Hugo Dolmestch estuvo 14 años en la Corte Suprema. Entró como ministro en 2006, nominado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet y ratificado por el Senado, y salió en noviembre de 2019, a dos días de cumplir los 75 años, la edad máxima para ejercer el cargo. Dejó así una vacante en el máximo tribunal del país que, ocho meses después, el gobierno intentó llenar con un candidato, el actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera.
Todo había seguido el curso que establece la Carta Fundamental: la misma Corte había elaborado una quina con distintos candidatos, la había presentado al Presidente de la República y éste había seleccionado a Mera para presentarlo ante el Senado para su ratificación. El 8 de julio, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aceptó la postulación en una votación dividida -4 a favor, dos en contra-, para luego ser aprobado o rechazado por el resto de los senadores en sala.
Requería 2⁄3 de los votos, o sea, al menos 29. Algo que ya desde un comienzo se veía difícil, pues los partidos de oposición estaban reacios a darle a Mera su apoyo debido, principalmente, al rol que tuvo en el llamado “Caso Los Queñes”. Fue en 2010, cuando siendo ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Rancagua, absolvió a cuatro excarabineros acusados de torturar y asesinar en 1988 a los exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, cuyos cadáveres aparecieron en el río Tinguiririca con evidentes signos de tortura. También lo cuestionaban por haber rechazado recursos de protección presentados por la comunidad de Puchuncaví y Quintero cuando en 2018 se vieron expuestos a una grave crisis medioambiental.
La votación en el Senado se llevó a cabo el jueves 6 de agosto. La oposición lo rechazó en bloque, aunque si todos los senadores de derecha le daban su apoyo, el juez Raúl Mera llegaría a la Suprema. Pero no ocurrió: le faltó sólo un voto para ser ratificado. 28 de los 29 que necesitaba, pues el senador Manuel José Ossandón (RN) no asistió a votar, según él, porque “las secuelas del coronavirus me pasaron la cuenta y no pude concurrir a la votación”.
Todo había seguido el curso que establece la Carta Fundamental: la misma Corte había elaborado una quina con distintos candidatos, la había presentado al Presidente de la República y éste había seleccionado a Mera para presentarlo ante el Senado para su ratificación. El 8 de julio, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aceptó la postulación en una votación dividida -4 a favor, dos en contra-, para luego ser aprobado o rechazado por el resto de los senadores en sala.
Requería 2⁄3 de los votos, o sea, al menos 29. Algo que ya desde un comienzo se veía difícil, pues los partidos de oposición estaban reacios a darle a Mera su apoyo debido, principalmente, al rol que tuvo en el llamado “Caso Los Queñes”. Fue en 2010, cuando siendo ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Rancagua, absolvió a cuatro excarabineros acusados de torturar y asesinar en 1988 a los exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, cuyos cadáveres aparecieron en el río Tinguiririca con evidentes signos de tortura. También lo cuestionaban por haber rechazado recursos de protección presentados por la comunidad de Puchuncaví y Quintero cuando en 2018 se vieron expuestos a una grave crisis medioambiental.
La votación en el Senado se llevó a cabo el jueves 6 de agosto. La oposición lo rechazó en bloque, aunque si todos los senadores de derecha le daban su apoyo, el juez Raúl Mera llegaría a la Suprema. Pero no ocurrió: le faltó sólo un voto para ser ratificado. 28 de los 29 que necesitaba, pues el senador Manuel José Ossandón (RN) no asistió a votar, según él, porque “las secuelas del coronavirus me pasaron la cuenta y no pude concurrir a la votación”.
Mera quedaba así fuera de la Corte, convirtiéndolo en un nuevo revés político para el gobierno de Sebastián Piñera y, de paso, reabriendo el debate respecto a la pertinencia de los mecanismos constitucionales para seleccionar a los más altos cargos del Poder Judicial.
“Se ha privado al máximo tribunal de la República de un juez de excepción, principalmente por haber pronunciado un fallo que no fue del agrado de quienes votaron en contra de su nominación (…) Ello no constituye en ningún caso una garantía para la independencia que debe tener todo juez”, declaró el actual presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
Uno de sus antecesores, el exministro Milton Juica, fue más allá, y en conversación con Pauta, calificó como “nefasto” el sistema de designación.
“Han sido varios los ministros que han sido rechazados por el Senado, y no hay en ninguna parte un reproche respecto de la calidad jurídica, la idoneidad y moralidad. Simplemente, se refiere a cómo ha resuelto problemas de contingencia política. Y eso hace, en mi opinión, que el sistema no funcione. Por lo tanto, pierde mucha legitimidad y aterroriza a los jueces. Además, el magistrado tiene que ir a dar cuenta ante los parlamentarios y ellos no tienen mucha idoneidad ni calidad ni la moral como para censurar a los jueces”, dijo.
No es la primera vez que se critica el mecanismo de selección que establece la Constitución. Ya en 2019, el caso del fallido nombramiento de Dobra Lusic a la Corte Suprema, generó movimientos para modificar las reglas del juego, eliminar las razones políticas en sus designaciones, el lobby involucrado y promover mayor transparencia en el proceso. Todo eso se tradujo en una propuesta desde el mismo Poder Judicial, una mesa de trabajo con el Ejecutivo y un proyecto de reforma constitucional que desde hace más de un año duerme en el Congreso.
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| Raúl Mera, ministro de la Corte Apelaciones de Valparaíso |
El mismo día que la postulación de Mera fue aceptada en el Senado, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, dio una entrevista a Radio Bío Bío donde lanzó duras críticas al mecanismo de selección.
“Es un nuevo ejemplo de la crisis que estamos viviendo en el sistema de nombramientos. Esto nos debe llamar a la reflexión para pensar que es indispensable revisarlo y, sobre todo, cambiarlo”, señaló.
No siempre ha sido así. Hasta 1997, la Constitución establecía que los ministros de la Suprema serían elegidos directamente por el Presidente a partir de la propuesta presentada por los otros magistrados en ejercicio. Pero el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle introdujo una reforma que involucró al Senado en la toma de la decisión.
“En atención a que los integrantes del Poder Judicial no sean elegidos directamente por sufragio universal, amerita que, específicamente en lo que refiere a los ministros de su máximo tribunal y al Fiscal Nacional, participen en su nombramiento los restantes poderes del Estado. Para estos efectos, se considera que deben participar en el nombramiento de ministros y fiscales de la Corte Suprema tanto este tribunal como el Presidente de la República y el Senado”, decía el mensaje que dio origen a esa reforma.
Desde entonces que opera un sistema que, cada vez que entra en marcha, se convierte en una pelea política y que ha dejado fuera de carrera ya a varios postulantes. El último fue Mera y, el año pasado, la jueza Dobra Lusic.
Su candidatura para reemplazar a Milton Juica tuvo que ser retirada por el Ejecutivo en mayo de 2019, luego de que su postulación se viera manchada por diversas polémicas, entre ellas, el rol de operadores judiciales para hacer lobby de forma irregular a su favor y haber realizado supuestas gestiones para favorecer a una persona con una notaría.
A partir de ese caso, los senadores Carlos Bianchi (Ind) y Francisco Huenchumilla (DC) ingresaron en junio del año pasado un proyecto para reformar la Constitución y modificar el proceso de selección.
“El actual sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema se encuentra, tras varios años de funcionamiento, sujeto a una serie de cuestionamientos en torno a su viabilidad, eficacia y transparencia. Si bien el objetivo original de tal sistema era asegurar la intervención de los tres Poderes del Estado y la profesionalización en el ejercicio de la judicatura, lo cierto es que es posible apreciar diversos problemas en el mecanismo establecido en nuestro actual artículo 78 de la Constitución Política de la República, que requieren una urgente revisión”, escribieron en la presentación del proyecto.
Criticaban que no existiera “ningún parámetro ni instancia para verificar materialmente la idoneidad e integridad profesional del integrante de la quina designada por el máximo tribunal, entregando dichos criterios a las listas de mérito formadas por el Poder Judicial”. También que la inclusión obligatoria en esa lista del miembro más antiguo de las Cortes de Apelaciones “no se corresponde con los estándares que deberían ser exclusivamente determinantes, como son la idoneidad para el cargo por parte del respectivo ministro”.
Por ello, los senadores propusieron modificar la Carta Fundamental para que todos los postulantes -y no sólo aquellos que son externos al Poder Judicial- se presenten a un concurso abierto y expongan en sesión pública ante el pleno del máximo tribunal. También eliminar el cupo garantizado por antigüedad y, además, hacer obligatoria -y no voluntaria, como es en la actualidad- la comparecencia del candidato propuesto por el Presidente a la sala del Senado, “para los efectos de que todos los integrantes de la Cámara Alta, que son quienes precisamente van a aprobar el nombramiento, tengan igual oportunidad de dirigirle preguntas al candidato, para asegurar un voto adecuadamente informado. De lo contrario, se incentiva un sistema en el cual el Senado opera exclusivamente sobre la base de acuerdos políticos, y sin que la votación se vincule necesariamente con una verificación objetiva y transparente de los requisitos para acceder al cargo”.
Aunque la propuesta fue admitida a trámite, no registra movimientos ni avances en más de un año.
EL ATRASO DE JUSTICIA“Es un nuevo ejemplo de la crisis que estamos viviendo en el sistema de nombramientos. Esto nos debe llamar a la reflexión para pensar que es indispensable revisarlo y, sobre todo, cambiarlo”, señaló.
No siempre ha sido así. Hasta 1997, la Constitución establecía que los ministros de la Suprema serían elegidos directamente por el Presidente a partir de la propuesta presentada por los otros magistrados en ejercicio. Pero el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle introdujo una reforma que involucró al Senado en la toma de la decisión.
“En atención a que los integrantes del Poder Judicial no sean elegidos directamente por sufragio universal, amerita que, específicamente en lo que refiere a los ministros de su máximo tribunal y al Fiscal Nacional, participen en su nombramiento los restantes poderes del Estado. Para estos efectos, se considera que deben participar en el nombramiento de ministros y fiscales de la Corte Suprema tanto este tribunal como el Presidente de la República y el Senado”, decía el mensaje que dio origen a esa reforma.
Desde entonces que opera un sistema que, cada vez que entra en marcha, se convierte en una pelea política y que ha dejado fuera de carrera ya a varios postulantes. El último fue Mera y, el año pasado, la jueza Dobra Lusic.
Su candidatura para reemplazar a Milton Juica tuvo que ser retirada por el Ejecutivo en mayo de 2019, luego de que su postulación se viera manchada por diversas polémicas, entre ellas, el rol de operadores judiciales para hacer lobby de forma irregular a su favor y haber realizado supuestas gestiones para favorecer a una persona con una notaría.
A partir de ese caso, los senadores Carlos Bianchi (Ind) y Francisco Huenchumilla (DC) ingresaron en junio del año pasado un proyecto para reformar la Constitución y modificar el proceso de selección.
“El actual sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema se encuentra, tras varios años de funcionamiento, sujeto a una serie de cuestionamientos en torno a su viabilidad, eficacia y transparencia. Si bien el objetivo original de tal sistema era asegurar la intervención de los tres Poderes del Estado y la profesionalización en el ejercicio de la judicatura, lo cierto es que es posible apreciar diversos problemas en el mecanismo establecido en nuestro actual artículo 78 de la Constitución Política de la República, que requieren una urgente revisión”, escribieron en la presentación del proyecto.
Criticaban que no existiera “ningún parámetro ni instancia para verificar materialmente la idoneidad e integridad profesional del integrante de la quina designada por el máximo tribunal, entregando dichos criterios a las listas de mérito formadas por el Poder Judicial”. También que la inclusión obligatoria en esa lista del miembro más antiguo de las Cortes de Apelaciones “no se corresponde con los estándares que deberían ser exclusivamente determinantes, como son la idoneidad para el cargo por parte del respectivo ministro”.
Por ello, los senadores propusieron modificar la Carta Fundamental para que todos los postulantes -y no sólo aquellos que son externos al Poder Judicial- se presenten a un concurso abierto y expongan en sesión pública ante el pleno del máximo tribunal. También eliminar el cupo garantizado por antigüedad y, además, hacer obligatoria -y no voluntaria, como es en la actualidad- la comparecencia del candidato propuesto por el Presidente a la sala del Senado, “para los efectos de que todos los integrantes de la Cámara Alta, que son quienes precisamente van a aprobar el nombramiento, tengan igual oportunidad de dirigirle preguntas al candidato, para asegurar un voto adecuadamente informado. De lo contrario, se incentiva un sistema en el cual el Senado opera exclusivamente sobre la base de acuerdos políticos, y sin que la votación se vincule necesariamente con una verificación objetiva y transparente de los requisitos para acceder al cargo”.
Aunque la propuesta fue admitida a trámite, no registra movimientos ni avances en más de un año.
En paralelo a la moción de los senadores Bianchi y Huenchumilla, el mismo Poder Judicial comenzó a trabajar en una propuesta para cambiar los mecanismos de selección de jueces. No sólo por el caso de Lusic, sino también por el escándalo por corrupción que se develó al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que implicó la destitución de cuatro ministros.
La propuesta inicial, en todo caso, no implicaba a los magistrados de la Suprema, sino a jueces de otros tribunales de menor jerarquía. Se trataba de un conjunto de medidas internas para transparentar los procesos y estandarizarlos, mediante la aplicación de “currículums ciegos” donde no se conocieran a los participantes, la rendición de pruebas de conocimiento y audiencias públicas.
Al mismo tiempo, el entonces presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, comenzaba a gestionar con el gobierno, específicamente con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, una mesa de trabajo para mejorar el sistema e incorporar modificaciones a la selección de los integrantes de la Corte. Las gestiones aún no han rendido frutos.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron a Contexto Factual que si bien el trabajo comenzó a realizarse, éste debería materializarse en un proyecto de ley que, hasta el momento, el Ejecutivo no ha enviado.
Si bien Soledad Piñeiro, quien además preside la Corte de Apelaciones de Valdivia, ha reconocido el trabajo hecho con Justicia, critica la lentitud para que se concrete en un proyecto de ley. La propuesta de la Asociación de Magistrados en esa instancia apuntaría a la creación de un órgano independiente, con formación plural y por jueces, para tomar las decisiones respecto a los nombramientos.
“Tenemos una gran oportunidad para modificar este sistema de nombramiento ahora que se aproxima el desarrollo del proceso de Nueva Constitución, donde precisamente debería estar considerada la modernización del Poder Judicial, y no hablo de una modernización tecnológica, sino que de un fundamental cambio de estructura”, dijo Piñeiro en julio.
La propuesta inicial, en todo caso, no implicaba a los magistrados de la Suprema, sino a jueces de otros tribunales de menor jerarquía. Se trataba de un conjunto de medidas internas para transparentar los procesos y estandarizarlos, mediante la aplicación de “currículums ciegos” donde no se conocieran a los participantes, la rendición de pruebas de conocimiento y audiencias públicas.
Al mismo tiempo, el entonces presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, comenzaba a gestionar con el gobierno, específicamente con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, una mesa de trabajo para mejorar el sistema e incorporar modificaciones a la selección de los integrantes de la Corte. Las gestiones aún no han rendido frutos.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron a Contexto Factual que si bien el trabajo comenzó a realizarse, éste debería materializarse en un proyecto de ley que, hasta el momento, el Ejecutivo no ha enviado.
Si bien Soledad Piñeiro, quien además preside la Corte de Apelaciones de Valdivia, ha reconocido el trabajo hecho con Justicia, critica la lentitud para que se concrete en un proyecto de ley. La propuesta de la Asociación de Magistrados en esa instancia apuntaría a la creación de un órgano independiente, con formación plural y por jueces, para tomar las decisiones respecto a los nombramientos.
“Tenemos una gran oportunidad para modificar este sistema de nombramiento ahora que se aproxima el desarrollo del proceso de Nueva Constitución, donde precisamente debería estar considerada la modernización del Poder Judicial, y no hablo de una modernización tecnológica, sino que de un fundamental cambio de estructura”, dijo Piñeiro en julio.
Publicado originalmente en Contexto Factual (26/8/2020)
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