Kevin Garrido miraba al frente, al lado, atrás, a todo su alrededor. Le hablaban, pero no ponía atención. Estaba nervioso. “¿Qué te pasa?”, le preguntó Alicia Parra, la abogada de la Defensoría Penal Pública que lo representaba desde noviembre de 2017. Él le dijo que no era nada, que no se preocupara, pero que en ese mismo salón donde los reos se juntan con sus defensores, había alguien con quien tenía problemas hacía un tiempo. Parra no podía no preocuparse: sabía que en el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, los “problemas” no son algo para tomar a la ligera.
La abogada recuerda que una vez, en ese mismo lugar donde llegan a juntarse 300 o más personas custodiadas por apenas dos o tres gendarmes, alguien terminó con un lápiz enterrado en el cuello. En otra oportunidad estuvieron a punto de robarle la billetera. Muchas veces los reos no salen a reunirse con sus abogados por el alto riesgo que implica cruzarse con otros y el mismo Kevin ya le había dicho en otras ocasiones que corría peligro. Entonces ella se sintió insegura. “¿Quién es? Dime, para avisar a los gendarmes y que tomen algún resguardo”. Pero él no dijo nada. En los códigos de Kevin, un joven antisistema cercano a las ideas del ecoextremismo, sapear no estaba permitido. Tampoco someterse a la autoridad ni a nadie.
Partía octubre y Kevin Garrido, de 21, ya se acercaba a los tres años preso. Llegó el 19 noviembre de 2015 a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS): el mismo día que lo agarraron junto a un amigo luego de poner una bomba afuera de la Escuela de Gendarmería, en San Bernardo. Hizo mucho ruido, pero el estallido apenas soltó algo del estuco del muro. Con un martillo quizás hubiesen hecho más daño.
Lo acusaban además de otra explosión un mes antes, en la 12° Comisaría de Carabineros de San Miguel. También por porte de arma blanca y la pólvora negra que hallaron en su casa. La foto del día que lo detuvieron lo muestra escupiendo al rostro de uno de los policías que lo llevaban esposado.
Con 23 horas diarias de encierro y una de patio, a los tres meses ya pedía que lo cambiaran de módulo por conflictos al interior de la CAS. No resultó. Una mañana de abril de 2016, se enfrentó a un gendarme. Lo insultó frente a los otros reos. “¿Y qué pasa?”, lo desafió a gritos. Cuando llegó el jefe de turno, a él le dijo: “A usted no le doy jugo, pero a este bastardo le doy cualquier jugo”. Fue su primer castigo: 20 días sin encomiendas.
En mayo de ese año pidió traslado a otro penal. Se lo dieron en junio, el mismo día que le requisaron una tarjeta de memoria micro SD que ocultaba en su boca, y que le implicó otra sanción. De ahí llegó a Santiago Uno para seguir su prisión preventiva. Primero al módulo 16, después al 25, con reos reincidentes y de alta peligrosidad. Fue ahí que se encontró con lo que relató en una carta pública unos meses después: golpes de los carceleros durante los allanamientos y, en cinco meses, al menos cinco internos asesinados a manos de otros presos. Apuñalados, quemados con agua hirviendo, con cuchillos lanzados al cuello. Algunos atacados por una docena de reos, ante cámaras y gendarmes que no impedían nada. Y él se defendería. Escribió que no se escudaría en una iglesia ni se sometería. Que ya se estaba ganando el respeto de los otros presidiarios y que aunque no le agradaba, recurriría a la cuchilla, pues las peleas adentro no eran a combos.
Y así hizo. En agosto de 2017 lo sorprendieron con un estoque de 66 centímetros en sus manos. 15 días sin visitas, le dieron de castigo. En noviembre de ese año, de nuevo le encontraron un arma blanca hechiza. 15 días más. Y al mes siguiente, otra, esta vez de unos 55 centímetros.
Este año, a comienzos de septiembre, dictaron su sentencia: 17 años de cárcel. A los pocos días se cambió de módulo sin permiso, del 25 al 24, y lo volvieron a sancionar. Lo pasaron al módulo de aislamiento, como una medida transicional. Cuando se dio esa reunión con su abogada a comienzos de octubre, él aún estaba ahí. Y eso lo tenía nervioso. No quería volver al módulo 25, porque sabía que ahí estaba en riesgo. Un informe de Gendarmería elaborado por esos días así lo señala: corría “un serio riesgo su integridad física”.
Al final lo pasaron al módulo 24, mientras esperaba que se resolviera un recurso para anular al menos parte de su condena. “Se veía más tranquilo”, dice su defensora Alicia Parra, que lo vio de nuevo el lunes 29 de octubre. Cuatro días después, a Kevin le atravesaron el tórax y el abdomen con un estoque de un metro. Murió antes de llegar al hospital. Sería el segundo muerto que pesa en el historial de Lucas Bravo.
La abogada recuerda que una vez, en ese mismo lugar donde llegan a juntarse 300 o más personas custodiadas por apenas dos o tres gendarmes, alguien terminó con un lápiz enterrado en el cuello. En otra oportunidad estuvieron a punto de robarle la billetera. Muchas veces los reos no salen a reunirse con sus abogados por el alto riesgo que implica cruzarse con otros y el mismo Kevin ya le había dicho en otras ocasiones que corría peligro. Entonces ella se sintió insegura. “¿Quién es? Dime, para avisar a los gendarmes y que tomen algún resguardo”. Pero él no dijo nada. En los códigos de Kevin, un joven antisistema cercano a las ideas del ecoextremismo, sapear no estaba permitido. Tampoco someterse a la autoridad ni a nadie.
Partía octubre y Kevin Garrido, de 21, ya se acercaba a los tres años preso. Llegó el 19 noviembre de 2015 a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS): el mismo día que lo agarraron junto a un amigo luego de poner una bomba afuera de la Escuela de Gendarmería, en San Bernardo. Hizo mucho ruido, pero el estallido apenas soltó algo del estuco del muro. Con un martillo quizás hubiesen hecho más daño.
Lo acusaban además de otra explosión un mes antes, en la 12° Comisaría de Carabineros de San Miguel. También por porte de arma blanca y la pólvora negra que hallaron en su casa. La foto del día que lo detuvieron lo muestra escupiendo al rostro de uno de los policías que lo llevaban esposado.
Con 23 horas diarias de encierro y una de patio, a los tres meses ya pedía que lo cambiaran de módulo por conflictos al interior de la CAS. No resultó. Una mañana de abril de 2016, se enfrentó a un gendarme. Lo insultó frente a los otros reos. “¿Y qué pasa?”, lo desafió a gritos. Cuando llegó el jefe de turno, a él le dijo: “A usted no le doy jugo, pero a este bastardo le doy cualquier jugo”. Fue su primer castigo: 20 días sin encomiendas.
En mayo de ese año pidió traslado a otro penal. Se lo dieron en junio, el mismo día que le requisaron una tarjeta de memoria micro SD que ocultaba en su boca, y que le implicó otra sanción. De ahí llegó a Santiago Uno para seguir su prisión preventiva. Primero al módulo 16, después al 25, con reos reincidentes y de alta peligrosidad. Fue ahí que se encontró con lo que relató en una carta pública unos meses después: golpes de los carceleros durante los allanamientos y, en cinco meses, al menos cinco internos asesinados a manos de otros presos. Apuñalados, quemados con agua hirviendo, con cuchillos lanzados al cuello. Algunos atacados por una docena de reos, ante cámaras y gendarmes que no impedían nada. Y él se defendería. Escribió que no se escudaría en una iglesia ni se sometería. Que ya se estaba ganando el respeto de los otros presidiarios y que aunque no le agradaba, recurriría a la cuchilla, pues las peleas adentro no eran a combos.
Y así hizo. En agosto de 2017 lo sorprendieron con un estoque de 66 centímetros en sus manos. 15 días sin visitas, le dieron de castigo. En noviembre de ese año, de nuevo le encontraron un arma blanca hechiza. 15 días más. Y al mes siguiente, otra, esta vez de unos 55 centímetros.
Este año, a comienzos de septiembre, dictaron su sentencia: 17 años de cárcel. A los pocos días se cambió de módulo sin permiso, del 25 al 24, y lo volvieron a sancionar. Lo pasaron al módulo de aislamiento, como una medida transicional. Cuando se dio esa reunión con su abogada a comienzos de octubre, él aún estaba ahí. Y eso lo tenía nervioso. No quería volver al módulo 25, porque sabía que ahí estaba en riesgo. Un informe de Gendarmería elaborado por esos días así lo señala: corría “un serio riesgo su integridad física”.
Al final lo pasaron al módulo 24, mientras esperaba que se resolviera un recurso para anular al menos parte de su condena. “Se veía más tranquilo”, dice su defensora Alicia Parra, que lo vio de nuevo el lunes 29 de octubre. Cuatro días después, a Kevin le atravesaron el tórax y el abdomen con un estoque de un metro. Murió antes de llegar al hospital. Sería el segundo muerto que pesa en el historial de Lucas Bravo.
***
Tres disparos en la calle y de noche llevaron a Lucas Bravo, de 20 años, a Santiago Uno. Fue un portonazo en San Miguel, y para robar junto a otros tres muchachos una camioneta, le metieron tres balas al conductor que se resistió. Se llamaba Luis Muñoz. No está del todo claro quién apretó el gatillo, pero ahí lo dejaron tirado y se fueron en el vehículo. Muñoz murió poco después en el hospital.
A los pocos días cayó detenida la banda completa. Lucas entró al penal con prisión preventiva por robo con intimidación el 24 de noviembre de 2016, sólo tres días antes de que un sitio web publicara la carta de Kevin Garrido.
Como Kevin nunca mencionó a nadie con nombre y apellido cuando acusó a su defensa que corría peligro, no está claro si era o no Lucas Bravo quien lo ponía nervioso. Aunque en el último tiempo, éste último también tenía una racha de actos violentos.
El 24 de abril pasado, en medio de una pelea en el patio del módulo 24, Lucas apuñaló en el tórax y el muslo izquierdo a otro interno. Le suspendieron por 15 días las visitas.
Al mes lo pillaron en el patio del módulo 25, escondiendo en su ropa un estoque de 35 centímetros. Después, a comienzos de julio, otro preso fue apuñalado por la espalda en el casino. Gendarmería revisó las cámaras y aunque no había nada, sí identificaron algunos portando armas en el patio. Uno era Lucas.
Cuatro días pasaron y de nuevo se vio involucrado en un episodio catalogado en los informes internos de Gendarmería como “desórdenes”. Lo tuvieron que sacar esposado. Cada una de esas instancias terminó con una sanción de 15 días sin visitas.
El siguiente acto violento fue el viernes 2 de noviembre por la mañana. Faltaban pocos minutos para las 9:00, y mientras se preparaba el desencierro de los internos, llegó un aviso desde la sala de cámaras. Dos presos habían comenzado a discutir en el módulo 24 y se avecinaba una pelea.
Todo fue muy rápido. Pasaron apenas tres minutos entre el aviso de riña y el momento en que sacaron a Kevin para llevarlo al hospital interno del penal. Lo revisaron. Vieron que la estocada era grave, “de riesgo vital”, dice el informe, así que no había mucho que hacer ahí. Lo derivaron de inmediato al Hospital Barros Luco, el más cercano, pero Kevin Garrido llegó muerto.
Al día siguiente por la tarde, Lucas Bravo pasó a control de detención por homicidio. Por esa muerte, lo sancionaron también con 30 días sin visitas.
A los pocos días cayó detenida la banda completa. Lucas entró al penal con prisión preventiva por robo con intimidación el 24 de noviembre de 2016, sólo tres días antes de que un sitio web publicara la carta de Kevin Garrido.
Como Kevin nunca mencionó a nadie con nombre y apellido cuando acusó a su defensa que corría peligro, no está claro si era o no Lucas Bravo quien lo ponía nervioso. Aunque en el último tiempo, éste último también tenía una racha de actos violentos.
El 24 de abril pasado, en medio de una pelea en el patio del módulo 24, Lucas apuñaló en el tórax y el muslo izquierdo a otro interno. Le suspendieron por 15 días las visitas.
Al mes lo pillaron en el patio del módulo 25, escondiendo en su ropa un estoque de 35 centímetros. Después, a comienzos de julio, otro preso fue apuñalado por la espalda en el casino. Gendarmería revisó las cámaras y aunque no había nada, sí identificaron algunos portando armas en el patio. Uno era Lucas.
Cuatro días pasaron y de nuevo se vio involucrado en un episodio catalogado en los informes internos de Gendarmería como “desórdenes”. Lo tuvieron que sacar esposado. Cada una de esas instancias terminó con una sanción de 15 días sin visitas.
El siguiente acto violento fue el viernes 2 de noviembre por la mañana. Faltaban pocos minutos para las 9:00, y mientras se preparaba el desencierro de los internos, llegó un aviso desde la sala de cámaras. Dos presos habían comenzado a discutir en el módulo 24 y se avecinaba una pelea.
Todo fue muy rápido. Pasaron apenas tres minutos entre el aviso de riña y el momento en que sacaron a Kevin para llevarlo al hospital interno del penal. Lo revisaron. Vieron que la estocada era grave, “de riesgo vital”, dice el informe, así que no había mucho que hacer ahí. Lo derivaron de inmediato al Hospital Barros Luco, el más cercano, pero Kevin Garrido llegó muerto.
Al día siguiente por la tarde, Lucas Bravo pasó a control de detención por homicidio. Por esa muerte, lo sancionaron también con 30 días sin visitas.
***
Kevin no firmaba con su nombre, sino con una sigla: ACAB. Para la fiscalía era el acrónimo en inglés para “Todos los policías son bastardos”. Él respondía irónico que no, que el significado era “Todos los gatos son hermosos”.
Él era un hombre de gatos. En la cámara que le incautaron donde había fotos de bombas caseras, también había de su familia y de su gato. Y cuando oyó su condena, su abogada recuerda que lo que más le pesaba era la falta que haría a su madre y que nunca más vería a ese animal.
Tras su muerte, vino un funeral que partió en la casa donde vivía en San Bernardo; pasó por la Población La Victoria y siguió hasta el Cementerio Parque del Sendero. Lo despidieron con disparos al aire, bengalas y pirotecnia, y con problemas con Carabineros durante el cortejo.
Su familia aún no se ha hecho parte en la investigación por su asesinato, que según ha trascendido, apunta también a los gendarmes que estaban cargo en ese momento. Como su responsabilidad penal se extingue con la muerte, para el lunes 12 está programada una audiencia para sobreseerlo definitivamente por el tema de las bombas.
Mientras, en sitios web de grupos antisistema, lo homenajean como a un combatiente caído. En uno lo describen así: “Kevin, tú eres caos”.
Él era un hombre de gatos. En la cámara que le incautaron donde había fotos de bombas caseras, también había de su familia y de su gato. Y cuando oyó su condena, su abogada recuerda que lo que más le pesaba era la falta que haría a su madre y que nunca más vería a ese animal.
Tras su muerte, vino un funeral que partió en la casa donde vivía en San Bernardo; pasó por la Población La Victoria y siguió hasta el Cementerio Parque del Sendero. Lo despidieron con disparos al aire, bengalas y pirotecnia, y con problemas con Carabineros durante el cortejo.
Su familia aún no se ha hecho parte en la investigación por su asesinato, que según ha trascendido, apunta también a los gendarmes que estaban cargo en ese momento. Como su responsabilidad penal se extingue con la muerte, para el lunes 12 está programada una audiencia para sobreseerlo definitivamente por el tema de las bombas.
Mientras, en sitios web de grupos antisistema, lo homenajean como a un combatiente caído. En uno lo describen así: “Kevin, tú eres caos”.
Publicado originalmente en Reportajes La Tercera (11/11/2018)
Comentarios