Por segunda vez en un mes, la Corte de Apelaciones falló contra los intentos del ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz para evitar ser formalizado por emitir boletas falsas a SQM. Su defensa decía que la querella del SII en su contra no menciona las boletas que cuestiona la Fiscalía, por lo que no podrían ser investigadas. El nuevo veredicto no sólo rechaza ese argumento, sino que ratifica una sentencia previa que sirve de llave al Ministerio Público para sortear el principal escollo en la persecución del financiamiento ilegal de la política: la renuencia del SII a denunciar a los emisores de boletas falsas.
Un importante fallo para el futuro de la investigación del financiamiento ilegal de la política emitió la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones el viernes 11 de septiembre (ver fallo). En una decisión dividida, los magistrados rechazaron el recurso de amparo que una semana antes presentó el ex vicepresidente nacional de Renovación Nacional (RN) y miembro del Consejo Regional del Bío Bío, Claudio Eguiluz, en un intento por evitar convertirse en uno más de los políticos sentados en el banquillo de los acusados por uso de boletas falsas. El recurso era la última carta que tenía para impedir su formalización, fijada para este lunes 14 de septiembre.
Con el fallo de la Corte de Apelaciones, esa posibilidad se esfumó y no le quedará más que asistir a esa audiencia. La decisión del tribunal de alzada constituye además un sonado fracaso para una estrategia jurídica que también ha seguido el ex senador Jovino Novoa (UDI) y que busca paralizar la indagación del Ministerio Público si es que no hay una querella personalizada del Servicio de Impuestos Internos (SII). Eguiluz aún podría buscar un pronunciamiento de la Corte Suprema, aunque ya es muy tarde para evitar su formalización.
A Eguiluz la Fiscalía lo acusa de haber emitido 25 boletas a SQM por servicios sin respaldo entre 2011 y 2014, las que suman $112,5 millones. Además, Eguiluz emitió otra boleta a la filial SQM Salar, recibió $45 millones de SQM a través de dos de sus empresas y se investigan millonarios pagos a través de terceros. En total, son más de $460 millones bajo sospecha (ver diagrama en reportaje de CIPER).
En todo caso, la importancia del fallo no radica sólo en que ahora Eguiluz podrá ser investigado en uno de los principales y más grandes casos de corrupción de los últimos años en Chile. La decisión que se aprobó con el voto favorable de los ministros Jaime Balmaceda y Pedro Advis, y la negativa de la abogada Claudia Chaimovich, deja a firme una sentencia previa del mismo tribunal que le sirve de llave al Ministerio Público para sortear la principal dificultad para la persecución penal del financiamiento ilegal de la política con platas de SQM: la renuencia del SII a querellarse contra los emisores de boletas y facturas falsas.
La ley establece que en delitos en materia tributaria, el SII tiene la atribución exclusiva y excluyente de interponer querellas y denuncias. Si eso no se cumple, el Ministerio Público no puede investigar. Con ese argumento, Eguiluz pudo eludir una primera formalización a fines de julio de 2015. Sin embargo, la Fiscalía recurrió a la Corte de de Apelaciones y el 26 de agosto salió el primer fallo que abría la puerta a iniciar oficialmente una investigación contra Eguiluz y los demás emisores de boletas y facturas que si bien no figuran como responsables en las denuncia que presentó el SII, sí aparecen individualizados en ellas (ver primer fallo).
Aunque ya en marzo se sabía que Claudio Eguiluz había recibido millonarios pagos de SQM, el detalle de sus boletas fue informado oficialmente a la Fiscalía en la ampliación que el SII presentó el 2 de abril de 2015 a la querella que poco antes había interpuesto contra la minera controlada por Julio Ponce Lerou por delito tributario. El suyo era uno de los 15 nombres que aparecían en el documento acusatorio y que estaban vinculados a RN (ver reportaje de CIPER). Luego, a fines de mayo, una boleta que emitió a SQM Salar apareció en una rectificación de impuestos que la misma empresa hizo ante el SII y que también informó a la Fiscalía. En ninguno de los dos documentos se sindica a Eguiluz ni a ninguno de los emisores de boletas como autores de los delitos denunciados.
¿Por qué entonces ese primer fallo de la Corte de Apelaciones permitió la formalización de Eguiluz? La respuesta está en la misma querella inicial del SII. Además de enfocar la denuncia en siete personas, el texto dice que la acusación se hace extensiva “contra todas las demás personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del ilícito denunciado, a fin de que el Ministerio Público proceda a investigar los hechos que se describen, formalizando en su oportunidad a los denunciados y a quienes en el curso de la investigación aparezcan como partícipes del delito ya señalado”.
Y no sólo eso. En su parte final, la querella concluye que se tenga interpuesta denuncia criminal “en contra de todas las demás personas que resulten responsables por estos mismos hechos”.
Esas dos frases incluidas en la querella del SII fueron determinantes para que los magistrados consideraran –también en una votación dividida– que tanto Eguiluz como las demás personas individualizadas como emisores de boletas pudieran ser objeto de persecución por su eventual responsabilidad penal en los delitos allí relatados. Por lo tanto, se ordenó la formalización de Eguiluz. Fue así que el juez Daniel Aravena lo citó para el lunes 14 de septiembre a las 9:00 al Octavo Juzgado de Garantía junto a Giorgio Martelli, el ex diputado Alejandro Sule (PR), el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, el abogado Roberto Guzmán, la contadora Clara Bensán (exDC), y David Flores (PPD). Si llegara a no presentarse, Eguiluz podría ser detenido.
Fue ese primer dictamen el que la defensa de Eguiluz intentó echar atrás con su recurso de amparo del 4 de septiembre. Su formalización nuevamente quedaba en suspenso, pero el nuevo fallo de la Corte de Apelaciones una semana después, confirmó que deberá presentarse y que la excusa de que el SII no se ha querellado ya no le servirá. La decisión judicial constituye además un precedente importante para las demás personas involucradas en los pagos irregulares de SQM.
Con el fallo de la Corte de Apelaciones, esa posibilidad se esfumó y no le quedará más que asistir a esa audiencia. La decisión del tribunal de alzada constituye además un sonado fracaso para una estrategia jurídica que también ha seguido el ex senador Jovino Novoa (UDI) y que busca paralizar la indagación del Ministerio Público si es que no hay una querella personalizada del Servicio de Impuestos Internos (SII). Eguiluz aún podría buscar un pronunciamiento de la Corte Suprema, aunque ya es muy tarde para evitar su formalización.
A Eguiluz la Fiscalía lo acusa de haber emitido 25 boletas a SQM por servicios sin respaldo entre 2011 y 2014, las que suman $112,5 millones. Además, Eguiluz emitió otra boleta a la filial SQM Salar, recibió $45 millones de SQM a través de dos de sus empresas y se investigan millonarios pagos a través de terceros. En total, son más de $460 millones bajo sospecha (ver diagrama en reportaje de CIPER).
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| Claudio Eguiluz |
La ley establece que en delitos en materia tributaria, el SII tiene la atribución exclusiva y excluyente de interponer querellas y denuncias. Si eso no se cumple, el Ministerio Público no puede investigar. Con ese argumento, Eguiluz pudo eludir una primera formalización a fines de julio de 2015. Sin embargo, la Fiscalía recurrió a la Corte de de Apelaciones y el 26 de agosto salió el primer fallo que abría la puerta a iniciar oficialmente una investigación contra Eguiluz y los demás emisores de boletas y facturas que si bien no figuran como responsables en las denuncia que presentó el SII, sí aparecen individualizados en ellas (ver primer fallo).
Aunque ya en marzo se sabía que Claudio Eguiluz había recibido millonarios pagos de SQM, el detalle de sus boletas fue informado oficialmente a la Fiscalía en la ampliación que el SII presentó el 2 de abril de 2015 a la querella que poco antes había interpuesto contra la minera controlada por Julio Ponce Lerou por delito tributario. El suyo era uno de los 15 nombres que aparecían en el documento acusatorio y que estaban vinculados a RN (ver reportaje de CIPER). Luego, a fines de mayo, una boleta que emitió a SQM Salar apareció en una rectificación de impuestos que la misma empresa hizo ante el SII y que también informó a la Fiscalía. En ninguno de los dos documentos se sindica a Eguiluz ni a ninguno de los emisores de boletas como autores de los delitos denunciados.
¿Por qué entonces ese primer fallo de la Corte de Apelaciones permitió la formalización de Eguiluz? La respuesta está en la misma querella inicial del SII. Además de enfocar la denuncia en siete personas, el texto dice que la acusación se hace extensiva “contra todas las demás personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del ilícito denunciado, a fin de que el Ministerio Público proceda a investigar los hechos que se describen, formalizando en su oportunidad a los denunciados y a quienes en el curso de la investigación aparezcan como partícipes del delito ya señalado”.
Y no sólo eso. En su parte final, la querella concluye que se tenga interpuesta denuncia criminal “en contra de todas las demás personas que resulten responsables por estos mismos hechos”.
Esas dos frases incluidas en la querella del SII fueron determinantes para que los magistrados consideraran –también en una votación dividida– que tanto Eguiluz como las demás personas individualizadas como emisores de boletas pudieran ser objeto de persecución por su eventual responsabilidad penal en los delitos allí relatados. Por lo tanto, se ordenó la formalización de Eguiluz. Fue así que el juez Daniel Aravena lo citó para el lunes 14 de septiembre a las 9:00 al Octavo Juzgado de Garantía junto a Giorgio Martelli, el ex diputado Alejandro Sule (PR), el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, el abogado Roberto Guzmán, la contadora Clara Bensán (exDC), y David Flores (PPD). Si llegara a no presentarse, Eguiluz podría ser detenido.
Fue ese primer dictamen el que la defensa de Eguiluz intentó echar atrás con su recurso de amparo del 4 de septiembre. Su formalización nuevamente quedaba en suspenso, pero el nuevo fallo de la Corte de Apelaciones una semana después, confirmó que deberá presentarse y que la excusa de que el SII no se ha querellado ya no le servirá. La decisión judicial constituye además un precedente importante para las demás personas involucradas en los pagos irregulares de SQM.
RUTA DE UNA FORMALIZACIÓN
Junto a su abogado Marcelo Torres, Claudio Eguiluz alegaba en su recurso de amparo que la apertura formal de una investigación judicial en su contra por delito tributario era ilegal, ya que el SII no ha presentado ninguna denuncia ni querella contra él por la emisión de esas boletas. Una estrategia que ya antes le había resultado.
Fue el 27 de julio, cuando el Ministerio Público intentó por primera vez formalizarlo y se encontró con un muro en el Octavo Juzgado de Garantía: la jueza Ema Tapia consideró que la ausencia de una querella del SII contra Eguiluz era suficiente para que la fiscalía no pudiera investigarlo, y anuló su formalización. Eguiluz quedaba liberado de la persecución penal.
Aunque sólo días después, el 30 de julio, el SII finalmente sí se querelló contra Eguiluz, no fue por la emisión de boletas falsas, sino que por transgredir la Ley de Donaciones al ocultar “el traspaso gratuito de sumas de dinero desde la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.” sin que hubiese existido una contraprestación efectiva de servicios que justificara esos traspasos (ver reportaje de CIPER). Así, se habría burlado el impuesto que Eguiluz debía pagar por recibir una donación. Como esa querella no menciona las boletas falsas que Eguiluz emitió a SQM ni le atribuye responsabilidad por el dinero que otras personas cobraron a la minera para luego entregárselo a él –como lo prueban los mismos testimonios que recoge la querella del SII–, a juicio de su defensa, aún no había justificación para que fuera formalizado.
El fiscal nacional Sabas Chahuán decidió recurrir a la Corte de Apelaciones, y el 3 de agosto presentó una apelación a la sentencia de la jueza Tapia. Además de alegar que la magistrada anuló una formalización que no había alcanzado a realizarse y que la oficialización de una investigación es un acto autónomo de la Fiscalía que no es “objeto de nulidad procesal”, fue en ese escrito que el fiscal nacional recalcó las frases contenidas en las querellas para justificar la acusación contra Eguiluz.
23 días después, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones revocó el veredicto de Tapia. Aunque en ese primer fallo se reconoce la atribución exclusiva del SII para interponer denuncia o querella por delitos tributarios, las dos frases que hacen extensiva la denuncia contra quienes resulten responsables según se establezca en la investigación de la Fiscalía fueron clave para que los magistrados consideraran que con ello se podía justificar la formalización.
Lo que vino después es lo que ya se mencionó: tras ser citado a una nueva audiencia para oficializar la investigación como acusado, Eguiluz recurrió al mismo tribunal que ya había fallado en su contra, y no tuvo éxito. Los magistrados de la Cuarta Sala que revisaron su recurso establecieron que no podían manifestarse sobre un fallo adoptado en otra sala de la misma Corte. Por lo tanto, dictaminaron: “El debate sobre la cuestión que motiva el presente recurso de amparo concluyó definitivamente con el fallo de esta Corte que revocó la resolución de primer grado”.
Fue el 27 de julio, cuando el Ministerio Público intentó por primera vez formalizarlo y se encontró con un muro en el Octavo Juzgado de Garantía: la jueza Ema Tapia consideró que la ausencia de una querella del SII contra Eguiluz era suficiente para que la fiscalía no pudiera investigarlo, y anuló su formalización. Eguiluz quedaba liberado de la persecución penal.
Aunque sólo días después, el 30 de julio, el SII finalmente sí se querelló contra Eguiluz, no fue por la emisión de boletas falsas, sino que por transgredir la Ley de Donaciones al ocultar “el traspaso gratuito de sumas de dinero desde la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.” sin que hubiese existido una contraprestación efectiva de servicios que justificara esos traspasos (ver reportaje de CIPER). Así, se habría burlado el impuesto que Eguiluz debía pagar por recibir una donación. Como esa querella no menciona las boletas falsas que Eguiluz emitió a SQM ni le atribuye responsabilidad por el dinero que otras personas cobraron a la minera para luego entregárselo a él –como lo prueban los mismos testimonios que recoge la querella del SII–, a juicio de su defensa, aún no había justificación para que fuera formalizado.
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| Sabas Chahuán |
Publicado originalmente en CIPER (11/9/2015)
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