Aunque polémica, la visita que hizo el senador Juan Pablo Letelier (PS) al fiscal nacional a fines de 2018 para tratar las “diferencias” entre ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y fiscales de esa misma jurisdicción no fue inusual. De las 86 audiencias que registró el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, durante 2018 y enero de 2019, en al menos 24 participaron parlamentarios.
Fueron cinco senadores y 23 diputados que llegaron a conversar, la mayoría de las veces, sobre investigaciones judiciales en curso.
El diputado Andrés Celis (RN), por ejemplo, fue en noviembre para saber si el ahora presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, fue citado a declarar por un caso de presunto robo de concentrado de cobre en Codelco.
El senador Alejandro Navarro fue para hablar sobre la investigación vinculada a las máquinas tragamonedas y en enero de 2018 un grupo de parlamentarios de oposición compuesto por la senadora y el diputado DC, Yasna Provoste y Raúl Saldivar, y las diputadas del PPD Cristina Girardi y Loreto Carvajal, fue a recabar antecedentes sobre la extracción ilegal de agua en Petorca.
En junio llegó otro grupo de diputados, esta vez del oficialismo –los UDI Juan Antonio Coloma y Patricio Melero, y los RN Paulina Núñez y Sebastián Torrealba–, para consultar sobre los vínculos establecidos por la fiscalía entre la constructora brasilera OAS y dirigentes políticos chilenos. Y ese mismo mes, el diputado Leonardo Soto (DC) fue a solicitar la apertura de una nueva arista en la causa por el millonario fraude en Carabineros y que un nuevo fiscal regional asumiera la investigación de los dineros no rendidos que debieron ingresar desde la Mutualidad de Carabineros a la Dirección de Bienestar de esa institución.
Del PC se han reunido con Abbott dos diputados, ambos en marzo del año pasado: Daniel Núñez, que fue a consultar sobre la forma en que el Ministerio Público abordaría una denuncia sobre producción y almacenamiento de pornografía infantil en la comuna de Salamanca; y Hugo Gutiérrez, que registró haber ido a tratar “materias relacionadas con el distrito”.
Así como Letelier fue a discutir temas relacionados a las relaciones entre el Poder Judicial y el órgano persecutor, la diputada María José Hoffman (UDI) llegó en septiembre a la Fiscalía Nacional para hablar sobre “problemas de tramitación de causas y funcionamiento de la Fiscalía de San Antonio”.
Por su parte, la diputada Emilia Nuyado (PS), se juntó en abril con Abbott para revisar las políticas de persecución penal a integrantes de pueblos indígenas y también ese mes, la senadora Ximena Rincón (DC) fue a hablar sobre abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Otros, como la diputada radical Marcela Hernando, fueron a presentar denuncias. En su caso, sobre una presunta utilización indebida de recursos públicos. Lo conversado en la reunión a la que fueron en julio Andrés Celis y Karin Luck (ambos RN) quedó registrado como “Denuncia caso TVN”, y su correligionaria, Camila Flores, llegó junto a otras dos personas para hablar de una causa por intento de secuestro y violación.
En diciembre, el fiscal nacional sostuvo también una audiencia con las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans, Loreto Carvajal y Maya Fernández para tratar temas relacionados a la comisión de Mujer y Equidad de Género.
Fueron cinco senadores y 23 diputados que llegaron a conversar, la mayoría de las veces, sobre investigaciones judiciales en curso.
El diputado Andrés Celis (RN), por ejemplo, fue en noviembre para saber si el ahora presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, fue citado a declarar por un caso de presunto robo de concentrado de cobre en Codelco.
El senador Alejandro Navarro fue para hablar sobre la investigación vinculada a las máquinas tragamonedas y en enero de 2018 un grupo de parlamentarios de oposición compuesto por la senadora y el diputado DC, Yasna Provoste y Raúl Saldivar, y las diputadas del PPD Cristina Girardi y Loreto Carvajal, fue a recabar antecedentes sobre la extracción ilegal de agua en Petorca.
En junio llegó otro grupo de diputados, esta vez del oficialismo –los UDI Juan Antonio Coloma y Patricio Melero, y los RN Paulina Núñez y Sebastián Torrealba–, para consultar sobre los vínculos establecidos por la fiscalía entre la constructora brasilera OAS y dirigentes políticos chilenos. Y ese mismo mes, el diputado Leonardo Soto (DC) fue a solicitar la apertura de una nueva arista en la causa por el millonario fraude en Carabineros y que un nuevo fiscal regional asumiera la investigación de los dineros no rendidos que debieron ingresar desde la Mutualidad de Carabineros a la Dirección de Bienestar de esa institución.
Del PC se han reunido con Abbott dos diputados, ambos en marzo del año pasado: Daniel Núñez, que fue a consultar sobre la forma en que el Ministerio Público abordaría una denuncia sobre producción y almacenamiento de pornografía infantil en la comuna de Salamanca; y Hugo Gutiérrez, que registró haber ido a tratar “materias relacionadas con el distrito”.
Por su parte, la diputada Emilia Nuyado (PS), se juntó en abril con Abbott para revisar las políticas de persecución penal a integrantes de pueblos indígenas y también ese mes, la senadora Ximena Rincón (DC) fue a hablar sobre abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Otros, como la diputada radical Marcela Hernando, fueron a presentar denuncias. En su caso, sobre una presunta utilización indebida de recursos públicos. Lo conversado en la reunión a la que fueron en julio Andrés Celis y Karin Luck (ambos RN) quedó registrado como “Denuncia caso TVN”, y su correligionaria, Camila Flores, llegó junto a otras dos personas para hablar de una causa por intento de secuestro y violación.
En diciembre, el fiscal nacional sostuvo también una audiencia con las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans, Loreto Carvajal y Maya Fernández para tratar temas relacionados a la comisión de Mujer y Equidad de Género.
Publicado originalmente en Reportajes La Tercera (14/04/2019)
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