viernes, 8 de enero de 2016

NUEVA COLUSIÓN POR EL PRECIO DEL POLLO: ACUSAN A LAS TRES PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS

Los escándalos por colusión que comprometen a grandes empresas y que impiden la libre competencia en el mercado nacional no dan tregua. Esta vez fue el turno de las tres principales cadenas de supermercados -los de Censosud, del Grupo Paulmann; SMU, del Grupo Saieh y Walmart, de la familia estadounidense Walton- los que fueron acusados por la FNE de coordinarse entre 2008 y 2011 para fijar precios de venta de pollo fresco al público. Los emails delatan a ejecutivos de supermercados y productores avícolas. La autoridad económica pide que se aplique la multa máxima.

Por Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa



Una inesperada réplica tuvo la investigación del cartel de los productores de pollo, pues la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no se quedó solo con el reciente fallo que confirmó la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) –fijando multas por US$ 58 millones y la disolución de la Asociación de Productores Avícolas–, sino que este miércoles 6 de enero presentó un requerimiento por colusión contra las tres principales cadenas de supermercados del país. Los datos recogidos en las pesquisas sobre el mercado avícola le permitieron a la FNE acusar a Cencosud (Jumbo, Santa Isabel), Walmart (Líder, Ekono) y SMU (Unimarc, Supermercados del Sur) de coordinarse entre 2008 y 2011 -a través de los productores de pollos- para fijar precios mínimos de venta al público, lo que atenta contra la libre competencia (ver requerimiento).

El requerimiento de la FNE pide que cada una de las cadenas sea multada con el monto máximo que permite la ley: 30.000 UTA, equivalentes a US$ 22,9 millones. La FNE estima que por la gravedad de la falta, la sensibilidad del mercado y las ganancias de las empresas, correspondería fijar una multa equivalente al 10% de las ventas de pollo en el periodo imputado –un porcentaje que el organismo califica de conservador–, pero ese monto superaría el máximo legal permitido.

Según los datos recogidos hasta ahora, la FNE comenzó reservadamente su investigación el 25 de agosto de 2011 y obtuvo del TDLC y la Corte de Apelaciones la autorización para ejercer “medidas intrusivas”, las que se concretaron el 14 de diciembre del mismo año. Ese día, con el apoyo del OS-9 de Carabineros, se realizó un registro policial en las dependencias de las cadenas de supermercados bajo investigación y se incautaron copias de los correos electrónicos de ejecutivos de esas empresas. Algunos de los emails intercambiados entre los vendedores minoristas y sus proveedores de pollo fueron adjuntados por la autoridad económica en su denuncia como prueba de la colusión.

Aunque no se entregan detalles, la FNE destaca que tiene evidencias de que las conductas de colusión entre supermercados y proveedores no se limitan al pollo fresco al que se refiere la acusación, sino que existen “antecedentes que dan cuenta de un cierto grado de transversalidad de la misma respecto a otros productos que componen la canasta”. Sin embargo, el escrito no especifica si existen otras investigaciones en curso por esas posibles infracciones.

Según la Fiscalía Nacional Económica, los tres principales productores de pollo (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) fijaban un precio único de lista mayorista, el que sumando el IVA funcionaba por regla como un precio mínimo de venta para los minoristas (supermercados y otros). LA FNE no tiene claro el origen de la regla, pero utiliza los correos electrónicos intercambiados por los encargados de compra de las cadenas de supermercados y los proveedores de pollo para demostrar que se trataba de una práctica cotidiana.

La acusación de la FNE es que Cencosud, Walmart y SMU “actuaron bajo el conocimiento de que sus principales competidores se encontraban sujetos a idéntica regla y además fueron activos en monitorear los eventuales incumplimientos de aquélla por parte de éstos, solicitando al proveedor común su intervención a objeto de restablecer el imperio de la regla cuando se verificaba la venta de productos por debajo del precio de referencia. De esta forma, las requeridas (los supermercados denunciados) adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas”. Además, se les imputa haber supeditado el cumplimiento de la regla al que sus competidores no bajaran el precio fijado.

De los correos incluidos en el requerimiento se concluye que el argumento utilizado para operar de esta forma era “regularizar el mercado” y “evitar una guerra de precios”, de modo de obtener mayores ganancias.

El requerimiento asegura que el precio al que le vendían sus productos los productores de pollo a los supermercados no consideraba descuentos transitorios ni cobros que disminuyen el costo efectivo que tienen los supermercados. Agrega que las cadenas tienen incentivos para vender bajo costo en aquellos “productos de alta recordación” como el pollo, lo que tiende a beneficiar a los consumidores, pero que aquello se inhibe con este tipo acuerdos.

Horas después de hacerse público el requerimiento de la FNE, desde Walmart, el gigante minorista controlado por la familia estadounidense Walton, se envió un comunicado en el que se explica que "desde el inicio de esta investigación, en el año 2011, hemos cooperado activamente con las autoridades y continuaremos haciéndolo mientras el Tribunal analiza este caso". Y puntualizaron: "Estamos comprometidos con la libre competencia y por eso contamos con procesos certificados para que todas nuestra acciones se apeguen a sus principios y normativas".

En la sede de SMU, en tanto, se informó que aún no habían sido notificados del requerimiento, por lo tanto no podían emitir opiniones. SMU es controlada por el Grupo Saieh, que también es el principal financista de CIPER. En Censosud, la empresa de Horst Paulman, quedaron de enviar un comunicado de prensa, pero al cierre de esta nota no había llegado.

Los datos entregados por la Fiscalía dan cuenta de que en 2011 las tres cadenas de supermercados concentraban más del 91% de la venta de pollo fresco: Cencosud, 34,05%; Walmart, 33,68% y SMU, 23,5%.

El mercado de los supermercadistas se movió bastante en los años investigados (2008-2011). En 2009, Walmart tomó el control de DyS (Lider, Ekono), que hasta entonces estaba en manos de la familia Ibáñez, quienes terminaron de vender su participación en 2013. En cuanto a SMU, compró Supermercados del Sur en septiembre de 2011 (los emails incluidos en el requerimiento son de febrero de ese año) y de acuerdo a la FNE es su continuadora legal. Luego, en 2014, SMU vendió Bigger, la marca de Supermercados del Sur.

Esta vez y a diferencia de las otras denuncias por colusión que han afectado a importantes empresas del mercado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, reaccionó de inmediato. En caso de confirmarse la denuncia de colusión por parte del Tribunal de la Libre Competencia –afirmó–, en que por acuerdo de precios entre las empresas se hayan obtenido ganancias por sobre lo que correspondía a un mercado competitivo, deberá aplicarse todo el rigor de la ley a los responsables y estudiar los mecanismos de compensación a los afectados. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), repartición que depende de su cartera, ya se encuentra estudiando “cuáles son las medidas a tomar en materia de los derechos de los consumidores”.


LO QUE REVELAN LOS EMAILS

De acuerdo a la investigación de la FNE, las cadenas verificaban el cumplimiento de la regla monitoreando los precios de los locales de la competencia ubicados en la misma zona geográfica, a las que llamaban “zonas de competencia” o “clusters”. Cencosud y Walmart tenían mecanismos formales para ello -dice la acusación-, que estaban a cargo de las áreas de precio o “pricing” y la información luego era comunicada al área comercial de esas mismas empresas. Eran los encargados comerciales quienes se comunicaban con los proveedores de pollos para reclamar cuando un competidor estaba vendiendo bajo el precio acordado. Se asumía, asegura la Fiscalía Nacional Económica, que los proveedores actuarían como intermediarios para regularizar el precio de venta al público de sus competidores.

Según la FNE, los “Key Account Manager” (ejecutivos de cuenta) de los distintos proveedores de pollo declararon que los reclamos se realizaban principalmente a través de llamados telefónicos. El intercambio de correos electrónicos por este tema era excepcional, dice la FNE, pero de todos modos los mensajes que fueron adjuntados al requerimiento son decidores (ver correos).

No se bajaron los precios conversados”. Ese fue el mensaje que envió por correo electrónico Leonardo Retamal, administrador de la sucursal El Belloto del Supermercado Jumbo, en Quilpué, al product manager que por entonces estaba encargado de los resultados comerciales y operacionales de la sección de pollos y cerdos de la empresa, Alfredo Calvo. El correo electrónico está fechado el domingo 18 de enero de 2009 y es el más antiguo entre los emails que la FNE entregó al TDLC como anexo probatorio al requerimiento. Como el mensaje es escueto, si no fuera porque en el asunto dice “Precio Pollo – J781 / Lider”, sería imposible saber a qué se refiere. En todo caso, basta seguir la cadena de los correos para salir de cualquier duda.

Al día siguiente, Calvo escribió al ejecutivo de Agrosuper que llevaba la cuenta de Cencosud, Víctor Velásquez, alegándole el incumplimiento de un compromiso acordado un par de días antes: subir el precio del pollo entero a $1.490. Al parecer, Líder no lo había hecho. Velásquez respondió:

Esto parece el cuento del lobo, ya que tu competencia los acusa a ustedes de iniciar esta guerra de precios. Lo único que puedo hacer es que me des la última posibilidad y mañana tú aparezcas a $1.490. De esta manera, ellos subirán. De otra manera veo complicado alinearlos”.

Después que Calvo replicara diciendo que en Jumbo han tenido “el precio que corresponde”, esa primera cadena de correos se cerró con el mensaje de Jorge Kuncar, entonces product manager senior de carnes blancas en Cencosud, a quien Calvo había copiado entre los destinatarios:

Señores, nos interesa estabilizar el precio del pollo entero antes que nos obliguen a comenzar a reaccionar. Esto se lo solicité a Fernando [Fernando Lanza, como sales manager de Agrosuper entre 2008 y 2009, era jefe de Víctor Velásquez cuando se enviaron los correos] tres días antes de la apertura de Jumbo Belloto, y no tuvimos ninguna respuesta. Si les interesa que mañana hagamos un último esfuerzo por estabilizar el precio, no tenemos problemas en hacerlo, pero será nuestra última espera, ya que llevamos más de 30 días”.

Un día después, el mismo tema fue tratado en otro intercambio de correos, esta vez entre el gerente de Supermercados en Agrosuper, Patricio Delgado, y el entonces comprador de carnes de Walmart, Luis Zamorano. El primero le pedía al segundo igualar el precio con Jumbo “para que no sigan con esta pelea, que todos perdemos plata”. Zamorano se comprometió a hacerlo. Delgado insistió en que tenían que igualar el precio de inmediato, que Jumbo no esperaría ni un día más.

Los siguientes correos son similares, pero posteriores e involucran a más personas. En noviembre de 2009, Delgado y Zamorano volvieron a conversar sobre los precios de los pollos comparados con el catálogo de Jumbo. Ese mismo mes, Carlos Tellería, de Ariztía, envió un correo donde ordenaba suspender los despachos de pollos de los supermercados Bigger, del holding SMU, por vender bajo el precio de costo, lo que demuestra el control que ejercían los proveedores para mantener vigente el supuesto acuerdo que acusa la FNE.

En febrero de 2011, el product manager de Supermercados del Sur, Rodrigo Balbontín,alegaba a Agrosuper que en Temuco el Supermercado Santa Isabel vendía trutro entero de pollo a un precio demasiado bajo. Ese correo produjo la inmediata mediación del ejecutivo de la productora de pollos, quien se comunicó con Alfredo Calvo, de Cencosud. La respuesta de este último fue: “Ok, subo todos los precios ahora mismo”.

El último correo que anexó la FNE en su denuncia fue enviado por Cristian Tirado, ejecutivo de Ariztía, a Balbontín, ejecutivo de Supermercados del Sur, 10 días después que alegara por los precios bajos de Santa Isabel. El texto dice:

Desde hace unos tres años que estamos intentando regularizar el precio de oferta de los productos pollos y pavos, evitando vender bajo costo para que las cadenas NO entren en una guerra de precios. En este sentido, te pido evitar vender trutros enteros bajo costo como pasó hoy en Bigger Concepción, donde se ofreció el trutro entero Ariztía a $1.490 (Precio mínimo es $1.270 + IVA=$1.511). Este tema lo he hablado con todas las cadenas y de ser necesario en algún caso especial, lo seguiré reforzando”.

Una vez más los correos electrónicos podrían resultar evidencia clave para acusar a empresas importantes del mercado nacional en la ejecución de uno de los ilícitos más difíciles de probar: la colusión. Así fue en el reciente requerimiento que la misma Fiscalía Nacional Económica presentó contra la CMPC, de propiedad del Grupo Matte, y la sueca SCA (ex Pisa), por la colusión en el mercado del papel higiénico; y en la investigación del cartel de los productores de pollos, que dio origen a esta nueva acusación.


LA DIFÍCIL SEMANA DEL GRUPO SAIEH

La acusación de la Fiscalía Nacional Económica que afecta a SMU se suma a la millonaria multa que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) acaba de cursar a otra empresa del Grupo Saieh: Corpbanca. Eran cerca de las 10 de la noche de este lunes 4 de enero cuando el banco envió un hecho esencial (ver documento) a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informando que el 30 de enero había sido notificado de la multa. La razón: haber sobrepasado el margen de crédito permitido por la Ley General de Bancos en los préstamos realizados a las empresas Cascadas ligadas al control de SQM (Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera).

Se trataría de la multa más alta cursada hasta ahora por la SBIF, pues asciende al 10% del exceso de los márgenes de crédito, equivalente a $21.764 millones, unos US$ 30 millones. La sanción se referiría a créditos otorgados los años 2011, 2013 y 2015 por la institución bancaria a las empresas Cascadas, las que fueron consideradas por la superintendencia como parte de “un esquema de organización social” para ejercer el control de SQM, por lo que se consideró que para efecto de los márgenes, constituyen una sola unidad y no empresas individuales.

Este criterio ha generado cierto debate en el mundo financiero. Hay quienes estiman que efectivamente las Cascadas deberían ser consideradas como unidad empresarial, pues todas tienen el mismo activo subyacente, que es SQM. Sin embargo, se trataría de una interpretación inédita hasta ahora y todos los créditos habían sido informados tanto a la SBIF como en los estados financieros de las Cascadas, sin que hasta ahora se presentara ningún reparo.

Según el hecho esencial, el directorio de Corpbanca acordó “expresar su unánime y categórico rechazo a las imputaciones de infracciones a la normativa vigente y a la totalidad de los fundamentos que le servirían de base”, por lo que se apelará a la multa. Además, el directorio acusó que no se habían cumplido los derechos básicos de un debido proceso y criticó que el procedimiento se inició por “un hecho ajeno al banco”, como fue la renuncia de Rafael Guilisasti a su directorio en octubre de 2015, luego de asumir como presidente de las Cascadas.


Publicado originalmente en CIPER (6/1/2016)

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