Por Juan Pablo Figueroa y Leslie Ayala
En bikini, con tacones altos y con alas de plumas negras. Luces, música y un caño sobre el escenario. Ese podría ser el punto de partida: Lily Zúñiga, periodista, exjefa de prensa de la UDI, sale a escena y se pone a bailar. El lugar: el club nocturno Passapoga, un conocido cabaret ubicado en el corazón de Providencia. Era octubre de 2016 y ahí estaba ella, la “Negra tatuada”, en medio de una performance organizada especialmente para llamar la atención.
Zúñiga lanzaba su libro, un conjunto de historias secretas e internas del gremialismo. O, al menos, su versión sobre ellas. De relaciones y traiciones, de fiestas y desbandes, pero también de irregularidades y financiamiento ilegal de la política. Hablaba, además, de pagos irregulares por asesorías externas a parlamentarios. Era un acto público y vistoso, rodeada de bailarines y periodistas cubriendo el evento. Pero lo cierto es que no, que el germen de todo lo que pasaría después con lo de las asesorías legislativas -la investigación judicial, las solicitudes de información, la pelea con el Senado y los cambios en la normativa, entre tantas otras cosas- fue mucho menos glamoroso, y partió un mes antes, con ella sentada en una oficina ante un fiscal del Ministerio Público.
Fue el 9 de septiembre de 2016, en la Fiscalía Metropolitana Oriente, cuando Zúñiga se autodenunció. Estaba frente al entonces fiscal Pablo Norambuena y le dijo que ella misma había presentado boletas ideológicamente falsas a la diputada UDI Claudia Nogueira. Se trataba de asesorías externas que nunca habría realizado, pero sí cobrado, pagadas con platas de la Cámara de Diputados. Norambuena, hoy renunciado, le preguntó si sabía de otros casos similares, de asesorías que pudieran no haberse efectuado o que incluso hayan servido como mecanismo para sacar dinero del Congreso de forma fraudulenta y financiar a políticos o sus partidos. Ella dijo que sí, que había empresas que ocupaban esa práctica y que la cosa no era solo costumbre de la UDI, sino que lo hacían parlamentarios de todos los sectores.
Han pasado dos años de todo eso y la investigación, hoy en manos del fiscal regional Manuel Guerra, sigue abierta y desformalizada. Pero avanza y toma forma.
El foco que inicialmente se centró en un grupo de empresas que prestaron asesorías a diputados gremialistas pronto se amplió. A comienzos de 2017, los fiscales Carlos Gajardo y Manuel Guerra oficiaron a la Cámara de Diputados para que les entregara toda la información respecto de las asesorías externas encargadas por los 120 diputados que por entonces integraban el hemiciclo. El plazo para hacerlo era de 15 días y el período a consultar era entre 2011 y 2015. Más adelante sumarían las de 2016.
Cada diputado cuenta mensualmente con $ 1,7 millones para contratar asesorías externas que sirvan de apoyo a su trabajo legislativo (hasta el año pasado eran $ 2,4 millones). A personas naturales o jurídicas que no formen parte de su staff permanente de asesores les encargan informes, estudios, acompañamiento o lo que requieran para instruirse en materias propias de su labor parlamentaria. También para apoyarlos en la elaboración de mociones e indicaciones. Lo mismo podían hacer hasta hace poco las bancadas, que tenían su propio presupuesto. El fondo total a repartir es millonario, y frente a falencias en los controles, el sistema se ha prestado para varias irregularidades. Triangulaciones de plata, asesorías sin respaldo o que nunca existieron, millonarios contratos con organismos vinculados a los partidos y más.
En septiembre de 2017, Radio Bío Bío reveló que el excandidato presidencial, el senador Alejandro Guillier, pagó millones por reportes que copiaban información que se encontraba gratis en la página del Congreso (ver reportaje). Entonces se abrió de nuevo la investigación: reportajes de distintos medios dieron cuenta de que la copia y el plagio eran prácticas extendidas en ambas cámaras del Congreso. Se pidió la misma información al Senado, pero a diferencia de los diputados, se negaron a entregar los datos y documentos.
Mientras la pelea del Ministerio Público con el Senado para obtener toda la información sigue abierta, los fiscales y la Policía de Investigaciones (PDI) han ido procesando los antecedentes que la Cámara Baja sí entregó. Información que han complementado con la que algunos diputados han aportado de forma voluntaria y que también han obtenido de las entidades que más asesorías han prestado y más dinero han facturado: los centros de estudio vinculados a los partidos políticos.
La PDI está pronta a emitir su informe final. Su foco se ha centrado sobre el rol de esos think tanks que concentran casi un cuarto de los más de $ 15.664 millones que la Cámara desembolsó entre 2011 y 2016 para pagar ese tipo de asesorías. La principal práctica que han identificado y que hoy persigue Guerra por posiblemente constituir fraude al Fisco es la venta duplicada de informes: un mismo documento que se vende simultáneamente a distintos diputados y bancadas y por los cuales se pagan millones.
Reportajes revisó en detalle la información que aparece publicada en la página de la Cámara y que tendría en su poder la PDI. La revisión revela cómo es que los centros de estudios de los partidos han pactado la entrega de sus informes a varios diputados a la vez, generándoles millonarios ingresos. Pero, además, ratifican otras prácticas que se han escondido por años y que han permitido el financiamiento irregular de la actividad política con dinero público que estaba reservado para hacer mejores leyes.
Zúñiga lanzaba su libro, un conjunto de historias secretas e internas del gremialismo. O, al menos, su versión sobre ellas. De relaciones y traiciones, de fiestas y desbandes, pero también de irregularidades y financiamiento ilegal de la política. Hablaba, además, de pagos irregulares por asesorías externas a parlamentarios. Era un acto público y vistoso, rodeada de bailarines y periodistas cubriendo el evento. Pero lo cierto es que no, que el germen de todo lo que pasaría después con lo de las asesorías legislativas -la investigación judicial, las solicitudes de información, la pelea con el Senado y los cambios en la normativa, entre tantas otras cosas- fue mucho menos glamoroso, y partió un mes antes, con ella sentada en una oficina ante un fiscal del Ministerio Público.
Fue el 9 de septiembre de 2016, en la Fiscalía Metropolitana Oriente, cuando Zúñiga se autodenunció. Estaba frente al entonces fiscal Pablo Norambuena y le dijo que ella misma había presentado boletas ideológicamente falsas a la diputada UDI Claudia Nogueira. Se trataba de asesorías externas que nunca habría realizado, pero sí cobrado, pagadas con platas de la Cámara de Diputados. Norambuena, hoy renunciado, le preguntó si sabía de otros casos similares, de asesorías que pudieran no haberse efectuado o que incluso hayan servido como mecanismo para sacar dinero del Congreso de forma fraudulenta y financiar a políticos o sus partidos. Ella dijo que sí, que había empresas que ocupaban esa práctica y que la cosa no era solo costumbre de la UDI, sino que lo hacían parlamentarios de todos los sectores.
Han pasado dos años de todo eso y la investigación, hoy en manos del fiscal regional Manuel Guerra, sigue abierta y desformalizada. Pero avanza y toma forma.
El foco que inicialmente se centró en un grupo de empresas que prestaron asesorías a diputados gremialistas pronto se amplió. A comienzos de 2017, los fiscales Carlos Gajardo y Manuel Guerra oficiaron a la Cámara de Diputados para que les entregara toda la información respecto de las asesorías externas encargadas por los 120 diputados que por entonces integraban el hemiciclo. El plazo para hacerlo era de 15 días y el período a consultar era entre 2011 y 2015. Más adelante sumarían las de 2016.
Cada diputado cuenta mensualmente con $ 1,7 millones para contratar asesorías externas que sirvan de apoyo a su trabajo legislativo (hasta el año pasado eran $ 2,4 millones). A personas naturales o jurídicas que no formen parte de su staff permanente de asesores les encargan informes, estudios, acompañamiento o lo que requieran para instruirse en materias propias de su labor parlamentaria. También para apoyarlos en la elaboración de mociones e indicaciones. Lo mismo podían hacer hasta hace poco las bancadas, que tenían su propio presupuesto. El fondo total a repartir es millonario, y frente a falencias en los controles, el sistema se ha prestado para varias irregularidades. Triangulaciones de plata, asesorías sin respaldo o que nunca existieron, millonarios contratos con organismos vinculados a los partidos y más.
En septiembre de 2017, Radio Bío Bío reveló que el excandidato presidencial, el senador Alejandro Guillier, pagó millones por reportes que copiaban información que se encontraba gratis en la página del Congreso (ver reportaje). Entonces se abrió de nuevo la investigación: reportajes de distintos medios dieron cuenta de que la copia y el plagio eran prácticas extendidas en ambas cámaras del Congreso. Se pidió la misma información al Senado, pero a diferencia de los diputados, se negaron a entregar los datos y documentos.
Mientras la pelea del Ministerio Público con el Senado para obtener toda la información sigue abierta, los fiscales y la Policía de Investigaciones (PDI) han ido procesando los antecedentes que la Cámara Baja sí entregó. Información que han complementado con la que algunos diputados han aportado de forma voluntaria y que también han obtenido de las entidades que más asesorías han prestado y más dinero han facturado: los centros de estudio vinculados a los partidos políticos.
La PDI está pronta a emitir su informe final. Su foco se ha centrado sobre el rol de esos think tanks que concentran casi un cuarto de los más de $ 15.664 millones que la Cámara desembolsó entre 2011 y 2016 para pagar ese tipo de asesorías. La principal práctica que han identificado y que hoy persigue Guerra por posiblemente constituir fraude al Fisco es la venta duplicada de informes: un mismo documento que se vende simultáneamente a distintos diputados y bancadas y por los cuales se pagan millones.
Reportajes revisó en detalle la información que aparece publicada en la página de la Cámara y que tendría en su poder la PDI. La revisión revela cómo es que los centros de estudios de los partidos han pactado la entrega de sus informes a varios diputados a la vez, generándoles millonarios ingresos. Pero, además, ratifican otras prácticas que se han escondido por años y que han permitido el financiamiento irregular de la actividad política con dinero público que estaba reservado para hacer mejores leyes.
LOS INFORMES MULTIPLICADOS POR LOS THINK TANKS
El reglamento ya no es el mismo. Desde septiembre del año pasado, después de que se supiera lo de las copias y los plagios, la Cámara de Diputados obliga a sus integrantes a hacer algo que nunca antes habían hecho: publicar en la web los informes originados en asesorías externas. Por eso el diputado Jorge Alessandri (UDI), el primero en la lista, tiene ahí registradas tres asesorías distintas, todas a cargo de la Fundación Jaime Guzmán (FJG). Dos de ellas llevan el mismo nombre: “Resumen a la sala”. Si se revisa el primero, de abril de 2018, es un detallado análisis técnico-político de 81 páginas sobre los principales proyectos de ley que se tramitarían ese mes. Incluye incluso una recomendación sobre cómo votar cada uno de ellos. Aprobar o rechazar. Pagó por ese reporte medio millón de pesos.
Lo mismo pagaron por el mismo informe otros 22 parlamentarios UDI. Si bien esos documentos en particular no son objeto de cuestionamiento, pues son de ahora, de este año, y no del período que están revisando fiscales y policías, corresponden a un servicio que la FJG presta al menos desde 2012 a todos los diputados de la bancada gremialista. Es una especie de paquete: una suscripción al servicio de resúmenes que el centro de estudios les entrega semanal, mensual o bimensualmente, y que se suman a los contratos solicitados por cada legislador por asesorías en materias específicas. Esos resúmenes consignados en el período 2012-2016, sí están bajo la lupa del fiscal Guerra. De los más de $1.187 millones facturados durante esos cinco años por el principal think tank vinculado a la UDI, casi un tercio se generó a partir de esos “resúmenes a la sala”.
En la revisión de los antecedentes entregados por la Cámara y por los propios centros de estudios relacionados a los partidos políticos, el persecutor ha identificado cómo éstos generan no sólo asesorías puntuales a petición de cada parlamentario, según los temas que tengan que ver en sus respectivas comisiones o en sala. También arman reportes periódicos y genéricos que venden una y otra vez, convirtiendo esa práctica en una vía para asegurar un flujo constante de dinero hacia esas instituciones. Ese es uno de los principales focos que hoy investiga Guerra.
No se cuestiona la existencia o idoneidad de esos informes, sino la duplicación de los pagos. Algo que en los registros aparece haciendo de un comienzo la FJG.
Antes de sus “resúmenes a la sala”, en 2011, los informes eran específicos para cada comisión de la Cámara. Pero el servicio no era grupal, sino que se cobraba a cada diputado UDI que participaba en las instancias: las asesorías se pagaron tres veces en las comisiones de Minería, Salud, Agrícultura y Trabajo; cuatro en la de Constitución; y seis en la Educación.
Pero lo mismo hacen las otras bancadas. Por ejemplo, está lo que ocurre con el Partido Comunista (PC) y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL). Con los $426 millones que le traspasaron entre 2011 y 2016 por concepto de asesorías externas, el instituto fue durante ese período el cuarto mayor proveedor de ese tipo de servicios en la Cámara Baja. Gran parte de las prestaciones entregadas fueron los llamados “boletines diarios de proyectos de ley en sala”, a los que estaban suscritos todos los parlamentarios comunistas. El mismo boletín para cada uno de ellos. Pagaban anualmente entre cuatro y 18 millones de pesos, que se sumaban a los otros informes que cada cual solicitaba por temas específicos.
El Instituto Libertad, ligado a Renovación Nacional (RN), vendía en 2011 a cada diputado de ese partido un mismo informe mensual sobre proyectos de ley en tramitación. Los entregaba por una suscripción anual de $2,2 millones. Entre todos pagaron ese año poco más de $34 millones. El mismo monto y por el mismo servicio pagó la bancada RN, aunque en su caso incluía otros servicios legislativos anexos, como la elaboración de proyectos e indicaciones y su seguimiento. Después de ese año, el instituto dejó esos informes mensuales y se enfocó únicamente en estudios encargados por materias específicas.
En la Democracia Cristiana (DC) tienen al Centro de Estudio y Gestión Ambiental para el Desarrollo (CEGADES). Son 31 las asesorías que le prestó a una decena de parlamentarios y a la bancada del partido. Sus principales productos: la agenda pública y el informe político legislativo, ambos de carácter mensual, por las que cada uno pagaba anualmente entre dos y 13 millones de pesos.
También pasa con el Partido Socialista (PS) y su centro, el Instituto Igualdad, el segundo mayor proveedor en términos de facturación, aunque no en cantidad de asesorías. Con apenas 62 contrataciones, entre 2011 y 2016, percibió ingresos por más de $545 millones desde la Cámara de Diputados. Hasta 2013, sólo le vendía al comité de parlamentarios socialistas, que funcionaban como una central que repartía a los miembros de la bancada los documentos que surgían del contrato que llevaba por glosa “Elaboración de minutas, informes y asesoría sobre materias legislativas u otras análogas para asistir la labor parlamentaria”. Pero en 2014, cada uno empezó a pagar por ese servicio, por lo que los ingresos del instituto producto de asesorías se quintuplicaron.
Por todo eso es que hace unas semanas, funcionarios de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef), mandatados por Guerra, llegaron a las oficinas de los distintos centros de estudio. No fueron allanamientos, sino acercamientos para solicitar toda la documentación que tuvieran en su poder y les sirviera de respaldo a los trabajos contratados por la Cámara. Desde entonces que han comenzado un trabajo de recuperación de cada uno de los informes, los contratos y la información contable que respalda la realización de su trabajo.
Si bien reconocen que es una de sus principales vías de financiamiento, desde los centros de estudios, descartan cualquier tipo de irregularidad y aseguran operar dentro de los marcos legales. En la FJG, su director ejecutivo, Jorge Jaraquemada, dice que cobra por separado a cada parlamentario UDI los resúmenes de la sala como una forma de prorratear entre todos el alto valor de su trabajo. “Es lo que cuesta mantener al equipo de 11 abogados estudiando los cerca de 20 o 40 proyectos de ley que cada mes se analizan en el Congreso”, dice.
La misma lógica señalan en el Instituto Igualdad, donde aseguran que la bancada PS decidió priorizar sus asesorías desde 2014, cuando aumentaron su equipo de asesores de tres a 13 funcionarios, muchos de ellos con dedicación exclusiva. Dicen que si bien reparten la misma minuta a todos y que se financian mediante el fondo que aportan entre todos, su trabajo va mucho más allá: incluye además de los informes la asistencia a comisiones, el apoyo en reuniones con ministerios y otros organismos públicos y el apoyo en terreno a los diputados que lo requieran. Cuentan además que llevan semanas revisando sus bodegas y archivadores y juntando toda la información de respaldo. Y que ya tienen 20 carpetas con más de 3.000 documentos que pronto entregarán a la fiscalía.
Lo mismo pagaron por el mismo informe otros 22 parlamentarios UDI. Si bien esos documentos en particular no son objeto de cuestionamiento, pues son de ahora, de este año, y no del período que están revisando fiscales y policías, corresponden a un servicio que la FJG presta al menos desde 2012 a todos los diputados de la bancada gremialista. Es una especie de paquete: una suscripción al servicio de resúmenes que el centro de estudios les entrega semanal, mensual o bimensualmente, y que se suman a los contratos solicitados por cada legislador por asesorías en materias específicas. Esos resúmenes consignados en el período 2012-2016, sí están bajo la lupa del fiscal Guerra. De los más de $1.187 millones facturados durante esos cinco años por el principal think tank vinculado a la UDI, casi un tercio se generó a partir de esos “resúmenes a la sala”.
En la revisión de los antecedentes entregados por la Cámara y por los propios centros de estudios relacionados a los partidos políticos, el persecutor ha identificado cómo éstos generan no sólo asesorías puntuales a petición de cada parlamentario, según los temas que tengan que ver en sus respectivas comisiones o en sala. También arman reportes periódicos y genéricos que venden una y otra vez, convirtiendo esa práctica en una vía para asegurar un flujo constante de dinero hacia esas instituciones. Ese es uno de los principales focos que hoy investiga Guerra.
No se cuestiona la existencia o idoneidad de esos informes, sino la duplicación de los pagos. Algo que en los registros aparece haciendo de un comienzo la FJG.
Antes de sus “resúmenes a la sala”, en 2011, los informes eran específicos para cada comisión de la Cámara. Pero el servicio no era grupal, sino que se cobraba a cada diputado UDI que participaba en las instancias: las asesorías se pagaron tres veces en las comisiones de Minería, Salud, Agrícultura y Trabajo; cuatro en la de Constitución; y seis en la Educación.
Pero lo mismo hacen las otras bancadas. Por ejemplo, está lo que ocurre con el Partido Comunista (PC) y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL). Con los $426 millones que le traspasaron entre 2011 y 2016 por concepto de asesorías externas, el instituto fue durante ese período el cuarto mayor proveedor de ese tipo de servicios en la Cámara Baja. Gran parte de las prestaciones entregadas fueron los llamados “boletines diarios de proyectos de ley en sala”, a los que estaban suscritos todos los parlamentarios comunistas. El mismo boletín para cada uno de ellos. Pagaban anualmente entre cuatro y 18 millones de pesos, que se sumaban a los otros informes que cada cual solicitaba por temas específicos.
El Instituto Libertad, ligado a Renovación Nacional (RN), vendía en 2011 a cada diputado de ese partido un mismo informe mensual sobre proyectos de ley en tramitación. Los entregaba por una suscripción anual de $2,2 millones. Entre todos pagaron ese año poco más de $34 millones. El mismo monto y por el mismo servicio pagó la bancada RN, aunque en su caso incluía otros servicios legislativos anexos, como la elaboración de proyectos e indicaciones y su seguimiento. Después de ese año, el instituto dejó esos informes mensuales y se enfocó únicamente en estudios encargados por materias específicas.
En la Democracia Cristiana (DC) tienen al Centro de Estudio y Gestión Ambiental para el Desarrollo (CEGADES). Son 31 las asesorías que le prestó a una decena de parlamentarios y a la bancada del partido. Sus principales productos: la agenda pública y el informe político legislativo, ambos de carácter mensual, por las que cada uno pagaba anualmente entre dos y 13 millones de pesos.
También pasa con el Partido Socialista (PS) y su centro, el Instituto Igualdad, el segundo mayor proveedor en términos de facturación, aunque no en cantidad de asesorías. Con apenas 62 contrataciones, entre 2011 y 2016, percibió ingresos por más de $545 millones desde la Cámara de Diputados. Hasta 2013, sólo le vendía al comité de parlamentarios socialistas, que funcionaban como una central que repartía a los miembros de la bancada los documentos que surgían del contrato que llevaba por glosa “Elaboración de minutas, informes y asesoría sobre materias legislativas u otras análogas para asistir la labor parlamentaria”. Pero en 2014, cada uno empezó a pagar por ese servicio, por lo que los ingresos del instituto producto de asesorías se quintuplicaron.
Por todo eso es que hace unas semanas, funcionarios de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef), mandatados por Guerra, llegaron a las oficinas de los distintos centros de estudio. No fueron allanamientos, sino acercamientos para solicitar toda la documentación que tuvieran en su poder y les sirviera de respaldo a los trabajos contratados por la Cámara. Desde entonces que han comenzado un trabajo de recuperación de cada uno de los informes, los contratos y la información contable que respalda la realización de su trabajo.
Si bien reconocen que es una de sus principales vías de financiamiento, desde los centros de estudios, descartan cualquier tipo de irregularidad y aseguran operar dentro de los marcos legales. En la FJG, su director ejecutivo, Jorge Jaraquemada, dice que cobra por separado a cada parlamentario UDI los resúmenes de la sala como una forma de prorratear entre todos el alto valor de su trabajo. “Es lo que cuesta mantener al equipo de 11 abogados estudiando los cerca de 20 o 40 proyectos de ley que cada mes se analizan en el Congreso”, dice.
La misma lógica señalan en el Instituto Igualdad, donde aseguran que la bancada PS decidió priorizar sus asesorías desde 2014, cuando aumentaron su equipo de asesores de tres a 13 funcionarios, muchos de ellos con dedicación exclusiva. Dicen que si bien reparten la misma minuta a todos y que se financian mediante el fondo que aportan entre todos, su trabajo va mucho más allá: incluye además de los informes la asistencia a comisiones, el apoyo en reuniones con ministerios y otros organismos públicos y el apoyo en terreno a los diputados que lo requieran. Cuentan además que llevan semanas revisando sus bodegas y archivadores y juntando toda la información de respaldo. Y que ya tienen 20 carpetas con más de 3.000 documentos que pronto entregarán a la fiscalía.
COPY/PASTE O EL PAGO POR INFORMACIÓN GRATUITA
La muestra fue aleatoria, por sorteo, y en ambas cámaras. Fue algo reactivo, después del escándalo por los reportajes que develaban plagio en las asesorías externas contratadas por diputados y senadores. El Comité de Auditoría Parlamentaria revisó los informes y contratos de 18 senadores, 73 diputados y 11 comités parlamentarios durante los dos últimos años. Y el resultado de esa revisión estuvo listo en enero pasado: siete parlamentarios (tres del Senado y cuatro de la Cámara) fueron enviados a los respectivos comités de ética. Nunca se dijo quiénes eran y, hasta ahora, ninguno de los comités se ha pronunciado al respecto.
Ejemplos de esa práctica, en todo caso, hay varios. Los ocho informes con plagio parcial que pagó al Ical Camila Vallejo (PC) en 2016; los nueve que distintos asesores vendieron a Claudia Nogueira (UDI), o los ocho que un asesor le entregó a Osvaldo Andrade (PS), y más. Otro ocurrió en diciembre de 2012, cuando el diputado Tucapel Jiménez (PPD) contrató por $ 350 mil una asesoría que consistía en obtener los resultados de la reciente elección municipal en las comunas de su distrito. La información se encontraba gratis en la página web del Servicio Electoral.
Antes incluso de que la prensa revelara públicamente los millones de pesos invertidos en informes de asesorías copiados de diversas fuentes -muchas de ellas de acceso gratuito-, la fiscalía les había puesto encima el ojo. Una fuente del Ministerio Público señala que informes de ese tipo eran la primera señal que buscaban para empezar a configurar irregularidades y posibles delitos.
El modelo ya estaba establecido en otra investigación: en el caso Corpesca y la situación del senador Jaime Orpis (UDI). Allí ya se había establecido que las asesorías parlamentarias habían servido como un mecanismo para sacar y triangular platas del Congreso. Eso, en todo caso, no era indicio de que todas fueran así. Pero si había asesorías con informes inexistentes o con información copiada, posiblemente podrían indicar que eran solo una fachada.
En ese sentido, la estrategia de los persecutores no es ir detrás de la copia, sino tomarla como un punto de partida. Desde ahí, el objetivo es seguir a los proveedores de esas asesorías y ver si por una parte cobraron precios de mercado y, por la otra, si el dinero que obtuvieron por el servicio quedó en sus cuentas o si fue luego transferido a otros destinatarios, al mismo parlamentario, a algunos de sus colaboradores o incluso a los partidos políticos. Por eso, para la fiscalía es imperativo abrir la ruta del dinero y así lograr establecer si hay o no fraude al Fisco.
Para lograr eso, el fiscal regional Manuel Guerra ya solicitó a 15 personas que han prestado asesorías legislativas el alzamiento de su secreto bancario. De ellas, nueve accedieron y seis lo rechazaron. Su identidad, en todo caso, sigue siendo una incógnita.
Ejemplos de esa práctica, en todo caso, hay varios. Los ocho informes con plagio parcial que pagó al Ical Camila Vallejo (PC) en 2016; los nueve que distintos asesores vendieron a Claudia Nogueira (UDI), o los ocho que un asesor le entregó a Osvaldo Andrade (PS), y más. Otro ocurrió en diciembre de 2012, cuando el diputado Tucapel Jiménez (PPD) contrató por $ 350 mil una asesoría que consistía en obtener los resultados de la reciente elección municipal en las comunas de su distrito. La información se encontraba gratis en la página web del Servicio Electoral.
Antes incluso de que la prensa revelara públicamente los millones de pesos invertidos en informes de asesorías copiados de diversas fuentes -muchas de ellas de acceso gratuito-, la fiscalía les había puesto encima el ojo. Una fuente del Ministerio Público señala que informes de ese tipo eran la primera señal que buscaban para empezar a configurar irregularidades y posibles delitos.
El modelo ya estaba establecido en otra investigación: en el caso Corpesca y la situación del senador Jaime Orpis (UDI). Allí ya se había establecido que las asesorías parlamentarias habían servido como un mecanismo para sacar y triangular platas del Congreso. Eso, en todo caso, no era indicio de que todas fueran así. Pero si había asesorías con informes inexistentes o con información copiada, posiblemente podrían indicar que eran solo una fachada.
En ese sentido, la estrategia de los persecutores no es ir detrás de la copia, sino tomarla como un punto de partida. Desde ahí, el objetivo es seguir a los proveedores de esas asesorías y ver si por una parte cobraron precios de mercado y, por la otra, si el dinero que obtuvieron por el servicio quedó en sus cuentas o si fue luego transferido a otros destinatarios, al mismo parlamentario, a algunos de sus colaboradores o incluso a los partidos políticos. Por eso, para la fiscalía es imperativo abrir la ruta del dinero y así lograr establecer si hay o no fraude al Fisco.
Para lograr eso, el fiscal regional Manuel Guerra ya solicitó a 15 personas que han prestado asesorías legislativas el alzamiento de su secreto bancario. De ellas, nueve accedieron y seis lo rechazaron. Su identidad, en todo caso, sigue siendo una incógnita.
ENCUESTAS: SONDEOS CON FINES ELECTORALES
La especialidad de Datacom es el desarrollo de softwares y el análisis, diseño, programación y explotación de sistemas. Eso es lo primero que la empresa de los ingenieros Max Izakson, Nora Riesenberg y Carlos Landolt destaca sobre sí misma en su sitio web. Pero más abajo, en un espacio menos vistoso, señalan que, además, realizan estudios de mercado y procesan y desarrollan encuestas. Y es ese último rubro el que los llevó a aparecer en los registros de asesorías externas de la Cámara de Diputados que investiga la fiscalía.
La compañía figura 17 veces entre 2012 y 2016 prestando servicios de forma transversal. Diputados de cinco partidos distintos la contrataron: de la DC, del PPD, del PS, de RN y de la UDI. La mayoría de esos contratos se cerraron en 2013. Otros tantos en 2012. Casi todas llevan por nombre “Encuesta de opinión pública” en algún distrito determinado. Y algo tienen en común esos dos años: ambos eran electorales.
En el esquema de posible financiamiento irregular de la política mediante dinero destinado exclusivamente a fortalecer la labor legislativa, una vía que se desprende de los datos es el pago de encuestas y sondeos con fines electorales. Y ahí está la mayoría de las asesorías que prestó Datacom. Aunque no fue la única empresa que prestaba esos servicios. De hecho, una investigación periodística realizada por un alumno de la Universidad Católica en 2014 reveló que al menos 25 diputados financiaron encuestas previas a campañas entre 2012 y comienzos de 2014 (ver reportaje). Las preguntas que planteaban a los encuestados poco o nada tenían que ver con el trabajo parlamentario, sino más bien con ellos y su imagen pública: su evaluación, la valoración de sus atributos ante los votantes, sus posibilidades de ser reelegidos y la intención de voto, entre otras cosas. Algunas de esas encuestas se referían a elecciones municipales, algo completamente ajeno a la labor de los diputados. Más de $ 137 millones se habrían gastado en ese período.
En todo caso, por entonces el reglamento lo permitía: decía que entre los servicios que podían contratar los parlamentarios estaban las asesorías de imagen, los estudios de opinión y encuestas. Pero ya no. La normativa vigente de asesorías externas dejó de considerar esos productos. Ahora solo permite la contratación esporádica de “investigaciones, estudios, informes y asesorías especializadas para asistencia de la labor legislativa”.
El último contrato de ese tipo que figura en los registros de la Cámara fue a fines de 2015. Lo encargó el diputado Jaime Pilowsky (DC), quien canceló casi $ 2,9 millones por una encuesta en las dos comunas que conformaban el distrito que representó entre 2013 y 2018: La Reina y Peñalolén. Lo hacía cada año. Buscaba conocer la realidad del distrito y los temas relevantes para la ciudadanía. Y, de paso, hacer un estudio de su propia imagen y evaluación de su gestión.
La compañía figura 17 veces entre 2012 y 2016 prestando servicios de forma transversal. Diputados de cinco partidos distintos la contrataron: de la DC, del PPD, del PS, de RN y de la UDI. La mayoría de esos contratos se cerraron en 2013. Otros tantos en 2012. Casi todas llevan por nombre “Encuesta de opinión pública” en algún distrito determinado. Y algo tienen en común esos dos años: ambos eran electorales.
En el esquema de posible financiamiento irregular de la política mediante dinero destinado exclusivamente a fortalecer la labor legislativa, una vía que se desprende de los datos es el pago de encuestas y sondeos con fines electorales. Y ahí está la mayoría de las asesorías que prestó Datacom. Aunque no fue la única empresa que prestaba esos servicios. De hecho, una investigación periodística realizada por un alumno de la Universidad Católica en 2014 reveló que al menos 25 diputados financiaron encuestas previas a campañas entre 2012 y comienzos de 2014 (ver reportaje). Las preguntas que planteaban a los encuestados poco o nada tenían que ver con el trabajo parlamentario, sino más bien con ellos y su imagen pública: su evaluación, la valoración de sus atributos ante los votantes, sus posibilidades de ser reelegidos y la intención de voto, entre otras cosas. Algunas de esas encuestas se referían a elecciones municipales, algo completamente ajeno a la labor de los diputados. Más de $ 137 millones se habrían gastado en ese período.
En todo caso, por entonces el reglamento lo permitía: decía que entre los servicios que podían contratar los parlamentarios estaban las asesorías de imagen, los estudios de opinión y encuestas. Pero ya no. La normativa vigente de asesorías externas dejó de considerar esos productos. Ahora solo permite la contratación esporádica de “investigaciones, estudios, informes y asesorías especializadas para asistencia de la labor legislativa”.
El último contrato de ese tipo que figura en los registros de la Cámara fue a fines de 2015. Lo encargó el diputado Jaime Pilowsky (DC), quien canceló casi $ 2,9 millones por una encuesta en las dos comunas que conformaban el distrito que representó entre 2013 y 2018: La Reina y Peñalolén. Lo hacía cada año. Buscaba conocer la realidad del distrito y los temas relevantes para la ciudadanía. Y, de paso, hacer un estudio de su propia imagen y evaluación de su gestión.
Publicado originalmente en Reportajes La Tercera (26/08/2018)
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