A días de que se inicie la fase final del proceso, la fiscalía ha reunido miles de evidencias que prueban el engaño al mercado, el enriquecimiento ilícito y las maromas de los ex ejecutivos de La Polar para ocultar su patrimonio. Pero es muy probable que los tres principales acusados -Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah- no vuelvan a prisión. Por eso el fiscal José Morales negocia con ellos un acuerdo que le asegure obtener condenas e incautar unos $2.500 millones. Su oferta es un paquete: firman los tres o ninguno. Una estrategia para no alargar una investigación que ya lleva cuatro años.
“Ya está ampliamente comprobado que el fraude en La Polar sí existió, que hubo delito, y eso nadie lo puede discutir. Ya está prácticamente amarrado y demostrado”. La frase no la dijo el fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien ha dirigido por cuatro años y cuatro meses la investigación de uno de los más grandes casos de corrupción corporativa de los últimos años en Chile. Tampoco uno de los abogados de los 817 querellantes de la causa, en su mayoría accionistas minoritarios de la empresa de retail. La afirmación provino de un abogado que ha defendido a uno de los nueve ex ejecutivos de La Polar acusados de haber creado un intrincado modelo para distorsionar los resultados financieros de la empresa y así defraudar al mercado, obtener dividendos ilícitos y, luego, intentar esconder esas ganancias.
Efectivamente, a días de la audiencia que dará inicio a la fase final del proceso, el lunes 2 de noviembre, ya no hay duda de que el fraude en La Polar no fue un acto aislado, sino que una práctica sistemática cuyo pilar fue la repactación unilateral de las deudas de miles de clientes que tenían tarjeta de crédito de la multitienda y que estaban en mora. La mayoría provenía de los estratos sociales más vulnerables.
El procedimiento -conocido internamente como la “normalización”-, partió como un proceso manual, a cargo de agentes que operaban en un call center. Después se profesionalizó cuando con un software se automatizaron las operaciones. Casi un millón de créditos en mora fueron “normalizados”, o sea, pasaron a integrar la cartera de deudas en proceso de pago de la multitienda, mejorando así artificialmente los resultados financieros de la empresa, los que luego eran entregados al mercado.
Fue así que los ejecutivos de La Polar fueron inflando por años una burbuja financiera, hasta que en junio de 2011 explotó, dejando a la vista una máquina para engañar a clientes, accionistas, directores, auditores, empresarios y a todos los reguladores del mercado de valores. A la vez, evidenció las graves negligencias y omisiones por parte de esos mismos actores del mercado que –a sabiendas o no– se dejaron engañar.
No fueron pocas las señales de que los antecedentes que la empresa entregaba a los inversionistas eran, a lo menos, dudosos. Hay pruebas de ello, pero aun así, la mayoría omitió esos datos (ver reportaje de CIPER). Cuando vino el descalabro, las AFP tenían invertidos cerca de US$ 700 millones en acciones y bonos de La Polar, dinero proveniente de los fondos de pensiones de millones de trabajadores. De hecho, eran dueñas del 24% de las acciones de la empresa. Un patrimonio que se desplomó apenas la noticia se difundió por el mercado.
También las corredoras de bolsa pasaron por alto las señales, recomendando a sus clientes invertir en títulos de la multitienda hasta el último minuto previo a la debacle. Miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida.
La negligencia también incluye a los auditores externos que revisaron y aprobaron la información contable de la compañía. Primero fue Ernst & Young, cuyo ejecutivo a cargo de auditar a La Polar terminó convirtiéndose en un cercano asesor de la gerencia. Luego, Pricewaterhouse Coopers (PwC), sancionada por las superintendencias de Valores y Seguros (SVS) y de Bancos (SBIF) por no haber cumplido los diversos procesos y pruebas de auditoría (ver reportaje de CIPER).
Lo mismo ocurrió con Feller Rate, la clasificadora de riesgo que trabajó con La Polar, también sancionada por el ente regulador, al igual que varios de los directores y ejecutivos que dirigieron La Polar en la época que se llevó a cabo el fraude.
La investigación administrativa que la SVS hizo en paralelo al trabajo de la fiscalía, determinó diversos grados de responsabilidad de la mayoría de los involucrados, tanto de gerentes y ejecutivos que montaron el fraude como de las personas e instituciones que permitieron que sucediera. Para muchos estableció multas millonarias que algunos intentaron anular judicialmente. Distinto ha sido el escenario en la arista penal.
La cantidad de actores involucrados derivó en que la lista inicial de imputados del Ministerio Público incluyera a 31 personas y cuatro empresas relacionadas a La Polar. A medida que la investigación avanzaba la nómina se fue depurando. Esa fue la estrategia del fiscal José Morales: ir de a poco focalizando los esfuerzos y la atención hacia los principales artífices y beneficiarios del fraude.
Efectivamente, a días de la audiencia que dará inicio a la fase final del proceso, el lunes 2 de noviembre, ya no hay duda de que el fraude en La Polar no fue un acto aislado, sino que una práctica sistemática cuyo pilar fue la repactación unilateral de las deudas de miles de clientes que tenían tarjeta de crédito de la multitienda y que estaban en mora. La mayoría provenía de los estratos sociales más vulnerables.
El procedimiento -conocido internamente como la “normalización”-, partió como un proceso manual, a cargo de agentes que operaban en un call center. Después se profesionalizó cuando con un software se automatizaron las operaciones. Casi un millón de créditos en mora fueron “normalizados”, o sea, pasaron a integrar la cartera de deudas en proceso de pago de la multitienda, mejorando así artificialmente los resultados financieros de la empresa, los que luego eran entregados al mercado.
Fue así que los ejecutivos de La Polar fueron inflando por años una burbuja financiera, hasta que en junio de 2011 explotó, dejando a la vista una máquina para engañar a clientes, accionistas, directores, auditores, empresarios y a todos los reguladores del mercado de valores. A la vez, evidenció las graves negligencias y omisiones por parte de esos mismos actores del mercado que –a sabiendas o no– se dejaron engañar.
No fueron pocas las señales de que los antecedentes que la empresa entregaba a los inversionistas eran, a lo menos, dudosos. Hay pruebas de ello, pero aun así, la mayoría omitió esos datos (ver reportaje de CIPER). Cuando vino el descalabro, las AFP tenían invertidos cerca de US$ 700 millones en acciones y bonos de La Polar, dinero proveniente de los fondos de pensiones de millones de trabajadores. De hecho, eran dueñas del 24% de las acciones de la empresa. Un patrimonio que se desplomó apenas la noticia se difundió por el mercado.
También las corredoras de bolsa pasaron por alto las señales, recomendando a sus clientes invertir en títulos de la multitienda hasta el último minuto previo a la debacle. Miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida. La negligencia también incluye a los auditores externos que revisaron y aprobaron la información contable de la compañía. Primero fue Ernst & Young, cuyo ejecutivo a cargo de auditar a La Polar terminó convirtiéndose en un cercano asesor de la gerencia. Luego, Pricewaterhouse Coopers (PwC), sancionada por las superintendencias de Valores y Seguros (SVS) y de Bancos (SBIF) por no haber cumplido los diversos procesos y pruebas de auditoría (ver reportaje de CIPER).
Lo mismo ocurrió con Feller Rate, la clasificadora de riesgo que trabajó con La Polar, también sancionada por el ente regulador, al igual que varios de los directores y ejecutivos que dirigieron La Polar en la época que se llevó a cabo el fraude.
La investigación administrativa que la SVS hizo en paralelo al trabajo de la fiscalía, determinó diversos grados de responsabilidad de la mayoría de los involucrados, tanto de gerentes y ejecutivos que montaron el fraude como de las personas e instituciones que permitieron que sucediera. Para muchos estableció multas millonarias que algunos intentaron anular judicialmente. Distinto ha sido el escenario en la arista penal.
La cantidad de actores involucrados derivó en que la lista inicial de imputados del Ministerio Público incluyera a 31 personas y cuatro empresas relacionadas a La Polar. A medida que la investigación avanzaba la nómina se fue depurando. Esa fue la estrategia del fiscal José Morales: ir de a poco focalizando los esfuerzos y la atención hacia los principales artífices y beneficiarios del fraude.
A LA CAZA DE “LOS TRES PECES GORDOS”
De los 31 imputados del comienzo, sólo nueve fueron sentados por la fiscalía en el banquillo de acusados. Y de estos últimos, dos ya tienen condena: Nicolás Ramírez, ex gerente general de La Polar (2009-2011), y Pablo Fuenzalida, ex gerente de Informática. Ambos acordaron con Morales un juicio abreviado en 2014. Ramírez fue condenado a cinco años de libertad vigilada, mientras que Fuenzalida fue sentenciado a dos años de presidio remitido. Ambos ahora figuran en la lista de testigos.
Con ellos dos fuera, Morales presentó a comienzos de junio de 2015 en el 2º Juzgado de Garantía de Santiago, la acusación definitiva contra los otros siete formalizados, paso previo a la preparación de un juicio oral (ver acusación). Pero tres de ellos no llegarán a esa instancia, pues negociaron en agosto de este año la suspensión condicional del proceso. Así, sólo cuatro acusados seguirán hasta la etapa final: el ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grage.
De los cuatro, sólo los tres primeros constituyen piezas clave en el rompecabezas judicial que ha ido armando Morales. Alcalde, Moreno y Farah son los ex ejecutivos que algunos abogados vinculados al caso llaman “los tres peces gordos”, responsables de diseñar y ejecutar el modelo del fraude y los principales beneficiados con las ganancias ilegales. Los tres están acusados de entregar información falsa al mercado, infringir la Ley de Bancos y lavado de activos. Moreno y Farah suman a los cargos el uso de información privilegiada. Pruebas en su contra se cuentan por miles. Son, para la fiscalía, el premio mayor: si terminan sin condena, la investigación completa sería un fracaso.
Son más de 330 los tomos con las evidencias que Morales y su equipo han reunido en los cuatro años que lleva en curso la indagatoria. Para el juicio, el fiscal pretende llevar 243 testigos que incluyen a los mismos acusados, accionistas perjudicados, superintendentes, fiscalizadores, policías, ex fiscales, corredores de bolsa, ejecutivos bancarios y notarios, entre otros, además de 36 peritos. También lista en la acusación más de mil documentos, 1.995 correos electrónicos y otros 338 medios de prueba.
CIPER accedió a esos documentos. Entre ellos se encuentra un extenso informe pericial del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad de Valparaíso (CEAL) y otro de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN), ambos igual de lapidarios sobre el rol de los ejecutivos en el fraude al mercado. Hay también 18 informes reservados elaborados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Banco Central para demostrar el lavado de activos.
Abogados querellantes y defensores consultados por CIPER coinciden en que la investigación ha sido muy completa y que, por los delitos vinculados a la Ley de Mercado de Valores, los acusados deberían ser condenados. Pero también señalan que, aún cuando hay pruebas sólidas sobre la participación de Alcalde, Moreno y Farah en el lavado de dinero, se trata de un delito que por distintos motivos, es muy difícil de probar ante el tribunal. Por eso, dudan que los imputados terminen cumpliendo penas efectivas de cárcel. Fuentes de la fiscalía señalan que comparten esa duda. Es por ello que Morales ha intentado buscar un acuerdo que le permita amarrar las condenas. Y si no fuera por la negativa de Pablo Alcalde, lo más probable es que ese acuerdo ya existiría.
Con ellos dos fuera, Morales presentó a comienzos de junio de 2015 en el 2º Juzgado de Garantía de Santiago, la acusación definitiva contra los otros siete formalizados, paso previo a la preparación de un juicio oral (ver acusación). Pero tres de ellos no llegarán a esa instancia, pues negociaron en agosto de este año la suspensión condicional del proceso. Así, sólo cuatro acusados seguirán hasta la etapa final: el ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grage.
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| Pablo Alcalde |
Son más de 330 los tomos con las evidencias que Morales y su equipo han reunido en los cuatro años que lleva en curso la indagatoria. Para el juicio, el fiscal pretende llevar 243 testigos que incluyen a los mismos acusados, accionistas perjudicados, superintendentes, fiscalizadores, policías, ex fiscales, corredores de bolsa, ejecutivos bancarios y notarios, entre otros, además de 36 peritos. También lista en la acusación más de mil documentos, 1.995 correos electrónicos y otros 338 medios de prueba.
CIPER accedió a esos documentos. Entre ellos se encuentra un extenso informe pericial del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad de Valparaíso (CEAL) y otro de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN), ambos igual de lapidarios sobre el rol de los ejecutivos en el fraude al mercado. Hay también 18 informes reservados elaborados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Banco Central para demostrar el lavado de activos.
Abogados querellantes y defensores consultados por CIPER coinciden en que la investigación ha sido muy completa y que, por los delitos vinculados a la Ley de Mercado de Valores, los acusados deberían ser condenados. Pero también señalan que, aún cuando hay pruebas sólidas sobre la participación de Alcalde, Moreno y Farah en el lavado de dinero, se trata de un delito que por distintos motivos, es muy difícil de probar ante el tribunal. Por eso, dudan que los imputados terminen cumpliendo penas efectivas de cárcel. Fuentes de la fiscalía señalan que comparten esa duda. Es por ello que Morales ha intentado buscar un acuerdo que le permita amarrar las condenas. Y si no fuera por la negativa de Pablo Alcalde, lo más probable es que ese acuerdo ya existiría.
LA OFERTA DE MORALES
La audiencia del 2 noviembre para preparar el juicio oral podría ser, de cierta forma, la revancha del fiscal José Morales. Hace sólo una semana era uno de los favoritos para suceder a Sabas Chahuán al mando de la Fiscalía Nacional por los siguientes ocho años. Fue uno de los candidatos más activos a la hora de tejer redes y conseguir el apoyo político para llegar a ese puesto (ver reportaje de CIPER). Tras ser votado en la quina que la Corte Suprema propuso a la Presidenta Michelle Bachelet, el lobby a su favor se intensificó. Llegó incluso a ser retratado como la carta de consenso en el Senado. Pero Bachelet desechó su nombre y propuso como nuevo fiscal nacional a Jorge Abbott, quien fue ratificado en la Cámara Alta el pasado 21 de octubre.
Morales llega al juicio oral de La Polar con una mochila: las críticas por su actuar en el Caso Cascadas y su negativa a formalizar al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou. Chahuán sacó a Morales de esa causa en julio de este año, luego de que los denunciantes solicitaran su remoción. Alegaron la inexistencia de una línea investigativa y ausencia de diligencias para esclarecer la realidad del esquema fraudulento que sancionó la SVS y que implicó multas por más de US$ 164 millones a Ponce y a varios de sus hombres de confianza. Morales estuvo dos años a la cabeza de esa investigación sin que mostrara avances sustantivos, y sólo formalizó a dos personas a comienzos de 2015.
Quienes han conocido de cerca el trabajo de José Morales, aseguran que su excelente labor persiguiendo los delitos de La Polar es precisamente lo que levanta sospechas por lo que no hizo con las Cascadas. Dicen que con la multitienda incautó todos los servidores, computadores, discos duros, cuentas corrientes y documentos que correspondían y que lo hizo a tiempo, además de obtener peritajes clave e informes contundentes para comprobar los delitos. Pero también señalan que conoce los riesgos de ir a juicio oral y que, a pesar de que tiene plena confianza de ganar, ha intentado asegurar las condenas de Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah negociando una salida alternativa.
Una fuente de la fiscalía dijo a CIPER a comienzos de octubre que hace al menos dos meses que las relaciones entre Morales y los acusados están estancadas. A pesar de que el fiscal lo ha negado públicamente, su interés es pactar un juicio abreviado. Y ya ha habido conversaciones al respecto. Moreno y Farah, para quienes la fiscalía ha pedido 10 años de cárcel y un comiso de bienes que en conjunto suman más de $1.150 millones –sin contar inmuebles y participaciones en sociedades–, estarían abiertos a cerrar el trato y acabar lo antes posible con el proceso.
¿Qué les ofrece Morales? Una fórmula matemática para incautar de forma equitativa y proporcional entre los imputados el dinero de origen ilícito que habrían obtenido y reducir a todos la pena solicitada a tan solo cinco años. De aceptar, la fiscalía no ejercería presión para que fueran penas efectivas. Considerando el período que ya cumplieron en reclusión preventiva y la irreprochable conducta anterior, lo más probable es que cumplan condena en libertad.
El problema es que la oferta de Morales y su equipo es, hasta ahora, un paquete: o aceptan los tres o ninguno. Y el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, ha rechazado esa opción. En la fiscalía aseguran que se debe a que es el único de los imputados que tiene la espalda financiera para afrontar los costos de ir a un juicio oral y extender el proceso por al menos un año. Para él, Morales ha pedido una sentencia de 12 años de cárcel y el comiso de los $375,9 millones que obtuvo en bonos por cumplimiento de metas entre 2006 y 2009, además de la participación en sus sociedades y sus inversiones en fondos mutuos.
A pesar de la reticencia de Alcalde, Morales aún no cierra la puerta a un acuerdo, el que debe cerrarse antes o durante la audiencia del 2 de noviembre (ver recuadro). Una vez concluida esa instancia, ya no habrá vuelta atrás. En ese caso, el fiscal sabe que tiene las pruebas suficientes para lograr condenas que posiblemente no llevarán a Alcalde, Moreno y Farah a la cárcel, pero que sí permitirán –como dijo a El Pulso– “el establecimiento de una verdad jurídica y los hechos que dañaron la credibilidad del mercado y el funcionamiento del sistema de valores chileno”.
Morales llega al juicio oral de La Polar con una mochila: las críticas por su actuar en el Caso Cascadas y su negativa a formalizar al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou. Chahuán sacó a Morales de esa causa en julio de este año, luego de que los denunciantes solicitaran su remoción. Alegaron la inexistencia de una línea investigativa y ausencia de diligencias para esclarecer la realidad del esquema fraudulento que sancionó la SVS y que implicó multas por más de US$ 164 millones a Ponce y a varios de sus hombres de confianza. Morales estuvo dos años a la cabeza de esa investigación sin que mostrara avances sustantivos, y sólo formalizó a dos personas a comienzos de 2015.
Quienes han conocido de cerca el trabajo de José Morales, aseguran que su excelente labor persiguiendo los delitos de La Polar es precisamente lo que levanta sospechas por lo que no hizo con las Cascadas. Dicen que con la multitienda incautó todos los servidores, computadores, discos duros, cuentas corrientes y documentos que correspondían y que lo hizo a tiempo, además de obtener peritajes clave e informes contundentes para comprobar los delitos. Pero también señalan que conoce los riesgos de ir a juicio oral y que, a pesar de que tiene plena confianza de ganar, ha intentado asegurar las condenas de Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah negociando una salida alternativa.
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| Fiscal José Morales |
¿Qué les ofrece Morales? Una fórmula matemática para incautar de forma equitativa y proporcional entre los imputados el dinero de origen ilícito que habrían obtenido y reducir a todos la pena solicitada a tan solo cinco años. De aceptar, la fiscalía no ejercería presión para que fueran penas efectivas. Considerando el período que ya cumplieron en reclusión preventiva y la irreprochable conducta anterior, lo más probable es que cumplan condena en libertad.
El problema es que la oferta de Morales y su equipo es, hasta ahora, un paquete: o aceptan los tres o ninguno. Y el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, ha rechazado esa opción. En la fiscalía aseguran que se debe a que es el único de los imputados que tiene la espalda financiera para afrontar los costos de ir a un juicio oral y extender el proceso por al menos un año. Para él, Morales ha pedido una sentencia de 12 años de cárcel y el comiso de los $375,9 millones que obtuvo en bonos por cumplimiento de metas entre 2006 y 2009, además de la participación en sus sociedades y sus inversiones en fondos mutuos.
A pesar de la reticencia de Alcalde, Morales aún no cierra la puerta a un acuerdo, el que debe cerrarse antes o durante la audiencia del 2 de noviembre (ver recuadro). Una vez concluida esa instancia, ya no habrá vuelta atrás. En ese caso, el fiscal sabe que tiene las pruebas suficientes para lograr condenas que posiblemente no llevarán a Alcalde, Moreno y Farah a la cárcel, pero que sí permitirán –como dijo a El Pulso– “el establecimiento de una verdad jurídica y los hechos que dañaron la credibilidad del mercado y el funcionamiento del sistema de valores chileno”.
EL ORIGEN DEL FRAUDE
Aunque la investigación judicial marca como punto de partida el año 2006, lo cierto es que el origen del modelo que convirtió fraudulentamente a Alcalde, Moreno y Farah en unos de los gerentes mejor pagados del mercado, fue mucho antes. Fue en 1999, cuando los empresarios Norberto Morita y Raúl Sotomayor adquirieron a través del fondo de inversiones Southern Cross el control de La Polar, entonces en quiebra, por tan sólo US$ 25 millones.
Cuando reclutaron a los ejecutivos que administrarían la multitienda, les ofrecieron algo más que sueldos a precio de mercado y millonarios bonos. Les propusieron un programa de incentivos que prometía ganancias de un millón de dólares por encima de sus remuneraciones en sólo tres años. ¿Cómo? Convirtiendo a los gerentes en accionistas de la sociedad matriz con la que Morita controlaba La Polar: Inversiones Siglo XXI. Pero no participarían directamente, sino que a través de sociedades creadas especialmente para ello, para así disminuir su carga tributaria.
El plan fue cuidadosamente diseñado por el influyente estudio de abogados Barros & Errázuriz. Fue así que Morita y Sotomayor cimentaron las bases de un sistema que más adelante derivaría en uno de los mayores casos de corrupción corporativa del país (ver reportaje de CIPER).
Pablo Alcalde asumió como gerente general de la empresa, y para ingresar al programa de incentivos, creó la empresa Asesorías Galicia. Julián Moreno, que desde 1998 era gerente corporativo de Productos Financieros, hizo lo propio con su sociedad Asesorías Río Najerillas. Y María Isabel Farah, gerenta de Administración, creó Asesorías Horus para invertir en la matriz de La Polar.A ellos se sumarían otros gerentes:los ya condenados Nicolás Ramírez y Pablo Fuenzalida, y el ex gerente de Negocios, Daniel Meszaros. Esas sociedades se convertirían más adelante en la plataforma perfecta para traspasar dineros y esconder el patrimonio de sus dueños (ver la ruta de las sociedades de los gerentes).
La promesa de Morita y Sotomayor se cumplió: cuando en 2003 La Polar se abrió a la Bolsa, el valor de la empresa se quintuplicó. Los resultados financieros que presentaban como gancho para los inversionistas eran excelentes. Los ingresos netos crecieron en tres años un 131% y se tradujeron en utilidades que en el mismo período aumentaron en más de 1.010%.
Lo que no se decía era que ya por esa fecha había 1.789 clientes cuyas deudas habían sido repactadas sin su consentimiento. La práctica ya llevaba tres años en operaciones, y el volumen fue aumentando cada año. Así, los resultados financieros y contables que conocía el mercado, aunque falsos, eran cada vez mejores. Las AFP se habían convertido en grandes accionistas y las corredoras de bolsa recomendaban invertir en La Polar.
En ese primer período, los ejecutivos sumaron millonarios ingresos extra transando acciones, cuyo valor se había disparado. Sólo como ejemplo: entre noviembre de 2003 y enero de 2005, Farah registró ingresos por más de $892,7 millones y Alcalde, que como gerente general era quien más alta participación tenía en Inversiones Siglo XXI, sólo en enero de 2005 recibió más de $2.777 millones.
Para fines de 2005, La Polar ya había “normalizado” poco más de 199 mil deudas, pero la real explosión vino al año siguiente. Solo en 2006 se repactaron sin consentimiento cerca de 177 mil créditos en mora, es decir, el 47% de todas las renegociaciones ficticias que La Polar había realizado hasta esa fecha (ver tabla de repactaciones).
Ese año, antes de que Southern Cross vendiera su participación en La Polar, se implementó un segundo incentivo para retener a los ejecutivos: un plan de compra de acciones para la plana gerencial. Para ello, los ejecutivos se asociaron bajo el alero de una nueva sociedad: Inversiones Alpha (ver mapa de las sociedades). El plan se llevaría a cabo por etapas, mediante una compleja operación comandada por Morita y Sotomayor para subsidiar el precio de compra de las acciones.
Aunque en lo formal los socios de Southern Cross habían vendido su participación en La Polar, en la práctica seguían teniendo el control, ya que fueron ellos mismos quienes financiaron la compra de las acciones por parte de los ejecutivos. Como esas acciones quedaron prendadas en garantía de la deuda hasta 2009, fue recién ahí que Morita y Sotomayor se retiraron (ver reportaje de CIPER). Ninguno de los dos fue formalizado, aunque a Morita sí lo sancionó la SVS con una multa de 1.500 UF. A pesar de que intentó revertir la sanción por la vía judicial, en abril de 2015 la Corte de Apelaciones la ratificó.
Alcalde, que ese mismo año fue elegido en una encuesta por sus pares, directores y gerentes de empresas IPSA, como el “ejecutivo de la década” por su labor en La Polar, dejó la gerencia general y pasó a ser presidente del directorio. Nicolás Ramírez asumió como gerente general. Moreno y Farah se mantuvieron en sus mismos cargos. Ese mismo año el sistema de repactaciones unilaterales dejó ser manual y se automatizó mediante un software.
Durante todos esos años las operaciones de “normalización” siguieron al alza de forma explosiva. Al final, cuando ya en 2011 el modelo se vino abajo, se reveló que las repactaciones secretas habían alcanzado a casi un millón de clientes y que detrás de ellas se podían ver las huellas de Alcalde, Moreno y Farah.
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| Norberto Morita |
El plan fue cuidadosamente diseñado por el influyente estudio de abogados Barros & Errázuriz. Fue así que Morita y Sotomayor cimentaron las bases de un sistema que más adelante derivaría en uno de los mayores casos de corrupción corporativa del país (ver reportaje de CIPER).
Pablo Alcalde asumió como gerente general de la empresa, y para ingresar al programa de incentivos, creó la empresa Asesorías Galicia. Julián Moreno, que desde 1998 era gerente corporativo de Productos Financieros, hizo lo propio con su sociedad Asesorías Río Najerillas. Y María Isabel Farah, gerenta de Administración, creó Asesorías Horus para invertir en la matriz de La Polar.A ellos se sumarían otros gerentes:los ya condenados Nicolás Ramírez y Pablo Fuenzalida, y el ex gerente de Negocios, Daniel Meszaros. Esas sociedades se convertirían más adelante en la plataforma perfecta para traspasar dineros y esconder el patrimonio de sus dueños (ver la ruta de las sociedades de los gerentes).
La promesa de Morita y Sotomayor se cumplió: cuando en 2003 La Polar se abrió a la Bolsa, el valor de la empresa se quintuplicó. Los resultados financieros que presentaban como gancho para los inversionistas eran excelentes. Los ingresos netos crecieron en tres años un 131% y se tradujeron en utilidades que en el mismo período aumentaron en más de 1.010%.
Lo que no se decía era que ya por esa fecha había 1.789 clientes cuyas deudas habían sido repactadas sin su consentimiento. La práctica ya llevaba tres años en operaciones, y el volumen fue aumentando cada año. Así, los resultados financieros y contables que conocía el mercado, aunque falsos, eran cada vez mejores. Las AFP se habían convertido en grandes accionistas y las corredoras de bolsa recomendaban invertir en La Polar.
En ese primer período, los ejecutivos sumaron millonarios ingresos extra transando acciones, cuyo valor se había disparado. Sólo como ejemplo: entre noviembre de 2003 y enero de 2005, Farah registró ingresos por más de $892,7 millones y Alcalde, que como gerente general era quien más alta participación tenía en Inversiones Siglo XXI, sólo en enero de 2005 recibió más de $2.777 millones.
Para fines de 2005, La Polar ya había “normalizado” poco más de 199 mil deudas, pero la real explosión vino al año siguiente. Solo en 2006 se repactaron sin consentimiento cerca de 177 mil créditos en mora, es decir, el 47% de todas las renegociaciones ficticias que La Polar había realizado hasta esa fecha (ver tabla de repactaciones).
Ese año, antes de que Southern Cross vendiera su participación en La Polar, se implementó un segundo incentivo para retener a los ejecutivos: un plan de compra de acciones para la plana gerencial. Para ello, los ejecutivos se asociaron bajo el alero de una nueva sociedad: Inversiones Alpha (ver mapa de las sociedades). El plan se llevaría a cabo por etapas, mediante una compleja operación comandada por Morita y Sotomayor para subsidiar el precio de compra de las acciones.
Aunque en lo formal los socios de Southern Cross habían vendido su participación en La Polar, en la práctica seguían teniendo el control, ya que fueron ellos mismos quienes financiaron la compra de las acciones por parte de los ejecutivos. Como esas acciones quedaron prendadas en garantía de la deuda hasta 2009, fue recién ahí que Morita y Sotomayor se retiraron (ver reportaje de CIPER). Ninguno de los dos fue formalizado, aunque a Morita sí lo sancionó la SVS con una multa de 1.500 UF. A pesar de que intentó revertir la sanción por la vía judicial, en abril de 2015 la Corte de Apelaciones la ratificó.
Alcalde, que ese mismo año fue elegido en una encuesta por sus pares, directores y gerentes de empresas IPSA, como el “ejecutivo de la década” por su labor en La Polar, dejó la gerencia general y pasó a ser presidente del directorio. Nicolás Ramírez asumió como gerente general. Moreno y Farah se mantuvieron en sus mismos cargos. Ese mismo año el sistema de repactaciones unilaterales dejó ser manual y se automatizó mediante un software.
Durante todos esos años las operaciones de “normalización” siguieron al alza de forma explosiva. Al final, cuando ya en 2011 el modelo se vino abajo, se reveló que las repactaciones secretas habían alcanzado a casi un millón de clientes y que detrás de ellas se podían ver las huellas de Alcalde, Moreno y Farah.
LAS PRUEBAS QUE HUNDEN A LOS EX EJECUTIVOS
Son miles los documentos incluidos en la carpeta de investigación que corroboran la existencia de las repactaciones unilaterales, la distorsión que provocaron sobre los estados financieros de La Polar y los efectos que tuvo la entrega de esa información falsa al mercado. Un abogado querellante en la causa dijo a CIPER que “la discusión ahora es qué tan demostrada está la responsabilidad de cada uno de los imputados en esos delitos. Porque no basta con decir que cierto ejecutivo debía estar en conocimiento de los hechos. El estándar de prueba debe ser mucho mayor. Si esto llega a juicio oral, es en ese punto donde se van a concentrar los alegatos”.
El primero en caer es Julián Moreno, gerente corporativo de Productos Financieros. Fue bajo su alero que se puso en ejecución el sistema de repactación unilateral de deudas. La acusación de la fiscalía lo sindica no sólo como quien impartía las indicaciones para llevar a cabo las “normalizaciones”, sino que además fue quien solicitó la aplicación informática que permitió la automatización del proceso. Él fue también quien diseñó la “base mayo”, un archivo computacional maestro donde se determinaba cuántas repactaciones se iban a hacer y se registraba el valor de las carteras. Fue también quien segmentó por colores las deudas según tramo de morosidad.
En resumen, Julián Moreno no sólo puso en marcha un sistema para aumentar falsamente la cartera de créditos por cobrar, sino que además ocultó la real morosidad de los clientes y el riesgo real que esas deudas le ocasionaban a la cartera. Tal fue el impacto en los resultados globales de la compañía que lo que se presentaba en diciembre de 2010 como utilidades acumuladas por casi $164,5 millones, en julio del año siguiente, cuando la burbuja reventó, eran en realidad pérdidas acumuladas por más $408,5 millones.
En el siguiente escalón está María Isabel Farah, que como gerente de Administración tenía a cargo la elaboración de los estados financieros con la información falsa que le entregaba Moreno. Pero su rol no sólo se restringía a recibir la información y procesarla para los documentos que después enviarían a inversionistas y entidades reguladoras. Era ella quién determinaba el volumen de las provisiones que requería la empresa, y según esos cálculos, se establecían lo montos que debían ser objeto de repactación.
La investigación de la fiscalía estableció que esos cálculos eran subvalorados “por la omisión deliberada de la valoración del riesgo asociado a una importante cantidad de créditos que, figurando como vigentes, en realidad eran créditos morosos que habían sido renegociados unilateralmente por la compañía, situación conocida por la imputada desde 2006”.
Las pruebas de la fiscalía le permiten también aseverar en su acusación que Pablo Alcalde, primero como gerente general y después como presidente del directorio, no sólo sabía de todos esos movimientos al menos desde 2008, sino que además coordinó las acciones entre Farah y Moreno para “mantener y mejorar la efectividad de estas prácticas irregulares”.
De hecho, previo a las presentaciones ante el directorio, los tres se reunían para coordinar la información que darían a conocer a sus miembros. Respecto a las renegociaciones unilaterales o la subvaloración de las provisiones, la fiscalía dice que simplemente lo omitían en los informes que entregaban al directorio y al comité de directores. Se le acusa además, de haber aprobado estados financieros y memorias sabiendo que contenían información falsa. Fue Alcalde quien firmó entre 2006 y 2011 las declaraciones de responsabilidad que garantizaban la supuesta veracidad de la información que se entregaba a la SVS y al mercado.
Todas las pistas que evidencian el rol activo de Alcalde, Moreno y Farah en la entrega de información falsa al mercado se encuentran respaldadas en las memorias anuales de La Polar, sus estados financieros, sus FECUS, sus actas de directorio y de juntas de accionistas, hechos esenciales y en los miles de correos electrónicos incautados, los cientos de documentos recabados y las decenas de declaraciones tomadas por los fiscales durante el período de investigación. Todo eso está también ratificado en dos informes periciales.
El primero fue el del CEAL (enero de 2013). En 415 páginas, analiza en detalle los procesos internos de La Polar, desde la repactación unilateral de las deudas hasta la difusión de los resultados contables y financieros al mercado. Y concluye que los mecanismos empleados “implican la contravención de las normas legales y contables vigentes” y que Alcalde, Moreno y Farah sabían muy bien lo que estaba ocurriendo, ya que constantemente recibían los únicos documentos que informaban de las repactaciones: los informes de gestión preparados por la gerencia que encabezaba Farah.
Luego vino el de la FEN (junio de 2013). En 200 páginas se analizan los efectos de las repactaciones en la contabilidad de La Polar, calculando un detrimento patrimonial que a julio de 2011 bordeaba los $579 mil millones. Y agrega: “Desde 2006 hasta 2010, la compañía distribuyó indebidamente dividendos, bonos y remuneraciones de los ejecutivos, e incentivos al directorio, sobre la base de utilidades líquidas ficticias, es decir, utilidades inexistentes”. Si se suman los montos que Alcalde, Moreno y Farah percibieron por ese concepto, la cifra se alza por sobre los $3.011 millones.
Un informe policial de julio de 2013, también establece cómo los tres obtuvieron ganancias por el solo hecho de mejorar artificialmente los resultados de la empresa. ¿Cómo? Por bonos por cumplimiento de metas. Alcalde recibió como premio por su gestión al menos $375,9 millones entre 2006 y 2011; Moreno unos $165,8 millones y Farah otros $120 millones.
Los persecutores y peritos llegaron a esas y otras conclusiones –como por ejemplo, que los dos últimos sí usaron información privilegiada y que obtuvieron así un total de al menos $874,3 millones– cruzando la información contable de la empresa con los datos de sus cuentas bancarias personales y de sus sociedades, sus antecedentes tributarios, sus transacciones bursátiles e incluso sus inversiones en bienes raíces. Todo ello también sirvió para probar que los ex ejecutivos acusados no sólo obtuvieron ganancias ilegales, sino que además intentaron esconderlas.
El primero en caer es Julián Moreno, gerente corporativo de Productos Financieros. Fue bajo su alero que se puso en ejecución el sistema de repactación unilateral de deudas. La acusación de la fiscalía lo sindica no sólo como quien impartía las indicaciones para llevar a cabo las “normalizaciones”, sino que además fue quien solicitó la aplicación informática que permitió la automatización del proceso. Él fue también quien diseñó la “base mayo”, un archivo computacional maestro donde se determinaba cuántas repactaciones se iban a hacer y se registraba el valor de las carteras. Fue también quien segmentó por colores las deudas según tramo de morosidad.
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| Julián Moreno |
En el siguiente escalón está María Isabel Farah, que como gerente de Administración tenía a cargo la elaboración de los estados financieros con la información falsa que le entregaba Moreno. Pero su rol no sólo se restringía a recibir la información y procesarla para los documentos que después enviarían a inversionistas y entidades reguladoras. Era ella quién determinaba el volumen de las provisiones que requería la empresa, y según esos cálculos, se establecían lo montos que debían ser objeto de repactación.
La investigación de la fiscalía estableció que esos cálculos eran subvalorados “por la omisión deliberada de la valoración del riesgo asociado a una importante cantidad de créditos que, figurando como vigentes, en realidad eran créditos morosos que habían sido renegociados unilateralmente por la compañía, situación conocida por la imputada desde 2006”.
Las pruebas de la fiscalía le permiten también aseverar en su acusación que Pablo Alcalde, primero como gerente general y después como presidente del directorio, no sólo sabía de todos esos movimientos al menos desde 2008, sino que además coordinó las acciones entre Farah y Moreno para “mantener y mejorar la efectividad de estas prácticas irregulares”.
De hecho, previo a las presentaciones ante el directorio, los tres se reunían para coordinar la información que darían a conocer a sus miembros. Respecto a las renegociaciones unilaterales o la subvaloración de las provisiones, la fiscalía dice que simplemente lo omitían en los informes que entregaban al directorio y al comité de directores. Se le acusa además, de haber aprobado estados financieros y memorias sabiendo que contenían información falsa. Fue Alcalde quien firmó entre 2006 y 2011 las declaraciones de responsabilidad que garantizaban la supuesta veracidad de la información que se entregaba a la SVS y al mercado.
Todas las pistas que evidencian el rol activo de Alcalde, Moreno y Farah en la entrega de información falsa al mercado se encuentran respaldadas en las memorias anuales de La Polar, sus estados financieros, sus FECUS, sus actas de directorio y de juntas de accionistas, hechos esenciales y en los miles de correos electrónicos incautados, los cientos de documentos recabados y las decenas de declaraciones tomadas por los fiscales durante el período de investigación. Todo eso está también ratificado en dos informes periciales.
El primero fue el del CEAL (enero de 2013). En 415 páginas, analiza en detalle los procesos internos de La Polar, desde la repactación unilateral de las deudas hasta la difusión de los resultados contables y financieros al mercado. Y concluye que los mecanismos empleados “implican la contravención de las normas legales y contables vigentes” y que Alcalde, Moreno y Farah sabían muy bien lo que estaba ocurriendo, ya que constantemente recibían los únicos documentos que informaban de las repactaciones: los informes de gestión preparados por la gerencia que encabezaba Farah.
Luego vino el de la FEN (junio de 2013). En 200 páginas se analizan los efectos de las repactaciones en la contabilidad de La Polar, calculando un detrimento patrimonial que a julio de 2011 bordeaba los $579 mil millones. Y agrega: “Desde 2006 hasta 2010, la compañía distribuyó indebidamente dividendos, bonos y remuneraciones de los ejecutivos, e incentivos al directorio, sobre la base de utilidades líquidas ficticias, es decir, utilidades inexistentes”. Si se suman los montos que Alcalde, Moreno y Farah percibieron por ese concepto, la cifra se alza por sobre los $3.011 millones.
Un informe policial de julio de 2013, también establece cómo los tres obtuvieron ganancias por el solo hecho de mejorar artificialmente los resultados de la empresa. ¿Cómo? Por bonos por cumplimiento de metas. Alcalde recibió como premio por su gestión al menos $375,9 millones entre 2006 y 2011; Moreno unos $165,8 millones y Farah otros $120 millones.
Los persecutores y peritos llegaron a esas y otras conclusiones –como por ejemplo, que los dos últimos sí usaron información privilegiada y que obtuvieron así un total de al menos $874,3 millones– cruzando la información contable de la empresa con los datos de sus cuentas bancarias personales y de sus sociedades, sus antecedentes tributarios, sus transacciones bursátiles e incluso sus inversiones en bienes raíces. Todo ello también sirvió para probar que los ex ejecutivos acusados no sólo obtuvieron ganancias ilegales, sino que además intentaron esconderlas.
LAVADO DE ACTIVOS: EL PUNTO DÉBIL
En octubre de 2011, CIPER publicó un extenso reportaje sobre cómo Alcalde, Moreno y Farah, junto a otros dos ex gerentes investigados, ejecutaron operaciones que pretendían bloquear el acceso a su millonario patrimonio y al eventual pago de indemnizaciones. Tras el descalabro y su posterior salida de La Polar, dos de ellos liquidaron sus sociedades conyugales, otros modificaron y constituyeron sociedades y una cedió el usufructo de varios de sus bienes inmuebles a familiares (ver reportaje). Eran los primeros indicios de que los ex ejecutivos intentaban ocultar el origen ilícito de esas platas. Ese fue el punto que la fiscalía tomó como partida para su acusación por lavado de activos.
En la carpeta investigativa de la fiscalía, las evidencias que prueban el lavado de dinero ya juntan diez tomos. En ellos se encuentran declaraciones judiciales de ejecutivos bancarios, corredores de bolsa, notarios y familiares de los imputados; además de cartolas bancarias y de transacciones bursátiles, cheques y vales vista. Todos los ingresos y egresos de las cuentas corrientes de los acusados, de sus fondos mutuos y sus carteras de inversión, han sido constantemente monitoreados. Lo mismo con las cuentas de sus sociedades e incluso de algunos familiares. Si han enviado dinero al extranjero, la fiscalía lo sabe. De eso dan cuenta los 15 oficios reservados que entregó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y los tres informes que envió el Banco Central (ver lista de informes).
Así se supo, por ejemplo, que entre junio y julio de 2011, tras revelarse públicamente el fraude, Asesorías Horus, la sociedad de Farah, liquidó $880 millones en acciones, fondos que luego fueron repartidos entre las cuentas personales de la misma Farah, su hija y otros familiares. De ahí también salieron los primeros $100 millones que la ingeniera comercial pagó a su abogado, Alex Carocca.
Lo mismo hizo Julián Moreno con su sociedad Asesorías Río Najerillas: obtuvo $250 millones en el mismo período por la venta de acciones, dinero que repartió entre su cuenta personal y la de su hija. En esa misma época, Pablo Alcalde transfirió a su esposa unos $442,5 millones, que luego retiraría a través de vales vista. Movimientos como esos hay muchos.
Las pruebas, concuerdan los abogados consultados por CIPER, pueden ser suficientes para demostrar el delito, pero es difícil que el tribunal otorgue una sentencia. Dicen que siempre la tipificación del lavado de activos “es discutible”, y que el éxito de la fiscalía se medirá en los fundamentos jurídicos que permitan constatar la intencionalidad de esconder los dineros productos de acciones ilegales.
La polémica modificación a la ley que entró en vigencia a comienzos de 2015 se convierte en este punto en un importante impedimento para que los ex ejecutivos de La Polar cumplan penas efectivas. Y ello, porque establece que las penas por lavado no podrán ser mayores a las del delito del cual provienen los bienes obtenidos. Todo eso el fiscal José Morales lo sabe:
-En Chile no hay condena por delitos de lavados de dinero. Es importante para la fiscalía y por supuesto que va representar un esfuerzo adicional convencer al tribunal de eso. Es parte de los desafíos que enfrenta el Ministerio Público -dijo a El Pulso.
En la carpeta investigativa de la fiscalía, las evidencias que prueban el lavado de dinero ya juntan diez tomos. En ellos se encuentran declaraciones judiciales de ejecutivos bancarios, corredores de bolsa, notarios y familiares de los imputados; además de cartolas bancarias y de transacciones bursátiles, cheques y vales vista. Todos los ingresos y egresos de las cuentas corrientes de los acusados, de sus fondos mutuos y sus carteras de inversión, han sido constantemente monitoreados. Lo mismo con las cuentas de sus sociedades e incluso de algunos familiares. Si han enviado dinero al extranjero, la fiscalía lo sabe. De eso dan cuenta los 15 oficios reservados que entregó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y los tres informes que envió el Banco Central (ver lista de informes).
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| María Isabel Farah |
Lo mismo hizo Julián Moreno con su sociedad Asesorías Río Najerillas: obtuvo $250 millones en el mismo período por la venta de acciones, dinero que repartió entre su cuenta personal y la de su hija. En esa misma época, Pablo Alcalde transfirió a su esposa unos $442,5 millones, que luego retiraría a través de vales vista. Movimientos como esos hay muchos.
Las pruebas, concuerdan los abogados consultados por CIPER, pueden ser suficientes para demostrar el delito, pero es difícil que el tribunal otorgue una sentencia. Dicen que siempre la tipificación del lavado de activos “es discutible”, y que el éxito de la fiscalía se medirá en los fundamentos jurídicos que permitan constatar la intencionalidad de esconder los dineros productos de acciones ilegales.
La polémica modificación a la ley que entró en vigencia a comienzos de 2015 se convierte en este punto en un importante impedimento para que los ex ejecutivos de La Polar cumplan penas efectivas. Y ello, porque establece que las penas por lavado no podrán ser mayores a las del delito del cual provienen los bienes obtenidos. Todo eso el fiscal José Morales lo sabe:
-En Chile no hay condena por delitos de lavados de dinero. Es importante para la fiscalía y por supuesto que va representar un esfuerzo adicional convencer al tribunal de eso. Es parte de los desafíos que enfrenta el Ministerio Público -dijo a El Pulso.
UNA AUDIENCIA, CUATRO POSIBLES ESCENARIOS
El lunes 2 de noviembre, en la audiencia para preparar el juicio oral, los escenarios que se presentan –según los abogados consultados por CIPER- son los siguientes:
1) La fiscalía persiste en su posición del “acuerdo en paquete” y ante la negativa de Alcalde de acordar una salida por juicio abreviado, se van los tres “peces gordos” a juicio oral. Con 245 testigos, unos 7.500 correos y casi 2.000 documentos, la fiscalía demoraría unos tres meses en exponer su caso, y luego vendrían las presentaciones de las defensas y los demás querellantes (ver artículo en La Tercera). Se estima que el proceso se extendería por, a lo menos, un año más.
2) La fiscalía cede y negocia una salida con Farah y Moreno. Ambos van a juicio abreviado y dejan a Alcalde solo. Ya el juicio oral se reduce sólo a comprobar su participación en los hechos, y los demás se convierten en testigos de cargo contra Alcalde.
3) Es Alcalde el que cede y junto a Farah y Moreno acuerda un juicio abreviado con la fiscalía. Cinco años para cada uno, que lo más probable es que termine en pena remitida, y una incautación patrimonial proporcional que en total sumaría entre $2.500 y $3.000 millones, según las estimaciones del propio Morales. Sería la opción óptima para el fiscal. Un abogado dijo a CIPER: “Si eso sucede, sería impresentable, porque las pruebas para condenarlos en un juicio están”. Hasta ahora, es el menos probable de los escenarios.
4) No hay audiencia preparatoria. El tribunal acoge la solicitud de la defensa de Moreno de reabrir la investigación para acceder a nuevas diligencias. Esto, dicen los abogados, es lo más probable que suceda, porque corresponde a una estrategia de ganar tiempo para negociar un acuerdo que incluya a Alcalde.
Publicado originalmente en CIPER (22/10/2015)
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