Por Francisco Artaza, Juan Pablo Figueroa y Sebastián Labrín
1. LA “GUERRA SANTA” EN RANCAGUA
La tensión entre la Fiscalía Regional de Rancagua y los ahora suspendidos y sumariados ministros de la Corte de Apelaciones de la Región de O’Higgins Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Fernández y Marcelo Albornoz se arrastraba por casi un año. Pero no fue hasta el 4 de octubre pasado cuando se prendió la mecha que detonó uno de los mayores escándalos de corrupción en el Poder Judicial, cuyos alcances y consecuencias recién comienzan a esclarecerse.
Ese día, la Primera Sala del tribunal de alzada rancagüino, conformada por los ministros Elgueta y Vásquez -además del abogado integrante Juan Guillermo Briceño- acogieron un recurso de protección interpuesto por el Obispado de Valparaíso con el objetivo de impugnar las incautaciones que había realizado el fiscal Emiliano Arias en el marco de la investigación por los delitos de abusos sexuales y encubrimiento cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica.
La sentencia, que paralizaría en parte la investigación por los siguientes 59 días, se sumaba a otras acciones dilatorias interpuestas por las defensas de algunos prelados, pues postergaría los interrogatorios al cardenal Ricardo Ezzati y a otros miembros de la curia chilena.
Los temores de la fiscalía se acrecentaban por la cercanía del ministro Elgueta con el abogado Gabriel Henríquez, quien asumió en 2018 la defensa del excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz. Ese mismo año 2018, según han logrado establecer las pesquisas que se llevan adelante en Rancagua por el escándalo de corrupción que involucra a los tres magistrados, Henríquez llamó por teléfono en 59 ocasiones al ministro Elgueta.
Para la fiscalía, el fallo era sorpresivo, casi extraño. No era la primera vez que en el equipo persecutor rondaba la idea de que algo anómalo estaba ocurriendo. Varios meses antes, el fiscal Arias había intentado, sin éxito, impedir que Elgueta y Vásquez integraran la sala que falló a favor del sobreseimiento de Sebastián Dávalos en la arista principal del caso Caval. La misma estrategia de recusaciones, para inhabilitar a los jueces, seguiría Arias en otras causas relevantes.
La contraofensiva de Elgueta y Vásquez no demoraría. El 29 de octubre pasado, siete días después de que Arias abriera una investigación por tráfico de influencia y nombramiento ilegal de la hija de Vásquez en el Juzgado de Santa Cruz, los dos magistrados presentaron una denuncia administrativa ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitando que se abriera un sumario en contra de Arias y “sancionarlo con la mayor gravedad, solicitando su remoción a la excelentísima Corte Suprema”.
En el texto que le enviaron a Abbott, Elgueta y Vásquez pedían, además, que el fiscal regional Emiliano Arias quedara inhabilitado para llevar adelante las investigaciones en contra de los dos magistrados o cualquier otra que se abriera a futuro, “acorde a su animadversión inescrupulosa” en contra de los dos jueces.
Ese día, la Primera Sala del tribunal de alzada rancagüino, conformada por los ministros Elgueta y Vásquez -además del abogado integrante Juan Guillermo Briceño- acogieron un recurso de protección interpuesto por el Obispado de Valparaíso con el objetivo de impugnar las incautaciones que había realizado el fiscal Emiliano Arias en el marco de la investigación por los delitos de abusos sexuales y encubrimiento cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica.
La sentencia, que paralizaría en parte la investigación por los siguientes 59 días, se sumaba a otras acciones dilatorias interpuestas por las defensas de algunos prelados, pues postergaría los interrogatorios al cardenal Ricardo Ezzati y a otros miembros de la curia chilena.
Los temores de la fiscalía se acrecentaban por la cercanía del ministro Elgueta con el abogado Gabriel Henríquez, quien asumió en 2018 la defensa del excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz. Ese mismo año 2018, según han logrado establecer las pesquisas que se llevan adelante en Rancagua por el escándalo de corrupción que involucra a los tres magistrados, Henríquez llamó por teléfono en 59 ocasiones al ministro Elgueta.
Para la fiscalía, el fallo era sorpresivo, casi extraño. No era la primera vez que en el equipo persecutor rondaba la idea de que algo anómalo estaba ocurriendo. Varios meses antes, el fiscal Arias había intentado, sin éxito, impedir que Elgueta y Vásquez integraran la sala que falló a favor del sobreseimiento de Sebastián Dávalos en la arista principal del caso Caval. La misma estrategia de recusaciones, para inhabilitar a los jueces, seguiría Arias en otras causas relevantes.
La contraofensiva de Elgueta y Vásquez no demoraría. El 29 de octubre pasado, siete días después de que Arias abriera una investigación por tráfico de influencia y nombramiento ilegal de la hija de Vásquez en el Juzgado de Santa Cruz, los dos magistrados presentaron una denuncia administrativa ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitando que se abriera un sumario en contra de Arias y “sancionarlo con la mayor gravedad, solicitando su remoción a la excelentísima Corte Suprema”.
En el texto que le enviaron a Abbott, Elgueta y Vásquez pedían, además, que el fiscal regional Emiliano Arias quedara inhabilitado para llevar adelante las investigaciones en contra de los dos magistrados o cualquier otra que se abriera a futuro, “acorde a su animadversión inescrupulosa” en contra de los dos jueces.
2. LA DENUNCIA ANÓNIMA QUE DESENREDÓ LA MADEJA
Dos investigaciones judiciales y una administrativa apuntan a revisar el comportamiento de los jueces y si hubo pagos para incidir en sus decisiones.
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Una carta con una denuncia anónima llegó el 22 de octubre al escritorio del fiscal Arias. La escribió una profesional del área de las Ciencias Sociales que llevaba ya un par de años postulando sin éxito a cargos en tribunales de las regiones de O’Higgins y El Maule. Allí decía que para ver sus propias fallas, había revisado quiénes ganaban los concursos, y que entonces vio que la asistente social Karla Vásquez, hija del ministro y presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, había logrado ingresar a dos tribunales distintos. Escribió: “Aquí estaría operando el famoso concepto de nepotismo”.
Fue el detonante que provocó la explosión en cadena.
Arias llevó la denuncia a la jueza de la Corte Suprema Rosa María Maggi, quien en su calidad de ministra visitadora de esa jurisdicción comenzó una investigación sumaria por faltas administrativas: contra Emilio Elgueta, por haber firmado al menos 11 nombramientos de la hija de su colega, y contra el mismo Marcelo Vásquez, que en una oportunidad designó a su propia hija.
Pero había más. El posible tráfico de influencias de los jueces era solo una de las hebras que se enredaban en una compleja madeja de irregularidades, pagos injustificados, hermandad masónica y posibles delitos en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Una trama que, además de nombramientos cuestionados, involucraría la colusión entre jueces, abogados e imputados para obtener fallos favorables a cambio de pagos y favores en causas que, entre otras materias, trataban sobre tráfico de drogas y homicidios.
Maggi y Arias trabajaban en paralelo. Ella notificó a los jueces de su investigación y, por los conflictos que ya se arrastraban desde hacía un tiempo con el fiscal Arias, estos articularon su ofensiva para que no fuera él quien los investigara. Y lo lograron.
Desde noviembre, por orden del fiscal nacional Jorge Abbott -y justo después de una reunión con el senador Juan Pablo Letelier (PS), a quien varias fuentes señalan como cercano a los jueces investigados-, que la indagatoria penal por eventual tráfico de influencias quedó en manos del fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, aunque ahora está en el aire, ya que está ad portas de ser nombrado como secretario del Senado.
Pero la Fiscalía Regional de O’Higgins no había soltado el hilo. Ya a fines de 2018 seguía en completo silencio una arista que tenía a Elgueta como principal protagonista por un supuesto enriquecimiento ilícito. Una línea investigativa que los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya partieron de oficio y que mantuvieron en reserva hasta los últimos días de marzo, justo después de que la Corte Suprema decidiera suspender de sus funciones a Elgueta mientras dure la investigación administrativa, es decir, por al menos cuatro meses. Medida que en los días posteriores se extendería a los jueces Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Los tres hoy están en la mira de los fiscales y ya hay una audiencia de formalización solicitada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua para el viernes 26, por los delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricación. Pero los persecutores quieren ir más allá.
Los antecedentes que han recopilado hasta ahora mediante escuchas telefónicas, tráfico de llamadas y perfilamientos patrimoniales les permitirían cerrar el nudo para perseguir formalmente esos delitos, pero también podrían llegar a configurar una tercera tipificación: el cohecho.
Son cerca de $ 30 millones los que habrían ingresado entre febrero de 2016 y diciembre de 2018 a algunas de las cinco cuentas corrientes que tiene Elgueta y que coinciden con fechas en las que se contactó con abogados e imputados que resultaron beneficiados con sus fallos. Hay cheques y depósitos en efectivo que la fiscalía ya tiene en su poder y hay al menos $ 19 millones que él mismo se mandó a depositar, sin que se sepa hasta ahora su origen. Pero hay también pagos de terceros que le habrían realizado justo después de haberlos favorecido con nombramientos en cargos dentro del Poder Judicial.
Esa veta hoy exploran Arias y Moya. En esa línea, los movimientos financieros de los jueces son clave, y el jueves 11 ya recibieron los antecedentes bancarios de Vásquez y Albornoz. Pero no son lo único a revisar.
Para establecer si existió o no cohecho, los fiscales están revisando también su comportamiento y haciendo los respectivos cruces. Hay al menos 15 causas en las que los jueces cuestionados dictaron fallos y que hoy están siendo revisadas, además de las siete que ya fueron anuladas por la Corte de Apelaciones de Rancagua, en las que si bien aún no había sentencia, sí había acuerdo con voto resolutorio de los ministros suspendidos.
También se están revisando los nombramientos de jueces, notarios y otros cargos en que Elgueta, Vásquez y Albornoz participaron durante los últimos años. Ya hubo allanamientos en sus oficinas y en las de otros abogados involucrados en la supuesta red de corrupción, y todo se ha ido nutriendo con nuevos antecedentes y denuncias que distintos profesionales que litigan y trabajan en la Región de O’Higgins han hecho llegar al Ministerio Público.
Además de los tres jueces, la investigación apunta a otros 11 abogados involucrados en los movimientos irregulares. Entre ellos, el hasta hace poco asesor del intendente regional de O’Higgins y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Claudio Sepúlveda, a quien el gobierno ya le pidió la renuncia.
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Una carta con una denuncia anónima llegó el 22 de octubre al escritorio del fiscal Arias. La escribió una profesional del área de las Ciencias Sociales que llevaba ya un par de años postulando sin éxito a cargos en tribunales de las regiones de O’Higgins y El Maule. Allí decía que para ver sus propias fallas, había revisado quiénes ganaban los concursos, y que entonces vio que la asistente social Karla Vásquez, hija del ministro y presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, había logrado ingresar a dos tribunales distintos. Escribió: “Aquí estaría operando el famoso concepto de nepotismo”.
Fue el detonante que provocó la explosión en cadena.
Arias llevó la denuncia a la jueza de la Corte Suprema Rosa María Maggi, quien en su calidad de ministra visitadora de esa jurisdicción comenzó una investigación sumaria por faltas administrativas: contra Emilio Elgueta, por haber firmado al menos 11 nombramientos de la hija de su colega, y contra el mismo Marcelo Vásquez, que en una oportunidad designó a su propia hija.
Pero había más. El posible tráfico de influencias de los jueces era solo una de las hebras que se enredaban en una compleja madeja de irregularidades, pagos injustificados, hermandad masónica y posibles delitos en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Una trama que, además de nombramientos cuestionados, involucraría la colusión entre jueces, abogados e imputados para obtener fallos favorables a cambio de pagos y favores en causas que, entre otras materias, trataban sobre tráfico de drogas y homicidios.
Maggi y Arias trabajaban en paralelo. Ella notificó a los jueces de su investigación y, por los conflictos que ya se arrastraban desde hacía un tiempo con el fiscal Arias, estos articularon su ofensiva para que no fuera él quien los investigara. Y lo lograron.
Desde noviembre, por orden del fiscal nacional Jorge Abbott -y justo después de una reunión con el senador Juan Pablo Letelier (PS), a quien varias fuentes señalan como cercano a los jueces investigados-, que la indagatoria penal por eventual tráfico de influencias quedó en manos del fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, aunque ahora está en el aire, ya que está ad portas de ser nombrado como secretario del Senado.
Pero la Fiscalía Regional de O’Higgins no había soltado el hilo. Ya a fines de 2018 seguía en completo silencio una arista que tenía a Elgueta como principal protagonista por un supuesto enriquecimiento ilícito. Una línea investigativa que los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya partieron de oficio y que mantuvieron en reserva hasta los últimos días de marzo, justo después de que la Corte Suprema decidiera suspender de sus funciones a Elgueta mientras dure la investigación administrativa, es decir, por al menos cuatro meses. Medida que en los días posteriores se extendería a los jueces Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Los tres hoy están en la mira de los fiscales y ya hay una audiencia de formalización solicitada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua para el viernes 26, por los delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricación. Pero los persecutores quieren ir más allá.
Los antecedentes que han recopilado hasta ahora mediante escuchas telefónicas, tráfico de llamadas y perfilamientos patrimoniales les permitirían cerrar el nudo para perseguir formalmente esos delitos, pero también podrían llegar a configurar una tercera tipificación: el cohecho.
Son cerca de $ 30 millones los que habrían ingresado entre febrero de 2016 y diciembre de 2018 a algunas de las cinco cuentas corrientes que tiene Elgueta y que coinciden con fechas en las que se contactó con abogados e imputados que resultaron beneficiados con sus fallos. Hay cheques y depósitos en efectivo que la fiscalía ya tiene en su poder y hay al menos $ 19 millones que él mismo se mandó a depositar, sin que se sepa hasta ahora su origen. Pero hay también pagos de terceros que le habrían realizado justo después de haberlos favorecido con nombramientos en cargos dentro del Poder Judicial.
Esa veta hoy exploran Arias y Moya. En esa línea, los movimientos financieros de los jueces son clave, y el jueves 11 ya recibieron los antecedentes bancarios de Vásquez y Albornoz. Pero no son lo único a revisar.
Para establecer si existió o no cohecho, los fiscales están revisando también su comportamiento y haciendo los respectivos cruces. Hay al menos 15 causas en las que los jueces cuestionados dictaron fallos y que hoy están siendo revisadas, además de las siete que ya fueron anuladas por la Corte de Apelaciones de Rancagua, en las que si bien aún no había sentencia, sí había acuerdo con voto resolutorio de los ministros suspendidos.
También se están revisando los nombramientos de jueces, notarios y otros cargos en que Elgueta, Vásquez y Albornoz participaron durante los últimos años. Ya hubo allanamientos en sus oficinas y en las de otros abogados involucrados en la supuesta red de corrupción, y todo se ha ido nutriendo con nuevos antecedentes y denuncias que distintos profesionales que litigan y trabajan en la Región de O’Higgins han hecho llegar al Ministerio Público.
Además de los tres jueces, la investigación apunta a otros 11 abogados involucrados en los movimientos irregulares. Entre ellos, el hasta hace poco asesor del intendente regional de O’Higgins y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Claudio Sepúlveda, a quien el gobierno ya le pidió la renuncia.
3. LETELIER EN EL OJO DEL HURACÁN
Tribunal Supremo del PS debe pronunciarse el martes 16 sobre solicitud de suspensión de militancia de Letelier por reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott.
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Pasaron apenas dos horas desde que el senador socialista por la Región de O’Higgins Juan Pablo Letelier se retirara de la oficina del fiscal nacional, el 19 de noviembre de 2018, antes de que Jorge Abbott tomara el teléfono y llamara al fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, para informarle que su equipo no seguiría a cargo de la investigación que, pocos días antes, el 22 de octubre, había iniciado en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Sergio Elgueta y Marcelo Vásquez por tráfio de influencias.
Según las versiones oficiales de Abbott y Letelier, el parlamentario había solicitado esa audiencia para manifestar su “preocupación” por el conflicto entre la fiscalía regional y algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero ambos personeros niegan que hayan hablado de alguna medida específica en contra de Arias.
“Mañosamente, han intentado mezclar la reunión que sostuve con el senador Juan Pablo Letelier con las resoluciones que firmé ese día respecto de una investigación por nombramientos irregulares que involucra a magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua”, escribió Abbott en una extensa carta a El Mercurio.
“Quiero aclarar que no es cierto que haya hecho gestiones para ‘defender’ a jueces de Rancagua hoy cuestionados, solo manifesté mi preocupación por el desorden que había”, aseguró Letelier desde Qatar, donde asistía a las sesiones del Parlatino.
Las explicaciones, sin embargo, no fueron suficientes. Para el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, el parlamentario debió haber manifestado esa preocupación al Poder Judicial y no al fiscal nacional. Y desde el gobierno y la oposición emplazaron al parlamentario a aclarar su relación con los magistrados de Rancagua que se encuentran sumariados y suspendidos de sus funciones, más aún luego de que el miércoles 10 Radio Bío Bío divulgó una fotografía tomada en 2016, en la que aparece Letelier junto a varios ministros y jueces de Rancagua -entre ellos los dos jueces suspendidos- en un restaurante.
Letelier, quien regresó ayer a Chile, deberá hacer frente a los cuestionamientos, incluso dentro de su partido. El martes 16, el Tribunal Supremo del PS, que preside el abogado Pablo Velozo, deberá resolver si acoge a trámite la solicitud del exconcejal de Rengo y militante socialista Sergio Roldán, para que se suspenda la militancia del senador mientras dure la investigación judicial.
El requerimiento ante el TS refuerza la presión sobre la mesa del PS que venían haciendo dirigentes socialistas, como el extimonel Osvaldo Andrade y los diputados Jaime Naranjo y Marcelo Díaz para que el partido diera una señal en contra de Letelier.
Cercanos al senador afirman que estas críticas estarían vinculadas a pugnas internas dentro de la colectividad, pues han sido alentadas, hasta ahora, por personeros de facciones distantes a la suya. Letelier integra el grupo de los “terceristas”, al cual también pertenece el timonel del PS, Álvaro Elizalde.
El senador, hijo del asesinado exministro de Allende Orlando Letelier, en los últimos días solo ha tomado un breve contacto desde Qatar con el jefe de su bancada, el senador Carlos Montes, para reiterar que no hizo gestiones para favorecer a los jueces.
Al interior del PS, sin embargo, se han intensificado las críticas a la forma en que Letelier -y otros parlamentarios- ejercen su rol senatorial en las zonas que representan.
Las críticas apuntan a las redes de poder que ha construido Letelier en la Región de O’Higgins durante los 29 años que lleva como parlamentario, primero como diputado y luego como senador.
Aunque no es el único que lo hace, aseguran en el PS, durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, Letelier se caracteriza por su interés en involucrarse en los nombramientos de autoridades regionales a todo nivel.
Entre funcionarios del Ministerio del Interior del último gobierno de Bachelet recuerdan, incluso, la fuerte presión que ejerció en mayo de 2016 para que se nombrara como intendente de O’Higgins a Pablo Silva, su exjefe de campaña senatorial.
Ya en la oposición, las redes de Letelier, aseguran militantes socialistas de la zona, se extienden a casi todos los ámbitos. A lo menos tres operadores políticos de confianza se desempeñan en la recién creada Universidad de O’Higgins y otros están instalados en municipios opositores.
A los jueces y ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, aseguran las mismas fuentes del PS, comenzó a acercarse poco después de que fuera sobreseído del caso coimas, investigación en la que se le acusó de negociación incompatible y fraude al Fisco y en la que alcanzó a ser desaforado y estar detenido 13 días en el anexo Capuchinos por orden del ministro Carlos Aránguiz.
Los contactos con los magistrados, aseguran detractores de Letelier en el PS, le habrían permitido al senador hacer lobby ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua en favor del ingreso de cercanos a él a las ternas para la designación de notarios.
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Según las versiones oficiales de Abbott y Letelier, el parlamentario había solicitado esa audiencia para manifestar su “preocupación” por el conflicto entre la fiscalía regional y algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero ambos personeros niegan que hayan hablado de alguna medida específica en contra de Arias.
“Mañosamente, han intentado mezclar la reunión que sostuve con el senador Juan Pablo Letelier con las resoluciones que firmé ese día respecto de una investigación por nombramientos irregulares que involucra a magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua”, escribió Abbott en una extensa carta a El Mercurio.
“Quiero aclarar que no es cierto que haya hecho gestiones para ‘defender’ a jueces de Rancagua hoy cuestionados, solo manifesté mi preocupación por el desorden que había”, aseguró Letelier desde Qatar, donde asistía a las sesiones del Parlatino.
Las explicaciones, sin embargo, no fueron suficientes. Para el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, el parlamentario debió haber manifestado esa preocupación al Poder Judicial y no al fiscal nacional. Y desde el gobierno y la oposición emplazaron al parlamentario a aclarar su relación con los magistrados de Rancagua que se encuentran sumariados y suspendidos de sus funciones, más aún luego de que el miércoles 10 Radio Bío Bío divulgó una fotografía tomada en 2016, en la que aparece Letelier junto a varios ministros y jueces de Rancagua -entre ellos los dos jueces suspendidos- en un restaurante.
Letelier, quien regresó ayer a Chile, deberá hacer frente a los cuestionamientos, incluso dentro de su partido. El martes 16, el Tribunal Supremo del PS, que preside el abogado Pablo Velozo, deberá resolver si acoge a trámite la solicitud del exconcejal de Rengo y militante socialista Sergio Roldán, para que se suspenda la militancia del senador mientras dure la investigación judicial.
El requerimiento ante el TS refuerza la presión sobre la mesa del PS que venían haciendo dirigentes socialistas, como el extimonel Osvaldo Andrade y los diputados Jaime Naranjo y Marcelo Díaz para que el partido diera una señal en contra de Letelier.
Cercanos al senador afirman que estas críticas estarían vinculadas a pugnas internas dentro de la colectividad, pues han sido alentadas, hasta ahora, por personeros de facciones distantes a la suya. Letelier integra el grupo de los “terceristas”, al cual también pertenece el timonel del PS, Álvaro Elizalde.
El senador, hijo del asesinado exministro de Allende Orlando Letelier, en los últimos días solo ha tomado un breve contacto desde Qatar con el jefe de su bancada, el senador Carlos Montes, para reiterar que no hizo gestiones para favorecer a los jueces.
Al interior del PS, sin embargo, se han intensificado las críticas a la forma en que Letelier -y otros parlamentarios- ejercen su rol senatorial en las zonas que representan.
Las críticas apuntan a las redes de poder que ha construido Letelier en la Región de O’Higgins durante los 29 años que lleva como parlamentario, primero como diputado y luego como senador.
Aunque no es el único que lo hace, aseguran en el PS, durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, Letelier se caracteriza por su interés en involucrarse en los nombramientos de autoridades regionales a todo nivel.
Entre funcionarios del Ministerio del Interior del último gobierno de Bachelet recuerdan, incluso, la fuerte presión que ejerció en mayo de 2016 para que se nombrara como intendente de O’Higgins a Pablo Silva, su exjefe de campaña senatorial.
Ya en la oposición, las redes de Letelier, aseguran militantes socialistas de la zona, se extienden a casi todos los ámbitos. A lo menos tres operadores políticos de confianza se desempeñan en la recién creada Universidad de O’Higgins y otros están instalados en municipios opositores.
A los jueces y ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, aseguran las mismas fuentes del PS, comenzó a acercarse poco después de que fuera sobreseído del caso coimas, investigación en la que se le acusó de negociación incompatible y fraude al Fisco y en la que alcanzó a ser desaforado y estar detenido 13 días en el anexo Capuchinos por orden del ministro Carlos Aránguiz.
Los contactos con los magistrados, aseguran detractores de Letelier en el PS, le habrían permitido al senador hacer lobby ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua en favor del ingreso de cercanos a él a las ternas para la designación de notarios.
4. LA CAÍDA DE LOS JUECES MASONES
Tras hacerse pública la indagatoria, la Gran Logia expulsó a cuatro de sus miembros. Entre ellos, dos jueces investigados por faltas a la probidad.
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Tráfico de influencias, negociación incompatible y nombramientos ilegales de funcionarios del Poder Judicial. Esos son los tres delitos que desde fines de 2018 se encuentra investigando el fiscal regional de la Zona Sur, Raúl Guzmán, en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta.
La investigación reservada, que se inició en octubre de 2018 por una denuncia anónima, llegó a manos de Guzmán por decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien resolvió alejar de la indagatoria al persecutor jefe de Rancagua, Emiliano Arias. La medida administrativa que traspasó a la Zona Sur una investigación de alta complejidad provocó una crisis en el Poder Judicial y también en la masonería chilena.
Los ministros Elgueta y Marcelo Albornoz, ambos investigados por presuntas faltas a la probidad, eran parte de la Logia Jorge Washington N° 56 de Rancagua, creada en 1919, la más antigua de la Región de O’Higgins. Fue en ese lugar donde habrían conocido al doctor Luis Arenas, médico de cabecera de los tres jueces indagados y quien, según la fiscalía, habría liderado una red dedicada al tráfico de fentermina. Arenas, quien registra constantes conversaciones con uno de los jueces, fue condenado el 4 de abril de 2018 por tráfico de sicotrópicos.
Las investigaciones iniciadas tanto en el ámbito penal como administrativo tensionaron la permanencia de los jueces en la masonería local. A tal punto, que el consejo de la Gran Logia de Chile decidió sancionar a Elgueta y Albornoz con la “pérdida de la calidad masónica, lo que implica su expulsión definitiva de la orden”. En la masonería aseguran que la decisión se fundamentó en el “gran daño que causaron” con las presuntas faltas a la probidad cometidas.
El fiscal Guzmán -quien el martes podría ser ratificado por la sala del Senado para asumir como secretario de la Cámara Alta- es conocido por su cercanía con miembros de la orden tanto en el mundo judicial como político. Fuentes de la investigación aseguran que la causa que sustancia contra los jueces puso especial énfasis en la arista de nombramientos irregulares de funcionarios judiciales.
El 9 de abril, Guzmán interrogó por casi dos horas a uno de los jueces investigados. Su despacho privado, ubicado en el sexto piso de la Fiscalía Metropolitana Sur, en la comuna de San Miguel, fue el lugar donde el ministro Emilio Elgueta, acompañado de su abogado, Boris Paredes, respondió a las preguntas de la fiscalía.
Según declaró Elgueta, la designación como asesora técnica de Karla Vásquez, hija del ministro de Rancagua Marcelo Vásquez, también indagado en esta causa, no pasó solo por su decisión. “No depende de él la confección ni designación de las personas en determinados cargos, sino que eso le corresponde a la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, aseguró Paredes tras el interrogatorio. Pocos días antes de esta diligencia, el 29 de marzo, el ministro Vásquez declaró ante el fiscal Guzmán.
Las diligencias en torno a los supuestos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y nombramientos ilegales se ha mantenido en estricta reserva por parte del fiscal Raúl Guzmán y la PDI, quienes están revisando los contratos vinculados a la hija del ministro Vásquez, las bases de los concursos públicos realizados en ese tribunal y también interrogando a miembros de la Corte de Rancagua para obtener más nombres de personas que pudieron ser favorecidas con las presuntas gestiones de los jueces.
Este punto es indagado en paralelo por la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, quien también tomó declaración a los jueces del tribunal de alzada. Este tema, aseguran fuentes de la investigación, es uno de los flancos más complejos de probar debido a que no existiría una regulación de las designaciones para cargos de suplencia.
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Tráfico de influencias, negociación incompatible y nombramientos ilegales de funcionarios del Poder Judicial. Esos son los tres delitos que desde fines de 2018 se encuentra investigando el fiscal regional de la Zona Sur, Raúl Guzmán, en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta.
La investigación reservada, que se inició en octubre de 2018 por una denuncia anónima, llegó a manos de Guzmán por decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien resolvió alejar de la indagatoria al persecutor jefe de Rancagua, Emiliano Arias. La medida administrativa que traspasó a la Zona Sur una investigación de alta complejidad provocó una crisis en el Poder Judicial y también en la masonería chilena.
Los ministros Elgueta y Marcelo Albornoz, ambos investigados por presuntas faltas a la probidad, eran parte de la Logia Jorge Washington N° 56 de Rancagua, creada en 1919, la más antigua de la Región de O’Higgins. Fue en ese lugar donde habrían conocido al doctor Luis Arenas, médico de cabecera de los tres jueces indagados y quien, según la fiscalía, habría liderado una red dedicada al tráfico de fentermina. Arenas, quien registra constantes conversaciones con uno de los jueces, fue condenado el 4 de abril de 2018 por tráfico de sicotrópicos.
Las investigaciones iniciadas tanto en el ámbito penal como administrativo tensionaron la permanencia de los jueces en la masonería local. A tal punto, que el consejo de la Gran Logia de Chile decidió sancionar a Elgueta y Albornoz con la “pérdida de la calidad masónica, lo que implica su expulsión definitiva de la orden”. En la masonería aseguran que la decisión se fundamentó en el “gran daño que causaron” con las presuntas faltas a la probidad cometidas.
El fiscal Guzmán -quien el martes podría ser ratificado por la sala del Senado para asumir como secretario de la Cámara Alta- es conocido por su cercanía con miembros de la orden tanto en el mundo judicial como político. Fuentes de la investigación aseguran que la causa que sustancia contra los jueces puso especial énfasis en la arista de nombramientos irregulares de funcionarios judiciales.
El 9 de abril, Guzmán interrogó por casi dos horas a uno de los jueces investigados. Su despacho privado, ubicado en el sexto piso de la Fiscalía Metropolitana Sur, en la comuna de San Miguel, fue el lugar donde el ministro Emilio Elgueta, acompañado de su abogado, Boris Paredes, respondió a las preguntas de la fiscalía.
Según declaró Elgueta, la designación como asesora técnica de Karla Vásquez, hija del ministro de Rancagua Marcelo Vásquez, también indagado en esta causa, no pasó solo por su decisión. “No depende de él la confección ni designación de las personas en determinados cargos, sino que eso le corresponde a la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, aseguró Paredes tras el interrogatorio. Pocos días antes de esta diligencia, el 29 de marzo, el ministro Vásquez declaró ante el fiscal Guzmán.
Las diligencias en torno a los supuestos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y nombramientos ilegales se ha mantenido en estricta reserva por parte del fiscal Raúl Guzmán y la PDI, quienes están revisando los contratos vinculados a la hija del ministro Vásquez, las bases de los concursos públicos realizados en ese tribunal y también interrogando a miembros de la Corte de Rancagua para obtener más nombres de personas que pudieron ser favorecidas con las presuntas gestiones de los jueces.
Este punto es indagado en paralelo por la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, quien también tomó declaración a los jueces del tribunal de alzada. Este tema, aseguran fuentes de la investigación, es uno de los flancos más complejos de probar debido a que no existiría una regulación de las designaciones para cargos de suplencia.
5. LA PESQUISA CONTRA EL RELOJ DE LA MINISTRA MAGGI
Tras iniciar la investigación sumaria, la Fiscalía de Rancagua aportó piezas clave para la causa administrativa: escuchas y registro de llamadas.
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La presidencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ubicada en el cuarto piso del edificio de calle Brasil 922, se ha transformado en el improvisado despacho de la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi. Desde principios de abril, la magistrada tiene dedicación exclusiva para instruir el proceso disciplinario por las presuntas irregularidades cometidas por jueces de los tribunales de la Región de O’Higgins.
Las conductas de tres ministros de esa jurisdicción, a las que se suma el caso de un juez de garantía, forman parte de los hechos administrativo que indaga la magistrada. Quienes conocen la causa por “tráfico de influencias por intervención en procesos judiciales”, aseguran que una pieza clave de su investigación es la copia del expediente reservado que le envió la Fiscalía de O’Higgins. En ella se investiga a los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, por presuntos actos de corrupción.
Entre las pruebas obtenidas en la causa penal se encuentran los tráficos de llamadas y las escuchas entre el juez Emilio Elgueta y abogados litigantes en, al menos, siete causas tramitadas en el tribunal de alzada de Rancagua. Todas estas evidencias fueron entregadas a la jueza instructora Rosa María Maggi por el fiscal regional Emiliano Arias, quien, en medio del proceso administrativo, declaró en calidad de denunciante. Así, la ministra Maggi conoció las presunta gestiones que realizó Elgueta para que contrataran a su excónyuge y una de sus alumnas, además de su supuesta intervención en fallos para favorecer a sus cercanos.
El análisis de los registros de llamadas y escuchas telefónicas también incidió en la apertura de una causa administrativa contra el juez Marcelo Albornoz. Estas pruebas serían uno de los pilares de la causa de la ministra Maggi, ya que dichas conductas estarían sancionada en el Código Orgánico de Tribunales, que prohíbe a los jueces mantener contacto con abogados que mantengan causas vigentes.
Además de los registros de llamadas, la ministra Maggi posee, hasta ahora, cuatro denuncias contra Elgueta y más de una veintena de testimonios a lo largo de su investigación administrativa. Una de las declaraciones que alertó a la magistrada fue la de un funcionario administrativo del tribunal de Rancagua. En su testimonio, el trabajador reconoció que, por orden del juez Elgueta, debía realizar depósitos frecuentes de dinero en las cuentas bancarias del sentenciador. A este antecedente se suma el traspaso de $ 1 millón que habría realizado el juez de garantía Gianni Libretti a la cuenta del ministro Elgueta, su superior jerárquico, 22 días después de asumir su cargo en el Tribunal de Primera Instancia.
Junto con el caso de Elgueta, la causa administrativa en la Corte de Apelaciones de O’Higgins también indaga el nombramiento irregular de la hija del ministro Marcelo Vásquez para asumir cargos de suplencia en el Poder Judicial. En este hecho, según fuentes judiciales, existiría un “vacío”, ya que estas designaciones temporales no estarían normadas ni sancionadas para casos en que existan vínculos familiares con jueces.
Pese al avance en la investigación iniciada en noviembre de 2018, existe un factor que complica a la jueza de la Suprema: el acotado tiempo que tiene para decidir sobre el desenlace de su indagatoria. Esto, debido a que tras notificar a los jueces investigados a fines de marzo, la ministra Maggi tiene 18 días hábiles para recibir los descargos y pruebas de los acusados y, luego, entregar su informe final a la Corte Suprema, donde debe detallar las irregularidades, las pruebas que sustentan los cargos que formuló y su propuesta de sanción.
Fuentes ligadas a la causa aseguran que debido a las evidencias halladas durante el proceso, la jueza propondría al máximo tribunal abrir un cuaderno de remoción contra, al menos, dos de los jueces indagados.
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Las conductas de tres ministros de esa jurisdicción, a las que se suma el caso de un juez de garantía, forman parte de los hechos administrativo que indaga la magistrada. Quienes conocen la causa por “tráfico de influencias por intervención en procesos judiciales”, aseguran que una pieza clave de su investigación es la copia del expediente reservado que le envió la Fiscalía de O’Higgins. En ella se investiga a los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, por presuntos actos de corrupción.
Entre las pruebas obtenidas en la causa penal se encuentran los tráficos de llamadas y las escuchas entre el juez Emilio Elgueta y abogados litigantes en, al menos, siete causas tramitadas en el tribunal de alzada de Rancagua. Todas estas evidencias fueron entregadas a la jueza instructora Rosa María Maggi por el fiscal regional Emiliano Arias, quien, en medio del proceso administrativo, declaró en calidad de denunciante. Así, la ministra Maggi conoció las presunta gestiones que realizó Elgueta para que contrataran a su excónyuge y una de sus alumnas, además de su supuesta intervención en fallos para favorecer a sus cercanos.
El análisis de los registros de llamadas y escuchas telefónicas también incidió en la apertura de una causa administrativa contra el juez Marcelo Albornoz. Estas pruebas serían uno de los pilares de la causa de la ministra Maggi, ya que dichas conductas estarían sancionada en el Código Orgánico de Tribunales, que prohíbe a los jueces mantener contacto con abogados que mantengan causas vigentes.
Además de los registros de llamadas, la ministra Maggi posee, hasta ahora, cuatro denuncias contra Elgueta y más de una veintena de testimonios a lo largo de su investigación administrativa. Una de las declaraciones que alertó a la magistrada fue la de un funcionario administrativo del tribunal de Rancagua. En su testimonio, el trabajador reconoció que, por orden del juez Elgueta, debía realizar depósitos frecuentes de dinero en las cuentas bancarias del sentenciador. A este antecedente se suma el traspaso de $ 1 millón que habría realizado el juez de garantía Gianni Libretti a la cuenta del ministro Elgueta, su superior jerárquico, 22 días después de asumir su cargo en el Tribunal de Primera Instancia.
Junto con el caso de Elgueta, la causa administrativa en la Corte de Apelaciones de O’Higgins también indaga el nombramiento irregular de la hija del ministro Marcelo Vásquez para asumir cargos de suplencia en el Poder Judicial. En este hecho, según fuentes judiciales, existiría un “vacío”, ya que estas designaciones temporales no estarían normadas ni sancionadas para casos en que existan vínculos familiares con jueces.
Pese al avance en la investigación iniciada en noviembre de 2018, existe un factor que complica a la jueza de la Suprema: el acotado tiempo que tiene para decidir sobre el desenlace de su indagatoria. Esto, debido a que tras notificar a los jueces investigados a fines de marzo, la ministra Maggi tiene 18 días hábiles para recibir los descargos y pruebas de los acusados y, luego, entregar su informe final a la Corte Suprema, donde debe detallar las irregularidades, las pruebas que sustentan los cargos que formuló y su propuesta de sanción.
Fuentes ligadas a la causa aseguran que debido a las evidencias halladas durante el proceso, la jueza propondría al máximo tribunal abrir un cuaderno de remoción contra, al menos, dos de los jueces indagados.
Publicado originalmente en Reportajes La Tercera (14/04/2019)
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