viernes, 2 de octubre de 2015

LAS RESERVADAS GESTIONES DE LOS CANDIDATOS A FISCAL NACIONAL PARA SUMAR APOYOS POLÍTICOS

El lobby de quienes esperan suceder a Sabas Chahuán en el Ministerio Público está desatado. Al menos los candidatos José Morales, Raúl Guzmán, Jorge Abbott y Juan Enrique Vargas han tenido reuniones con parlamentarios y/o magistrados. El tema que más tiñe la elección es cuál va a ser la política respecto de las investigaciones sobre platas políticas. Las conversaciones privadas con los senadores despiertan suspicacias, pues varios legisladores están siendo investigados por esos mismos ilícitos y votarán para elegir a la persona que definirá el futuro de esas indagatorias.

Por Pedro Ramírez y Juan Pablo Figueroa


Al menos siete senadores y quince ministros de la Corte Suprema han sido objeto de lobby para conseguir su apoyo para una de las decisiones políticas más importantes de la temporada: la designación del nuevo fiscal nacional. Cualquier oportunidad sirve para promocionar un nombre, por lo que desde reuniones bilaterales en casas de parlamentarios, cafés en lugares públicos y hasta el cabildeo de pasillo son aprovechados. El conteo proviene de información que los propios candidatos o sus círculos más cercanos entregaron a CIPER y los antecedentes apuntan a que los más activos en este lobby han sido Guido Girardi (PPD), por el lado de los senadores, y el fiscal José Morales, por el lado de los postulantes. 

Corte Suprema
Los primeros frutos del intenso lobby desplegado en las últimas semanas se verán este viernes 2 de octubre, cuando el pleno de la Corte Suprema escuche los planteamientos de los 11 aspirantes a encabezar el Ministerio Público. De ahí saldrá una quina, desde donde la Presidenta Michelle Bachelet escogerá un nombre, que deberá ser ratificado por el Senado.

El cargo, de por sí importante, cobra una especial relevancia en momentos en que el Ministerio Público investiga causas por financiamiento ilegal de la política que afectan al gobierno y a senadores en ejercicio. Estos quienes aprobarán a la persona que definirá las líneas de su futuro judicial, lo que ha causado una polémica respecto a la necesidad de que se inhabiliten durante la votación. Los rumores de que el “programa” presentado por algunos candidatos en su lobby ante los senadores incluye su postura respecto a cómo enfrentar estas causas, han enturbiado el proceso.

Sólo cinco de los candidatos que quieren heredar el puesto de Sabas Chahuán pasarán a la segunda etapa y hasta ahora a siete se les atribuye posibilidades de alcanzar esa meta. Entre ellos se cuentan el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, José Morales; el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán; el ex fiscal regional de Valparaíso y actual director ejecutivo del Ministerio Público, Jorge Abbott; el decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas; el fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo; el ex fiscal jefe de Rancagua y ex juez del crimen, José Luis Pérez Calaf, y el abogado Juan Carlos Manríquez (vea las fichas con sus currículos y casos emblemáticos en que han participado). Completan la nómina de postulantes los abogados Hilda Cerda, Jaime Jansana e Iván Pavlov, y el fiscal Rafael Mera.


GIRARDI CON MORALES, ABBOTT Y GUZMÁN

En la recta final del proceso, las operaciones para ensalzar o desestabilizar a los postulantes se multiplicaron. En ese contexto causó ruido la filtración de las causas judiciales en las que se han visto envueltos, las que incluyen un caso de prisión preventiva por apropiación indebida, una querella por violencia intrafamiliar y hasta cotizaciones impagas a una empleada doméstica (vea el artículo de La Tercera con el detalle). También aparecieron los primeros reportes sobre reuniones reservadas entre algunos de los candidatos y senadores.

En este escenario, dos senadores del PS se comunicaron con funcionarios del Ministerio Público para señalar que les parecía “imprudente” que los postulantes intentaran coordinar reuniones con miembros de la Cámara Alta. Esto, porque hay senadores que se han visto afectados por las investigaciones de aportes ilegales a campañas políticas. Hasta este momento, los senadores tocados por estas indagatorias, ya sea de manera directa o indirecta, son Jaime Orpis, Iván Moreira y Ena Von Baer (todos de la UDI); Jorge Pizarro y Pedro Araya (ambos DC); Felipe Harboe (PPD) y Fulvio Rossi (PS). Además están involucrados en procesos judiciales los senadores Carlos Bianchi (Ind.), actualmente desaforado, y Eugenio Tuma (PPD).

Los mismos senadores socialistas han expresado que su colega Guido Girardi (PPD) está promocionando el nombre del fiscal Morales y que en las conversaciones de pasillo se le presenta como un aspirante dispuesto a poner límites o flexibilizar las indagatorias sobre financiamiento ilegal de la política. El fiscal Morales reconoció a CIPER que ha tenido conversaciones con senadores, pero aseguró que en ellas nunca se ha referido a investigaciones que estén curso y que tampoco lo hará, porque, en caso de ser elegido como fiscal nacional, podría quedar inhabilitado para conocer esas causas por haber emitido una opinión previa.

Senador Guido Girardi
Aunque Morales declinó explicitar con qué senadores se había reunido, en su entorno aseguran que, además de Girardi, ha tenido conversaciones con Alfonso de Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN), Jaime Quintana (PPD) y Juan Antonio Coloma (UDI).

Consultado por CIPER, el senador Girardi aseguró que no ha operado a favor de Morales. Pero reconoció que se había reunido con él. También dijo que se ha dado cita con otros dos candidatos: Juan Enrique Vargas y Jorge Abbott. El senador PPD sostuvo que estaba dispuesto a reunirse con todos los postulantes que quisieran exponerle sus proyectos y que no veía inconveniente en aquello. También dijo que de los tres aspirantes con los que se ha reunido, dos le pidieron la cita y al tercero lo recibió “a solicitud del gobierno”. Girardi no quiso detallar cuál de los tres postulantes fue el que llegó recomendado por el gobierno, ni quién lo derivó: “No es importante de dónde provinieron las solicitudes (para recibirlos)”, dijo.

CIPER pidió una entrevista con el decano Vargas, pero en su oficina informaron que no hablará con la prensa hasta después de que la Corte Suprema confeccione la quina. El fiscal Raúl Guzmán entregó la misma respuesta.

El ex fiscal Abbott, en tanto, confirmó a CIPER que se reunió con el senador Girardi en la casa del parlamentario. También admitió que ha hablado del tema con el senador Felipe Harboe (PPD) y con integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde concurrió durante el trámite del proyecto que fortalece al Ministerio Público. Abbott explicó que utilizó estas vías porque el proceso de selección del fiscal nacional no contempla un espacio para que los postulantes expongan sus proyectos ante los senadores, pues se opera bajo la premisa de que el Senado sólo debe pronunciarse sobre el nombre ya escogido por la Presidenta. Pero en realidad, explica el ex fiscal, hay una comunicación previa permanente entre lo senadores y el gobierno en busca de un consenso o un acuerdo amplio, por lo que es necesario que se transparente y regule un proceso para que los aspirantes puedan explicar sus proyectos a los miembros de la Cámara Alta.

Un alto funcionario de La Moneda admitió a CIPER que el nivel de consenso previo que se logre en el Senado en torno a un nombre, resulta importante para acotar el candidato que será ungido por el gobierno. La falta de sintonía fina en este ámbito puede llevar a tropiezos como la oposición que generó entre los senadores el nombre de Enrique Rajevic, quien fue propuesto por la Presidenta para ocupar el cargo de contralor. Por lo mismo, en palacio estiman que es sano para el proceso que los candidatos se reúnan con los senadores. Esos encuentros no debiesen ser reservados y, para mayor transparencia, ya existe a partir de la ley de lobby un registro de las audiencias que los senadores conceden a “gestores de intereses privados”, categoría en la que se encuadran los postulantes a la jefatura del Ministerio Público.

Pero las reuniones que ahora admite Girardi (con Morales, Vargas y Abbott) no quedaron consignadas en el registro de audiencias que deben llevar las autoridades, como tampoco lo hicieron otros parlamentarios que recibieron a algunos de los candidatos. El senador Felipe Harboe (PPD), en tanto, sí anotó en su sitio web una reunión con el fiscal Guzmán, pero no por el tema de la Fiscalía Nacional, sino por la tramitación del Estatuto de Protección de los Fiscales. Harboe, en todo caso, admitió a CIPER que en esa cita tocó el tema de la elección con Guzmán, pero informalmente. También señaló que ha hablado con Abbott sobre sus proyectos para el Ministerio Público, pero tampoco lo hizo en una audiencia, sino en reuniones con el ex fiscal a raíz del debate sobre del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, proceso que Abbott condujo por parte de la Fiscalía.

Jorge Abbott
El senador Harboe sostuvo que son inexactas las versiones que se han publicado respecto de que está alineado con el fiscal Morales debido a que tendrían una relación estrecha desde que fueron compañeros en la Universidad Central. “Fuimos compañeros, pero no hay una cercanía”, dijo. También aseguro que no había conversado con él, algo que en cambio los cercanos a Morales sostienen que sí ocurrió.

Al menos dos de los candidatos al cargo de fiscal nacional –José Morales y Raúl Guzmán- enviaron mensajes a la mesa directiva del Partido Socialista para abrir un espacio de interlocución con los senadores de la colectividad. Pero esa gestión no prosperó.

Dentro del PS hay un sector interesado en que las investigaciones que lleva la fiscalía sobre financiamiento ilegal de la política lleguen hasta el final, “caiga quien caiga”. Y ese mismo sector ve con inquietud que el lobby sobre los parlamentarios derive en una posible negociación que podría limitar el alcance de las indagatorias en curso. De hecho, cuando la presidencia de ese partido estaba en manos del diputado Osvaldo Andrade, la colectividad se hizo parte en la investigación y designó al abogado Enrique Aldunate para impulsar las indagatorias.

Pero los políticos no son los únicos blancos del lobby. La primera valla a superar es quedar en la quina de la Corte Suprema, por lo que algunos candidatos han intensificado el cabildeo entre los ministros del tribunal. Uno de los que ha puesto más energía en esto es Morales, quien ha conversado con más de una decena de supremos, según confirman en su propio entorno. Sin embargo, enfatizan que se trata de conversaciones que se realizaron antes de que se iniciara formalmente la carrera por la Fiscalía Nacional, y terminaron cuando se conoció, a fines de agosto, un autoacordado de la corte que prohíbe las audiencias privadas a quienes concursen en procesos en los cuales los ministros deben decidir.


VARGAS, EL CANDIDATO DE LA SUPREMA

Se calcula que entre 15 y 20 minutos tendrán los postulantes para descargar la munición con la que pretenden causar impacto en las presentaciones que harán ante los ministros de la Corte Suprema este viernes 2 de octubre. En los círculos allegados al máximo tribunal se da por hecho que, con independencia del desempeño que tengan los aspirantes en esa jornada, el postulante que despierta más adhesiones entre los supremos es el decano de Derecho de la UDP, Juan Enrique Vargas.

Juan Enrique Vargas
El académico también despierta entusiasmo en otros actores cuyas opiniones pueden tener impacto en la decisión de la Presidenta Bachelet: la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y varios miembros del Consejo de Defensa del Estado, la entidad que representa los intereses públicos ante la justicia penal y que normalmente opera como partner de la Fiscalía en los juicios donde hay involucrados recursos fiscales. El ministro del Interior, Jorge Burgos, también vería con buenos ojos su postulación.

Vargas ya fue el candidato más votado por los ministros de la Suprema en 2007, cuando también se postuló al cargo. En esa ocasión obtuvo 11 preferencias, pero finalmente la Presidenta Bachelet, entonces en su primer periodo de gobierno, se inclinó por favorecer a quien había rematado en el tercer lugar de la quina: Sabas Chahuán, quien tenía cinco votos menos que Vargas.

Entre las cualidades de Vargas se destaca que es un “jurista” de reconocida trayectoria que le daría “un sello de solemnidad” al Ministerio Público. Lo anterior es, al mismo tiempo, una crítica velada al estilo más llano y simple impuesto por Chahuán en los últimos ocho años.

Tanto en el gobierno como en la Corte Suprema tienen claro que la continuidad de las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política es el factor que más tiñe esta elección de fiscal nacional ante los ojos de la opinión pública. No obstante, también están conscientes de que hay otros problemas de peso que debe resolver quien tome el timón del Ministerio Público, como la amplia tasa de investigaciones penales que se archivan sin resultados positivos (lo que ocurre con el 86% de las causas que se inician sin imputado conocido, según las estadísticas de 2014), la escasa innovación en las técnicas de persecución que utilizan los fiscales y su falta de mando sobre las policías.

En relación a estos factores, Vargas ha formulado una especial crítica a la autocomplacencia que impera entre los fiscales: el 50% es calificado con nota 7,0 en la evaluación interna y sólo el 1% obtiene nota inferior a 6,0, según datos publicados por El Mercurio en junio de este año (ver artículo), basado en información a la que accedió por Ley de Transparencia. Para el entorno de Vargas, la escasa autocrítica de los fiscales impide desarrollar una cultura de mejoramiento e innovación permanente. Y, precisamente, la reingeniería de los procesos judiciales es una de sus especialidades: fue uno de los impulsores de la reforma procesal penal y encabezó el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Los detractores de Vargas sostienen que no conoce el funcionamiento interno del Ministerio Público, que nunca ha conducido investigaciones penales y que puede desarrollar un agudo conflicto con la Asociación Nacional de Fiscales y con las jefaturas regionales si intenta imponer un plan de cambios a contrapelo de la cultura funcionaria ya instalada.


EL FACTOR MORALES

En las últimas semanas, el nombre del fiscal José Morales ha tomado vuelo propio en esta carrera. Inicialmente, pocos apostaban a que su nombre se posicionaría frente a postulantes a los que se reconoce una trayectoria más amplia, como sucede con Vargas, Guzmán y Abbott. Con un alto perfil mediático, Morales aparece públicamente como un persecutor agresivo, lo que genera altas expectativas en causas que, por la naturaleza de la fiscalía que dirige, son particularmente sensibles y que no siempre terminan con resultados exitosos para el Ministerio Público. En sus manos han estado, por ejemplo, las investigaciones de los casos Cascadas, La Polar y la licitación del litio (vea la ficha de Morales con el detalle de estas causas).

José Morales
Además, Morales es el superior jerárquico de los fiscales que han estado a cargo de investigaciones emblemáticas, como la colusión de las farmacias y los sobreprecios en equipos para combatir al narcotráfico (Plan Frontera Norte). Ambas causas estaban en manos del fiscal adjunto Jaime Retamal y terminaron sin culpables. En el caso de las farmacias, luego de un cuestionado acuerdo que comprometía a los acusados a asistir a clases de ética en vez de ir a juicio y que luego fue anulado, el tribunal absolvió a los diez ejecutivos imputados al considerar que la colusión no existe como tipo penal y que además la Fiscalía no logró probar la adulteración fraudulenta de precios. Respecto a los equipos del Plan Frontera Norte, tras casi tres años de investigación desformalizada, el 11 de agosto de 2015 el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó la causa. Esto luego de que la defensa de uno de los principales indagados solicitara cerrar el proceso tras conocer la intención del Ministerio Público de no perseverar, por estimar que los antecedentes reunidos no fueron suficientes para lograr la convicción de la existencia de delitos.

Pese a que su nombre genera resquemores entre muchos abogados y dentro del mismo Ministerio Público, Morales llega bien aspectado a la víspera de las presentaciones de los postulante ante la Corte Suprema, porque se ha consolidado en el ambiente político la versión de que cuenta con el respaldo de Guido Girardi y de un grupo de senadores y dirigentes políticos que aprecian su supuesta predisposición a acotar las investigaciones que involucran aportes irregulares al financiamiento de campañas políticas.

Aunque desde el Senado se han emitido mensajes hacia La Moneda respecto de que Morales cuenta con apoyo político transversal, al menos en el caso del ministro del Interior, Jorge Burgos, no hay una buena evaluación de su desempeño como fiscal.

En 2011, cuando era diputado, Burgos ofició al Ministerio Público a propósito de una nota publicada en el diario Clarín de Argentina, donde se informaba de una investigación a la aerolínea Lan por presunto soborno de más US$ 1 millón a un ministro. Morales inició una investigación desformalizada e incluso viajó a Buenos Aires, pero poco después sobreseyó la causa, al tiempo que el caso era también cerrado en Argentina.

Sin embargo, el mismo Morales reabrió la investigación a comienzos del año pasado, luego de que un informe de la OCDE cuestionara la indagación. Ahí se critica que no se haya interrogado a testigos ni recopilado documentos, así como tampoco se intentara comprobar si los fondos de los supuestos sobornos se habían originado en Chile, entre otros cuestionamientos (ver nota de La Tercera). Según cercanos a Burgos, en ese momento el actual ministro criticó a Morales, pues a su juicio la reactivación del caso demostraba que sus indagaciones no habían sido exhaustivas.

Si efectivamente Girardi está apoyando a Morales, podría ser una pieza clave para conseguir los votos para que quede en la quina que debe confeccionar la Corte Suprema. Tanto en La Moneda como en el Senado señalan que Girardi tiene muy buenas relaciones con algunos ministros de la Suprema y recuerdan el episodio de la cena que dio en su casa para “homenajear” la nominación de Sergio Muñoz como presidente del máximo tribunal, en marzo de 2014. En esa ocasión también asistieron el ministro Hugo Dolmestch y el presidente saliente de la Suprema, Rubén Ballesteros, a quien Girardi ya había hecho una cena cuando lo eligieron en 2011. El senador del PPD también participó en la ceremonia en la que Ricardo Blanco asumió como ministro de la Suprema en junio de 2013.

Con estos antecedentes y considerando que cada uno de los 20 miembros del máximo tribunal debe votar por tres nombres para conformar la quina, la meta se presentaría alcanzable para un postulante impulsado por Girardi.

Pero la principal valla que debe superar el fiscal Morales para conseguir luz verde es el contenido de un documento que lleva la firma del abogado René García, querellante en representación de Moneda AGF en el caso Cascadas, y que fue puesto directamente en las manos del fiscal nacional, Sabas Chahuán. En el entorno que conoció la reunión de Chahuán y García comentan que el titular del Ministerio Público recibió el escrito y en la tarde de esa misma jornada resolvió que Morales ya no podía seguir a cargo de la investigación. En lo formal, Chahuán no dio lugar a las peticiones del texto de García, que solicitaba la remoción de Morales de la investigación. Pero, aunque se argumentaron otras causas, el 22 de julio pasado se informó la resolución del fiscal nacional que hizo a un lado a Morales y que entregó la causa al fiscal regional metropolitano centro norte, Andrés Montes.

Aunque en el entorno de Morales alegan que la decisión de arrebatarle el caso Cascadas es parte de una campaña para favorecer al candidato que Chahuán prefiere para su sucesión, Jorge Abbott, el escrito que presentó el abogado García que gatilló la decisión del fiscal nacional es contundente. El documento, de 18 páginas, reseña un cúmulo de omisiones y deficiencias de la investigación que a juicio del abogado sólo pudieron tener por efecto favorecer a las defensas de los imputados en la causa y evitar que las pesquisas afectaran hasta ahora al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.

Lo primero que señala García en ese documento es que Cascadas ha sido la investigación criminal por delitos económicos más importante en Chile y que, por ello, en su arista administrativa, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) impuso a Julio Ponce Lerou y otros altos ejecutivos las multas más altas que se hayan visto en el país. A partir de ahí, destroza la gestión de Morales. Critica omisiones, pasividad y falta de diligencia, asegurando que en los 45 tomos que ya tenía la causa tras dos años de investigación, la mayoría de la documentación era irrelevante o repetía lo que ya existía en la carpeta de la SVS. Señala también la omisión, a su juicio deliberada, de diligencias importantes, como la incautación de servidores, computadores y de correos electrónicos, y que las declaraciones de los imputados clave han sido tardías, incompletas o simplemente no se han efectuado.

El escrito sostiene que los cuestionarios eran muy simples, que no hubo contrapreguntas ante respuestas elusivas y que tampoco se han decretado diligencias sobre los flujos de dinero en las operaciones con las sociedades vinculadas e instrumentales. Todo lo anterior, dice el documento, apunta a impedir la visualización del “esquema” de las operaciones investigadas, ya denunciado y sancionado por la SVS.

En la causa sólo hay dos imputados formalizados hasta ahora: el ex gerente de las sociedades Oro Blanco y Pampa Calichera, Aldo Motta, y la secretaria de actas de las sociedades, la abogada Claudia Morales. Los dos fueron acusados por falsificación de las actas del directorio y por la llamada “arista Linzor”. Y García hace una dura crítica a la negativa de Morales a ampliar las formalizaciones a otros ejecutivos, entre ellos, el propio Ponce Lerou.

Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema
Una gestión similar a la de García fue la que efectuaron los abogados de AFP Habitat, Álvaro Morales y Luis Inostroza, quienes a través de un escrito y de forma personal ante el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público, Mauricio Fernández, pidieron la remoción del fiscal José Morales de la investigación de Cascadas. En el caso de Luis Inostroza, su relación con Morales es especial, porque antes de ejercer de manera privada fue fiscal e investigó el fraude de La Polar junto al ahora candidato a fiscal nacional.

En el círculo cercano de Morales defienden su trabajo en Cascadas. Aseguran que si no había antecedentes jurídicos suficientes para acusar la existencia de un delito y llevar a Ponce o los demás ejecutivos a un juicio, el fiscal hizo bien en no cursar las formalizaciones que exigían los querellantes. El mismo Morales lo dijo a revista Qué Pasa: “Si formalizamos a alguien es porque lo podemos condenar en juicio oral y si alguien estima que eso me puede costar una posible campaña para fiscal nacional, costará esa campaña para fiscal nacional” (ver reportaje).

La semana pasada, el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Universidad Católica de Valparaíso entregó a la fiscalía el informe final del peritaje que el mismo Morales solicitó antes de dejar el caso. El estudio que analizó las transacciones entre las sociedades cascada y las relacionadas e instrumentales, fue financiado por Moneda AGF y arrojó por resultado que tras las operaciones “existe racionalidad económica”, pero “no concluyó precisamente en la mejor creación de valor para las empresas”.

Las lecturas de este informe reservado de más de 500 páginas son disímiles: tanto querellados como querellantes lo consideran como un triunfo (ver artículo de La Tercera). Mientras los primeros señalan que corrobora que las operaciones obedecieron a una necesidad de las cascada de afrontar su estrechez de caja, los segundos aseguran que el resultado comprueba que las sociedades cascadas sufrieron pérdidas y las empresas relacionadas a Ponce Lerou, ganancias. Para los cercanos a Morales, el informe es claro y constituye un triunfo para él, porque concluye que no existe delito en las operaciones cuestionadas.


EL HEREDERO Y EL CANDIDATO DE LAS BASES

El fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, es un hombre querido y respetado por los funcionarios del Ministerio Público, quienes lo llaman “el candidato de las bases”. Crítico acérrimo de la gestión de Sabas Chahuán, fustiga al fiscal nacional por su estilo coloquial y desprovisto de solemnidades, así como por el excesivo protagonismo que adquirió con las investigaciones que incluyen financiamiento político ilegal. En el entorno de Guzmán estiman que Chahuán ha generado expectativas desmedidas en los casos SQM y Penta, porque aunque se pruebe que hubo aportes ilegales a campañas, es altamente probable que se cierren sin sanciones para políticos.

Posicionado en el rol de principal opositor interno a Chahuán, Guzmán profundizó una alianza con el estamento de los fiscales, a quienes ha facilitado ayuda para confeccionar sus pliegos de mejoras laborales. Ese puente de plata con los subalternos es uno de sus principales activos en la carrera por la sucesión.

Pero aquello que parece una ventaja -su sintonía con las demandas de los fiscales-, es exhibido por sus detractores como un talón de Aquiles. Para los ministros de la Suprema y autoridades de gobierno que se inclinan por el “afuerino” Juan Enrique Vargas, la candidatura de Guzmán está demasiado teñida por las rencillas internas y reproduce un debate de escaso vuelo anclado en temas burocráticos, en desmedro de definiciones que impulsen políticas innovadoras para mejorar la persecución penal.

Raúl Guzmán
Como ejemplo, sus críticos señalan que el 94% los fiscales de la metropolitana sur, su región, tienen un 7,0 en la evaluación interna. Esa calificación no sólo es indicativa de escasa autocrítica, sino que es vista por otros fiscales regionales como un trampolín para congraciarse con los subalternos y despejarles las vías a un ascenso. De hecho, el fiscal nacional bajó las notas a un grupo de fiscales, varios de ellos de la metropolitana sur, para equilibrar las opciones de ascenso con los funcionarios del resto del país. Un grupo de 32 fiscales recurrió a la Corte de Apelaciones el 16 de septiembre pasado para revertir la medida.

A Guzmán se le reconoce que ha administrado con habilidad una de las fiscalías más complejas, la que con recursos limitados se enfrenta a diario con los delitos más duros y violentos. En esas condiciones laborales extremas, sus subalternos se sienten respaldados y protegidos por su jefe. Pero también ha enfrentado oposición interna. La semana pasada el ex fiscal Víctor Venegas acusó que Guzmán le dio instrucciones para proteger a un efectivo de la PDI que era investigado por torturas (ver nota de El Mostrador), lo que originó la solicitud de un informe por parte del fiscal nacional.

Los detractores de Guzmán estiman que tiene una relación demasiado estrecha con la PDI y Carabineros, así como con autoridades del Ministerio del Interior, fruto de sus pesquisas sobre la detonación de bombas. El fiscal regional heredó el llamado Caso Bombas 1, investigado por el ex fiscal Alejandro Peña, que condujo a uno de los fracasos más sonados del Ministerio Público (ver la ficha de Guzmán). Ahora su fiscalía regional lleva el Caso Bombas 2, investigación en la que compartió rol protagónico con el recién designado general director de Carabineros, Bruno Villalobos (ver el reportaje de CIPER “Bombas en el Metro: Fiscal sale de la investigación).

Por contraste, el otro candidato fuerte de esta carrera, Jorge Abbott, ha señalado públicamente que una de las tareas pendientes es subordinar a las policías a la investigación de los fiscales. Y, también a diferencia de Guzmán, sostiene que debe exigirse a los fiscales que, junto con pedir mejoras laborales, presenten proyectos para mejorar la persecución penal.

Abbott carga con la imagen de ser el “delfín” que Chahuán quiere dejar en su puesto. Una condición que no le resulta cómoda, porque lo ubica como parte de las facciones internas en pugna, lo que le resta puntos frente a los ministros de la Suprema y otras autoridades que se inclinan por un nombre que supere esas rencillas.

Aunque en su actual rol de director ejecutivo del Ministerio Público ha sido un buen colaborador de la gestión de Chahuán, Abbott también critica al fiscal nacional por su estilo demasiado horizontal y sus giros coloquiales. Asimismo, no elude los cuestionamientos por el deficiente desempeño de la Fiscalía en las investigaciones de delitos con alta connotación social. Abbott está muy consciente de esta debilidad, debido a que tramitó el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, que inyectará $30 mil millones a la Fiscalía, y el tema afloró permanentemente en sus negociaciones con los senadores. Debido a que demostró flexibilidad para destrabar las conversaciones cuando no había acuerdo en torno a esta iniciativa vital para el futuro de la fiscalía, Abbott dejó una buena impresión en los parlamentarios.

Los detractores de Abbott sostienen que no actuó con diligencia en marzo pasado cuando se conoció una denuncia anónima que alertaba sobre incumplimientos de la empresa que se adjudicó una licitación para reponer los equipos computacionales de todas las fiscalías. La crítica apunta a que no detuvo el proceso de renovación de los equipos, que ya estaba en marcha, a pesar de que la denuncia alertaba sobre las fallas que finalmente generó la migración de los sistemas a los nuevos computadores, con la consiguiente pérdida de información y retraso del trabajo. Los cercanos a Abbott sostienen que la denuncia se refería principalmente a incumplimientos de la empresa informática en un contrato anterior, para reponer y mantener equipos entre 2010 y 2014, cuando él aún no asumía la administración. Por estas acusaciones, señalan, se abrió una investigación penal que está en curso y no puede suspenderse o anularse el contrato actual mientras no se comprueben las irregularidades o incumplimientos.

Tal como ocurre con Guzmán, quienes han trabajado con Abbott lo califican como correcto y transparente. Para sus cercanos, cuando el ex fiscal regional de Valparaíso llevó adelante una serie de investigaciones por mal uso del dinero de las asignaciones de los parlamentarios, demostró que tiene temple para enfrentarse con otros poderes del Estado (ver ficha de Abbott). En 2009, dirigió indagatorias contra diputados como Maximiano Errázuriz (RN), Jorge Sabag (DC), Laura Soto (PPD), Julio Dittborn (UDI) y Claudia Nogueira (UDI).


JOSÉ MORALES OPAZO
Cargo actual: Jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte

Estudios: Abogado y diplomado en Derecho Penal de la Universidad Central.

Trayectoria: Partió en el Ministerio Público en 2000 como fiscal jefe en Los Vilos. En 2005 llegó a Santiago como fiscal jefe de Colina y un año después arribó a la Fiscalía Centro Norte, para luego pasar a liderar la Fiscalía de Alta Complejidad. Obtuvo en el Tribunal de Ovalle la primera condena por lavado de dinero de la Reforma Procesal Penal. Además, investigó causas como el “caso Monjas” en 2002 en La Serena y el robo a camiones de transporte de valores. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Central y del Diplomado de Psicología Forense de la Universidad de Chile (ver artículo de Capital).

Causas emblemáticas:
a) CASCADAS: La salida de Morales del Caso Cascadas en julio de este año fue antecedida de una solicitud de los denunciantes (AFP Habitat, Moneda y accionistas minoritarios) para que éste fuera removido. Al principio la petición fue rechazada, pero días después, cuando estaba de vacaciones en EE.UU., Chahuán decidió quitarle la causa y traspasarla al fiscal regional centro norte, Andrés Montes. Los denunciantes criticaban que no existía una línea investigativa por parte de Morales, ni tampoco las diligencias mínimas para esclarecer la realidad del esquema fraudulento que sancionó la SVS y que implicó multas por más de US$ 164 millones a Julio Ponce Lerou y a varios de sus hombres de confianza. Morales estuvo dos años a la cabeza de una investigación que no mostraba avances sustantivos, y sólo había formalizado a dos personas (en enero de 2015).

b) LA POLAR: La investigación ya lleva cuatro años, en los que ha habido cuatro audiencias de formalización. El 2 de noviembre será la audiencia para preparar el juicio oral contra cuatro ex ejecutivos de La Polar, lo que alargaría el proceso entre seis meses y un año más. Originalmente iba a ser en agosto, pero se suspendió a pedido de la defensa de uno de los imputados, por no haber tenido acceso a todos los antecedentes. Aunque eran siete los acusados de entregar información falsa al mercado y a la SBIF, hacer uso de información privilegiada, infringir la Ley de Bancos y/o lavar activos, no todos van al juicio oral. A tres de ellos se les suspendió condicionalmente el procedimiento por un año, luego de que Morales conmutara con ellos 60 horas de trabajos comunitarios, entre otras condiciones. Antes había negociado salidas alternativas con otros dos imputados: el ex gerente general de La Polar, Nicolás Ramírez, condenado en septiembre de 2014 a cinco años de libertad vigilada, y el ex gerente de informática, Pablo Fuenzalida, sentenciado a dos años de presidio remitido.

c) LITIO: En mayo, Morales enfrentó otra solicitud para que le fuera retirara la titularidad sobre una causa que lleva adelante: el CDE pidió a Chahuán que se hiciera cargo personalmente de la investigación por las irregularidades en la fallida licitación del litio, que involucra al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner –formalizado por delito tributario y cohecho en el caso Penta–, la ex jefa jurídica de esa misma subsecretaría, Jimena Bronfman, y ejecutivos de SQM (ver reportaje). Después de casi tres años de investigación, sólo Bronfman está formalizada. La solicitud del CDE no hace mención al trabajo de Morales, sino que se enmarca por los vínculos directos entre ese caso y el que lleva Chahuán por Penta-SQM.
RAÚL GUZMÁN URIBE
Cargo actual: Fiscal regional de la zona metropolitana sur

Estudios: Abogado de la Universidad de Chile. En esa misma casa de estudios cursó un Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal, que según su currículum en el sitio web del Ministerio Público, se encuentra en etapa de tesis.

Trayectoria: Antes de ingresar en 2005 al Ministerio Público, se desempeñó en el mundo privado como asesor externo de estudios jurídicos en materias de Derecho de Seguros y Derecho Penal. También fue director del Proyecto de Defensa Jurídica para Menores Inimputables e Infractores de Ley Penal del Sename.
Partió en la fiscalía como abogado asesor en la Unidad de Corte de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, donde asumió como jefe de unidad dos años después, en 2007. Ese mismo año se encargó de capacitar en Reforma Procesal Penal a fiscales, defensores públicos y jueces del estado de Oaxaca, México.
En junio de 2011 fue nombrado jefe de la zona metropolitana sur, tras la renuncia de su antecesor, Alejandro Peña, quien dejó el cargo para asumir un puesto en el gobierno de Sebastián Piñera.
En noviembre de 2014 enfrentó un sumario por irregularidades en procedimientos por tráfico de drogas, específicamente por instruir detenciones e incautaciones en lugares bajo la jurisdicción de otras fiscalías, aunque fue sobreseído. También se le cuestiona por supuestamente haber favorecido a un policía en una causa por torturas contra un detenido.

En Diario Oficial: Registra tres prendas para maquinaria agrícola en 1995. En dos de ellas es identificado como “transportista”. Además es socio de varias empresas:
i. Inversiones Esmeralda Holding S.A.: Empresa familiar creada en septiembre de 1996. Está activa, pero obligada a dar aviso de término de giro por no presentar movimiento tributario.
ii. AGE2000 Soluciones Informáticas Ltda.: Ingresó en mayo de 2001, cuando adquirió el 1% de la participación a un valor de $10.000. Su socio es Jorge Paredes Berger. La empresa se encuentra activa y registra documentos tributarios timbrados este año.
iii. Inversiones y Asesorías A. y V. Ltda.: Creada en abril de 2002, su socio es Cozut Vásquez González, presidente de la DC en el distrito 57 (Región de Los Lagos). Hoy su participación es de 0,3%.
iv. Confitería y Minimarket Expresso del Sur Ltda.: Constituida en junio de 2007, también junto a Cozut Vásquez. Guzmán aportó el 5%. Está activa, pero obligada a dar aviso de término de giro por no presentar movimiento tributario. Registra facturas y boletas timbradas en 2014.
v. Sociedad de Inversiones Las Lilas Ltda: Creada en noviembre de 2007 junto a su tío, Víctor Guzmán del Río. Parte de los $67,6 millones que Guzmán aportó al capital (59%) lo hizo a través de la entrega de 31 vacas. Fue el fiscal quien se hizo cargo de la administración y uso de la razón social. En 2009 el tío vendió casi toda su parte a Guzmán en $14,8 millones, quedando éste como propietario del 99% de la sociedad. En 2011 el tío se retiró y su 1% quedó en manos de Jorge Paredes Berger.

Causas emblemáticas:
a) BOMBAS 1: Si bien no era Guzmán el fiscal titular –la investigación la lideraba Peña–, sí tuvo una participación relevante en uno de los mayores fiascos del Ministerio Público. La mediática investigación para encarcelar a los supuestos responsables por más de 100 atentados explosivos en Santiago, partió en 2009 en la Fiscalía Metropolitana Oriente y duró tres años. Peña no logró demostrar la asociación ilícita terrorista, por lo que en octubre de 2011 fueron sobreseídos 13 de los 19 imputados. Para entonces, Peña ya llevaba seis meses fuera del Ministerio Público y la causa era llevada por Guzmán. Hubo profundas críticas procedimentales y acusaciones de montaje contra los persecutores. Al juicio oral llegaron los seis acusados restantes, pero también serían absueltos en junio de 2012. En abril de 2015 Guzmán y su equipo lograron una condena, la única, a 541 días de pena remitida contra un imputado que se mantuvo prófugo durante cinco años.

b) BOMBAS 2: Los dos atentados explosivos en estaciones del Metro en 2014, los dos que sufrieron una comisaría de El Bosque y otra de Santiago, además de otros artefactos que explotaron en distintos lugares de la ciudad –uno de ellos dejó un muerto–, hicieron que la Fiscalía Metropolitana Sur reactivara la línea investigativa para perseguir a los responsables de los bombazos: un nuevo caso Bombas a cargo de Guzmán y su equipo de fiscales. Ya van cuatro personas detenidas y formalizadas. La causa aún está en etapa de investigación.

c) BOMBA EN LAS VIZCACHAS: En febrero de 2013, una bomba artesanal explotó en el sector de los dormitorios del retén de Carabineros de Las Vizcachas. Un cabo segundo terminó con lesiones leves. Guzmán y su equipo acusaron a Víctor Hugo Montoya de haber instalado la bomba, y pedían para él seis años de prisión. Pero no lograron acreditar la acusación y, en junio de 2014, el tribunal lo absolvió tras 16 meses en prisión preventiva. La fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel y consiguió que se anulara ese primer fallo. Fueron entonces a un nuevo juicio, que acabó con el único acusado nuevamente absuelto. <

d) INCENDIO CÁRCEL DE SAN MIGUEL: 81 muertos dejó el incendio que la madrugada del 8 de octubre de 2010 consumió a la Cárcel de San Miguel. La investigación que duró más de tres años, culminó en juicio oral contra ocho gendarmes acusados por cuasidelito de homicidio y lesiones. Se presentaron 154 testigos, 59 pruebas materiales, 272 pruebas documentales, 63 peritos, 24 informes de ADN, 3.331 fotografías, 92 láminas referenciales, 257 secuencias fijas y 25 CD y DVD con información (ver artículo). Con todo, a fines de abril de 2014 el Sexto Tribunal Oral en Lo Penalabsolvió a los ocho gendarmes imputados. Aunque la Fiscalía intentó anular el fallo, en agosto de 2014 la Corte de Apelaciones cerró definitivamente esa puerta, poniendo fin a la causa sin responsables penales.
JORGE ABBOTT CHARME
Cargo actual: Director ejecutivo del Ministerio Público

Estudios: Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso.

Trayectoria: Antes del Ministerio Público, su carrera se desarrolló en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso. En 2002 pasó al Ministerio Público, donde se ha desempeñó como fiscal regional de Valparaíso hasta 2010. Tras un período de ejercicio privado de la profesión, volvió en 2014 a la institución persecutora para asumir como director ejecutivo nacional.
Ex Presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, se ha especializado en lo académico en temáticas vinculadas al Derecho Penal y Criminología, Procedimiento Acusatorio, Litigación Oral, Habilidades de Gestión y Trabajo en equipo. También posee experiencia docente y un marcado interés por temas de corrupción.
En 2007, un grupo de empresarios del rubro tragamonedas lo denunció por presunta apropiación indebida y apremios ilegítimos. Fue sobreseído.

En Diario Oficial: Figura como socio de tres empresas:
i. Inmobiliaria e Inversiones Las Nieves Ltda.: Empresa familiar creada en septiembre de 1992.
ii. Ingeniería en Telecomunicaciones S.A.: Constituida en agosto de 1995 junto a Fernando Herreros Cameron.
iii. Pastelería y Banquetería Luz Charme Ltda.: En junio de 2008, tras la muerte de sus padres, él y sus cinco hermanos quedaron como socios.

Causas emblemáticas:
a) ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS: Fue quizás el más bullado de los casos que litigó Abbott. Partió en marzo de 2009, cuando comenzó a pesquisar cómo la Cámara de Diputados fiscalizaba el gasto de las asignaciones que recibían los parlamentarios para pagar asesorías, arriendos de sedes y gastos de oficina. Se descubrieron triangulaciones, boletas falsas y autocontratos para desviar ese dinero a otros fines. Cuatro diputados en ejercicio fueron acusados de haber hecho mal uso de los fondos, lo que a juicio de la Fiscalía constituía fraude al Fisco. Sólo uno terminó condenado. Los acusados fueron los siguientes:
i. Claudia Nogueira (UDI), a quien Abbott formalizó en abril de 2010, cuando ya había sido reelecta a pesar de la triangulación que organizó con dos de sus asesores para quedarse con el dinero que les cancelaba de más. Con ella, la Fiscalía llegó a un acuerdo extrajudicial en octubre de ese mismo año. Nogueira devolvió los $30 millones defraudados, pagó otros $5 millones a la Fundación Techo y quedó con firma mensual por 18 meses. Sigue siendo diputada.
ii. Julio Dittborn (UDI), quien en vez de arrendar sedes distritales, entregaba el dinero a militantes de su partido para que le prestaran sus casas para reuniones y recibir recados. Nunca fue formalizado y tras no presentarse a la reelección, fue reclutado por el ex Presidente Sebastián Piñera como subsecretario de Hacienda.
iii. Jorge Sabag (DC), fue formalizado debido a que un inmueble que arrendaba como sede distrital en Cabrero era propiedad de su padre, el senador Hosaín Sabag (DC), y además era el domicilio de una empresa familiar. Su caso implicó que Abbott abriera una disputa con el Poder Judicial, ya que Sabag intentó desde enero de 2010 que su causa por negociación incompatible fuera litigada en los tribunales de Cabrero, la localidad donde él y su familia tienen una gran influencia. Sabag logró su cometido y el tribunal de Cabrero ordenó la prohibición de informar sobre el caso. Ya con Abbott fuera de la Fiscalía, en junio de 2011 el diputado Sabag fue reformalizado, pero no sirvió de mucho: la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó su desafuero y en marzo de 2012 el Tribunal Constitucional impidió que la Corte Suprema revirtiera ese fallo.
iv. Maximiano Errázuriz (RN) fue el único que terminó condenado a fines de 2011 por fraude reiterado al Fisco y uso malicioso de instrumento privado falso. Errázuriz simuló el arriendo de sus cuatro sedes parlamentarias: una resultó ser en realidad la oficina de su estudio de abogados, la segunda jamás funcionó como sede y otras dos resultaban más baratas de lo que Errázuriz cobraba a la Cámara para así quedarse con la diferencia. Eso se tradujo en una serie de contratos falsos y una defraudación por más de $25 millones fiscales. En un juicio abreviado, fue condenado a tres años y un día de pena remitida y una multa por el 10% de lo que defraudó. Aunque no fue preso, ya que se conmutó su sentencia por cuatro años de libertad vigilada. Nunca más podrá optar a un cargo público.

b) CASO PGE: En 2009, Abbott y su equipo de fiscales comenzaron a cerrar a una causa que llevaba abierta desde 2006, cuando comenzó a investigar el desvío de fondos públicos de los Programas de Generación de Empleos (PGE) para financiar campañas políticas municipales de 2004 y parlamentarias de 2005 en Viña del Mar, Quillota y San Felipe. En la primera fase de la investigación, la entonces diputada Laura Soto (PPD) –involucrada en el financiamiento ilegal de su campaña con platas públicas–, fue absuelta, pero su hija, su ex yerno, su jefe de gabinete y el ex seremi de Trabajo de Valparaíso resultaron condenados por estafa y/o fraude al Fisco. La segunda etapa correspondió al juicio abreviado que acordó con otros seis imputados, y que en 2009 terminó en distintas condenas. Otros tres acusados optaron por el juicio oral: fueron condenados en 2010 y su sentencia fue ratificada a comienzos del año siguiente. Para entonces, Abbott ya estaba afuera del Ministerio Público.

c) BUONO-CUORE Y “LOS CAVIERES”: En julio de 2008, el fiscal nacional Sabas Chahuán encargó a Abbott dirigir la investigación sobre la supuesta relación del fiscal adjunto Juan Pablo Buono-Core, de la Zona Metropolitana Sur, con el abogado de la banda de narcotraficantes “Los Cavieres”. El abogado Ariel Marín, acusado de asociación ilícita y lavado de dinero y que además fue parte de la banda Amerika’n Sound, declaró que Buono-Cuore le había ofrecido beneficios para uno de sus clientes si le compraba un vehículo en septiembre del 2007. La investigación de Abbott no halló pruebas del vínculo entre el fiscal y la organización criminal que dirigía el “Car’e Jarro”, y la causa fue sobreseída a fines de 2008.
JUAN ENRIQUE VARGAS VIANCOS
Cargo actual: Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales

Estudios: Abogado y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Trayectoria: Antesde asumir en 2008 como decano de la Facultad de Derecho en la UDP, Vargas se presentó como candidato para suceder a Guillermo Piedrabuena al mando del Ministerio Público. Aunque era el favorito de la Corte Suprema, perdió la carrera frente a Sabas Chahuán.
Vargas se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, organismo de la OEA encargado de apoyar a los países de la región en sus procesos de reformas judiciales. Ha sido director del Centro de Desarrollo Jurídico de la Corporación de Promoción Universitaria; asesor del Ministerio de Justicia en reforma judicial; abogado investigador de la Comisión de Verdad y Reconciliación; Investigador del Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano; asesor de la Vicaría de la Solidaridad y, desde 1993, consultor en proyectos de reforma judicial en prácticamente la totalidad de los países de América Latina.

En Diario Oficial: Figura como socio de dos empresas:
i. Sociedad de Inversiones y Asesorías Legales El Topo Ltda.: Creada en enero de 2002 junto a, Mauricio Duce Julio, Andrés Baytelman Aronowsky y Cristián Riego Ramírez.
ii. Centro Nacional de Arbitrajes S.A.: Constituido en junio de 2007 con Claudio Chamorro Carrizo (gerente corporativo de Administración y Finanzas en Parque Arauco), Francisco Javier Leturia Infante y José Miguel Ried Undurraga.
LUIS TOLEDO RÍOS
Cargo actual: Fiscal regional de O’Higgins

Estudios: Abogado de la Universidad Central y magíster en Psicología de las Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Trayectoria: Ingresó al Ministerio Público en 2000 como fiscal adjunto en Temuco. Se especializó en delitos económicos y luego en delitos sexuales. En 2003 fue nombrado fiscal adjunto jefe de Rengo, en la VI Región, donde tres años después logró la condena de presidio perpetuo calificado para el autor de un parricidio que tuvo gran impacto en esa comuna.
Al año siguiente, en 2007, fue parte del equipo de fiscales que logró dos condenas importantes: la del sacerdote Jorge Galaz Espinoza, director del Hogar Pequeño Cottolengo de Rancagua, por la violación reiterada de dos menores con retraso mental; y la de una peligrosa banda que ese mismo año participó en una veintena de robos y secuestros en diversas comunas de las regiones de O’Higgins, del Maule y del Bío Bío. En 2008 asumió la jefatura de la Fiscalía de Rancagua, donde se mantuvo por dos años, hasta que fue promovido a la cabeza de la Fiscalía Regional de O’Higgins en agosto de 2010.

Causas emblemáticas:
a) CAVAL: Toledo asumió a mediados de febrero de 2015 el denominado Caso Caval, caso complejo pues trata de una millonaria compraventa de terrenos en Machalí protagonizada por la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y de su socio Mauricio Valero. En la empresa, durante dos años, también participó como gerente de Proyectos, Sebastián Dávalos, el hijo de la mandataria. En el marco de este caso, Toledo investiga la existencia de los delitos de cohecho, negociación incompatible y revelación de secreto.
Tras siete meses de investigación, el 14 de agosto Toledo anunció que se tomaría dos meses para definir posibles formalizaciones en el caso. Su equipo de fiscales ha trabajado principalmente en torno a dos aristas que hasta el momento aparecen como las más comprometedoras para los involucrados en el caso. Una relacionada al posible cohecho en la Municipalidad de Machalí para apurar la tramitación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRIR). La otra, no relacionada al negocio de Machalí, guarda relación con la asesoría que Caval prestó a la empresa de informática Saydex, donde también se investiga un presunto pago de coimas a un funcionario público para cerrar millonarias licitaciones.
El 17 de septiembre, el fiscal nacional Sabas Chahuán, a petición del propio Toledo, lo relevó temporalmente del caso, a la espera que termine el proceso de elección del nuevo fiscal nacional.
JOSÉ LUIS PÉREZ CALAF
Cargo actual: Socio de Pérez Calaf & Cía. Abogados.

Estudios: Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Trayectoria: Entre 1988 y 2003, ejerció primero como secretario y luego como juez en diversos tribunales del país. También se desempeñó como relator en la Corte de Apelaciones y en la Suprema. En 2003 fue designado fiscal regional de O´Higgins. Desde ese cargo le correspondió implementar la Reforma Procesal Penal en dicha región. Renunció al Ministerio Público en 2008 luego de postular y perder frente a la fiscal Solange Huerta a la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Desde entonces ha ejercido la profesión en el sector privado.

Causas emblemáticas: Como fiscal regional de la VI Región, investigó la muerte en 2005 del empresario Luis Francisco Yuraseck, cuyo cuerpo apareció enterrado en el patio de su ex socio, quien terminó condenado por homicidio calificado un año después. También estuvo a cargo de revisar y luego archivar las denuncias de violencia intrafamiliar contra el entonces fiscal jefe metropolitano sur, Alejandro Peña. Pérez formalizó a tres miembros de la plana ejecutiva de la empresa Tur Bus por cuasidelito de homicidio y lesiones, tras el accidente del vehículo que en mayo de 2007 dejó a 26 personas muertas y 25 lesionadas sobre el puente del río Tinguiririca, en San Fernando. Con los tres acordó la suspensión condicional del proceso a cambio de cuatro condiciones: cumplir la normativa laboral que obliga a la empresa tener un sistema automático de control de jornada de trabajo y de descanso; mejorar las indemnizaciones a las víctimas; entregar un aporte millonario a una institución de la región destinada a ayudar a las víctimas de accidentes de tránsito con tratamientos psicológicos; y leer una declaración en la audiencia de suspensión condicional del procedimiento en la que pidieran perdón.

Como abogado privado, representó a dos mujeres víctimas de la red de prostitución infantil en la que cuatro ex funcionarios de la PDI resultaron condenados por haber obtenido servicios sexuales de menores en 2007. También participó en el juicio a “La Quintrala” como abogado de su cuñado Agustín Molina, quien, según la investigación de la fiscalía, era el hombre a quien María del Pilar Pérez habría mandado a matar el martes 4 de noviembre en 2008.
JUAN CARLOS MANRÍQUEZ ROSALES
Cargo actual: Socio de Manríquez, Benavides & Cía. Abogados.

Estudios: Abogado de la Universidad de Valparaíso. Post graduado en Derecho Penal Económico y de la Empresa, en la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Trayectoria: Ha ejercido como docente en las universidades de Valparaíso, Andrés Bello y Del Mar. En ésta última, fue decano de su Facultad de Derecho en Viña del Mar. También es profesor de postgrado y especialización para jueces orales y de garantía en la Academia Judicial de Chile. Es consejero del Colegio de Abogados en Valparaíso, instancia que presidió entre 2011 y 2013. Entre enero y julio de 2015 fue asesor del ministro José Antonio Gómez para el seguimiento de políticas públicas, primero en el Ministerio de Justicia y luego en el de Defensa. De hecho, el principal apoyo político de Manríquez en su carrera a la Fiscalía Nacional sería el ministro Gómez.

Causas emblemáticas: Como penalista, ha sido defensor de varios políticos imputados por causas de corrupción o de irregularidades en su gestión. Defendió a la ex senadora y ex diputada Laura Soto (PPD) tras ser acusada por fraude al Fisco en el Caso PGE; a la ex diputada Amelia Herrera (RN), desaforada y condenada cuando aún estaba en el cargo por haber desviado fondos municipales a su campaña parlamentaria cuando era alcaldesa de Quilpué, aunque luego fue absuelta por la Corte Suprema y pudo volver a la Cámara; al ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) cuando enfrentó a la justicia por el uso fraudulento de asignaciones parlamentarias; y a la ex diputada independiente Marta Isasi, acusada de haber recibido pagos y financiamiento irregular de Corpesca para luego votar a favor la Ley de Pesca. También ha representado al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, en la causa por acreditaciones irregulares por parte de la CNA; y al diputado Aldo Cornejo (DC) en una causa por injurias y calumnias que él interpuso contra una dirigenta de Rodelillo que lo acusaba de irregularidades en la aplicación del Programa Quiero Mi Barrio cuando era alcalde de Valparaíso. Es además defensor del actual alcalde de esa ciudad, Jorge Castro, en la acusación que presentaron en 2014 un grupo de concejales ante el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes.

También representa judicialmente los intereses de grandes empresas en la V Región. Es el abogado a cargo de de los recursos que Marina Arauco ha presentado contra la Municipalidad de Viña del Mar por caducarle el permiso de obra de su nuevo mall y defendió a la Constructora RVC tras el incendio que a comienzos de 2013 afectó a unas 1.200 familias en el sector de Rodelillo, en Valparaíso.


Publicado originalmente en CIPER (30/9/2015)

No hay comentarios: