Piñera del entonces diputado Hugo Gutiérrez (PC). La investigación quedó en manos del fiscal Manuel Guerra, quien ya indagaba las inversiones de Piñera en la pesquera peruana Exalmar, y que en pocos meses eximió de cualquier culpa al ex mandatario, a pesar de haber reunido antecedentes que mostraban que al bajar Barrancones su family office gestionaba en simultáneo la venta del proyecto Dominga al amigo y socio de Piñera, Carlos Alberto “Choclo” Délano –uno de los controladores del Grupo Penta–; que el precio varió a su favor en cerca de US$20 millones tras la decisión de sacar la termoeléctrica y que en ese negocio había una cláusula que fraccionaba el pago total, condicionando la última parte a que no se declarara el sector como “una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras” (ver reportaje de Radio Bío Bío).
Ese último punto pasó prácticamente desapercibido en un principio –Guerra incluso lo omitió al pedir el sobreseimiento de Piñera ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago–, pero en octubre de 2021, cuando CIPER y LaBot revelaron que la compraventa de Dominga se concretó a fines de 2010 parte en Santiago y parte en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, la cláusula cobró relevancia y se convirtió en el eje del debate, pues implicaba que el pago de unos US$10 millones había quedado sujeto a que, durante un año, la administración de Piñera –por acción u omisión– no hiciera gestiones para proteger ambientalmente las zonas terrestres y marítimas aledañas al proyecto, condición que se cumplió a cabalidad, a pesar de que ya había una solicitud de crear un área marina protegida (AMP), gestionada por la ONG Oceana.
“Queremos informar que el fiscal nacional ha decidido iniciar de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los Pandora Papers y que, en definitiva, tiene relación con la compraventa de la Minera Dominga que estuvo vinculada a la familia del Presidente de la República. El fiscal nacional ha tomado esta decisión, atendido a que los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho con su correlato de soborno y eventuales delitos tributarios. Materias que, en definitiva, serán todas objeto de una investigación”, dijo días después de aquella publicación Marta Herrera, directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC).
Ya entonces había dos querellas por esos mismos delitos en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, una presentada por el abogado Luis Mariano Rendón y otra a cargo de Paulina Vodanovic, hoy senadora y presidenta del PS. Y así partió la causa que llevó a Sebastián Piñera a responder de nuevo, en marzo del año pasado, las preguntas de los fiscales por el rol de su familia en el negocio de Minera Dominga, y que aún sigue abierta, a pesar de su muerte.
QUÉ DIJO EL EXPRESIDENTE
La primera vez que Sebastián Piñera se refirió al tema fue cuando la prensa reveló en febrero de 2017 los desconocidos vínculos de él y su familia con Dominga. Aunque no desmintió ni un solo dato, calificó la revelación como parte de una “campaña falsa y canallesca” de parte de sus opositores políticos. Decía que él no tenía nada que ver, que el negocio no era suyo, sino de sus hijos –como si los conflictos de intereses no involucraran a los familiares directos—, que ya lo habían vendido y que la bajada de Barrancones no se relacionaba con ello.
Poco después, en mayo de 2017, Guerra fue a tomarle declaración como imputado y su relato fue el mismo: que no supo nada del curso de los negocios de sus empresas, el llamado Grupo Bancard, mientras fue presidente por primera vez. De Exalmar y Dominga, aseguró que sólo se enteró cuando ya había dejado La Moneda en 2014, que no tenían nada que ver sus gestiones para bajar Barrancones con ese proyecto y que la venta de su participación en la minera fue una decisión exclusiva del equipo a cargo de su family office, precisamente pensando en evitarle un potencial conflicto de interés.
El fiscal sabía de la cláusula, pero no le dio importancia y por eso ni siquiera la mencionó cuando lo entrevistó. En apenas cinco meses, Guerra cerró la investigación, Piñera quedó sobreseído y se puso fin a esa arista judicial dejando varios cabos sin atar. En 2021, Guerra renunció al Ministerio Público para comenzar a trabajar en distintos lugares, siempre vinculados con autoridades de derecha. Primero como asesor para la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Pública (AMSZO), compuesta por las municipalidades de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura (misma municipalidad donde poco antes investigaba delitos de corrupción). También como académico de Derecho en la Universidad San Sebastián, donde el ex senador, ex ministro y primo de Piñera, Andrés Chadwick, es decano de esa facultad. Y desde noviembre del año pasado, como “defensor de la gente” bajo la administración del alcalde Rodolfo Carter (exUDI), en La Florida.
Para el exmandatario y su entorno, el tema quedaba zanjado y enterrado, pero cuatro años después vino lo de los Pandora Papers, la acusación constitucional y la nueva investigación judicial. Todo volvía a reflotar con un nuevo eje: la cláusula de la compraventa que condicionaba parte del pago a que en su gobierno no se protegiera medioambientalmente la zona.
Y fue entonces que, el 21 de marzo de 2023, el fiscal adjunto Claudio Rebeco fue hasta su nueva oficina en Vitacura y lo volvió a interrogar.
Poco después, en mayo de 2017, Guerra fue a tomarle declaración como imputado y su relato fue el mismo: que no supo nada del curso de los negocios de sus empresas, el llamado Grupo Bancard, mientras fue presidente por primera vez. De Exalmar y Dominga, aseguró que sólo se enteró cuando ya había dejado La Moneda en 2014, que no tenían nada que ver sus gestiones para bajar Barrancones con ese proyecto y que la venta de su participación en la minera fue una decisión exclusiva del equipo a cargo de su family office, precisamente pensando en evitarle un potencial conflicto de interés.
El fiscal sabía de la cláusula, pero no le dio importancia y por eso ni siquiera la mencionó cuando lo entrevistó. En apenas cinco meses, Guerra cerró la investigación, Piñera quedó sobreseído y se puso fin a esa arista judicial dejando varios cabos sin atar. En 2021, Guerra renunció al Ministerio Público para comenzar a trabajar en distintos lugares, siempre vinculados con autoridades de derecha. Primero como asesor para la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Pública (AMSZO), compuesta por las municipalidades de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura (misma municipalidad donde poco antes investigaba delitos de corrupción). También como académico de Derecho en la Universidad San Sebastián, donde el ex senador, ex ministro y primo de Piñera, Andrés Chadwick, es decano de esa facultad. Y desde noviembre del año pasado, como “defensor de la gente” bajo la administración del alcalde Rodolfo Carter (exUDI), en La Florida.
Para el exmandatario y su entorno, el tema quedaba zanjado y enterrado, pero cuatro años después vino lo de los Pandora Papers, la acusación constitucional y la nueva investigación judicial. Todo volvía a reflotar con un nuevo eje: la cláusula de la compraventa que condicionaba parte del pago a que en su gobierno no se protegiera medioambientalmente la zona.
Y fue entonces que, el 21 de marzo de 2023, el fiscal adjunto Claudio Rebeco fue hasta su nueva oficina en Vitacura y lo volvió a interrogar.
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El documento con el registro de aquella conversación tiene 16 páginas y parte con una serie de preguntas generales que apuntaban a determinar el nivel de conocimiento que tuvo Piñera de esos negocios. El resultado fue el mismo que en las oportunidades anteriores: el ex presidente reiteró que en abril de 2009 se desligó de sus inversiones para dedicarse exclusivamente a su rol político; que la ley no lo obligaba, pero que igual firmó contratos de fideicomisos ciegos para administrar su cartera de inversiones en el Mercado de Valores; que sus empresas familiares se dividen en dos ramas separadas, una a cargo de sus hijos (Inversiones Odisea) y otra en la que él participa (Bancard); que el negocio de Dominga, a través del FIP Mediterráneo, estaba a cargo de la primera, donde no habría tenido injerencia, y que él no supo nada al respecto mientras era presidente.
Rebeco le preguntó si conversó en su minuto el tema de la venta de Dominga con el ex gerente general del family office, Nicolás Noguera, pues él ya había declarado que la salida del proyecto minero-portuario estaba en parte motivado por la intención de evitarle conflictos al mandatario. Piñera dijo que no lo conversaron, y que el mandato de tener prudencia política al momento de invertir para no abrirle flancos fue algo que él pidió explícitamente al delegar la gestión de sus empresas familiares en 2009.
Rebeco le preguntó si conversó en su minuto el tema de la venta de Dominga con el ex gerente general del family office, Nicolás Noguera, pues él ya había declarado que la salida del proyecto minero-portuario estaba en parte motivado por la intención de evitarle conflictos al mandatario. Piñera dijo que no lo conversaron, y que el mandato de tener prudencia política al momento de invertir para no abrirle flancos fue algo que él pidió explícitamente al delegar la gestión de sus empresas familiares en 2009.
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El delfín nariz de botella es una de las especies que habita en la costa de la zona donde Dominga planea operar. (Créditos: Oceana) |
Dijo que no supo de la venta, que no lo conversó con su amigo, el “Choclo” Délano, que conoció los detalles de la operación recién cuando salieron en prensa en 2017 y que el uso de una estructura de sociedades en paraísos fiscales habría sido una decisión del directorio de la sociedad matriz del proyecto, Minería Activa Uno SpA, para tratar de venderlo a inversionistas extranjeros o listarlo en la bolsa de Toronto, en Canadá. “Eso fue lo que me explicaron”, señaló.
“Para mí, esta decisión tiene lógica comercial, pues es una decisión tributariamente neutra y facilita la transacción y la venta de ese proyecto. (…) esas sociedades no tenían ninguna intención de alterar el pago de impuestos.
¿Por qué la operación de venta no se realiza íntegramente dentro del régimen jurídico chileno? No lo sé. Sólo sé que esto sí se realiza dentro del marco legal y tributario chileno. La propiedad del 91% [de la sociedad matriz de Minera Dominga] ya estaba radicada en sociedades de la Islas Vírgenes Británicas y, por ello, aprovechando ese esquema existente, se vendió fuera de Chile”, agregó.
Luego, Rebeco le preguntó por la polémica cláusula del contrato de compraventa. Esto respondió Piñera:
“No tuve información de esta cláusula al momento de celebrarse el contrato de venta de Dominga.
He leído lo que han dicho algunos de los partícipes, quienes mejor pueden responder esta consulta son quienes intervinieron en la operación de compraventa. He leído que es una cláusula común en la industria minera, que parte del precio quede sujeto a condiciones y que no se haga toda la operación al contado. En la práctica, fue una cláusula más bien teórica, porque proyectos como el de Dominga son procesos que duran varios años y la cláusula establecía un plazo de un año. Es más, aun si se hubiera declarado área marina protegida (AMP), el proyecto de todas formas habría sido viable, sólo que hacía más exigente los procesos de aprobación ambiental. En el plazo de un año es imposible que se hubiesen tomado decisiones sobre esta materia por organismos del Estado y, de haberse tomado estas decisiones, no tornaba el proyecto inviable o insubsanable. Todo esto lo digo en virtud de información a la que tuve acceso con posterioridad a 2011.
Nuestro gobierno inició el proyecto de creación de una AMP sin información de esta cláusula en el proyecto Dominga, lo que habría dificultado y no favorecido ese proyecto de inversión” .
Luego de eso, volvió a referirse a que su gestión para bajar Barrancones no tenía nada que ver con Dominga, que no dio ninguna orden para parar o evitar que se protegiera el área y que no supo de la solicitud de Oceana para crear un AMP sino hasta mucho después. La declaración ante el fiscal partió a las 10:30 y terminó a las 16:45. Todo lo dicho va en línea con lo expuesto antes por las otras personas que prestaron testimonio a los persecutores, la mayoría vinculada a Piñera y su entorno.
LAS VOCES DE QUIENES CONCRETARON EL NEGOCIO
Con la declaración tomada a Sebastián Piñera, la dupla de fiscales a cargo ya empezaba a cerrar la búsqueda de información. Antes que él, ya habían testificado los principales ejecutivos involucrados en la operación de compraventa, incluyendo a su hijo mayor, Sebastián Piñera Morel, su sucesor a la cabeza del grupo de empresas familiares. Con un relato muy bien alineado, cada uno explicó desde su perspectiva por qué no habría supuestamente nada raro en el negocio que se cuestionaba y desligaron por completo cualquier responsabilidad del expresidente y su familia.
Lo que sigue, es un resumen de lo que cada uno de ellos dijo a los fiscales, según orden de aparición:
1) Nicolás Noguera, gerente general del family office de los Piñera Morel hasta 2022 y ex director de Minería Activa Uno, la sociedad de inversiones que dio origen a Dominga.
Declaró en dos tandas, el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021:
Contó que a fines de 2009 se le encargó al Estudio Jurídico Philippi una propuesta de estructura societaria offshore para concretar una venta a futuro y que a comienzos de 2010 la sociedad matriz del proyecto contactó a distintos bancos de inversión internacionales —Rothschild, Credit Suisse y JP Morgan— para ayudarlos en esa enajenación o en un eventual levantamiento de capital. Más adelante, en agosto, el yerno de Délano y miembro del directorio, Pedro Ducci, manifestaría la intención familiar de quedarse con el proyecto.
Dijo no recordar si alguna vez conversó sobre Dominga con el entorno familiar del expresidente, salvo por su hijo Sebastián, que trabajaba como analista en Bancard y conformaba su comité de directores. Él sí sabía e incluso los dos fueron en mayo de 2010 a conocer el lugar del proyecto, aunque puntualizó en que él no habría intervenido en la toma de decisiones y que no recordaba si supo de los millonarios dividendos obtenidos por la operación simultánea en Chile e Islas Vírgenes Británicas. Aseguró tampoco recordar —aunque no lo descartaba— si trató o no la venta de la participación del FIP Mediterráneo con los integrantes del comité del holding, entre los que estaban José Cox, Fernando Barros, el gerente de Finanzas de turno, Sebastián Piñera Morel y él.
Por último, respecto al origen de la cláusula del pago condicionado, Noguera le endosó la responsabilidad a la familia Délano. Según su versión, Ducci hizo en septiembre de 2010 su primera oferta y manifestó “ciertas aprensiones respecto de la situación vivida por el proyecto Barrancones”. ¿Qué situación? La bajada discrecional y por fuera de la institucionalidad medioambiental que efectuó Piñera frente a la presión de la opinión pública.
2) Iván Garrido, geólogo que descubrió el yacimiento de hierro y cobre. Fue gerente general hasta 2019 de Andes Iron, la persona jurídica tras Minera Dominga.
Declaró el 21 de abril de 2022:
Ratificó que la decisión de la venta se dio por ser Dominga el proyecto más auspicioso de la cartera que tenía Minería Activa Uno, que se contactó a bancos internacionales de inversión para venderlo en el extranjero, y que incluso cuando Pedro Ducci, en representación de los Délano, manifestó su intención de compra, no lo vio como una opción real, pues el grupo no tenía experiencia minera.
Dice que, sin ser experto en el tema, considera que el hecho de que se haya transado en las Islas Vírgenes Británicas no era relevante en términos tributarios, pues los beneficios venían dados por el uso de los fondos de inversión privados de las familias Piñera (FIP Mediterráneo) y Délano (FIP Rucapangui), y que a él le dijeron en el directorio que todos los impuestos fueron pagados.
Respecto de la cláusula, dijo que “efectivamente, para este tipo de negocios es extraña una cláusula así, en el sentido de que lo normal es que sea más extensa, de 5 años más o menos, vinculada a la idea de aumentar valor con el devenir del proyecto. Por otro lado, esta cláusula –creo yo– se explica por la situación de Barrancones. Esto por una presión de los compradores sobre las autorizaciones de la autoridad ambiental que podían impedir el desarrollo del proyecto”. Añadió no haber sabido entonces de la solicitud de Oceana para crear un AMP.
Lo que sigue, es un resumen de lo que cada uno de ellos dijo a los fiscales, según orden de aparición:
1) Nicolás Noguera, gerente general del family office de los Piñera Morel hasta 2022 y ex director de Minería Activa Uno, la sociedad de inversiones que dio origen a Dominga.
Declaró en dos tandas, el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021:
Contó que a fines de 2009 se le encargó al Estudio Jurídico Philippi una propuesta de estructura societaria offshore para concretar una venta a futuro y que a comienzos de 2010 la sociedad matriz del proyecto contactó a distintos bancos de inversión internacionales —Rothschild, Credit Suisse y JP Morgan— para ayudarlos en esa enajenación o en un eventual levantamiento de capital. Más adelante, en agosto, el yerno de Délano y miembro del directorio, Pedro Ducci, manifestaría la intención familiar de quedarse con el proyecto.
Dijo no recordar si alguna vez conversó sobre Dominga con el entorno familiar del expresidente, salvo por su hijo Sebastián, que trabajaba como analista en Bancard y conformaba su comité de directores. Él sí sabía e incluso los dos fueron en mayo de 2010 a conocer el lugar del proyecto, aunque puntualizó en que él no habría intervenido en la toma de decisiones y que no recordaba si supo de los millonarios dividendos obtenidos por la operación simultánea en Chile e Islas Vírgenes Británicas. Aseguró tampoco recordar —aunque no lo descartaba— si trató o no la venta de la participación del FIP Mediterráneo con los integrantes del comité del holding, entre los que estaban José Cox, Fernando Barros, el gerente de Finanzas de turno, Sebastián Piñera Morel y él.
Por último, respecto al origen de la cláusula del pago condicionado, Noguera le endosó la responsabilidad a la familia Délano. Según su versión, Ducci hizo en septiembre de 2010 su primera oferta y manifestó “ciertas aprensiones respecto de la situación vivida por el proyecto Barrancones”. ¿Qué situación? La bajada discrecional y por fuera de la institucionalidad medioambiental que efectuó Piñera frente a la presión de la opinión pública.
2) Iván Garrido, geólogo que descubrió el yacimiento de hierro y cobre. Fue gerente general hasta 2019 de Andes Iron, la persona jurídica tras Minera Dominga.
Declaró el 21 de abril de 2022:
Ratificó que la decisión de la venta se dio por ser Dominga el proyecto más auspicioso de la cartera que tenía Minería Activa Uno, que se contactó a bancos internacionales de inversión para venderlo en el extranjero, y que incluso cuando Pedro Ducci, en representación de los Délano, manifestó su intención de compra, no lo vio como una opción real, pues el grupo no tenía experiencia minera.
Dice que, sin ser experto en el tema, considera que el hecho de que se haya transado en las Islas Vírgenes Británicas no era relevante en términos tributarios, pues los beneficios venían dados por el uso de los fondos de inversión privados de las familias Piñera (FIP Mediterráneo) y Délano (FIP Rucapangui), y que a él le dijeron en el directorio que todos los impuestos fueron pagados.
Respecto de la cláusula, dijo que “efectivamente, para este tipo de negocios es extraña una cláusula así, en el sentido de que lo normal es que sea más extensa, de 5 años más o menos, vinculada a la idea de aumentar valor con el devenir del proyecto. Por otro lado, esta cláusula –creo yo– se explica por la situación de Barrancones. Esto por una presión de los compradores sobre las autorizaciones de la autoridad ambiental que podían impedir el desarrollo del proyecto”. Añadió no haber sabido entonces de la solicitud de Oceana para crear un AMP.
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Ambientalistas afirman que la Reserva Nacional Pingüino Humboldt se verá amenazada por el funcionamiento de la minera. Fuente: Oceana |
3) Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano y gerente general de su family office.
Declaró el 2 de mayo de 2022:
Dice que nunca se reunió con Piñera ni sus hijos para conversar temas relacionados con Dominga y que entendía que su suegro tampoco lo hizo. De Noguera, señala que lo conocía, pero que no eran amigos ni cercanos, aunque desde que coincidieron en el directorio de Minería Activa Uno comenzaron a tomar decisiones en conjunto.
Cuenta también que su idea original no era comprar el proyecto, pero que a mediados de 2010 comenzó a considerarlo, cuando se estimaba que podría llegar a costar unos US$150 millones. Su oferta inicial fue de US$130 millones en agosto de ese año –previo a la bajada de Barrancones–, y después subiría en la negociación con los otros socios.
Ducci ratificó que la inclusión de la cláusula se debió precisamente a lo ocurrido con la termoeléctrica Barrancones, lo cual fue una “mala noticia” para ellos como oferentes por al menos tres motivos:
1. Porque Barrancones iba a construir un puerto que podría haber sido de utilidad para Dominga;
2. Se podrían incrementar los costos operativos por concepto de transporte terrestre; y
3. El hecho había aumentado la tensión política-ambiental en el área y ya algunos personeros del gobierno comenzaban a hablar de convertirla en una zona de protección ecológica.
“De acuerdo con el análisis que hicimos, la creación de zonas protegidas en el sector de emplazamiento del proyecto Dominga era compatible con actividades portuarias y no habría sido un impedimento para su aprobación y puesta en marcha, pero probablemente habría dificultado o encarecido el costo de transporte terrestre del mineral. Por eso nos pareció un buen elemento de negociación e intentamos ocuparlo a nuestro favor (…) Fundamentalmente, la idea era disminuir precio o ganar plazo” , declaró.
En todo caso, dijo que estimaba virtualmente imposible que un proceso como ese se realizara en tan solo un año y que nunca consideraron que la cláusula generaría el ruido político que ocasionó 11 años después, tras la publicación de los Pandora Papers.
4) Sebastián Piñera Morel, ingeniero comercial y MBA, hijo del expresidente Piñera. Fue asesor de inversiones en Bancard y parte del comité de directores que decidían sobre los negocios familiares. Hoy es director de empresas del grupo Odisea y quien se espera que pase a encabezar el holding de firmas familiares.
Declaró el 3 de enero de 2023:
Dijo a los fiscales que no intervino en las decisiones de inversión del FIP Mediterráneo y que Noguera tenía autonomía total para emprender ese tipo de acciones, y que por eso no lo conversó con nadie de su familia. Que, si él lo supo, fue de forma tangencial por su rol de analista en otra área del grupo Bancard y porque lo escuchó “en el ambiente de oficina”. Y que no se conversaron detalles del negocio en las reuniones del comité de directores, pues se trataba de una inversión menor, poco relevante.
Reconoció que fue el único de su familia que acompañó a Noguera, junto a otras 12 o 15 personas, “para conocer el lugar físicamente, las maquinarias, las calicatas y el trabajo de exploración. Yo no fui para evaluar la posibilidad de aumentar la inversión en el negocio. Lo vi como un paseo. Tenía 27 años y simplemente me entusiasmé con el viaje, pues era mejor que estar trabajando un día hábil en la oficina”, señaló.
Eso sí, dijo que entonces se conversó de la posibilidad de vender el proyecto a algún inversionista extranjero.
Respecto de si conversó del proyecto con su padre, negó haberlo hecho. Aseguró que apenas lo veía en almuerzos y eventos sociales y que, después de que se desligó de la administración y gestión de sus inversiones, nunca más volvieron a hablar de negocios. Y que, si bien supo de la venta, tampoco lo conversó con los Délano ni con Ducci, y que nunca se enteró de la estructura offshore ni de la cláusula para llevar a cabo la operación sino hasta ahora, que debía preparar sus respuestas para esta declaración. También dijo desconocer cómo se realizaron los pagos ni si los ingresos fueron a parar a algunas de las sociedades familiares.
5) Guillermo Infante, abogado tributario del Estudio Jurídico Phillipi que estuvo a cargo de diseñar la estructura de sociedades offshore para concretar la compraventa.
Declaró el 23 de mayo de 2023:
Explicó que su rol fue el de reorganizar los activos mineros de Minería Activa Uno y aislar el proyecto Dominga “en un vehículo separado para poder levantar capital para las siguientes etapas de desarrollo de este, o sea, salir a buscar capital, inversiones nuevas, para hacerlo escalar”. Fue en ese proceso que se evaluaron diversas opciones, decidiéndose por una jurisdicción que resultara funcional al propósito de levantar capital fuera de Chile y listar la sociedad en la bolsa minera de Toronto, que diera al inversionista tranquilidad o certeza jurídica y, por otro lado, que no agregara un nivel más de tributación. Y así fue como se decidió armar el negocio en Islas Vírgenes Británicas.
“Nos pareció gran jurisdicción probada y además tenía una ventaja cultural, pues es el tema del common law (…), lo que resulta muy confiable para los inversionistas”, dijo. Agregó que cuando se enteraron de la oferta de los Délano, no se sorprendieron, pero que sí se preguntaron “con desazón” para qué habían hecho todo aquello, si al final serían partes chilenas las que ejecutarían la compraventa.
Aseguró que reversarlo todo era poco eficiente y que el factor tributario no habría sido un criterio para emprender ese camino.
LA ARISTA TRIBUTARIA Y LO QUE LA FISCALÍA NO INVESTIGÓ
Además de las declaraciones mencionadas, la Fiscalía obtuvo información de diversas fuentes.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) respondió a través de un oficio secreto una solicitud de información, indicando que sí habían tenido conocimientos de las operaciones simultáneas de compraventa tanto en Chile como en las Islas Vírgenes Británicas, y que Minería Activa Uno, como vendedor, declaró los ingresos percibidos en territorio nacional, determinando un impuesto de primera categoría por más de $993 millones. Sin embargo, respecto a la parte del negocio que se ejecutó en territorio offshore, se indica que el resultado tributario de la operación fue una utilidad a favor de Latin Minerals Ltd. que superó los $59.621 millones (unos US$ 127,3 millones), y que esa suma “no se afectó en nuestro país con impuesto alguno, atendido a que la norma vigente a la fecha de esa operación, que establecía el régimen tributario aplicable a las ventas directas —efectuadas en el extranjero— de activos subyacentes chilenos gravaba estas operaciones en el país cuando el comprador era residente o domiciliado en Chile, situación que no aconteció en la referida compraventa”.
En otras palabras, de acuerdo con la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente en aquella época, aunque el activo que se vendió estaba en Chile y las partes de la compraventa eran en realidad personas chilenas con residencia en el país, no se pagaron impuestos por haberlo hecho a través de sociedades constituidas en el extranjero.
El dinero, en todo caso, no se quedó en el archipiélago caribeño, sino que fue remesado a Chile a un fondo de inversión privado que gestionaba Administradora Minera Global —también de Minería Activa Uno—: más de $63.754 millones (unos US$ 138 millones), donde se incluía la utilidad señalada poco más arriba. Eso tampoco tributó en el país, ya que en aquel entonces los FIP aún eran considerados por la normativa chilena como patrimonios de afectación y sin personalidad jurídica, por lo tanto, exentos de impuestos. Sí estarían sujetos a gravamen en caso de que los fondos fuesen retirados por los beneficiarios finales como dividendos, pero el documento del SII nada dice sobre si eso habría o no sucedido.
El SII también indicó que las operaciones no fueron objeto de fiscalización y que, si bien se estudiaban los antecedentes para evaluar la pertinencia de iniciar una acción legal por delitos tributarios, eso no ocurrió.
Por otro lado, a la fiscalía le quedaba pendiente despejar lo más importante de esta investigación y que fue lo que generó controversia cuando los Pandora Papers dieron a conocer los detalles de la transacción: si el primer gobierno de Piñera hizo o dejó de hacer cosas que favorecieran el cumplimiento de la cláusula de la tercera cuota de pago, por la venta de Dominga, que beneficiaba a la familia Piñera Morel y que expuso a la Presidencia de la República a un eventual conflicto de intereses. CIPER revisó documentos de la investigación desarrollada hasta ahora por el Ministerio Público y constató que se ha hecho muy poco para profundizar esa línea.
Lo más claro al respecto fue el oficio que envió el Ministerio del Medioambiente con el detalle de los proyectos evaluados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para declarar la protección de zonas marinas y terrestres en el sector donde pretendían instalar la mina y el puerto. Aunque la ONG Oceana lo había solicitado en marzo de 2011, el oficio elaborado por la ex ministra Carolina Schmidt señala que recién en las postrimerías del segundo gobierno de Bachelet, el 5 de marzo de 2018, se discutió la primera propuesta para proteger 136 mil hectáreas de zona marina costera en La Higuera, el cual terminó siendo aprobado recién en agosto de 2023.
Eso sí, la medida no tendría efectos sobre la cláusula que investigaba la fiscal Claudia Perivancich, por un motivo muy simple: habían pasado casi 12 años desde que venció el plazo estipulado en los contratos. Lo realmente relevante para la investigación es que el Ministerio Público pueda establecer por qué no se gestionó de inmediato la solicitud de Oceana en 2011, cuando todavía podía afectar el cumplimiento de la cláusula de la tercera cuota de pago de Dominga. Y en la indagatoria realizada por la fiscalía no hay claridad al respecto.
Los fiscales le preguntaron a la directora ejecutiva de Oceana, Lisbeth Van der Meer, pero ella respondió que no era parte de la ONG en aquella época y que sobre aquello se le debía consultar a su antecesor, Alex Muñoz. Este último prestó declaración el 10 de noviembre de 2021, pero ese testimonio no estaba entre los documentos del caso que pudo revisar CIPER.
Tampoco se les consultó a los funcionarios públicos que en esos años debían tramitar la solicitud de Oceana que ingresó a la Comisión Regional del Medioambiente de Coquimbo. Los esfuerzos de la fiscalía, en cambio, apuntaron a tratar de identificar posibles presiones políticas en la aprobación del proyecto Dominga en 2021 por parte de la Comisión de Evaluación regional de Coquimbo (COEVA), actos sin relación con los sucesos de 2010-2011 que debían ser el centro de la indagatoria.
Con la información recabada en dos años de investigación, la fiscal Perivancich no logró configurar las figuras penales que denunciaron los querellantes. Por eso, a comienzos de enero informó al tribunal el cierre de la investigación y solicitó una audiencia de sobreseimiento, la que quedó agendada para el próximo martes 12 de marzo.
Se espera que en esa instancia la defensa del expresidente busque que se le exima de responsabilidad no por su muerte, sino porque no se ha podido demostrar su culpabilidad. Para que se corrobore lo anterior, los denunciantes podrían solicitar nuevas diligencias que esta vez sí orienten a los fiscales a establecer si hubo eventuales acciones u omisiones del gobierno de Piñera, en 2011, para no poner en marcha la solicitud de Área Marina Protegida, lo que pudo haber detenido el pago de US$10 millones que beneficiaron, entre otros inversionistas, a los Piñera Morel.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) respondió a través de un oficio secreto una solicitud de información, indicando que sí habían tenido conocimientos de las operaciones simultáneas de compraventa tanto en Chile como en las Islas Vírgenes Británicas, y que Minería Activa Uno, como vendedor, declaró los ingresos percibidos en territorio nacional, determinando un impuesto de primera categoría por más de $993 millones. Sin embargo, respecto a la parte del negocio que se ejecutó en territorio offshore, se indica que el resultado tributario de la operación fue una utilidad a favor de Latin Minerals Ltd. que superó los $59.621 millones (unos US$ 127,3 millones), y que esa suma “no se afectó en nuestro país con impuesto alguno, atendido a que la norma vigente a la fecha de esa operación, que establecía el régimen tributario aplicable a las ventas directas —efectuadas en el extranjero— de activos subyacentes chilenos gravaba estas operaciones en el país cuando el comprador era residente o domiciliado en Chile, situación que no aconteció en la referida compraventa”.
En otras palabras, de acuerdo con la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente en aquella época, aunque el activo que se vendió estaba en Chile y las partes de la compraventa eran en realidad personas chilenas con residencia en el país, no se pagaron impuestos por haberlo hecho a través de sociedades constituidas en el extranjero.
El dinero, en todo caso, no se quedó en el archipiélago caribeño, sino que fue remesado a Chile a un fondo de inversión privado que gestionaba Administradora Minera Global —también de Minería Activa Uno—: más de $63.754 millones (unos US$ 138 millones), donde se incluía la utilidad señalada poco más arriba. Eso tampoco tributó en el país, ya que en aquel entonces los FIP aún eran considerados por la normativa chilena como patrimonios de afectación y sin personalidad jurídica, por lo tanto, exentos de impuestos. Sí estarían sujetos a gravamen en caso de que los fondos fuesen retirados por los beneficiarios finales como dividendos, pero el documento del SII nada dice sobre si eso habría o no sucedido.
El SII también indicó que las operaciones no fueron objeto de fiscalización y que, si bien se estudiaban los antecedentes para evaluar la pertinencia de iniciar una acción legal por delitos tributarios, eso no ocurrió.
Por otro lado, a la fiscalía le quedaba pendiente despejar lo más importante de esta investigación y que fue lo que generó controversia cuando los Pandora Papers dieron a conocer los detalles de la transacción: si el primer gobierno de Piñera hizo o dejó de hacer cosas que favorecieran el cumplimiento de la cláusula de la tercera cuota de pago, por la venta de Dominga, que beneficiaba a la familia Piñera Morel y que expuso a la Presidencia de la República a un eventual conflicto de intereses. CIPER revisó documentos de la investigación desarrollada hasta ahora por el Ministerio Público y constató que se ha hecho muy poco para profundizar esa línea.
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Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso (Fuente: Fiscalía de Valparaíso) |
Lo más claro al respecto fue el oficio que envió el Ministerio del Medioambiente con el detalle de los proyectos evaluados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para declarar la protección de zonas marinas y terrestres en el sector donde pretendían instalar la mina y el puerto. Aunque la ONG Oceana lo había solicitado en marzo de 2011, el oficio elaborado por la ex ministra Carolina Schmidt señala que recién en las postrimerías del segundo gobierno de Bachelet, el 5 de marzo de 2018, se discutió la primera propuesta para proteger 136 mil hectáreas de zona marina costera en La Higuera, el cual terminó siendo aprobado recién en agosto de 2023.
Eso sí, la medida no tendría efectos sobre la cláusula que investigaba la fiscal Claudia Perivancich, por un motivo muy simple: habían pasado casi 12 años desde que venció el plazo estipulado en los contratos. Lo realmente relevante para la investigación es que el Ministerio Público pueda establecer por qué no se gestionó de inmediato la solicitud de Oceana en 2011, cuando todavía podía afectar el cumplimiento de la cláusula de la tercera cuota de pago de Dominga. Y en la indagatoria realizada por la fiscalía no hay claridad al respecto.
Los fiscales le preguntaron a la directora ejecutiva de Oceana, Lisbeth Van der Meer, pero ella respondió que no era parte de la ONG en aquella época y que sobre aquello se le debía consultar a su antecesor, Alex Muñoz. Este último prestó declaración el 10 de noviembre de 2021, pero ese testimonio no estaba entre los documentos del caso que pudo revisar CIPER.
Tampoco se les consultó a los funcionarios públicos que en esos años debían tramitar la solicitud de Oceana que ingresó a la Comisión Regional del Medioambiente de Coquimbo. Los esfuerzos de la fiscalía, en cambio, apuntaron a tratar de identificar posibles presiones políticas en la aprobación del proyecto Dominga en 2021 por parte de la Comisión de Evaluación regional de Coquimbo (COEVA), actos sin relación con los sucesos de 2010-2011 que debían ser el centro de la indagatoria.
Con la información recabada en dos años de investigación, la fiscal Perivancich no logró configurar las figuras penales que denunciaron los querellantes. Por eso, a comienzos de enero informó al tribunal el cierre de la investigación y solicitó una audiencia de sobreseimiento, la que quedó agendada para el próximo martes 12 de marzo.
Se espera que en esa instancia la defensa del expresidente busque que se le exima de responsabilidad no por su muerte, sino porque no se ha podido demostrar su culpabilidad. Para que se corrobore lo anterior, los denunciantes podrían solicitar nuevas diligencias que esta vez sí orienten a los fiscales a establecer si hubo eventuales acciones u omisiones del gobierno de Piñera, en 2011, para no poner en marcha la solicitud de Área Marina Protegida, lo que pudo haber detenido el pago de US$10 millones que beneficiaron, entre otros inversionistas, a los Piñera Morel.
(*) Inicialmente, este reportaje indicaba que al director ejecutivo de Oceana en 2011, Alex Muñoz, no se le tomó declaración. Sin embargo, Muñoz tomó contacto con CIPER para confirmar que sí declaró ante el fiscal Claudio Rebecco el 10 de noviembre de 2021. CIPER no lo consignó de esa manera en la versión original de este reportaje porque no encontró esa declaración dentro de los documentos del caso que tuvo a la vista.
Publicado originalmente en CIPER (16/02/2024)
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