martes, 15 de septiembre de 2015

ASÍ SE ATRINCHERAN LOS PARTIDOS PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS LEYES QUE LOS REGULARÁN

Por primera vez los partidos serán sometidos por ley a controles financieros y de funcionamiento. Dar financiamiento público a cambio de transparentar sus decisiones, finanzas y ejercer real democracia interna, choca con su resistencia al control ciudadano y del Estado. Esa pugna es el nudo de la tramitación de los dos proyectos fuertes de la Agenda de Probidad que los partidos intentan modificar. Eduardo Engel alertó los riesgos de dictar leyes “muy débiles en temas fundamentales para la democracia”. Está por verse cuántos dientes le sacarán a la ley que revoluciona el control de los partidos.

Por Víctor Carvajal y Juan Pablo Figueroa




Las nuevas leyes que regularán a los partidos políticos en su financiamiento, democracia interna y transparencia podrían resultar un menú desabrido si se imponen los “cocineros” que sienten amenazadas sus cuotas de poder. Dos proyectos claves están en plena tramitación en la Cámara de Diputados y el Senado, pero ya es un hecho que resultará algo muy distinto a lo que anunció a fines de abril la Presidenta Michelle Bachelet, cuando en cadena nacional dio a conocer su agenda de probidad. Sobre la reforma a los partidos, dijo:

Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana”.

La inversión a la que se refirió Bachelet consiste en un fondo de más de $6.102 millones de pesos que cada año el Estado repartirá entre los partidos políticos. El primer requisito para acceder a ese nuevo sistema de financiamiento era la reinscripción total del padrón de militantes, una medida que iba a traslucir el peso real de cada colectividad y desnudar el clientelismo electoral. Pero esa fue la primera promesa en desvanecerse.

Las presiones desde los partidos hicieron que La Moneda no incluyera ese requisito en las indicaciones que envió en mayo al proyecto sobre financiamiento de la política, y que se tramita desde fines de 2014 en el Congreso, y tampoco en el proyecto para reformar la ley de partidos que en junio pasado envió a la Cámara de Diputados. En su reemplazo, el Ejecutivo propuso una “actualización” permanente que no es más que la depuración de los registros de los militantes fallecidos, los que estén inscritos en dos partidos a la vez, los que se encuentren inhabilitados para votar y aquellos cuya afiliación no haya sido completada de forma legal. A eso se sumó la reinscripción del mínimo de militantes exigido por la ley vigente para que un partido se constituya: en cada región el 0,25% del número de votos válidos en la última elección parlamentaria. Esto último se traduce en que cada uno de los 14 partidos constituidos deberá refichar un promedio de apenas 16.000 militantes en todo el país. Así, en vez de renovar la afiliación de las 871 mil personas que actualmente están en algún partido político, sólo tendrán que volver a registrar una cuarta parte de esa cifra (ver registro del Servel).

Presidenta Bachelet, recibe informe del Consejo

Asesor Anticorrupción
Ese es sólo el primero de varios cambios que viene sufriendo en su paso por el Congreso la receta original del gobierno para reformar el sistema de partidos, cuyo ingrediente principal era el informe de la Comisión Asesora Anticorrupción, la llamada Comisión Engel. En ese documento, la reinscripción total del padrón de militantes y la revisión del actual sistema de afiliación eran piezas clave “para aumentar la transparencia y probidad” de los partidos, considerados por la comisión como uno de los pilares del sistema democrático y responsables directos de las malas prácticas que gatillaron la actual crisis política (ver reportaje de CIPER).

Son ellos –y específicamente sus cúpulas– los que eligen a los candidatos que irán por la Presidencia de la República, los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y casi todos los jefes de servicio, además de los superintendentes, alcaldes y concejales. También a los que se convertirán en senadores y diputados, con el enorme poder de legislar. En la discusión sobre las leyes de probidad, también están ellos detrás. Y son los principales interesados.

La investigación a SQM, Penta y Corpesca (entre otras empresas del Grupo Angelini) por los dineros aportados ilegalmente a la política tienen en el banquillo a parlamentarios, dirigentes y militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), y el Partido Radical (PR). Esas seis colectividades tendrán un gran peso en la tramitación de las leyes anticorrupción, pues dominan el Congreso: en conjunto suman 102 diputados (de 120) y 35 senadores (de 38).

Entre los parlamentarios que revisarán y votarán los proyectos de la agenda de probidad hay 12 que figuran directa o indirectamente involucrados en las irregularidades que esas mismas leyes pretenden regular y sancionar –ocho senadores y cuatro diputados–. Lo grave es que ninguno de ellos está técnicamente inhabilitado para votarlas.

Por delitos tributarios con dineros del Grupo Penta que habrían ido al financiamiento ilegal de campañas políticas, ya están formalizados el senador Iván Moreira y el diputado Felipe de Mussy, ambos de la UDI. En esa misma arista figuran otros parlamentarios del mismo partido, como la senadora Ena von Baer y el diputado Ernesto Silva, aunque ninguno de ellos ha sido imputado de algún delito. Otros tres senadores que tampoco han sido formalizados están estrechamente vinculados con las investigaciones por aportes ilegales a la política. Uno es Jaime Orpis (UDI), por los pagos irregulares que él y sus asesores recibieron de Corpesca. Los otros dos son Fulvio Rossi (PS) y Jorge Pizarro (DC), ambos incluidos en la lista de políticos relacionados a las platas negras de SQM, al igual que el diputado Roberto León (DC).

Están también aquellos que enfrentan investigaciones y querellas por desvíos de dinero en cargos anteriores o mal uso de sus asignaciones parlamentarias: el senador Carlos Bianchi (Independiente, desaforado), el senador Eugenio Tuma (PPD, querellado por el CDE), la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI, querellada por el CDE), y el diputado Christian Urízar (PS, formalizado).

El propio Eduardo Engel, quien encabezó la comisión nombrada por Bachelet, ya alertó que “las leyes que hoy estarían saliendo del Congreso serían muy débiles en temas fundamentales para la democracia” (ver entrevista de El Mercurio). Y en su columna de La Tercera apuntó que “la reacción de los partidos de gobierno y de oposición ha sido negativa”. Sus aprensiones son confirmadas por el diputado Joaquín Godoy, presidente de Amplitud, el movimiento liberal que se desgajó de RN y que hoy es uno de los nueve movimientos en vías de convertirse en partido ante el Servicio Electoral (Servel). Godoy sentenció en entrevista con CIPER: “Las intenciones del gobierno se han topado en el Congreso con un muro de contención de todos los partidos tradicionales”.


PADRONES MENTIROSOS

Las cifras oficiales de militantes mienten, están “infladas”, y en los partidos lo reconocen. De las 871 mil personas inscritas en alguno de los 14 partidos pocas participan activamente. Si se suman, por ejemplo, los padrones del PS, el PPD, la DC y RN, el total supera los 427 mil afiliados. Pero en las últimas elecciones internas apenas votaron 68.000 militantes.

Otra cosa son los militantes “fantasma”, gente que no sabe que está inscrita en los partidos, porque tomaron sus nombres sin siquiera avisarles. El escandaloso procedimiento quedó en evidencia en 2013 con las elecciones primarias de la Nueva Mayoría, cuando el Servel notificó a miles de chilenos que estaban inhabilitados para votar por aparecer afiliados a partidos fuera del pacto. En los días siguientes, 3.600 personas presentaron denuncias por afiliaciones fraudulentas en el Ministerio del Interior.

(Fuente: partidohumanista.cl)
Según publicó La Tercera, la Policía de Investigaciones (PDI) estableció que el Partido Humanista (PH) comandaba los reclamos con más de 900 militantes inscritos de forma irregular (27%), seguido por el PRO con más de 600 (19%), Igualdad con 450 (14%) y el PRI con unos 300 (9%). Pero los partidos tradicionales también aportaban su cuota: la UDI y el PR tenían cada uno cerca de 100 afiliados sin su consentimiento (3%); la DC, el PPD y RN bordeaban los 70 (2%); mientras que el PS y el Partido Comunista (PC) contaban con una treintena de inscritos sin autorización. Al año siguiente, la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) emprendieron acciones legales contra tres notarios por haber visado la inscripción fraudulenta.

La Comisión Engel propuso que cada partido rehiciera desde cero su base de adherentes para sincerar las cifras, pero las principales fuerzas políticas, tanto en la Nueva Mayoría como en la oposición, se alinearon para echar abajo esa propuesta y respaldar solo la reinscripción parcial de militantes. Ese es el primer acuerdo que ya está prácticamente sellado. Lo que ahora discuten los parlamentarios es si elevan ese mínimo de militantes a refichar de 0,25% a 0,50% o a al menos 500 personas por región, no tanto porque crean que sea muy baja la exigencia, sino para subir los requisitos a los nuevos partidos que pretendan constituirse y les compitan la “torta” del financiamiento público. Con ese propósito también se incluyó en el proyecto de ley que los dineros del Estado se repartirán solo a las colectividades que tengan algún parlamentario en ejercicio, argumentando que es peligroso para la institucionalidad la proliferación de partidos.

CIPER indagó en siete partidos de la Nueva Mayoría y la oposición –DC, PS, PPD, PR, UDI, RN y Amplitud– cómo se están “cocinando” en el Congreso los dos proyectos que constituyen el plato fuerte de la agenda de probidad: el de “Fortalecimiento y transparencia de la democracia” y el que “Fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos”. El Partido Comunista también fue consultado pero a pesar de nuestra insistencia, no respondió.

El primero de esos proyectos, actualmente en el Senado tras ser aprobado en la Cámara, incorpora el financiamiento con dineros públicos y fija los requisitos para recibirlos. El segundo establece exigencias de mayor transparencia y democracia interna, al tiempo que propone un cambio sustancial en la base jurídica de las colectividades: que pasen a ser entidades de derecho público, por lo que en el futuro podrían tener sobre ellas no sólo el ojo fiscalizador del Servel, sino también de la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y hasta el CDE si hay denuncias que afecten los dineros que los partidos reciban del Fisco.

Aunque el proyecto de partidos está en los inicios de su tramitación y acumula 120 indicaciones, es casi un hecho que tampoco prosperará la idea de Amplitud y de los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic de incluir la elección universal de las directivas. El gobierno no se jugó por ello y lo dejó en manos de cada colectividad, eso sí manteniendo la regla de “mayoría”.

También es improbable que cambie la norma que impide entregar fondos públicos a los partidos que no logren elegir algún senador o diputado, lo que será una barrera adicional para la creación de nuevas colectividades, aunque obtengan una votación que les permita existencia legal.

Donde persisten discrepancias es en el monto de los aportes económicos de personas naturales a las colectividades, pues los aportes de personas jurídicas (empresas) quedan prohibidos. Las indicaciones van desde las 250 UF hasta 1.000 UF y no hay acuerdo hasta qué cifra podrán ser anónimos. Igualmente discutida es la indicación presentada por parlamentarios del PR y el PS para permitir que los militantes puedan impugnar decisiones partidarias en los tribunales ordinarios, ya que el proyecto sólo considera la apelación ante el Tribunal Calificador Electoral (Tricel).

Paralelamente, otras iniciativas de la agenda de probidad han logrado algún avance en el parlamento, como la aprobación de la autonomía constitucional del Servel, del que dependerá la fiscalización del sistema. Pero será la ley sobre financiamiento de la política que aún se discute en el Congreso la que determinará si el organismo adquiere o no la fuerza necesaria para ejercer una regulación efectiva.

Ese proyecto que ya fue aprobado en general, otorga al Servel más atribuciones para supervisar e incluso sancionar. Ahora se discuten en el Senado las indicaciones que presentó el Ejecutivo a fines de agosto, que incluyen un nuevo diseño con subdirecciones a cargo de las distintas áreas de fiscalización y la propuesta de un procedimiento administrativo sancionatorio. También se propone incrementar su planta de personal y dotarlo de recursos para cumplir efectivamente su nuevo rol. A juicio de los ex integrantes de la Comisión Engel -que firman una columna que publicó El Mercurio- esas indicaciones aún son insuficientes para cumplir con el fortalecimiento que requiere la institucionalidad del Servel y así evitar que la nueva normativa termine siendo “irrelevante”. Tal como ocurrió en 2003.

Mientras algunos ex miembros de la Comisión Engel y varios representantes de organizaciones civiles lanzan dardos al gobierno y a los partidos por haber bajado los estándares de las exigencias, en la “cocina” del Congreso los partidos negocian cuáles son los límites de la democracia interna, la transparencia y la fiscalización que están dispuestos a permitir. Porque al final, de sus votos dependerá la posibilidad de erradicar las malas prácticas que llevaron a la actual crisis y recuperar la confianza de los chilenos en el sistema político.


RESISTENCIA AL REEMPADRONAMIENTO

Gonzalo Duarte, secretario general de la DC –el segundo partido con más militantes en el país–, aseguró a CIPER que cuando Bachelet anunció su agenda de probidad la noche del 28 de abril, nunca dijo que los partidos tendrían que reinscribir la totalidad de sus afiliados, y que siempre se refirió al reempadronamiento del mínimo legal para acceder al financiamiento estatal. Es más, dice que quienes afirman lo contrario, están “malinterpretando lo que dijo la Presidenta”.

Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI
Pero Bachelet fue clara: “Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros”. Fueron los partidos de la Nueva Mayoría los que se opusieron al refichaje total argumentando razones legales y prácticas, y así se lo hicieron ver a la subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva. En privado, reconocen que una disminución drástica de la militancia tendría consecuencias en la legitimidad de los partidos ante la sociedad, ya que en las condiciones actuales, es prácticamente imposible siquiera acercarse a sus infladas cifras de adherencia. Y el gobierno lo consintió.

Los dos principales partidos de oposición también estuvieron de acuerdo. Tanto el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, como el diputado y presidente de RN, Cristián Monckeberg, dijeron a CIPER que aunque no se les consultó del cambio inicial, cuando vieron las indicaciones que presentó el gobierno para condicionar el financiamiento público de los partidos, les pareció razonable y nadie lo discutió.

Desde el PR argumentan que no puede haber dos varas para medir a los partidos: “Si mañana voy a inscribir un partido nuevo, ¿por qué se les va a exigir más a los partidos que ya están reconocidos? Si se exigiera la reinscripción total, al final saldría más fácil armar un partido nuevo que mantener el que ya existe”, dice Osvaldo Correa, secretario general del PR.

Osvaldo Correa, secretario 
general del PR
No hay claridad aún sobre qué pasará con aquellos militantes que no se reinscriban. La propuesta que el Ejecutivo ingresó en sus indicaciones al Senado establece que seguirán siendo parte del padrón, al menos hasta la siguiente elección interna de cada partido. Entonces, los que voten deberán llenar un formulario especial y serán considerados como reinscritos; y los que no, serán eliminados. Eso va en línea con la propuesta original del gobierno –incluida en el proyecto de ley de partidos políticos– de borrar también de los padrones a los que no hayan participado en dos de las últimas tres elecciones internas. Pero, al menos en la DC se niegan a dejar pasar esa indicación:

-El Estado quiere determinar a través de una ley quién es militante. Pero si bien pueden tener el derecho de fijar los mecanismos de entrada a un partido, no pueden determinar quién sale. Porque esa decisión es inherente a los partidos, y a eso nos resistimos. No estamos disponibles para que el Estado intervenga en la vida de los partidos, porque si lo hacemos empezamos a formar una sociedad totalitaria –dice Duarte.


UN MURO ENTRE LOS VIEJOS Y LOS NUEVOS

Cuando se acordó la reinscripción mínima de militantes, se dijo que era para emparejar la cancha entre partidos constituidos y aquellos que se vayan a formar en el futuro: a todos se les exigiría lo mismo para acceder al financiamiento público. Pero poco después se propuso levantar un muro divisorio. Además de elevar al doble el número de afiliados que los partidos nuevos deben tener para constituirse, se pretende restringir el aporte de fondos fiscales sólo a aquellos que estén inscritos en a lo menos tres regiones contiguas y que, además, tengan representación parlamentaria. Aunque esas indicaciones aún están en discusión, en casi todos los partidos consultados por CIPER hay acuerdo para aprobarlas.

Joaquín Godoy, presidente de Amplitud
Los partidos grandes justifican el aumento de los requisitos para acceder al financiamiento diciendo que así evitarán el fraccionamiento del sistema y la creación de partidos con el exclusivo fin de obtener recursos fiscales para desvanecerse después de las elecciones. Así lo señalan al menos en la DC, el PPD, el PS, RN, la UDI y los radicales, cuyo secretario general asegura que ello ocurrió en Perú en la época fujimorista.

Al revés, los movimientos que aspiran a convertirse legalmente en partidos –como Amplitud– y aquellos que ya lo son, pero que no cuentan con representantes en el Congreso, ven esas medidas como una forma que han empleado la Nueva Mayoría y la Alianza para bloquear la competencia, poniendo llave a una puerta que ellos mismos abrieron con la reforma al sistema binominal.

“Todos los partidos tradicionales han hecho las gestiones necesarias para bajar los requisitos que el Ejecutivo tenía pensado enviar en una primera etapa”, dijo a CIPER el diputado Joaquín Godoy. De aprobarse las normas, aun cuando Amplitud tiene tres parlamentarios en el Congreso –Godoy y Pedro Browne en la Cámara y Lily Pérez en el Senado–, no podría acceder a los fondos fiscales, ya que cuando fueron electos el partido aún no estaba constituido.

Para el presidente de Amplitud una de las razones para insistir en la reinscripción total de militantes es que quienes comandan los partidos manejan sus bases de datos, saben quiénes participan y los que no y, por lo tanto, ejercen un control directo para las elecciones internas. “Pero si estás obligado a reempadronarlos, la información estará abierta para todos los que quieran competir”, acota Godoy.


TEMOR A PERDER LA "AUTONOMIA"

Lo que plantea el presidente de Amplitud está estrechamente relacionado con cómo se está negociando la segunda de las exigencias anunciadas por Bachelet para que los partidos sean financiados por el Estado: “Tendrán que ser democráticos en su interior”. Una idea que Engel reforzó en su entrevista del 30 de agosto a El Mercurio:

-Es muy importante que haya democracia interna en los partidos. Que los órganos disciplinarios sean representativos y sus decisiones transparentes y apelables ante órganos externos, como el Tricel. También, que el Servicio Electoral supervise las elecciones internas. Hoy las directivas tienen demasiado poder y eso les permite perpetuarse. No quieren la democracia interna porque les quita poder.

Isabel Allende, presidenta del PS
Algunos -como la DC y RN- ya incorporaron la elección universal para elegir las directivas nacionales. También Amplitud que hará debutar el voto electrónico. Caso distinto es el PS donde las bases escogen a sus representantes al Comité Central, instancia que elige a los integrantes de su mesa directiva. Su presidenta, la senadora Isabel Allende, dijo a CIPER que en enero de 2016, uno de los temas a discutir en el congreso partidario será la continuidad de ese sistema. En la UDI, en cambio, no tienen elección universal en ningún nivel, pero su secretario general aseguró a CIPER que ya están modificando su estatuto para adoptar ese sistema, el que esperan sea aprobado en octubre, en su próximo Consejo General.

-Tendremos los estándares más altos de democracia interna, porque queremos hacer esos cambios y no porque la ley nos obligue. Por principio, creemos que el Estado debe respetar la autonomía de cada partido y la forma en que deciden organizarse. Si el PC o el PS quieren tener otro sistema de elección interna, están en su derecho. Está bien que se establezcan mínimos, pero que el Estado defina cuál será el sistema de organización interna de los partidos nos parece que atenta contra su autonomía y eso no es aceptable –dice Ramírez.

La misma aprensión manifestó a CIPER el presidente de RN, siguiendo una línea que dibujaron a mediados de agosto dirigentes del PC, del PS y del MAS, quienes acusaban que los proyectos impondrían un excesivo control estatal sobre los partidos (ver artículo de La Tercera). Un temor que no comparte el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, para quien la elección universal “es lo que corresponde si los partidos van a tener recursos públicos”.

Aunque se especuló en un minuto que se exigiría esa condición para recibir financiamiento público, finalmente el gobierno no la incluyó en el paquete de indicaciones que ingresaron a comienzos de septiembre a la Cámara, por lo que la ley les dará la facultad a los partidos de resolver qué instancias se escogerán por esa modalidad y cuáles serán electas indirectamente.


BAJO MÚLTIPLES OJOS

Todos los partidos consultados por CIPER concuerdan con que la ley los considere jurídicamente como asociaciones de derecho público y, en general, no ven problema en ser fiscalizados por la Contraloría y el Servel, sobre todo cuando se trate de verificar el correcto uso de los recursos que les aportará el Estado. Pero hay matices en cuanto a los límites de ese control.

-Sin las medidas de transparencia, la competencia es absolutamente desleal, porque en esa lógica son los partidos con más financiamiento los que tienen mejor movilidad. No son las ideas las que predominan, sino la cantidad de plata que manejan –dice Osvaldo Correa (PR).

Cristián Monckeberg, presidente de RN
Y el diputado Cristián Monckeberg sentencia:

-No concibo a los partidos como una repartición pública. Si vamos a crear un sistema donde el Estado controle y regule el financiamiento, donde además se mete el Tricel para regular los conflictos y donde el Servel además controla su padrón, estamos a un paso de que los partidos pierdan toda independencia respecto del Estado. Es un tema conceptual. Que el Estado financie los partidos y fiscalice ese gasto me parece perfecto, pero cuando se les entrega demasiadas herramientas a organismos para fiscalizarlos, se puede atentar contra su autonomía y su proyecto político. Un exceso de regulación que no me parece adecuado.

Correa (PR) no ve ese riesgo: "Para ser francos, todo esto se transformó en una caja negra en la que nadie sabe lo que pasa. Pero ahora tendrás a la Contraloría, el Servel -que debiera fortalecerse robustamente porque en las condiciones que hoy opera no va a allegar ni a la esquina-, la fiscalización ciudadana, el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo para la Transparencia. Todos los chilenos podrán saber qué está pasando adentro, quién está invirtiendo y qué peso entró y cuál salió".


TRANSPARENCIA: ¿HASTA DÓNDE?

El nuevo sistema establece que los partidos políticos estarán sujetos a la Ley de Transparencia. Pero no todos los dirigentes políticos están de acuerdo con ese nivel de apertura. CIPER le preguntó al secretario general de la DC, Gonzalo Duarte, si ante la negativa de un partido a entregar información, se podrá recurrir al Consejo para la Transparencia. Él respondió con una pregunta: “¿Y por qué deberíamos entregarte información si no eres militante?”.

La respuesta, en todo caso, según la normativa que se tramita en el Congreso, es sí.

Gonzalo Duarte, secretario general de la DC
Radicales y socialistas son partidarios de que no sólo los balances financieros estén a disposición del público, sino que también todos los actos, contratos y procedimientos, así como el detalle de ingresos y gastos, y cualquier otra información que posibilite tanto a la militancia como a la ciudadanía conocer el funcionamiento de los partidos. Pero rechazan la identificación pública de sus militantes, así como la divulgación de información estratégica, como estudios o encuestas, aun cuando hayan sido elaborados con fondos fiscales. Muy similar es la postura que tienen el PPD y Amplitud al respecto.

Para Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI, si bien comparte la necesidad de transparentar la información financiera y administrativa, el proyecto “va más allá de lo que es la transparencia y se basa en la desconfianza, lo que terminará entorpeciendo el trabajo de los partidos”. Una opinión que Gonzalo Duarte comparte: “No hay duda de que el Estado está regulando excesivamente el funcionamiento de los partidos. Es burocracia innecesaria. Se gastarán la plata pública en puros controles y regulaciones, y no habrá plata para la política”.

Duarte se refiere en particular a la exigencia de publicar en detalle los socios y directores de las empresas que les presten servicios a los partidos por más de 20 UTM ($885 mil); a la obligación de publicar en sus páginas las declaraciones de patrimonio e intereses de todos sus candidatos a un cargo de elección popular, pese a que también estarán en la web del Servel; y a la actualización mensual y no trimestral de sus antecedentes financieros y administrativos. A pesar de ello, el secretario general de la DC agrega: “En general, nosotros vamos a aprobar los proyectos de ley. Nuestras indicaciones son de forma, de plazos”.


LÍMITES PARA DONANTES

Todos están de acuerdo en que las personas, individualmente, puedan aportar dinero a los partidos o donar bienes. Las discrepancias están en el monto máximo y en si deben ser donaciones anónimas o públicas. El proyecto de La Moneda propone como techo las 250 UF anuales ($6,3 millones), pero los senadores gremialistas Hernán Larraín y Juan Antonio Coloma presentaron a fines de agosto una indicación para elevar ese tope a 1.000 UF anuales ($25,2 millones). “Un aumento que apunta a que las limitaciones no estén fijadas por la desconfianza. Si recibes 1.000 UF al año de una persona, y sabes en qué se gastaron, no hay problema. Lo importantes es que se transparente esa donación, más que hacer limitaciones que al final son absurdas”, explica el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez.

Hernán Larraín, presidente de la UDI
Algo similar dice el presidente de Amplitud, quien no ve dificultad en subir el límite a 1.000 UF. Lo que sí debe resguardar la ley –dice- es que el partido no termine dependiendo de los aportes de una determinada persona o que ésta influya sin que la ciudadanía lo sepa. En el mismo sentido opinó el presidente de RN, Cristián Monckeberg, cuyo partido se ha caracterizado por contar con dos militantes-mecenas que han sido clave en su financiamiento: Carlos Larraín y el ex Presidente Sebastián Piñera (ver reportaje de CIPER). Sin referirse a una cifra tope, dijo:

-Aquí hay que evitar dos cosas: no depender de grupos de interés ni de militantes o de un puñado de ellos que manejen y controlen el partido. Ambas dependencias son igual de malas. Es muy importante que el monto que aporte una persona no llegue a convertirse en una suma de la que el partido dependa, y por eso me parece bien que se ponga un límite. Comparto 100% la necesidad de que todo esté regulado y de forma estricta.

Para el PS, PPD y el PR, el límite de 250 UF es suficiente, y apoyan la idea de que los donantes sean identificables a través de un registro público.

En el Senado, el tema de los aportes anónimos volvió a tomar fuerza luego de que el lunes 31 de agosto se repusiera una idea que fue eliminada en la Cámara de Diputados sobre los aportes a campañas y no a los partidos. La Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado puso un límite de $1.261.000 por persona para una elección presidencial.


EL NUDO PATRIMONIAL: FIN DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS

Los escándalos de Penta, SQM y Corpesca pusieron la lápida al financiamiento privado de la política. Lo que falta por resolver es la situación de las empresas formadas por los propios partidos para gestionar sus bienes. El problema afecta a la DC y RN, con varios inmuebles en distintas partes del país inscritos a nombre de sociedades inmobiliarias que los administran. Está claro que esta fórmula de empresas relacionadas se acaba. Pero se debe definir cómo se hará la transición.

Tanto en la DC como en RN reconocen que están estudiando la mejor manera de transferir el patrimonio de vuelta al partido. Y asumen que el problema son los plazos. El diputado Monckeberg dice que el traspaso de propiedades a su partido y la liquidación de empresas –entre ellas Asetec– ya comenzó, y que es “algo que hay que cortar rápido, en no más de un año”. El timonel agrega que la norma debe dejar establecido que esos bienes sean utilizados sólo para los fines propios de la actividad partidaria, “para no dejar la puerta abierta a que los partidos se transformen en inmobiliarias”.

Gonzalo Duarte señala que es importante que la ley fije plazos prudentes: “No hipotecaremos el patrimonio de nuestros camaradas durante décadas, porque a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana que así se tenían que hacer las cosas”.

El PS es el partido con mayor patrimonio del país. No tiene empresas relacionadas, pero sí más de $6.334 millones en instrumentos financieros, a lo que se agregan su sede central de calle París 873, 12 inmuebles más y otros activos fijos que suman un total de $1.616 millones. La Segpres propuso restringir también qué tipo de inversiones podrían hacer los partidos, pero esas indicaciones no han llegado hasta ahora al Congreso. Ese es otro tema espinudo. ¿Se puede permitir que una colectividad invierta en acciones de una empresa o se arriesga a conflictos de interés? “Los partidos deben poder realizar inversiones tal como lo haría cualquier corporación o fundación, con los debidos resguardos y regulaciones”, afirma Isabel Allende.

Una opinión contraria entrega el presidente del PPD, quien dice que por tratarse de fondos públicos, los partidos no debieran invertir en instrumentos financieros. Lo mismo señala el secretario general de los radicales: “El giro de un partido no es generar utilidades; es obtener representación ciudadana. Al que le gusten los negocios, que se dedique a los negocios, porque la política es otra cosa”.

Desde su postura liberal, el diputado Joaquín Godoy prefiere la transparencia a las prohibiciones: “Si un partido invierte como lo hace una AFP, ¿cuál es el problema? Sería ridículo que un partido no pueda hacer un portafolio acotado de riesgos y con buena rentabilidad si quiere sacarle lustre a sus recursos. Lo importante es que se trasparente dónde tienen sus inversiones para así establecer si hubo conflicto de interés”.

El rumbo que tomen los proyectos en el Congreso todavía es incierto y el tiempo apremia para echar a andar la nueva institucionalidad pues se acercan dos años electorales: las elecciones municipales en 2016 y las presidenciales y parlamentarias en 2017. La duda es cuánto de lo que propuso la Comisión Anticorrupción de Engel quedará a firme para regular finalmente el funcionamiento de los partidos.


Publicado originalmente en CIPER (14/9/2015)

No hay comentarios: