Los retenes móviles de Carabineros son furgones grandes, pesados y caros. Son marca Mercedes Benz, modelo Sprinter. Su misión es la de actuar como cuarteles móviles, aumentando la presencia policial en las diferentes zonas donde se instalan. Dispuestos en terreno, facilitan a la comunidad el acceso a los servicios que entrega Carabineros, brindan atención a las víctimas de acciones delictivas o situaciones de emergencia y potencian la presencia policial y la prevención. Según un informe del Departamento de Transportes de Carabineros (L3) al que tuvimos acceso, la institución cuenta con unos 377 de esos vehículos en todo Chile. Y a Fermín Cornejo se le cayó uno encima.
Fue en julio de 2011, cuando Fermín todavía trabajaba como asistente mecánico en el taller de SERVICAR, una empresa que ya entonces tenía como principal actividad la reparación de vehículos policiales y que hoy es la gran favorita para prestar ese tipo de servicios a Carabineros. En 2008 fue uno de los dos talleres mecánicos que se adjudicaron una millonaria licitación para hacerse cargo de la mantención y reparación de toda la flota vehicular de la zona metropolitana por un plazo de tres años. La carga de trabajo era abrumadora y el negocio muy rentable. Fue en esa época que Fermín fue reclutado por los dueños de la empresa: los hermanos Juan Carlos y Pablo Carrasco y el cuñado del primero, José Antonio Ulloa.
Hacía poco más de un mes que Fermín ya había sufrido un accidente en el trabajo: uno de los seis elevadores hidráulicos para levantar los vehículos con los que contaba SERVICAR cedió con una camioneta encima. Fermín estaba abajo. Cayó apenas unos 30 centímetros, lo suficiente para golpearlo en la cabeza y causarle una hemorragia. Fermín después acusó a sus jefes de haber falseado la información para que no fuera considerado un accidente laboral.
Pero ese incidente no fue nada comparado con lo del sábado 2 julio de 2011.
Esa jornada, pasado el mediodía, a Fermín le tocó de nuevo trabajar debajo de ese elevador. En todo ese tiempo, nadie lo había reparado. Arriba, a casi dos metros de altura, tenía un retén móvil de Carabineros: una máquina de aproximadamente 3.500 kilos. Pasó lo que tenía que pasar: Fermín sintió un ruido y un golpe brusco que se le vino encima. Esta vez la caída no se detuvo a los 30 centímetros como la vez pasada, sino que siguió hasta el suelo. Él fue el único tope. Sentía todo su cuerpo quebrado. También la sangre que le corría. En poco tiempo perdió el conocimiento. Despertó en el Hospital del Trabajador con fracturas múltiples en la espalda, el esternón y el cráneo, además de severos daños en órganos internos. Quedó parapléjico. Nunca más pudo volver a trabajar.
En su demanda contra SERVICAR y Carabineros , el mecánico acusó a la empresa de incumplir gravemente todas las medidas mínimas de seguridad: de no haberle instruido nunca en los tres años que llevaba ahí sobre métodos de trabajo seguro; de no haberle impartido charlas de seguridad ni explicarle los riesgos propias de su labor; de no haberle entregado el reglamento interno de orden, higiene y seguridad; de no entregarle elementos mínimos de protección para su trabajo; de no haber reparado el elevador a sabiendas de sus desperfectos; y de no haber tenido el día del accidente un supervisor a cargo.
Respecto a Carabineros, Fermín y su abogado le atribuían responsabilidad en la nula fiscalización sobre el correcto cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad por parte de la empresa encargada casi exclusivamente de reparar sus vehículos.
Sobre las fallas de la empresa, la justicia le dio en dos instancias la razón a Fermín : tras llegar el caso a la Corte de Apelaciones, se sentenció a SERVICAR a pagarle una indemnización de $70 millones por daño moral y otros $100 millones por lucro cesante. Pero se rechazó la demanda contra Carabineros, por no haberse acreditado las condiciones del trabajo en régimen de subcontratación.
En todo caso, las graves falencias en cuanto a la seguridad de sus trabajadores y los vehículos policiales, no eran la única falla de SERVICAR. Las irregularidades iban mucho más allá: ya entonces eran normales las órdenes de trabajo abultadas, los repuestos lavados, las instalaciones de piezas no originales o incluso usadas y, entre otras cosas, las comidas con funcionarios de Carabineros; todas prácticas que la fiscal Ximena Chong hoy investiga por posiblemente configurar el delito de fraude al Fisco.
De eso dio cuenta Fermín en una entrevista con un equipo de Contacto:
-La empresa a veces mandaba a un joven para que comprara los repuestos. Si llegaban, se le ponían. Si no había, se les echaba una limpiadita, una pintadita y se colocaban de nuevo –dijo.
¿Y se cobraban como nuevos?
-Como nuevos.
¿Y nadie se daba cuenta de eso?
-No. Ellos no supervisaban eso.
Fue en julio de 2011, cuando Fermín todavía trabajaba como asistente mecánico en el taller de SERVICAR, una empresa que ya entonces tenía como principal actividad la reparación de vehículos policiales y que hoy es la gran favorita para prestar ese tipo de servicios a Carabineros. En 2008 fue uno de los dos talleres mecánicos que se adjudicaron una millonaria licitación para hacerse cargo de la mantención y reparación de toda la flota vehicular de la zona metropolitana por un plazo de tres años. La carga de trabajo era abrumadora y el negocio muy rentable. Fue en esa época que Fermín fue reclutado por los dueños de la empresa: los hermanos Juan Carlos y Pablo Carrasco y el cuñado del primero, José Antonio Ulloa.
Hacía poco más de un mes que Fermín ya había sufrido un accidente en el trabajo: uno de los seis elevadores hidráulicos para levantar los vehículos con los que contaba SERVICAR cedió con una camioneta encima. Fermín estaba abajo. Cayó apenas unos 30 centímetros, lo suficiente para golpearlo en la cabeza y causarle una hemorragia. Fermín después acusó a sus jefes de haber falseado la información para que no fuera considerado un accidente laboral.
Pero ese incidente no fue nada comparado con lo del sábado 2 julio de 2011.
Esa jornada, pasado el mediodía, a Fermín le tocó de nuevo trabajar debajo de ese elevador. En todo ese tiempo, nadie lo había reparado. Arriba, a casi dos metros de altura, tenía un retén móvil de Carabineros: una máquina de aproximadamente 3.500 kilos. Pasó lo que tenía que pasar: Fermín sintió un ruido y un golpe brusco que se le vino encima. Esta vez la caída no se detuvo a los 30 centímetros como la vez pasada, sino que siguió hasta el suelo. Él fue el único tope. Sentía todo su cuerpo quebrado. También la sangre que le corría. En poco tiempo perdió el conocimiento. Despertó en el Hospital del Trabajador con fracturas múltiples en la espalda, el esternón y el cráneo, además de severos daños en órganos internos. Quedó parapléjico. Nunca más pudo volver a trabajar.
En su demanda contra SERVICAR y Carabineros , el mecánico acusó a la empresa de incumplir gravemente todas las medidas mínimas de seguridad: de no haberle instruido nunca en los tres años que llevaba ahí sobre métodos de trabajo seguro; de no haberle impartido charlas de seguridad ni explicarle los riesgos propias de su labor; de no haberle entregado el reglamento interno de orden, higiene y seguridad; de no entregarle elementos mínimos de protección para su trabajo; de no haber reparado el elevador a sabiendas de sus desperfectos; y de no haber tenido el día del accidente un supervisor a cargo.
Respecto a Carabineros, Fermín y su abogado le atribuían responsabilidad en la nula fiscalización sobre el correcto cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad por parte de la empresa encargada casi exclusivamente de reparar sus vehículos.
Sobre las fallas de la empresa, la justicia le dio en dos instancias la razón a Fermín : tras llegar el caso a la Corte de Apelaciones, se sentenció a SERVICAR a pagarle una indemnización de $70 millones por daño moral y otros $100 millones por lucro cesante. Pero se rechazó la demanda contra Carabineros, por no haberse acreditado las condiciones del trabajo en régimen de subcontratación.
En todo caso, las graves falencias en cuanto a la seguridad de sus trabajadores y los vehículos policiales, no eran la única falla de SERVICAR. Las irregularidades iban mucho más allá: ya entonces eran normales las órdenes de trabajo abultadas, los repuestos lavados, las instalaciones de piezas no originales o incluso usadas y, entre otras cosas, las comidas con funcionarios de Carabineros; todas prácticas que la fiscal Ximena Chong hoy investiga por posiblemente configurar el delito de fraude al Fisco.
De eso dio cuenta Fermín en una entrevista con un equipo de Contacto:
-La empresa a veces mandaba a un joven para que comprara los repuestos. Si llegaban, se le ponían. Si no había, se les echaba una limpiadita, una pintadita y se colocaban de nuevo –dijo.
¿Y se cobraban como nuevos?
-Como nuevos.
¿Y nadie se daba cuenta de eso?
-No. Ellos no supervisaban eso.
EL CONTRATO DEL “REBALSE”
Apenas cinco días antes de que Fermín Cornejo demandara a SERVICAR, Carabineros cerró un nuevo y multimillonario contrato con la empresa, que estaría vigente por los siguientes cuatro años.
Eso ocurrió el 13 de abril de 2012. Se trataba de una licitación para la reparación y mantención de todos los vehículos institucionales de la Región Metropolitana. Por la cantidad y volumen de trabajo, era imposible que una sola empresa se hiciera cargo de todo. Por eso Carabineros adjudicó el contrato a tres firmas distintas . A cada una le asignó un puntaje:
1. La de mejor calificación fue SUMICAR, una empresa que existe desde 2001, pero que recién empezó a jugar sus cartas para entrar al negocio con Carabineros en 2010, cuando ingresó a la sociedad el ex suboficial del L3, Manuel Ayala. Obtuvo un 94,36%.
2. La segunda mejor nota la obtuvo MAFER, la empresa que venía reparando los vehículos policiales junto a SERVICAR desde 2008. Ellos obtuvieron un 92,26%.
3. Y la tercera, con la peor puntuación, fue SERVICAR, con apenas un 78,63%.
El sistema establecido para la ejecución del contrato fue el de “rebalse”. Funcionaba así: si Carabineros requería reparar vehículos en un taller externo, debía enviarlos al que obtuvo la mejor puntuación hasta que copara totalmente su capacidad. Recién entonces tendría que pasar al segundo taller mejor evaluado. Y cuando éste alcanzara su capacidad máxima, le tocaría al tercero en la lista.
Pero eso nunca ocurrió y lo que pasó al final fue extraño: la empresa que más facturó mientras estuvo vigente el contrato fue SERVICAR, la del peor puntaje.
Desde las otras compañías acusan privilegios por parte de funcionarios policiales a favor de la firma que controlan los hermanos Carrasco. Falta de control y favoritismos a la hora de enviarle vehículos, aun cuando no correspondía hacerlo. Incluso denuncian sabotaje por parte de Carabineros a su trabajo para favorecer a SERVICAR. Dicen que los dueños de esa empresa tenían incluso el poder de decidir qué autos iban a su taller y cuáles no. Hay también fotos que demuestran la cercanía que tenían con algunos funcionarios del L3. Todo eso es ahora materia de investigación judicial.
Lo que sí está claro es que con ese contrato firmado en 2012, SERVICAR comenzó a pavimentar la ruta para convertirse a través de un trato directo en lo que es hoy: el dominador absoluto de un millonario y codiciado negocio.
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Eso ocurrió el 13 de abril de 2012. Se trataba de una licitación para la reparación y mantención de todos los vehículos institucionales de la Región Metropolitana. Por la cantidad y volumen de trabajo, era imposible que una sola empresa se hiciera cargo de todo. Por eso Carabineros adjudicó el contrato a tres firmas distintas . A cada una le asignó un puntaje:
1. La de mejor calificación fue SUMICAR, una empresa que existe desde 2001, pero que recién empezó a jugar sus cartas para entrar al negocio con Carabineros en 2010, cuando ingresó a la sociedad el ex suboficial del L3, Manuel Ayala. Obtuvo un 94,36%.
2. La segunda mejor nota la obtuvo MAFER, la empresa que venía reparando los vehículos policiales junto a SERVICAR desde 2008. Ellos obtuvieron un 92,26%.
3. Y la tercera, con la peor puntuación, fue SERVICAR, con apenas un 78,63%.
El sistema establecido para la ejecución del contrato fue el de “rebalse”. Funcionaba así: si Carabineros requería reparar vehículos en un taller externo, debía enviarlos al que obtuvo la mejor puntuación hasta que copara totalmente su capacidad. Recién entonces tendría que pasar al segundo taller mejor evaluado. Y cuando éste alcanzara su capacidad máxima, le tocaría al tercero en la lista.
Pero eso nunca ocurrió y lo que pasó al final fue extraño: la empresa que más facturó mientras estuvo vigente el contrato fue SERVICAR, la del peor puntaje.
Desde las otras compañías acusan privilegios por parte de funcionarios policiales a favor de la firma que controlan los hermanos Carrasco. Falta de control y favoritismos a la hora de enviarle vehículos, aun cuando no correspondía hacerlo. Incluso denuncian sabotaje por parte de Carabineros a su trabajo para favorecer a SERVICAR. Dicen que los dueños de esa empresa tenían incluso el poder de decidir qué autos iban a su taller y cuáles no. Hay también fotos que demuestran la cercanía que tenían con algunos funcionarios del L3. Todo eso es ahora materia de investigación judicial.
Lo que sí está claro es que con ese contrato firmado en 2012, SERVICAR comenzó a pavimentar la ruta para convertirse a través de un trato directo en lo que es hoy: el dominador absoluto de un millonario y codiciado negocio.
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