En el registro del Senado, el proyecto aparece catalogado como “sin urgencia”. Pero lo cierto es que el tiempo se acaba y pronto se debe resolver. No en un mes, ni siquiera en una semana. Son apenas uno, dos, tres, cuatro días, incluyendo un fin de semana de por medio. Eso es todo lo que queda para el martes 25 de agosto, la fecha límite para zanjar la reforma constitucional que busca regular el financiamiento de las campañas para el plebiscito del 25 de octubre.
Si no se sanciona para entonces, al día siguiente, el miércoles 26 de agosto, jornada en que parte el período legal para hacer campaña, los comandos y partidos comenzarán su propaganda en un limbo, donde no habrá límites de ingresos y gastos y, para las otras organizaciones y actores, no habrá registro del origen ni el destino de las platas involucradas.
Ya en enero lo decía el presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría: “No tenemos facultades para fiscalizar el financiamiento, el origen de la propaganda y los montos”. El término que usaba para definir la situación era “vacío legal”.
En la reforma a la Constitución que dio paso al proceso constituyente, no se incluyó ninguna regulación para el financiamiento de las campañas. Santamaría explicaba entonces que las normas vigentes para las otras elecciones, no aplicaban en este caso porque lo que se sometería a consulta ciudadana no eran candidaturas, sino que opciones. Primero, Apruebo o Rechazo; luego, Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.
Frente al vacío, y cuando el plebiscito todavía se contemplaba para el 26 de abril, el Servel envió a las colectividades un instructivo para aplicar la normativa de financiamiento vigente, no para las elecciones, sino que para los partidos políticos. En ese marco legal, se establece que sólo pueden recibir donaciones de personas naturales y de origen nacional, cada una por un monto de hasta 500 UF anuales (unos $14,3 millones). Pero con ello se regulaba sólo la forma de rendición desde los partidos, sin límite de ingresos ni de gastos. Y las campañas ciudadanas o de organizaciones quedaban fuera de cualquier fiscalización.
Sin una regulación clara y sin siquiera una iniciativa legal discutiéndose en el Congreso -aunque el gobierno se había comprometido a hacerlo-, en febrero partieron las campañas, pero todo se suspendió cuando la crisis sanitaria por Covid-19 obligó a cambiar el cronograma completo. Con los nuevos plazos, habría tiempo para solucionarlo, pero ahora ese tiempo se acaba.
Recién el 4 de agosto, a tres semanas de que venciera el plazo para tener todo resuelto, ingresó al Senado un proyecto, iniciativa de los senadores socialistas Álvaro Elizalde y Alfonso De Urresti. Es una reforma constitucional de un solo artículo que fue admitida a trámite y pasó a la Comisión de Constitución, donde se revisó 15 días después, en una sola jornada. Entonces pasó a la sala, donde los demás senadores debían votarla ayer por la tarde, cosa que finalmente no ocurrió.
Si no se sanciona para entonces, al día siguiente, el miércoles 26 de agosto, jornada en que parte el período legal para hacer campaña, los comandos y partidos comenzarán su propaganda en un limbo, donde no habrá límites de ingresos y gastos y, para las otras organizaciones y actores, no habrá registro del origen ni el destino de las platas involucradas.
Ya en enero lo decía el presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría: “No tenemos facultades para fiscalizar el financiamiento, el origen de la propaganda y los montos”. El término que usaba para definir la situación era “vacío legal”.
En la reforma a la Constitución que dio paso al proceso constituyente, no se incluyó ninguna regulación para el financiamiento de las campañas. Santamaría explicaba entonces que las normas vigentes para las otras elecciones, no aplicaban en este caso porque lo que se sometería a consulta ciudadana no eran candidaturas, sino que opciones. Primero, Apruebo o Rechazo; luego, Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.
Frente al vacío, y cuando el plebiscito todavía se contemplaba para el 26 de abril, el Servel envió a las colectividades un instructivo para aplicar la normativa de financiamiento vigente, no para las elecciones, sino que para los partidos políticos. En ese marco legal, se establece que sólo pueden recibir donaciones de personas naturales y de origen nacional, cada una por un monto de hasta 500 UF anuales (unos $14,3 millones). Pero con ello se regulaba sólo la forma de rendición desde los partidos, sin límite de ingresos ni de gastos. Y las campañas ciudadanas o de organizaciones quedaban fuera de cualquier fiscalización.
Sin una regulación clara y sin siquiera una iniciativa legal discutiéndose en el Congreso -aunque el gobierno se había comprometido a hacerlo-, en febrero partieron las campañas, pero todo se suspendió cuando la crisis sanitaria por Covid-19 obligó a cambiar el cronograma completo. Con los nuevos plazos, habría tiempo para solucionarlo, pero ahora ese tiempo se acaba.
Recién el 4 de agosto, a tres semanas de que venciera el plazo para tener todo resuelto, ingresó al Senado un proyecto, iniciativa de los senadores socialistas Álvaro Elizalde y Alfonso De Urresti. Es una reforma constitucional de un solo artículo que fue admitida a trámite y pasó a la Comisión de Constitución, donde se revisó 15 días después, en una sola jornada. Entonces pasó a la sala, donde los demás senadores debían votarla ayer por la tarde, cosa que finalmente no ocurrió.
“El Plebiscito Nacional de octubre de 2020, para definir la realización o no, de un nuevo proceso constituyente, se encuentra a poco menos de tres meses de ser realizado. Este evento democrático, será el más grande e importante de las últimas décadas en nuestro país, y se espera que la participación ciudadana sea inédita con altas tasas de participación electoral. En este sentido, contar con reglas claras en todos los aspectos, incluidas las reglas de propaganda electoral, es fundamental para asegurar el éxito de este proceso electoral ciudadano”, dice la moción que ingresaron Elizalde y De Urresti para dar origen a la discusión formal en el Congreso.
Su iniciativa planteaba reformar la Constitución para incluir nuevas reglas. Entre ellas, que al inicio y al término de las propagandas radiales se identifique a quienes las hayan contratado, ya sean personas naturales, partidos políticos u organizaciones civiles. ¿Podrían participar otras personas jurídicas? No, eso estaría prohibido. Lo mismo correría para publicaciones en medios de prensa escrita.
Se propuso también que las radioemisoras deberían reportar directamente al Servel el listado de personas que hayan emitido mensajes de campaña, adjuntando los correspondientes contratos y facturas. Dicha información luego sería publicada por el Servel y actualizada a diario. De no cumplirlo, los directores de los medios de comunicación se arriesgarían a multas de entre 100 y 1.000 UTM, al igual que las empresas propietarias o concesionarias.
También se exigiría que vaya explícita la identificación de quien encargó y financió la confección de carteles, afiches, letreros u otros elementos similares de propaganda, también con una multa para quienes lo infrinjan.
Todo eso iba incorporado en el proyecto que la Comisión de Constitución del Senado revisó en sus sesiones del 19 de agosto. Ahí participaron también el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg; el subsecretario de la cartera, Juan José Ossa; y su asesor legislativo Gonzalo Arenas. También estuvo un asesor de la Subsecretaría del Interior, el presidente del Servel junto a otros funcionarios del servicio, el académico de las facultades de derecho de las universidades Andrés Bello y Central, Gabriel Osorio, el investigador y especialista en materia electoral, David Huina, y un grupo de asesores parlamentarios.
Fue entonces que se modificó por completo el proyecto, a propuesta de los mismos Elizalde y De Urresti, junto a los senadores Pedro Araya (IND) y Francisco Huenchumilla (DC).
Se incorporó un límite a los aportes para la campaña plebiscitaria: para los partidos políticos, un máximo de 300 UF si los donantes son no afiliados, y 500 UF si son militantes; mientras que para organizaciones de la sociedad civil -inscritas ante el Servel- y parlamentarios independientes, las personas sólo podrán aportar individualmente hasta 200 UF. Todos lo aportes serían públicos y reportados al Servel consignando el nombre y RUT del aportante. Esos datos serían publicados en su sitio web y actualizados a diario, y solo los donantes de menos de 40 UF podrán mantener su identidad bajo reserva.
También se limita el gasto: cada partido podrá usar hasta 0,005 UF por elector registrado al momento de convocarse el plebiscito, mientras que para las organizaciones civiles y parlamentarios independientes, el monto es de 0,0003 UF. Si se considera que el padrón provisorio dado a conocer en junio por el Servel incluye a 14.791.476 personas habilitadas para votar, el monto máximo para gastar para los partidos sería de unas 73.957 UF (poco más de $2.120 millones) y para las organizaciones e independientes, 4.437 UF (unos $127 millones).
Se prohíben explícitamente los aportes desde el extranjero -salvo de chilenos habilitados para votar- y de personas jurídicas. Se mantiene la obligación de radios y medios escritos de reportar al Servel, pero las multas por infracciones se redujeron a entre 10 y 80 UTM. Se incluyeron también las plataformas digitales como medio de propaganda, cuyos representantes también deberán reportar periódicamente la información respecto a los espacios contratados para campaña.
Su iniciativa planteaba reformar la Constitución para incluir nuevas reglas. Entre ellas, que al inicio y al término de las propagandas radiales se identifique a quienes las hayan contratado, ya sean personas naturales, partidos políticos u organizaciones civiles. ¿Podrían participar otras personas jurídicas? No, eso estaría prohibido. Lo mismo correría para publicaciones en medios de prensa escrita.
Se propuso también que las radioemisoras deberían reportar directamente al Servel el listado de personas que hayan emitido mensajes de campaña, adjuntando los correspondientes contratos y facturas. Dicha información luego sería publicada por el Servel y actualizada a diario. De no cumplirlo, los directores de los medios de comunicación se arriesgarían a multas de entre 100 y 1.000 UTM, al igual que las empresas propietarias o concesionarias.
También se exigiría que vaya explícita la identificación de quien encargó y financió la confección de carteles, afiches, letreros u otros elementos similares de propaganda, también con una multa para quienes lo infrinjan.
Todo eso iba incorporado en el proyecto que la Comisión de Constitución del Senado revisó en sus sesiones del 19 de agosto. Ahí participaron también el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg; el subsecretario de la cartera, Juan José Ossa; y su asesor legislativo Gonzalo Arenas. También estuvo un asesor de la Subsecretaría del Interior, el presidente del Servel junto a otros funcionarios del servicio, el académico de las facultades de derecho de las universidades Andrés Bello y Central, Gabriel Osorio, el investigador y especialista en materia electoral, David Huina, y un grupo de asesores parlamentarios.
Fue entonces que se modificó por completo el proyecto, a propuesta de los mismos Elizalde y De Urresti, junto a los senadores Pedro Araya (IND) y Francisco Huenchumilla (DC).
Se incorporó un límite a los aportes para la campaña plebiscitaria: para los partidos políticos, un máximo de 300 UF si los donantes son no afiliados, y 500 UF si son militantes; mientras que para organizaciones de la sociedad civil -inscritas ante el Servel- y parlamentarios independientes, las personas sólo podrán aportar individualmente hasta 200 UF. Todos lo aportes serían públicos y reportados al Servel consignando el nombre y RUT del aportante. Esos datos serían publicados en su sitio web y actualizados a diario, y solo los donantes de menos de 40 UF podrán mantener su identidad bajo reserva.
También se limita el gasto: cada partido podrá usar hasta 0,005 UF por elector registrado al momento de convocarse el plebiscito, mientras que para las organizaciones civiles y parlamentarios independientes, el monto es de 0,0003 UF. Si se considera que el padrón provisorio dado a conocer en junio por el Servel incluye a 14.791.476 personas habilitadas para votar, el monto máximo para gastar para los partidos sería de unas 73.957 UF (poco más de $2.120 millones) y para las organizaciones e independientes, 4.437 UF (unos $127 millones).
Se prohíben explícitamente los aportes desde el extranjero -salvo de chilenos habilitados para votar- y de personas jurídicas. Se mantiene la obligación de radios y medios escritos de reportar al Servel, pero las multas por infracciones se redujeron a entre 10 y 80 UTM. Se incluyeron también las plataformas digitales como medio de propaganda, cuyos representantes también deberán reportar periódicamente la información respecto a los espacios contratados para campaña.
Todo eso fue aprobado por la Comisión de Constitución del Senado, y despachado para discutirse y votarse en sala. La tabla de ayer jueves 20 de agosto indicaba que se vería por la tarde, pero al final todo se suspendió a petición del comité de senadores de Renovación Nacional (RN).
“Tras solicitarse una segunda discusión del proyecto de reforma constitucional que regula el financiamiento y la propaganda de las campañas para el plebiscito, la presidenta del Senado, @_adrianamunoz , cita a nueva sesión de Sala para este viernes 21 a las 16:00 hrs.”, publicó ayer por la tarde la cuenta de Twitter del Senado.
El desacuerdo por parte de los parlamentarios de RN tiene relación con dos puntos: el límite a los aportes de personas naturales y el límite de gasto para partidos políticos y organizaciones e independientes.
“Así como permitimos que las personas den plata para un partido político y a una organización social, debemos permitir que esa misma persona pueda gastar esa misma cantidad de plata por sí misma. Esa es toda la diferencia que tenemos hoy con la oposición: queremos que las personas no estén obligadas a dar su plata a partidos u organizaciones sociales, sino que, registrándose y dando publicidad del gasto, puedan hacer difusión de sus ideas personalmente”, dijo el senador Rodrigo Galilea, jefe del comité de RN.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), señaló que “el límite de gasto electoral debiera ser uniforme tanto para la opción del Rechazo como la del Apruebo, y eso implica que podamos llegar a un acuerdo durante el transcurso de la mañana [de hoy viernes] para que en la tarde podamos votar este límite de gasto y que permita que no sean los recursos de la campaña, sino que la fuerza y convicción de las ideas, lo que sea determinante para el plebiscito del 25 de octubre”.
Según consignó La Tercera, uno de los autores del proyecto, el senador Álvaro Elizalde (PS), dijo: “La opción Apruebo tiene mayoría contundente en la ciudadanía, pero en el PIB es minoría. Las grandes fortunas no están por el Apruebo. Entiendo el punto y creo que debemos trabajar una indicación que establezca un máximo por opción y que tendrá que repartirse entre partidos y organizaciones”.
“Tras solicitarse una segunda discusión del proyecto de reforma constitucional que regula el financiamiento y la propaganda de las campañas para el plebiscito, la presidenta del Senado, @_adrianamunoz , cita a nueva sesión de Sala para este viernes 21 a las 16:00 hrs.”, publicó ayer por la tarde la cuenta de Twitter del Senado.
El desacuerdo por parte de los parlamentarios de RN tiene relación con dos puntos: el límite a los aportes de personas naturales y el límite de gasto para partidos políticos y organizaciones e independientes.
“Así como permitimos que las personas den plata para un partido político y a una organización social, debemos permitir que esa misma persona pueda gastar esa misma cantidad de plata por sí misma. Esa es toda la diferencia que tenemos hoy con la oposición: queremos que las personas no estén obligadas a dar su plata a partidos u organizaciones sociales, sino que, registrándose y dando publicidad del gasto, puedan hacer difusión de sus ideas personalmente”, dijo el senador Rodrigo Galilea, jefe del comité de RN.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), señaló que “el límite de gasto electoral debiera ser uniforme tanto para la opción del Rechazo como la del Apruebo, y eso implica que podamos llegar a un acuerdo durante el transcurso de la mañana [de hoy viernes] para que en la tarde podamos votar este límite de gasto y que permita que no sean los recursos de la campaña, sino que la fuerza y convicción de las ideas, lo que sea determinante para el plebiscito del 25 de octubre”.
Según consignó La Tercera, uno de los autores del proyecto, el senador Álvaro Elizalde (PS), dijo: “La opción Apruebo tiene mayoría contundente en la ciudadanía, pero en el PIB es minoría. Las grandes fortunas no están por el Apruebo. Entiendo el punto y creo que debemos trabajar una indicación que establezca un máximo por opción y que tendrá que repartirse entre partidos y organizaciones”.
Publicado originalmente en Contexto Factual (21/8/2020)
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