TODAS LAS ARMAS QUE EL ESTADO PERDIÓ: CÓMO LAS FF.AA., LAS POLICÍAS Y GENDARMERÍA EXTRAVÍAN SU ARMAMENTO
(*Ver nota al final del reportaje)
Fue en abril, en un allanamiento a cuatro domicilios en el valle de Azapa y la Villa Frontera, en Arica. Carabineros incautó un vehículo, drogas, artículos robados en distintas casas comerciales y armas. Muchas armas. Cinco revólveres, dos pistolas y una escopeta, además de cargadores y municiones de distinto calibre. No se supo de dónde provino todo el lote, pues la mayoría tenía sus números de serie borrados, pero fue fácil identificar el origen de las que aún no adulteraban: eran armas del Estado.
Un arma fiscal es aquella adquirida y mantenida por una entidad estatal para que sus efectivos, personas especialmente entrenadas para portar y usar armamento, las usen exclusivamente en el cumplimiento de su función de seguridad pública y defensa nacional. Son las que llevan en sus cintos policías y carabineros; las que cargan militares, marinos y aviadores; y las que usan los gendarmes. Pero estas estaban en manos de una banda criminal.
No venían de muy lejos. Un revólver tenía la sigla de la Policía Nacional de Perú y las pistolas eran dos Jericho de 9 mm que la Policía de Investigaciones (PDI) había reportado poco antes como robadas desde su unidad en esa misma ciudad. Pero la escopeta, una Remington calibre 12 propiedad de Gendarmería, no era de por ahí. Para el fiscal Francisco Ganga, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Arica, que fuera de una entidad fiscal y que además viniera de tan lejos, fue lo más llamativo.
Hacía un mes que la habían robado junto a dos revólveres desde el Centro de Reinserción Social Santiago Norte, en Recoleta, mientras el gendarme que las custodiaba hacía, sin permiso, un trámite fuera del recinto durante su hora de colación. Hubo sumario y sanciones, pero aún no se sabe cómo llegó esa escopeta hasta allá.
“Estamos tratando de identificar la ruta que siguió, pero el principal imputado, quien creemos que se dedicaba al acopio de armamento para arrendarlo a otros delincuentes de la región, no ha colaborado, aunque hay escuchas donde se refiere al tráfico de armas. La investigación sigue abierta”, señala el fiscal.
Así terminan muchas de las armas que desaparecen de los arsenales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea (FACH), Carabineros, la PDI y Gendarmería. Según datos obtenidos por La Desdémona vía Ley de Transparencia, desde 2010 y hasta abril de este año, suman entre todas 662 armas fiscales que en algún momento se esfumaron de sus registros. Robadas en medio de operativos, sustraídas desde viviendas particulares o recintos fiscales, o perdidas por simples descuidos y negligencias. Más del 40% corresponde a la PDI y un cuarto a Carabineros. Son diversos tipos de pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y subametralladoras, además de unas pocas armas blancas, que fueron hurtadas o extraviadas en distintas partes del país, y menos de la mitad ha sido recuperada (ver infografía).
Aunque desde el Ministerio Público señalan que no hay registros oficiales de armas de origen fiscal incautadas en diligencias asociadas a delitos, varias han aparecido en manos de delincuentes y narcotraficantes, la mayoría de las veces por casualidad. Y en más de una oportunidad, con la ayuda de funcionarios de las propias instituciones.
En abril, además de las que aparecieron en Arica, Carabineros decomisó durante un control vehicular en Los Vilos una pistola robada en 2018 desde el cuartel de la PDI en Los Andes. Por esos mismos días, un comando de la FACH y su hijo fueron sorprendidos vendiendo armas de guerra por Internet, incluyendo municiones que habrían sido extraídas desde el arsenal institucional. Y antes, a mediados de 2017, se encontró en un allanamiento a un narcotraficante de La Pintana una subametralladora UZI robada poco antes en la Escuela de Formación Policial de Carabineros (Esfocar).
“Es lógico que estas armas son robadas y de inmediato ingresadas al mercado negro, y así llegan a manos de bandas criminales y organizaciones delictuales. Por eso es muy importante que haya un buen resguardo de ellas", dice el coronel Eduardo Muñoz, inspector operativo de Gendarmería.
A pesar de los esfuerzos de cada institución por mejorar sus controles, el resguardo aún no basta. En un universo de unas 50 mil armas extraviadas en Chile, la cifra de armamento fiscal perdido podría parecer insignificante, pero en la Subsecretaría del Interior señalan que es algo grave y que por eso el Ejecutivo propuso la creación de un registro unificado de armas fiscales, incorporado en el proyecto que reformula la Ley de Control de Armas que está en trámite en el Senado. Y además, porque no dejan de desaparecer. Al partir este año, en apenas cuatro meses la PDI ya había reportado 19 armas fiscales faltantes. Carabineros contaba 11, Gendarmería y el Ejército llevaban tres, la FACH había extraviado una y solo la Armada tenía su registro en cero. ¿Cómo es que se pierden esas armas y adónde van a parar? De eso trata este reportaje.
Un arma fiscal es aquella adquirida y mantenida por una entidad estatal para que sus efectivos, personas especialmente entrenadas para portar y usar armamento, las usen exclusivamente en el cumplimiento de su función de seguridad pública y defensa nacional. Son las que llevan en sus cintos policías y carabineros; las que cargan militares, marinos y aviadores; y las que usan los gendarmes. Pero estas estaban en manos de una banda criminal.
No venían de muy lejos. Un revólver tenía la sigla de la Policía Nacional de Perú y las pistolas eran dos Jericho de 9 mm que la Policía de Investigaciones (PDI) había reportado poco antes como robadas desde su unidad en esa misma ciudad. Pero la escopeta, una Remington calibre 12 propiedad de Gendarmería, no era de por ahí. Para el fiscal Francisco Ganga, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Arica, que fuera de una entidad fiscal y que además viniera de tan lejos, fue lo más llamativo.
Hacía un mes que la habían robado junto a dos revólveres desde el Centro de Reinserción Social Santiago Norte, en Recoleta, mientras el gendarme que las custodiaba hacía, sin permiso, un trámite fuera del recinto durante su hora de colación. Hubo sumario y sanciones, pero aún no se sabe cómo llegó esa escopeta hasta allá.
“Estamos tratando de identificar la ruta que siguió, pero el principal imputado, quien creemos que se dedicaba al acopio de armamento para arrendarlo a otros delincuentes de la región, no ha colaborado, aunque hay escuchas donde se refiere al tráfico de armas. La investigación sigue abierta”, señala el fiscal.
Así terminan muchas de las armas que desaparecen de los arsenales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea (FACH), Carabineros, la PDI y Gendarmería. Según datos obtenidos por La Desdémona vía Ley de Transparencia, desde 2010 y hasta abril de este año, suman entre todas 662 armas fiscales que en algún momento se esfumaron de sus registros. Robadas en medio de operativos, sustraídas desde viviendas particulares o recintos fiscales, o perdidas por simples descuidos y negligencias. Más del 40% corresponde a la PDI y un cuarto a Carabineros. Son diversos tipos de pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y subametralladoras, además de unas pocas armas blancas, que fueron hurtadas o extraviadas en distintas partes del país, y menos de la mitad ha sido recuperada (ver infografía).
Aunque desde el Ministerio Público señalan que no hay registros oficiales de armas de origen fiscal incautadas en diligencias asociadas a delitos, varias han aparecido en manos de delincuentes y narcotraficantes, la mayoría de las veces por casualidad. Y en más de una oportunidad, con la ayuda de funcionarios de las propias instituciones.
En abril, además de las que aparecieron en Arica, Carabineros decomisó durante un control vehicular en Los Vilos una pistola robada en 2018 desde el cuartel de la PDI en Los Andes. Por esos mismos días, un comando de la FACH y su hijo fueron sorprendidos vendiendo armas de guerra por Internet, incluyendo municiones que habrían sido extraídas desde el arsenal institucional. Y antes, a mediados de 2017, se encontró en un allanamiento a un narcotraficante de La Pintana una subametralladora UZI robada poco antes en la Escuela de Formación Policial de Carabineros (Esfocar).
“Es lógico que estas armas son robadas y de inmediato ingresadas al mercado negro, y así llegan a manos de bandas criminales y organizaciones delictuales. Por eso es muy importante que haya un buen resguardo de ellas", dice el coronel Eduardo Muñoz, inspector operativo de Gendarmería.
A pesar de los esfuerzos de cada institución por mejorar sus controles, el resguardo aún no basta. En un universo de unas 50 mil armas extraviadas en Chile, la cifra de armamento fiscal perdido podría parecer insignificante, pero en la Subsecretaría del Interior señalan que es algo grave y que por eso el Ejecutivo propuso la creación de un registro unificado de armas fiscales, incorporado en el proyecto que reformula la Ley de Control de Armas que está en trámite en el Senado. Y además, porque no dejan de desaparecer. Al partir este año, en apenas cuatro meses la PDI ya había reportado 19 armas fiscales faltantes. Carabineros contaba 11, Gendarmería y el Ejército llevaban tres, la FACH había extraviado una y solo la Armada tenía su registro en cero. ¿Cómo es que se pierden esas armas y adónde van a parar? De eso trata este reportaje.
DESCUIDOS Y VIDEOJUEGOS
Septiembre de 2015. Un subinspector y un subcomisario de la PDI dejan de lado las diligencias que realizaban en el centro de Santiago y entran a los Juegos Diana. Dejan sus mochilas en el suelo junto a un videojuego y se ponen a jugar. Fue apenas un instante, suficiente para que una mochila desapareciera con el arma fiscal que llevaba en su interior.
Fue el año que más armas perdió la PDI, la institución que más armamento ha extraviado en la última década. El 44% de las armas fiscales desaparecidas son suyas. En total, extraviaron 290, incluyendo una pérdida masiva de 12 pistolas y tres escopetas desde la Jefatura de Logística en noviembre de 2015, y donde estuvo involucrado un armero de la institución que terminó de baja y preso. Es también la que más armas logra recuperar: por cada 10 piezas perdidas, seis vuelven a sus manos. El saldo oficial a la fecha es de 123 armas que siguen sin aparecer.
En la PDI reconocen que al tener que portar su arma de cargo de forma permanente, se encuentren o no en servicio, están más expuestos que otras instituciones al robo o extravío, aunque la mayoría de las veces sea por descuido de sus propios funcionarios. Hay en los registros pistolas que se han ido por error en bolsas a la basura o que dejaron arriba de un auto que luego se puso en marcha. Este año a un subinspector le robaron desde su casa su pistola y dos cargadores; un asistente policial de Talca bajó de su auto a comprar y al volver ya no estaba el banano donde llevaba su Sig Sauer de 9 mm; un detective olvidó en un baño del Mall Plaza Los Dominicos su pistola y sus municiones; y la Glock del jefe de la BIROM Occidente simplemente se perdió un día al interior de su unidad.
En febrero, el inspector general de la PDI emitió una circular interna para recordar a sus funcionarios las exigencias reglamentarias, debido al “aumento en el extravío, pérdida, robo y hurto de las armas, placas y credenciales del personal de las distintas plantas de la institución, a causa de la excesiva confianza en la custodia por parte de los funcionarios, quienes las transportan en portadocumentos, maletines, bolsos (carteras o bananos), y son mantenidas al interior de vehículos o en otros lugares no aptos, sin adoptar las medidas de seguridad adecuadas para su conservación”.
En la PDI señalan que han endurecido las medidas, y que tras determinar responsabilidades administrativas, el funcionario pasa de inmediato a lista 3, quedando condicional su continuidad en la institución. También se pone en marcha un trabajo conjunto entre las brigadas de robos (BIRO) y contra el crimen organizado (BRICO), que han desarrollado una estrategia para dar con el paradero del arma buscando entre redes relacionadas al mercado negro de armamento y tratar de establecer su trazabilidad. Así es como han reencontrado el 58% del material desaparecido, aunque la mayoría no se reintegra después de los peritajes, sino que se manda a destruir.
Sólo desde 2018 que tienen registro de armas fiscales que han aparecido en incautaciones de la PDI. Al 5 de septiembre llevaban un total de 41 piezas en nueve regiones del país.
Fue el año que más armas perdió la PDI, la institución que más armamento ha extraviado en la última década. El 44% de las armas fiscales desaparecidas son suyas. En total, extraviaron 290, incluyendo una pérdida masiva de 12 pistolas y tres escopetas desde la Jefatura de Logística en noviembre de 2015, y donde estuvo involucrado un armero de la institución que terminó de baja y preso. Es también la que más armas logra recuperar: por cada 10 piezas perdidas, seis vuelven a sus manos. El saldo oficial a la fecha es de 123 armas que siguen sin aparecer.
En la PDI reconocen que al tener que portar su arma de cargo de forma permanente, se encuentren o no en servicio, están más expuestos que otras instituciones al robo o extravío, aunque la mayoría de las veces sea por descuido de sus propios funcionarios. Hay en los registros pistolas que se han ido por error en bolsas a la basura o que dejaron arriba de un auto que luego se puso en marcha. Este año a un subinspector le robaron desde su casa su pistola y dos cargadores; un asistente policial de Talca bajó de su auto a comprar y al volver ya no estaba el banano donde llevaba su Sig Sauer de 9 mm; un detective olvidó en un baño del Mall Plaza Los Dominicos su pistola y sus municiones; y la Glock del jefe de la BIROM Occidente simplemente se perdió un día al interior de su unidad.
En febrero, el inspector general de la PDI emitió una circular interna para recordar a sus funcionarios las exigencias reglamentarias, debido al “aumento en el extravío, pérdida, robo y hurto de las armas, placas y credenciales del personal de las distintas plantas de la institución, a causa de la excesiva confianza en la custodia por parte de los funcionarios, quienes las transportan en portadocumentos, maletines, bolsos (carteras o bananos), y son mantenidas al interior de vehículos o en otros lugares no aptos, sin adoptar las medidas de seguridad adecuadas para su conservación”.
En la PDI señalan que han endurecido las medidas, y que tras determinar responsabilidades administrativas, el funcionario pasa de inmediato a lista 3, quedando condicional su continuidad en la institución. También se pone en marcha un trabajo conjunto entre las brigadas de robos (BIRO) y contra el crimen organizado (BRICO), que han desarrollado una estrategia para dar con el paradero del arma buscando entre redes relacionadas al mercado negro de armamento y tratar de establecer su trazabilidad. Así es como han reencontrado el 58% del material desaparecido, aunque la mayoría no se reintegra después de los peritajes, sino que se manda a destruir.
Sólo desde 2018 que tienen registro de armas fiscales que han aparecido en incautaciones de la PDI. Al 5 de septiembre llevaban un total de 41 piezas en nueve regiones del país.
FALLAS EN LOS CONTROLES
Nunca faltaron tantas armas en los registros de Carabineros como después de ese arqueo a fines de mayo de 2017 en la Esfocar de Cerrillos. Debían estar, pero no estaban: una subametralladora UZI, nueve pistolas y 15 revólveres, además de tres esposas y dos chalecos antibalas. La UZI apareció poco después. La tenía un narcotraficante de La Pintana. Lo demás no se volvió a ver.
En el balance final, Carabineros está casi a la par que la PDI. De las 155 armas fiscales que han extraviado desde 2010, sólo 30 se han recuperado. La vez que más pérdidas se contaron de una sola vez fue aquella en la Esfocar, pero hay más. Un año antes, un carabinero sacó de la subcomisaría de Cerrillos dos subametralladoras y tres pistolas para venderlas en el mercado negro, y como el negocio supuestamente no resultó, habrían terminado en un basural. En octubre de 2015 fueron dos escopetas y una carabina lanzagases en la Región del Bío Bío. Y en marzo de este año, tres armas de fuego que una turba le quitó a tres carabineros cuando intentaban impedir una detención en Recoleta aparecieron al día siguiente, tras una llamada anónima.
Un informe de la Contraloría, elaborado a partir del robo en la Esfocar, detectó en 2017 varias fallas en los mecanismos de control del armamento institucional en la Región Metropolitana, donde Carabineros concentra el 53% de sus armas desaparecidas. Entre otras cosas, la auditoría reveló falta de documentos que permitieran actualizar los inventarios, la ausencia de protocolos y parámetros para la asignación de armas y municiones al personal, inspecciones técnicas que no se habían realizado y la pérdida de pertrechos en una segunda unidad policial.
No está claro cuántos sumarios y sanciones ha aplicado Carabineros por pérdida de armas en los últimos 10 años. La información fue denegada por la institución por no tenerla sistematizada, ya que sólo se registra en la hoja de vida de cada funcionario involucrado. Desde Carabineros señalan que en lo que va del año, 13 armas se han perdido y que en eso tiene que ver que “la tasa de uso y exposición de armamento en los procedimientos desarrollados a nivel nacional es considerablemente mayor a la de otras fuerzas armadas e instituciones”. De hecho, seis de esas armas se habrían extraviado durante procedimientos policiales. Pero otras dos fueron sustraídas de residencias particulares y cinco desaparecieron al interior de sus cuarteles.
Uno de los últimos casos registrados ocurrió a comienzos de 2019. Uno era cabo; el otro, un funcionario de la institución. Los dos se desempeñaban en la subcomisaría Gómez Carreño, en Viña del Mar, y ambos cayeron detenidos en enero. Un video de seguridad lo habría confirmado: serían responsables de la desaparición un mes atrás de una subametralladora UZI y varias municiones institucionales. Ninguna de esas piezas volvió a aparecer.
En el balance final, Carabineros está casi a la par que la PDI. De las 155 armas fiscales que han extraviado desde 2010, sólo 30 se han recuperado. La vez que más pérdidas se contaron de una sola vez fue aquella en la Esfocar, pero hay más. Un año antes, un carabinero sacó de la subcomisaría de Cerrillos dos subametralladoras y tres pistolas para venderlas en el mercado negro, y como el negocio supuestamente no resultó, habrían terminado en un basural. En octubre de 2015 fueron dos escopetas y una carabina lanzagases en la Región del Bío Bío. Y en marzo de este año, tres armas de fuego que una turba le quitó a tres carabineros cuando intentaban impedir una detención en Recoleta aparecieron al día siguiente, tras una llamada anónima.
Un informe de la Contraloría, elaborado a partir del robo en la Esfocar, detectó en 2017 varias fallas en los mecanismos de control del armamento institucional en la Región Metropolitana, donde Carabineros concentra el 53% de sus armas desaparecidas. Entre otras cosas, la auditoría reveló falta de documentos que permitieran actualizar los inventarios, la ausencia de protocolos y parámetros para la asignación de armas y municiones al personal, inspecciones técnicas que no se habían realizado y la pérdida de pertrechos en una segunda unidad policial.
No está claro cuántos sumarios y sanciones ha aplicado Carabineros por pérdida de armas en los últimos 10 años. La información fue denegada por la institución por no tenerla sistematizada, ya que sólo se registra en la hoja de vida de cada funcionario involucrado. Desde Carabineros señalan que en lo que va del año, 13 armas se han perdido y que en eso tiene que ver que “la tasa de uso y exposición de armamento en los procedimientos desarrollados a nivel nacional es considerablemente mayor a la de otras fuerzas armadas e instituciones”. De hecho, seis de esas armas se habrían extraviado durante procedimientos policiales. Pero otras dos fueron sustraídas de residencias particulares y cinco desaparecieron al interior de sus cuarteles.
Uno de los últimos casos registrados ocurrió a comienzos de 2019. Uno era cabo; el otro, un funcionario de la institución. Los dos se desempeñaban en la subcomisaría Gómez Carreño, en Viña del Mar, y ambos cayeron detenidos en enero. Un video de seguridad lo habría confirmado: serían responsables de la desaparición un mes atrás de una subametralladora UZI y varias municiones institucionales. Ninguna de esas piezas volvió a aparecer.
SOLDADOS QUE SACAN ARMAS
Parecía un robo con violencia para quitarles los fusiles de asalto SIG 542 de calibre 7.62 a dos conscriptos de guardia en el Regimiento Chacabuco del Ejército, en Concepción, pero era una farsa. Un día después del supuesto ataque en abril de este año, en un operativo de búsqueda a cargo de Carabineros se recuperó una de esas armas en una vivienda en Penco y, todo dio un vuelco cuando los conscriptos fueron detenidos y dados de baja por estar presuntamente involucrados en el robo y haber participado de un montaje. La investigación sigue abierta en la justicia militar. Y el segundo fusil sigue perdido.
La institución castrense registra 121 armas blancas y 20 de fuego robadas o perdidas. Según explica el general Luis Sepúlveda, comandante de la División Logística del Ejército, todos sus miembros tienen prohibido sacar armamento o municiones de los recintos militares y sólo se les entrega para la guardia u otra actividad que lo amerite, pero siempre al terminar se debe devolver. Así que si se pierden o sustraen, siempre es al interior de una unidad militar.
“A diario se revisan y cuadran los almacenes al término del servicio. Los registros están en línea y, si algo falta, de inmediato se debe informar al escalón superior. Se envía un informe a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) para que se alerte a las demás unidades y se instruye una investigación sumaria administrativa (ISA), con sanciones que van desde una retención hasta la destitución de la persona. Si la investigación da cuenta de un posible ilícito, como robo del material por parte de un integrante de la institución, se va a Fiscalía Militar, y ahí se cierra el tema, en coordinación con la búsqueda del armamento encargado a las policías”, explica el general.
Eso último ha sucedido varias veces. En 11 de los 31 casos reportados, los involucrados han sido denunciados ante la Fiscalía Militar. En 2018 se filtró un audio del comandante en jefe, general Ricardo Martínez, donde revelaba que oficiales traficaron armas para el narcotráfico. Aunque se refería principalmente a armas particulares, la Fiscalía Metropolitana Sur comenzó una investigación que, entre otros hechos, dio con el robo de 105 corvos, cinco yataganes (navajas que se adosan a la punta del fusil a modo de bayoneta) y tres machetes por parte de dos miembros del Ejército desde el Regimiento Arsenales de Guerra. Todo eso fue recuperado, dejando para el Ejército un saldo de 24 armas que no han vuelto a aparecer. Pero podrían ser más.
El 20 de mayo, la PDI y el Ministerio Público decomisaron más de 50 mil municiones, 45 granadas, siete armas largas y cuatro cortas en allanamientos en las regiones Metropolitana y de Antofagasta. Parte del material incautado tenía rótulos de FAMAE y el Ejército. Consultado por La Tercera, el general Sepúlveda declinó comentar esa investigación y señaló que aún no han podido determinar si eran o no armas de sus almacenes.
La institución castrense registra 121 armas blancas y 20 de fuego robadas o perdidas. Según explica el general Luis Sepúlveda, comandante de la División Logística del Ejército, todos sus miembros tienen prohibido sacar armamento o municiones de los recintos militares y sólo se les entrega para la guardia u otra actividad que lo amerite, pero siempre al terminar se debe devolver. Así que si se pierden o sustraen, siempre es al interior de una unidad militar.
“A diario se revisan y cuadran los almacenes al término del servicio. Los registros están en línea y, si algo falta, de inmediato se debe informar al escalón superior. Se envía un informe a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) para que se alerte a las demás unidades y se instruye una investigación sumaria administrativa (ISA), con sanciones que van desde una retención hasta la destitución de la persona. Si la investigación da cuenta de un posible ilícito, como robo del material por parte de un integrante de la institución, se va a Fiscalía Militar, y ahí se cierra el tema, en coordinación con la búsqueda del armamento encargado a las policías”, explica el general.
Eso último ha sucedido varias veces. En 11 de los 31 casos reportados, los involucrados han sido denunciados ante la Fiscalía Militar. En 2018 se filtró un audio del comandante en jefe, general Ricardo Martínez, donde revelaba que oficiales traficaron armas para el narcotráfico. Aunque se refería principalmente a armas particulares, la Fiscalía Metropolitana Sur comenzó una investigación que, entre otros hechos, dio con el robo de 105 corvos, cinco yataganes (navajas que se adosan a la punta del fusil a modo de bayoneta) y tres machetes por parte de dos miembros del Ejército desde el Regimiento Arsenales de Guerra. Todo eso fue recuperado, dejando para el Ejército un saldo de 24 armas que no han vuelto a aparecer. Pero podrían ser más.
El 20 de mayo, la PDI y el Ministerio Público decomisaron más de 50 mil municiones, 45 granadas, siete armas largas y cuatro cortas en allanamientos en las regiones Metropolitana y de Antofagasta. Parte del material incautado tenía rótulos de FAMAE y el Ejército. Consultado por La Tercera, el general Sepúlveda declinó comentar esa investigación y señaló que aún no han podido determinar si eran o no armas de sus almacenes.
LAS ARMAS DE LA CÁRCEL
53 armas perdió Gendarmería en la última década: 31 pistolas, 17 revólveres, dos escopetas y tres subametralladoras. Entre ellas, las desaparecidas desde la sala de armas del expenal Cordillera en marzo de 2010, hecho por el cual 10 funcionarios fueron objeto de un sumario que demoró ocho años en llegar a término y que acabó con todos sobreseídos por prescripción. También las que se robaron desde el Centro de Educación y Trabajo de Angol en febrero de 2017, tras haber maniatado al encargado de la sala de guardia.
Por hechos como esos hay al menos una docena de sumarios abiertos en Gendarmería y se han aplicado a 44 funcionarios sanciones que van desde la censura y multas hasta la destitución. El coronel Eduardo Muñoz cuenta que eso último pasó con quien cuidaba a comienzos de año las armas en el recinto de Recoleta y que luego aparecieron en Arica, por “la negligencia inexcusable” de haberse ausentado de la guardia sin autorización.
Para aumentar el resguardo de sus salas de armas, desde este año Gendarmería ha restringido el acceso a solo cierto personal autorizado mediante la implementación de controles biométricos. También se ha recopilado información para tener registros actualizados de los sumarios cursados por pérdidas de armamento y aquellos que no tenían resolución fueron reabiertos
Por hechos como esos hay al menos una docena de sumarios abiertos en Gendarmería y se han aplicado a 44 funcionarios sanciones que van desde la censura y multas hasta la destitución. El coronel Eduardo Muñoz cuenta que eso último pasó con quien cuidaba a comienzos de año las armas en el recinto de Recoleta y que luego aparecieron en Arica, por “la negligencia inexcusable” de haberse ausentado de la guardia sin autorización.
Para aumentar el resguardo de sus salas de armas, desde este año Gendarmería ha restringido el acceso a solo cierto personal autorizado mediante la implementación de controles biométricos. También se ha recopilado información para tener registros actualizados de los sumarios cursados por pérdidas de armamento y aquellos que no tenían resolución fueron reabiertos
POCAS ARMAS PERDIDAS EN LA ARMADA Y LA FACH
“Existe un contenedor con armamento menor, que si bien se encuentra desaparecido, todas las pruebas indican que estaría cerrado y hundido en las cercanías de la Base Naval”. Eso decía el comunicado que el 16 de marzo de 2010 emitió la Armada para informar que habían perdido armas durante el tsunami del 27/F en Talcahuano. Y al poco tiempo, aparecieron otras que faltaban desde 2009: 16 piezas que habían sido sustraídas desde el Museo Naval de Valparaíso, entre ellas tres fusiles AK y dos revólveres de la colección del exalmirante de la Armada, José Toribio Merino.
Son pocos los robos o pérdidas de armas que registran la Armada y la FACH. Según lo informado por Transparencia, en el caso de los primeros son 16 los sumarios que se han investigado desde 2010, de los cuales tres aún están vigentes. De ellos, dos se refieren a hecho ocurridos durante 2018, pero los detalles no fueron entregados por supuestamente ser información reservada que afectaría la seguridad nacional.
Por su parte, la FACH sólo cuenta la pérdida de tres armas en 10 años. Un revólver y una pistola extraviados en febrero de 2013 y un fusil que en enero de este año le quitaron en un asalto a un cabo que estaba de guardia en la base aérea de El Bosque.
Son pocos los robos o pérdidas de armas que registran la Armada y la FACH. Según lo informado por Transparencia, en el caso de los primeros son 16 los sumarios que se han investigado desde 2010, de los cuales tres aún están vigentes. De ellos, dos se refieren a hecho ocurridos durante 2018, pero los detalles no fueron entregados por supuestamente ser información reservada que afectaría la seguridad nacional.
Por su parte, la FACH sólo cuenta la pérdida de tres armas en 10 años. Un revólver y una pistola extraviados en febrero de 2013 y un fusil que en enero de este año le quitaron en un asalto a un cabo que estaba de guardia en la base aérea de El Bosque.
* NOTA: Publicación original de La Desdémona. Esta investigación fue reporteada y escrita previo al estallido social del 18 de octubre, pero se mantuvo inédita hasta esta publicación.
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