Por Juan Pablo Figueroa y María José Ahumada
Dice el texto que al sexto día, Dios creó “el modelo para la mujer del militar”. Que un grupo de ángeles le preguntó y él les dijo cómo debía ser ella: independiente, con cualidades de padre y madre, y entregada a la enseñanza y cuidado de sus hijos. De mentón erguido y frente en alto, sería un buen ejemplo y de “legado consanguíneo intachable”. Que debía además ser la perfecta anfitriona para cuatro o 40 personas con tan sólo una hora de aviso, capaz de mantenerse a puro café y manejar cualquier emergencia imaginable, sin manual alguno. Comportarse alegre y entusiasta, esté embarazada o enferma, y estar dispuesta a mudarse a lo menos diez veces en 17 años. Y tener seis pares de manos.
“¿Seis pares de manos?”, le habrían preguntado los ángeles. Dios les respondió:
“No se preocupen, pues haremos más mujeres de militar para ayudarla y les daremos a todas un corazón excepcionalmente fuerte para que pueda hincharse de orgullo con cada logro de su marido, soportar el dolor de las separaciones, que palpite rítmicamente cuando esté agotado y que sea lo suficientemente grande para decir ‘Sí, comprendo’, aunque no sea el caso, y decir ‘Te quiero’ bajo cualquier circunstancia”.
Lo anterior forma parte de un escrito grabado en una placa de bronce muy bien enmarcada, sobre una repisa en un amplio salón equipado con antiguos muebles que parecen no haber sido usados ni movidos hace ya bastante tiempo. Los floreros en las mesas tienen flores, aunque todas plásticas.
Nada es nuevo y casi todo en el lugar apunta al pasado. En las paredes, cuelgan un viejo retrato de una joven Lucía Hiriart sonriéndole a un par de niños; una enorme fotografía donde ella y su esposo, el general Augusto Pinochet, aparecen junto al Papa Juan Pablo II durante su visita al país en 1987; discursos añejos que alguna vez se leyeron y que hoy se guardan enmarcados; y un collage con diversas imágenes descoloridas de cientos de mujeres muy bien formadas, desfilando con sus uniformes color burdeo, portando banderas y estandartes.
También hay en el salón varias cajas que se apilan, de las que desbordan papeles y carpetas. Son quizás la única muestra de movimiento reciente, la preparación de una mudanza hacia ninguna parte, del cierre final. Así está hoy por dentro el inmueble de avenida Francisco Bilbao N° 1049, en Providencia, la sede central de la Fundación Cema Chile.
“Esto es lo que nos va quedando. Usted sabe cómo son las cosas”, decía el portero a la entrada.
“¿Seis pares de manos?”, le habrían preguntado los ángeles. Dios les respondió:
“No se preocupen, pues haremos más mujeres de militar para ayudarla y les daremos a todas un corazón excepcionalmente fuerte para que pueda hincharse de orgullo con cada logro de su marido, soportar el dolor de las separaciones, que palpite rítmicamente cuando esté agotado y que sea lo suficientemente grande para decir ‘Sí, comprendo’, aunque no sea el caso, y decir ‘Te quiero’ bajo cualquier circunstancia”.
Lo anterior forma parte de un escrito grabado en una placa de bronce muy bien enmarcada, sobre una repisa en un amplio salón equipado con antiguos muebles que parecen no haber sido usados ni movidos hace ya bastante tiempo. Los floreros en las mesas tienen flores, aunque todas plásticas.
Nada es nuevo y casi todo en el lugar apunta al pasado. En las paredes, cuelgan un viejo retrato de una joven Lucía Hiriart sonriéndole a un par de niños; una enorme fotografía donde ella y su esposo, el general Augusto Pinochet, aparecen junto al Papa Juan Pablo II durante su visita al país en 1987; discursos añejos que alguna vez se leyeron y que hoy se guardan enmarcados; y un collage con diversas imágenes descoloridas de cientos de mujeres muy bien formadas, desfilando con sus uniformes color burdeo, portando banderas y estandartes.
También hay en el salón varias cajas que se apilan, de las que desbordan papeles y carpetas. Son quizás la única muestra de movimiento reciente, la preparación de una mudanza hacia ninguna parte, del cierre final. Así está hoy por dentro el inmueble de avenida Francisco Bilbao N° 1049, en Providencia, la sede central de la Fundación Cema Chile.
“Esto es lo que nos va quedando. Usted sabe cómo son las cosas”, decía el portero a la entrada.
PACTO PARA UN FINAL
Desde marzo que ya había fecha de término: el domingo 30 de septiembre, la Fundación Cema Chile debía dejar de existir. Eso acordó con el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El cierre paulatino de los centros de madres, el finiquito de su personal, la entrega de los 109 inmuebles que quedaban en su poder y su cierre definitivo.
“El ministro de fuero ya me lo dijo: usted va a tener que apagar la luz. Mi última misión será ir al Ministerio de Justicia a presentar el documento que diga que aquí, oficialmente, se acabó Cema Chile”, contó a Reportajes su director administrativo y representante legal, Julio Vejar.
Pero todo se atrasó. Principalmente quién se quedaría con qué inmueble y los traspaso en los respectivos conservadores de bienes raíces. Algunas propiedades no tienen completamente saneados sus papeles. También están pendientes los cierres del inventario de la fundación y su balance final. Por eso acordaron con el CDE un nuevo plazo. Sí o sí, para el próximo 30 de noviembre, la fundación que por más de 40 años presidió y encabezó Lucía Hiriart –hasta su renuncia en agosto de 2016, a sus 93 años–, estará disuelta.
Lo que hoy queda se parece cada vez más a una cáscara. Su última actividad, señala Vejar, fue en marzo pasado, cuando se hicieron cursos de capacitación en Temuco y Concepción a un pequeño grupo de socias, las últimas que quedaban. De las casi 11 mil que tenían en sus registros hasta 2015, hoy no queda ninguna.
Sin cartas ni comunicados, en la práctica, todo acababa. Dieron a su gente en regiones la orden de cerrar cuentas bancarias, entregar las propiedades y revocar su inicio de actividades. De ahí en adelante, sólo quedaría afinar el proceso de disolución.
En eso han despedido a varias personas. De los 66 funcionarios que tenían hasta 2016, quedan apenas 19. En la sede de Linares, desde donde manejan la única cuenta corriente operativa –las otras se las cerraron los bancos–, hay todavía tres personas. En la de Talagante queda una antigua secretaria que hoy sólo está ahí para evitar que el inmueble sea ocupado a la mala por terceros. Lo misma pasa en Punta Arenas, donde también una mujer hace de cuidadora de una sede fuera de operaciones. Los otros 14 trabajan en Santiago, y no a tiempo completo. La mayoría forma parte del círculo más íntimo y leal de la matriarca del clan Pinochet.
Patricia Bravo ha sido asistente de los directores que ha tenido Cema desde 1980, y ahí sigue. Junto a Vejar –que llegó en 2011–, y el fiscal de la fundación, el exabogado de la DINA, Víctor Manuel Avilés, serán los tres últimos que queden al momento de bajar la cortina.
“Después de haber visto esta fundación en una plenitud increíble, con tantas actividades sociales, ver cómo se ha ido acabando genera mucho dolor, mucha pena –dice Bravo, y agrega–. Hemos sido muy maltratados y cuestionados. Si dices ‘yo trabajo en Cema’, te miran como diciendo ‘Ah, Cema, ¿cómo trabajas ahí?’ Pero a mucha honra lo digo, porque cuando no hay nada que esconder, ¿por qué no decirlo?”
Durante las décadas del ‘70 y ‘80, bajo el mandato de Lucía Hiriart, Cema logró presencia en cada rincón del país a través 360 propiedades que le fueron traspasadas de forma gratuita. De ellas, 236 se las regaló el régimen que encabezaba su marido. Otras tantas se las donaron privados. Así, la fundación se hizo de un millonario patrimonio inmobiliario que, al volver la democracia, transformó en negocio: las comenzó a vender hasta hacer de esa su principal actividad.
Una investigación de Contacto en 2016 reveló que los ingresos por la venta de propiedades que alguna vez fueron del fisco superaban los $8.900 millones.
Todo se empezó a desmoronar cuando la fundación pasó a ser parte en 2005 de la investigación judicial por el desvío injustificado de varios millones de dólares a cuentas al extranjero por parte de la familia Pinochet, el llamado Caso Riggs. Una década después, a la ofensiva judicial se sumó una indagatoria administrativa de los ministerios de Bienes Nacionales y de Justicia, para ver si se cumplía o no lo establecido en sus estatutos y definir el destino de los millonarios recursos obtenidos del negocio inmobiliario. Entonces se desencadenó todo lo que derivó en la impensada renuncia de Hiriart, la liquidación de la entidad y las movidas del gobierno para recuperar a favor del Estado las propiedades que quedaban sin vender.
Hoy está en trámite la entrega de 88 inmuebles de vuelta al Estado, cuyo avalúo fiscal total supera los $ 6.123 millones. Es parte también de lo pactado para el cierre.
“El CDE propuso el acuerdo y accedimos porque ya queríamos cerrar. Podía ser por orden judicial o vía acuerdo. Pero ya no teníamos cómo sostenernos. E igual teníamos que cerrar en algún momento”, dice Vejar.
“El ministro de fuero ya me lo dijo: usted va a tener que apagar la luz. Mi última misión será ir al Ministerio de Justicia a presentar el documento que diga que aquí, oficialmente, se acabó Cema Chile”, contó a Reportajes su director administrativo y representante legal, Julio Vejar.
Pero todo se atrasó. Principalmente quién se quedaría con qué inmueble y los traspaso en los respectivos conservadores de bienes raíces. Algunas propiedades no tienen completamente saneados sus papeles. También están pendientes los cierres del inventario de la fundación y su balance final. Por eso acordaron con el CDE un nuevo plazo. Sí o sí, para el próximo 30 de noviembre, la fundación que por más de 40 años presidió y encabezó Lucía Hiriart –hasta su renuncia en agosto de 2016, a sus 93 años–, estará disuelta.
Lo que hoy queda se parece cada vez más a una cáscara. Su última actividad, señala Vejar, fue en marzo pasado, cuando se hicieron cursos de capacitación en Temuco y Concepción a un pequeño grupo de socias, las últimas que quedaban. De las casi 11 mil que tenían en sus registros hasta 2015, hoy no queda ninguna.
Sin cartas ni comunicados, en la práctica, todo acababa. Dieron a su gente en regiones la orden de cerrar cuentas bancarias, entregar las propiedades y revocar su inicio de actividades. De ahí en adelante, sólo quedaría afinar el proceso de disolución.
En eso han despedido a varias personas. De los 66 funcionarios que tenían hasta 2016, quedan apenas 19. En la sede de Linares, desde donde manejan la única cuenta corriente operativa –las otras se las cerraron los bancos–, hay todavía tres personas. En la de Talagante queda una antigua secretaria que hoy sólo está ahí para evitar que el inmueble sea ocupado a la mala por terceros. Lo misma pasa en Punta Arenas, donde también una mujer hace de cuidadora de una sede fuera de operaciones. Los otros 14 trabajan en Santiago, y no a tiempo completo. La mayoría forma parte del círculo más íntimo y leal de la matriarca del clan Pinochet.
Patricia Bravo ha sido asistente de los directores que ha tenido Cema desde 1980, y ahí sigue. Junto a Vejar –que llegó en 2011–, y el fiscal de la fundación, el exabogado de la DINA, Víctor Manuel Avilés, serán los tres últimos que queden al momento de bajar la cortina.
“Después de haber visto esta fundación en una plenitud increíble, con tantas actividades sociales, ver cómo se ha ido acabando genera mucho dolor, mucha pena –dice Bravo, y agrega–. Hemos sido muy maltratados y cuestionados. Si dices ‘yo trabajo en Cema’, te miran como diciendo ‘Ah, Cema, ¿cómo trabajas ahí?’ Pero a mucha honra lo digo, porque cuando no hay nada que esconder, ¿por qué no decirlo?”
Durante las décadas del ‘70 y ‘80, bajo el mandato de Lucía Hiriart, Cema logró presencia en cada rincón del país a través 360 propiedades que le fueron traspasadas de forma gratuita. De ellas, 236 se las regaló el régimen que encabezaba su marido. Otras tantas se las donaron privados. Así, la fundación se hizo de un millonario patrimonio inmobiliario que, al volver la democracia, transformó en negocio: las comenzó a vender hasta hacer de esa su principal actividad.
Una investigación de Contacto en 2016 reveló que los ingresos por la venta de propiedades que alguna vez fueron del fisco superaban los $8.900 millones.
Todo se empezó a desmoronar cuando la fundación pasó a ser parte en 2005 de la investigación judicial por el desvío injustificado de varios millones de dólares a cuentas al extranjero por parte de la familia Pinochet, el llamado Caso Riggs. Una década después, a la ofensiva judicial se sumó una indagatoria administrativa de los ministerios de Bienes Nacionales y de Justicia, para ver si se cumplía o no lo establecido en sus estatutos y definir el destino de los millonarios recursos obtenidos del negocio inmobiliario. Entonces se desencadenó todo lo que derivó en la impensada renuncia de Hiriart, la liquidación de la entidad y las movidas del gobierno para recuperar a favor del Estado las propiedades que quedaban sin vender.
Hoy está en trámite la entrega de 88 inmuebles de vuelta al Estado, cuyo avalúo fiscal total supera los $ 6.123 millones. Es parte también de lo pactado para el cierre.
“El CDE propuso el acuerdo y accedimos porque ya queríamos cerrar. Podía ser por orden judicial o vía acuerdo. Pero ya no teníamos cómo sostenernos. E igual teníamos que cerrar en algún momento”, dice Vejar.
EL BASTIÓN DE LUCÍA
Al principio no se llamaba Cema Chile ni estaba Lucía Hiriart. Partió en 1954, creada por Graciela Letelier, esposa del entonces Presidente Carlos Ibañez del Campo. Nació como una entidad de derecho público y sin fines de lucro, cuyo objetivo inicial era proporcionar el “mayor bienestar material y espiritual a las familias chilenas, especialmente en lo referente al niño, a la mujer y a la clase obrera”. Le puso por nombre Fundación Graciela Letelier de Ibañez “Ropero del Pueblo”.
Al poco tiempo se privatizó. Escapaba así al control de la Contraloría, pero para mantener su espíritu público, se estableció que la persona que la presidiría sería siempre la primera dama de la Nación. Por eso, lo que pasó internamente en septiembre de 1973, fue un mini golpe de estado.
Hortensia Bussi, ya viuda de Salvador Allende, tuvo que dejar a la fuerza su cargo como presidenta de la fundación, que bajo su mandato había pasado a llamarse Coordinadora de Centros de Madres (Cocema). Y entonces llegó Hiriart.
Como esposa del presidente de la Junta de Gobierno, su arribo era el paso natural, su derecho. Quedaba ella a la cabeza, secundada por las cónyuges de los otros miembros de la Junta. Y de entrada la cambiaron.
Su foco ya no sería la familia chilena de bajos recursos, sino “la mujer socia de los centros de madres”. Se eliminaron de sus estatutos todas las referencias a “la clase obrera” y “el pueblo”, y le pusieron el nombre que lleva hasta hoy: Fundación Cema Chile.
Se expandieron. Obtuvieron del Estado y de privados cientos de inmuebles y terrenos que usarían de sedes para ofrecer talleres de capacitación a mujeres en artesanías, cocina, repostería y costura, entre otros. También crearon villas completas que repartieron como viviendas sociales entre sus miles de afiliadas. Financiada por subvenciones estatales y aportes constantes de municipios y la Polla Chilena de Beneficencia, se formaba en los sectores más vulnerables de la población una sólida y extensa base de mujeres adherentes al régimen militar, pero sobre todo, a la figura de Lucía Hiriart.
Y ella movería las piezas para que nunca nadie la sacara de ahí.
En noviembre de 1989, antes de las elecciones que marcarían el retorno a la democracia, acomodó las reglas a su favor: la presidenta de la entidad ya no sería la primera dama, sino la esposa del comandante en jefe del Ejército, cargo que Pinochet ocuparía en los ‘90. Siete años después, cuando su marido estaba por dejar la máxima jefatura castrense, modificó de nuevo los estatutos. Para ser presidenta de Cema ya no sería requisito ser esposa del comandante en jefe, sino que sería elegida por el consejo de la fundación. Un grupo conformado sólo por gente leal a ella. De ahí en adelante, siempre la votarían de forma unánime.
Al poco tiempo se privatizó. Escapaba así al control de la Contraloría, pero para mantener su espíritu público, se estableció que la persona que la presidiría sería siempre la primera dama de la Nación. Por eso, lo que pasó internamente en septiembre de 1973, fue un mini golpe de estado.
Hortensia Bussi, ya viuda de Salvador Allende, tuvo que dejar a la fuerza su cargo como presidenta de la fundación, que bajo su mandato había pasado a llamarse Coordinadora de Centros de Madres (Cocema). Y entonces llegó Hiriart.
Como esposa del presidente de la Junta de Gobierno, su arribo era el paso natural, su derecho. Quedaba ella a la cabeza, secundada por las cónyuges de los otros miembros de la Junta. Y de entrada la cambiaron.
Su foco ya no sería la familia chilena de bajos recursos, sino “la mujer socia de los centros de madres”. Se eliminaron de sus estatutos todas las referencias a “la clase obrera” y “el pueblo”, y le pusieron el nombre que lleva hasta hoy: Fundación Cema Chile.
Se expandieron. Obtuvieron del Estado y de privados cientos de inmuebles y terrenos que usarían de sedes para ofrecer talleres de capacitación a mujeres en artesanías, cocina, repostería y costura, entre otros. También crearon villas completas que repartieron como viviendas sociales entre sus miles de afiliadas. Financiada por subvenciones estatales y aportes constantes de municipios y la Polla Chilena de Beneficencia, se formaba en los sectores más vulnerables de la población una sólida y extensa base de mujeres adherentes al régimen militar, pero sobre todo, a la figura de Lucía Hiriart.
Y ella movería las piezas para que nunca nadie la sacara de ahí.
En noviembre de 1989, antes de las elecciones que marcarían el retorno a la democracia, acomodó las reglas a su favor: la presidenta de la entidad ya no sería la primera dama, sino la esposa del comandante en jefe del Ejército, cargo que Pinochet ocuparía en los ‘90. Siete años después, cuando su marido estaba por dejar la máxima jefatura castrense, modificó de nuevo los estatutos. Para ser presidenta de Cema ya no sería requisito ser esposa del comandante en jefe, sino que sería elegida por el consejo de la fundación. Un grupo conformado sólo por gente leal a ella. De ahí en adelante, siempre la votarían de forma unánime.
EL LÍO INMOBILIARIO
Donde hoy se alza el enorme edificio del Hotel Marriot, sobre avenida Kennedy, en Las Condes, antes había un terreno propiedad de Cema, uno de los últimos que le cedió gratis el Estado antes de acabar el gobierno militar. Se lo entregaron en enero de 1990 para usarlo exclusivamente en función de su objeto por al menos cinco años. Por ley, esa era la condición detrás de todas las cesiones. Pero nunca lo usaron y al mes lo vendieron en 60.000 UF, que a la época equivalían a $ 333 millones. Desde entonces, su principal actividad sería la enajenación de activos.
Un informe de la PDI señalaba en 2005 que al volver la democracia, el esquema de financiamiento de Cema se reestructuró por completo. De depender de subvenciones y donaciones del Estado, la fundación pasó a obtener sus ingresos casi exclusivamente de la venta y arriendo de inmuebles. En sus actas de su directorio a partir de ese año, casi las únicas materias tratadas tenían que ver con la venta de sus bienes raíces.
Entre 1990 y 2005, Cema vendió casi un centenar de propiedades en distintos lugares del país por más de $ 5.633 millones. Le vendieron a la Iglesia Católica, a una Iglesia Evangélica, al Ejército, a municipalidades, a sociedades inmobiliarias, a empresarios, a personas naturales y a universidades privadas, entre otros. La más cara fue la que usaron por muchos años como sede central, en avenida Portugal N° 351, en Santiago Centro, y que vendieron en 1996 a la Universidad Mayor en más de $ 1.248 millones. Hoy en ese lugar funciona el Campus El Claustro.
Fue en esos años que empezaron sus problemas judiciales, en medio de las investigaciones por las platas de la familia Pinochet.
“Pensaban que Cema era el pasadizo para ingresar platas a la familia Pinochet. Investigaron y embargaron todo, pero no había nada, ningún tipo de delito. Nos sobreseyeron temporalmente en 2013, pero antes de que se sobreseyera de forma permanente, el CDE presentó otra querella por los mismos motivos. Esa acusación fue directamente contra Lucía Hiriart, y Cema como tercero responsable. Llegaron de nuevo los detectives a embargar y les abrimos las puertas”, cuenta Julio Vejar.
La fundación nunca dejó de vender inmuebles, y a fines de 2015, una investigación de CIPER reveló la existencia de más de 100 propiedades de origen fiscal que le habían cedido gratis y que no figuraban en los catastros oficiales. También cómo se estructuró una desconocida red de 186 rut distintos vinculados a la entidad y sus centros de madres asociados por todo el país. Entonces se reabrió la causa judicial y los ministerios de Justicia y de Bienes Nacionales comenzaron a trabajar para identificar y recuperar las propiedades antes de que la entidad dejara de funcionar.
“La única forma de seguir era desarrollar un programa financiero a través de la venta de activos prescindibles –explica el representante de la fundación–. Pero llegamos a un punto en que ya no se podía más. Todo colapsó cuando en 2016 nos embargaron los recursos y los bienes de origen fiscal. Además la banca nos aplicó la norma de las personas políticamente expuesta, y nos cerraron las cuentas. Nos quitaron no sólo los zapatos, sino también las muletas”.
Un informe de la PDI señalaba en 2005 que al volver la democracia, el esquema de financiamiento de Cema se reestructuró por completo. De depender de subvenciones y donaciones del Estado, la fundación pasó a obtener sus ingresos casi exclusivamente de la venta y arriendo de inmuebles. En sus actas de su directorio a partir de ese año, casi las únicas materias tratadas tenían que ver con la venta de sus bienes raíces.
Entre 1990 y 2005, Cema vendió casi un centenar de propiedades en distintos lugares del país por más de $ 5.633 millones. Le vendieron a la Iglesia Católica, a una Iglesia Evangélica, al Ejército, a municipalidades, a sociedades inmobiliarias, a empresarios, a personas naturales y a universidades privadas, entre otros. La más cara fue la que usaron por muchos años como sede central, en avenida Portugal N° 351, en Santiago Centro, y que vendieron en 1996 a la Universidad Mayor en más de $ 1.248 millones. Hoy en ese lugar funciona el Campus El Claustro.
Fue en esos años que empezaron sus problemas judiciales, en medio de las investigaciones por las platas de la familia Pinochet.
“Pensaban que Cema era el pasadizo para ingresar platas a la familia Pinochet. Investigaron y embargaron todo, pero no había nada, ningún tipo de delito. Nos sobreseyeron temporalmente en 2013, pero antes de que se sobreseyera de forma permanente, el CDE presentó otra querella por los mismos motivos. Esa acusación fue directamente contra Lucía Hiriart, y Cema como tercero responsable. Llegaron de nuevo los detectives a embargar y les abrimos las puertas”, cuenta Julio Vejar.
La fundación nunca dejó de vender inmuebles, y a fines de 2015, una investigación de CIPER reveló la existencia de más de 100 propiedades de origen fiscal que le habían cedido gratis y que no figuraban en los catastros oficiales. También cómo se estructuró una desconocida red de 186 rut distintos vinculados a la entidad y sus centros de madres asociados por todo el país. Entonces se reabrió la causa judicial y los ministerios de Justicia y de Bienes Nacionales comenzaron a trabajar para identificar y recuperar las propiedades antes de que la entidad dejara de funcionar.
“La única forma de seguir era desarrollar un programa financiero a través de la venta de activos prescindibles –explica el representante de la fundación–. Pero llegamos a un punto en que ya no se podía más. Todo colapsó cuando en 2016 nos embargaron los recursos y los bienes de origen fiscal. Además la banca nos aplicó la norma de las personas políticamente expuesta, y nos cerraron las cuentas. Nos quitaron no sólo los zapatos, sino también las muletas”.
LAS PROPIEDADES VUELVEN AL ESTADO
Vejar cuenta que ya tiene casi todo listo para el final. Que los inmuebles que les dieron particulares, los están cediendo y donando a otras entidades y fundaciones de derecho privado sin fines de lucro. Y que los 88 inmuebles de origen fiscal que aún estaban en su poder, ya fueron entregados al Ministerio de Bienes Nacionales, desde donde han estado trabajando para definir su destino.
“Recibimos muchas solicitudes de personas naturales y jurídicas, de entidades gubernamentales y organizaciones sociales, y privilegiamos las de mayor impacto social y que presentaran los mejores proyectos. Los requisitos son destinar los bienes raíces para los propósitos que fueron solicitados, conservarlos y mantenerlos en funcionamiento y entregar reportes periódicos al ministerio”, dice el titular de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
Aún quedan 25 inmuebles sin un destino claro. En seis casos no está despejado si eran o no de origen fiscal, por lo que aún se están haciendo los estudios de dominio respectivos. Otros siete están en proceso de venta, dos tienen problemas por cambios en el uso de suelo y uno, en la Región del Maule, tiene traslape de inscripciones entre el fisco y el Obispado de Linares.
De los que ya tienen un destinatario definido, 21 quedarán en manos de diferentes municipalidades, entre ellas, la Plaza de Armas de Paine. El Ministerio de Desarrollo social recibirá una decena de propiedades, y el mismo número se repartirá entre diferentes organizaciones sociales. Las demás serán adjudicadas entre diversas gobernaciones, juntas de vecinos, cuerpos de bomberos y otros organismos públicos, como el Registro Civil y el Sename.
Al menos 32 serán de uso público y 15 de uso comunitario. Siete se usarán como albergues, seis como centros sociales, uno como jardín, uno con destino comercial y un último de uso particular (ver infografía).
Mientras todo eso se define, y aún con una investigación judicial abierta y cientos de documentos y recursos embargados, los que quedan en la fundación dicen que lo hacen por lealtad. Vejar cuenta que se han acercado personas para pedir algún recuerdo: una foto, un cuadro, lo que sea. Pero dice que le entregará todo eso a Hiriart y su familia. Y que a más tardar la última semana de noviembre citará a una última sesión de directorio donde sellarán la disolución final. Otro funcionario señala que entonces harán insertos en la prensa a modo de despedida.
Vejar dice que al final lo que pasó es lo mejor, pues la vida útil de Cema se había agotado, y ahora cierran sin que se haya demostrado nada irregular. Mira alrededor y ve el lugar sin movimiento, con las cajas apiladas y con ambiente marcado por la previa al cierre. Y comenta: “Aquí huele a gladiolos”.
“Recibimos muchas solicitudes de personas naturales y jurídicas, de entidades gubernamentales y organizaciones sociales, y privilegiamos las de mayor impacto social y que presentaran los mejores proyectos. Los requisitos son destinar los bienes raíces para los propósitos que fueron solicitados, conservarlos y mantenerlos en funcionamiento y entregar reportes periódicos al ministerio”, dice el titular de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
Aún quedan 25 inmuebles sin un destino claro. En seis casos no está despejado si eran o no de origen fiscal, por lo que aún se están haciendo los estudios de dominio respectivos. Otros siete están en proceso de venta, dos tienen problemas por cambios en el uso de suelo y uno, en la Región del Maule, tiene traslape de inscripciones entre el fisco y el Obispado de Linares.
De los que ya tienen un destinatario definido, 21 quedarán en manos de diferentes municipalidades, entre ellas, la Plaza de Armas de Paine. El Ministerio de Desarrollo social recibirá una decena de propiedades, y el mismo número se repartirá entre diferentes organizaciones sociales. Las demás serán adjudicadas entre diversas gobernaciones, juntas de vecinos, cuerpos de bomberos y otros organismos públicos, como el Registro Civil y el Sename.
Al menos 32 serán de uso público y 15 de uso comunitario. Siete se usarán como albergues, seis como centros sociales, uno como jardín, uno con destino comercial y un último de uso particular (ver infografía).
Mientras todo eso se define, y aún con una investigación judicial abierta y cientos de documentos y recursos embargados, los que quedan en la fundación dicen que lo hacen por lealtad. Vejar cuenta que se han acercado personas para pedir algún recuerdo: una foto, un cuadro, lo que sea. Pero dice que le entregará todo eso a Hiriart y su familia. Y que a más tardar la última semana de noviembre citará a una última sesión de directorio donde sellarán la disolución final. Otro funcionario señala que entonces harán insertos en la prensa a modo de despedida.
Vejar dice que al final lo que pasó es lo mejor, pues la vida útil de Cema se había agotado, y ahora cierran sin que se haya demostrado nada irregular. Mira alrededor y ve el lugar sin movimiento, con las cajas apiladas y con ambiente marcado por la previa al cierre. Y comenta: “Aquí huele a gladiolos”.
Una versión de este reportaje fue publicada originalmente en Reportajes La Tercera (21/10/2018)
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