En un año, LG se adjudicó contratos por $11.562 millones para cambiar la luminaria de seis comunas con luces LED. El último lo firmó con el municipio de Renca. CIPER encontró las huellas de las irregularidades de esas licitaciones, las mismas que deberá investigar el Ministerio Público pues ya recibió una denuncia de fraude por $2.200 millones ejecutado por el ex representante legal de LG, José Miguel Lira. A él también lo acusan de pagar cerca de $1.200 millones a asesores externos y a funcionarios municipales para ganar las licitaciones, servicios que no están acreditados en la contabilidad de LG.
Con la firma de ese contrato, LG Electronics Inc. Chile (LG) cerraba el 5 de marzo de 2014 una racha prácticamente perfecta. Desde hacía un año que la compañía de capitales coreanos venía presentando ofertas en millonarias licitaciones para renovar con tecnología LED el alumbrado público de distintas comunas del país. Primero fue Ercilla, a comienzos de 2013. Luego Chillán Viejo, Huara, Cauquenes, Puchuncaví y, al final, el contrato más grande, el que firmó con la Municipalidad de Renca por $4.885 millones. En total, fueron seis las licitaciones de ese tipo que LG se adjudicó entre 2013 y 2014, la mayoría con la puntuación máxima (ver cuadro). Si se suman todos los contratos, LG se quedó con negocios que le reportarán más de $11.562 millones. Hacia esos negocios apunta hoy una investigación de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad.
Suena extraño, pero la denuncia que originó la investigación a cargo del fiscal José Morales fue presentada por la misma empresa que se adjudicó los contratos. Todo partió en febrero de 2015, cuando LG demandó por fraude a quien fuera su representante legal durante los últimos diez años, el abogado José Miguel Lira López. Él tenía poder casi absoluto en la empresa y la confianza total de los controladores: firmaba los documentos, revisaba los procesos y estaba a cargo de todos los proyectos en Chile. Un funcionario de la compañía lo define así: “Lira no era la mano derecha de los coreanos en el país; era su única mano”. Ahora es investigado por falsificación y uso malicioso de documento privado e inculpado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones a través de operaciones ilegales de factoring y créditos falsos. Además, es sindicado como uno de los principales responsables de un modelo que involucró a intermediarios externos y funcionarios municipales para garantizar a LG la adjudicación de los contratos millonarios.
CIPER siguió las pistas de las licitaciones que ganó LG y detectó vínculos que revelan anomalías. Los antecedentes revisados incluyen correos anónimos que denuncian el supuesto pago de coimas en Chillán Viejo, un informe de la Contraloría que detectó el sobrepago de unos $74,5 millones en ese mismo municipio y la sentencia del Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) que declaró ilegal la adjudicación del contrato en Renca, pero hay mucho más.
Detrás de cada una de las licitaciones hay personas y sociedades que actúan como satélites en las relaciones entre LG y los municipios. Algunos aparecen identificados en documentos oficiales como “consultores independientes”; otros ni siquiera aparecen en los registros. Un ejecutivo de LG que pidió reserva de su identidad, confirmó a CIPER que son los mismos nombres que figuran en al menos siete contratos que aparecieron durante la investigación interna de la empresa. Son los asesores externos que LG contrató para operar en los distintos concursos públicos realizando estudios técnicos, levantando información en terreno, diseñando la estrategia de postulación y, en algunos casos, allanando el camino para obtener las licitaciones sin contrapesos.
Más de $1.200 millones habría pagado LG por esos servicios, pero las auditorías internas no han podido acreditar de manera fehaciente que los trabajos hayan sido efectivamente realizados y menos el destino final de ese dinero.
La licitación de Renca es la más reveladora. No sólo por la enorme cantidad de dinero involucrada ($4.885 millones), sino porque se investiga el rol de funcionarios municipales en la adjudicación y porque uno de los asesores que LG contrató tiene antecedentes penales por soborno en otro municipio.
CIPER solicitó una respuesta oficial de LG sobre esos vínculos y las demás revelaciones de este reportaje, pero sus representantes declinaron emitir comentarios. Señalaron que entregarían todos los antecedentes al Ministerio Público debido a la investigación judicial en curso por fraude contra Lira, quien será formalizado este 13 de agosto.
El puente entre las licitaciones y la acusación por fraude contra el abogado quedó establecido con el primero de esa serie de contratos. Se firmó en octubre de 2012, cuando en Chillán Viejo (Región del Bío Bío), ya se buscaba reemplazar el alumbrado público con luces LED. La empresa contratada por LG para operar en ese proceso fue Techno Innova. Es la misma sociedad que Lira utilizó para defraudar a la compañía.
Suena extraño, pero la denuncia que originó la investigación a cargo del fiscal José Morales fue presentada por la misma empresa que se adjudicó los contratos. Todo partió en febrero de 2015, cuando LG demandó por fraude a quien fuera su representante legal durante los últimos diez años, el abogado José Miguel Lira López. Él tenía poder casi absoluto en la empresa y la confianza total de los controladores: firmaba los documentos, revisaba los procesos y estaba a cargo de todos los proyectos en Chile. Un funcionario de la compañía lo define así: “Lira no era la mano derecha de los coreanos en el país; era su única mano”. Ahora es investigado por falsificación y uso malicioso de documento privado e inculpado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones a través de operaciones ilegales de factoring y créditos falsos. Además, es sindicado como uno de los principales responsables de un modelo que involucró a intermediarios externos y funcionarios municipales para garantizar a LG la adjudicación de los contratos millonarios.
CIPER siguió las pistas de las licitaciones que ganó LG y detectó vínculos que revelan anomalías. Los antecedentes revisados incluyen correos anónimos que denuncian el supuesto pago de coimas en Chillán Viejo, un informe de la Contraloría que detectó el sobrepago de unos $74,5 millones en ese mismo municipio y la sentencia del Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) que declaró ilegal la adjudicación del contrato en Renca, pero hay mucho más.
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| José Miguel Lira (Fuente: cauquenesnet.com) |
Más de $1.200 millones habría pagado LG por esos servicios, pero las auditorías internas no han podido acreditar de manera fehaciente que los trabajos hayan sido efectivamente realizados y menos el destino final de ese dinero.
La licitación de Renca es la más reveladora. No sólo por la enorme cantidad de dinero involucrada ($4.885 millones), sino porque se investiga el rol de funcionarios municipales en la adjudicación y porque uno de los asesores que LG contrató tiene antecedentes penales por soborno en otro municipio.
CIPER solicitó una respuesta oficial de LG sobre esos vínculos y las demás revelaciones de este reportaje, pero sus representantes declinaron emitir comentarios. Señalaron que entregarían todos los antecedentes al Ministerio Público debido a la investigación judicial en curso por fraude contra Lira, quien será formalizado este 13 de agosto.
El puente entre las licitaciones y la acusación por fraude contra el abogado quedó establecido con el primero de esa serie de contratos. Se firmó en octubre de 2012, cuando en Chillán Viejo (Región del Bío Bío), ya se buscaba reemplazar el alumbrado público con luces LED. La empresa contratada por LG para operar en ese proceso fue Techno Innova. Es la misma sociedad que Lira utilizó para defraudar a la compañía.
EL FRAUDE DEL ABOGADO
El poder casi absoluto que José Miguel Lira tenía en LG era también su secreto. Porque a mediados de 2012, tras siete años en el cargo, le fueron revocados sus poderes de representación ante bancos y entidades financieras y sus facultades para suscribir contratos a nombre de la empresa. Pero eso nunca se hizo efectivo. Los directivos le encargaron inscribir las escrituras que limitaban sus propias atribuciones. Lira nunca lo hizo y, según relató a CIPER un empleado de la multinacional, al parecer nadie lo supo. Hasta que ya fue tarde.
Unos llamados a fines de diciembre de 2014 encendieron las alarmas. Dos empresas de factoring estaban cobrando a LG cuatro facturas de Techno Innova (empresa “asesora” contratada por Lira) por casi $245 millones. No había registro de esas facturas en la contabilidad de la empresa ni tampoco de los supuestos servicios solicitados. La investigación interna revelaría después que Lira era el único que estaba al tanto de su existencia y de la ruta que esas facturas seguirían: serían factorizadas, es decir, pagadas por las dos empresas de factoring a Techno Innova. Pero la deuda finalmente la debía pagar LG.
José Miguel Lira fue despedido el 30 de diciembre de 2014 y en febrero pasado LG presentó una querella en su contra. Poco después, una firma financiera se contactó con LG para cobrar créditos por más de $1.600 millones que Lira habría obtenido a nombre de la compañía. De ellos tampoco había registros. En otra operación similar con la misma financiera, Techno Innova obtuvo un préstamo por otros $367 millones. Lira puso su firma en esa transacción para convertir a LG en el aval de esa deuda.
Desde 2011 que el control de Techno Innova está en manos de Ulises Águila Barra y su esposa Lorena Letelier Cid. A inicios de 2013 se sumaron dos nuevos socios: el coreano San Ouk Ji y Gonzalo Farías Cabezas. Este último tiene un vínculo comercial directo con José Miguel Lira: a fines de 2013, Lira y Farías crearon la Comercializadora y Exportadora Isidora Metals (ver estatutos). Farías se retiró de Techno Innova un año después, el 5 de diciembre de 2014, el mismo día que la empresa emitió a LG las facturas que fueron factorizadas y luego aprobadas por Lira.
Consultado por CIPER, el representante legal de Techno Innova, Ulises Águila, no quiso referirse a esas operaciones, debido a que son objeto de una investigación judicial. En esa causa, José Miguel Lira será formalizado el jueves 13 de agosto por falsificación y uso malicioso de documento privado. Aunque CIPER intentó comunicarse con él, desde su entorno cercano indicaron que se encontraba fuera del país.
Unos llamados a fines de diciembre de 2014 encendieron las alarmas. Dos empresas de factoring estaban cobrando a LG cuatro facturas de Techno Innova (empresa “asesora” contratada por Lira) por casi $245 millones. No había registro de esas facturas en la contabilidad de la empresa ni tampoco de los supuestos servicios solicitados. La investigación interna revelaría después que Lira era el único que estaba al tanto de su existencia y de la ruta que esas facturas seguirían: serían factorizadas, es decir, pagadas por las dos empresas de factoring a Techno Innova. Pero la deuda finalmente la debía pagar LG.
José Miguel Lira fue despedido el 30 de diciembre de 2014 y en febrero pasado LG presentó una querella en su contra. Poco después, una firma financiera se contactó con LG para cobrar créditos por más de $1.600 millones que Lira habría obtenido a nombre de la compañía. De ellos tampoco había registros. En otra operación similar con la misma financiera, Techno Innova obtuvo un préstamo por otros $367 millones. Lira puso su firma en esa transacción para convertir a LG en el aval de esa deuda.
Desde 2011 que el control de Techno Innova está en manos de Ulises Águila Barra y su esposa Lorena Letelier Cid. A inicios de 2013 se sumaron dos nuevos socios: el coreano San Ouk Ji y Gonzalo Farías Cabezas. Este último tiene un vínculo comercial directo con José Miguel Lira: a fines de 2013, Lira y Farías crearon la Comercializadora y Exportadora Isidora Metals (ver estatutos). Farías se retiró de Techno Innova un año después, el 5 de diciembre de 2014, el mismo día que la empresa emitió a LG las facturas que fueron factorizadas y luego aprobadas por Lira.
Consultado por CIPER, el representante legal de Techno Innova, Ulises Águila, no quiso referirse a esas operaciones, debido a que son objeto de una investigación judicial. En esa causa, José Miguel Lira será formalizado el jueves 13 de agosto por falsificación y uso malicioso de documento privado. Aunque CIPER intentó comunicarse con él, desde su entorno cercano indicaron que se encontraba fuera del país.
SOBREPRECIO EN CHILLÁN VIEJO
En Chillán Viejo pretendían gastar hasta $918 millones para renovar su alumbrado público con luces LED. Así lo establecieron las bases del concurso que la administración del alcalde Felipe Aylwin Lagos (IND) llevó a cabo a comienzos de 2013. Era la cuarta vez que el municipio intentaba licitar el servicio, después de tres intentos fallidos. El contrato lo ganó la única empresa que presentó una oferta: LG, aun cuando superaba ampliamente el precio referencial. Al final, Chillán Viejo aceptó pagar a la multinacional $1.341 millones en 120 cuotas mensuales, es decir, un 46% más del presupuesto original. Este es el único municipio donde hubo denuncias explícitas por pago de coimas y donde la Contraloría detectó sobreprecio.
Es también en Chillán Viejo donde aparece nuevamente el nombre de Techno Innova, pues tuvo un contrato con LG para esa licitación. Su representante legal, Ulises Águila, aseguró a CIPER que se trató de una asesoría técnica que sí se realizó. A pesar de ello, ese contrato forma parte de la serie de convenios que gestionó José Miguel Lira por servicios que, hasta la fecha, LG no ha podido acreditar. Se sospecha que podría tratarse de intermediación ante los municipios.
Un ex ejecutivo de LG contradice esa última versión y asegura que los servicios pactados en esos contratos sí se realizaron, y que si no hay registro de ellos, es por el desorden interno de la empresa. Y sentencia: “Los coreanos no pueden alegar desconocimiento porque los protocolos para las contrataciones son súper estrictos y deben pasar sí o sí por la aprobación del jefe de línea de productos, del gerente comercial y del presidente de LG en Chile. Es cierto que estos dos últimos consultaban a Lira, pero ellos sabían y ponían la firma. Nada se paga si no pasa por ese proceso. Y eso ocurrió con todos estos contratos”.
En la misma línea, Ulises Águila dijo a CIPER que el contrato que pactó Techno Innova con LG no sólo lleva la firma de Lira, sino que también la de Daeho Shin, presidente de LG en Chile entre 2011 y 2015. También niega haber tenido contacto con personas de la Municipalidad de Chillán Viejo. Lo que sí reconoce es que fue él quien contrató como asesor a la persona que funcionarios del municipio identifican como el intermediario de la empresa coreana en esa licitación.
Esos mismos funcionarios señalan que la persona que hizo lobby a favor de LG durante todo el proceso fue Armando Romero Saavedra, conocido por ser muy cercano al alcalde y al administrador municipal y por sus contratos vía trato directo para prestar servicios de web hosting y mantención al sitio web del municipio (ver cuadro). Su rol como intermediario de LG es refrendado por el concejal Jorge del Pozo (PRSD), quien desde un inicio se opuso al proyecto por su alto costo y las irregularidades que a su juicio habrían marcado la licitación. El concejal señaló a CIPER que desde el comienzo se allanó el terreno para que LG se adjudicara el contrato:
-El presupuesto estimado en las bases era tan bajo que no era atractivo para las demás empresas. Por eso no participaron. Pero de alguna forma LG sabía que si ofertaba un precio mucho mayor, igual se lo iba a ganar. Y ni siquiera cumplió con los requisitos, porque no acreditó experiencia en la entrega del servicio: sólo incluyó haber ganado una licitación similar en la comuna de Ercilla apenas dos meses antes y unos trabajos en Peumo donde ni siquiera fue la empresa titular del proyecto.
Del Pozo denunció después ante la Contraloría modificaciones irregulares del contrato: aumentos y disminuciones de obras que si bien no alteraban el precio final, sí extendieron los plazos. La modificación del contrato lleva la firma de José Miguel Lira. La Contraloría investigó y determinó que sí hubo irregularidades: problemas con las fechas de vigencia de las boletas de garantía; el contrato se hizo en base a una normativa peruana que no tiene vigencia en Chile y otras falencias. Pero lo más grave tiene que ver con la modificación denunciada por el concejal. En rigor, el aumento y la disminución de obras pactadas implicaban un menor costo final del proyecto, ya que se cambiaron ciertas luminarias por otras más baratas. Aun así, se mantuvo el precio original, lo que se tradujo en un sobrepago de $74,5 millones.
La Contraloría ordenó el 22 de julio de 2014 la modificación del contrato y sumarios para determinar responsabilidades administrativas. Consultado por CIPER, el alcalde Felipe Aylwin respondió por escrito que el sumario aún está en curso.
Un informe de la comisión de recepción de obras de Chillán Viejo del 7 de julio pasado, señala que algunas de sus observaciones de marzo de 2014 aún no habían sido subsanadas, e indica que por el atraso de 447 días en la ejecución de las obras, LG acumula multas por $280 millones. Dos semanas después, el alcalde Aylwin ordenó a la comisión aprobar la recepción provisoria de obras con observaciones. “Lo anterior evitará demandas al municipio”, escribió el alcalde en su oficio. Según dijo Aylwin a CIPER, “a la fecha el municipio no ha realizado pago alguno”.
Es también en Chillán Viejo donde aparece nuevamente el nombre de Techno Innova, pues tuvo un contrato con LG para esa licitación. Su representante legal, Ulises Águila, aseguró a CIPER que se trató de una asesoría técnica que sí se realizó. A pesar de ello, ese contrato forma parte de la serie de convenios que gestionó José Miguel Lira por servicios que, hasta la fecha, LG no ha podido acreditar. Se sospecha que podría tratarse de intermediación ante los municipios.
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Presidente
de LG y alcalde Chillán Viejo firman contrato para renovar
luminaria (Fuente:
chillanviejonoticias.blogspot.com)
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En la misma línea, Ulises Águila dijo a CIPER que el contrato que pactó Techno Innova con LG no sólo lleva la firma de Lira, sino que también la de Daeho Shin, presidente de LG en Chile entre 2011 y 2015. También niega haber tenido contacto con personas de la Municipalidad de Chillán Viejo. Lo que sí reconoce es que fue él quien contrató como asesor a la persona que funcionarios del municipio identifican como el intermediario de la empresa coreana en esa licitación.
Esos mismos funcionarios señalan que la persona que hizo lobby a favor de LG durante todo el proceso fue Armando Romero Saavedra, conocido por ser muy cercano al alcalde y al administrador municipal y por sus contratos vía trato directo para prestar servicios de web hosting y mantención al sitio web del municipio (ver cuadro). Su rol como intermediario de LG es refrendado por el concejal Jorge del Pozo (PRSD), quien desde un inicio se opuso al proyecto por su alto costo y las irregularidades que a su juicio habrían marcado la licitación. El concejal señaló a CIPER que desde el comienzo se allanó el terreno para que LG se adjudicara el contrato:
-El presupuesto estimado en las bases era tan bajo que no era atractivo para las demás empresas. Por eso no participaron. Pero de alguna forma LG sabía que si ofertaba un precio mucho mayor, igual se lo iba a ganar. Y ni siquiera cumplió con los requisitos, porque no acreditó experiencia en la entrega del servicio: sólo incluyó haber ganado una licitación similar en la comuna de Ercilla apenas dos meses antes y unos trabajos en Peumo donde ni siquiera fue la empresa titular del proyecto.
Del Pozo denunció después ante la Contraloría modificaciones irregulares del contrato: aumentos y disminuciones de obras que si bien no alteraban el precio final, sí extendieron los plazos. La modificación del contrato lleva la firma de José Miguel Lira. La Contraloría investigó y determinó que sí hubo irregularidades: problemas con las fechas de vigencia de las boletas de garantía; el contrato se hizo en base a una normativa peruana que no tiene vigencia en Chile y otras falencias. Pero lo más grave tiene que ver con la modificación denunciada por el concejal. En rigor, el aumento y la disminución de obras pactadas implicaban un menor costo final del proyecto, ya que se cambiaron ciertas luminarias por otras más baratas. Aun así, se mantuvo el precio original, lo que se tradujo en un sobrepago de $74,5 millones.
La Contraloría ordenó el 22 de julio de 2014 la modificación del contrato y sumarios para determinar responsabilidades administrativas. Consultado por CIPER, el alcalde Felipe Aylwin respondió por escrito que el sumario aún está en curso.
Un informe de la comisión de recepción de obras de Chillán Viejo del 7 de julio pasado, señala que algunas de sus observaciones de marzo de 2014 aún no habían sido subsanadas, e indica que por el atraso de 447 días en la ejecución de las obras, LG acumula multas por $280 millones. Dos semanas después, el alcalde Aylwin ordenó a la comisión aprobar la recepción provisoria de obras con observaciones. “Lo anterior evitará demandas al municipio”, escribió el alcalde en su oficio. Según dijo Aylwin a CIPER, “a la fecha el municipio no ha realizado pago alguno”.
LOS CORREOS QUE LA FISCALÍA NO INVESTIGÓ
“Tengo entendido que usted está averiguando respecto a las luminarias LED de Chillán Viejo. Pues bien, tiene razón. Hay dos altas autoridades del municipio involucradas y un prestador de servicios externo. Si quiere mayor información, tengo datos, montos involucrados, cómo se gestó todo, si le interesa, responda a este mail”.
Cuando el concejal Jorge Del Pozo recibió ese primer correo, había pasado poco más de un mes desde la firma del contrato. El email no llevaba firma ni alguna forma de identificar el remitente. El concejal dice que no sabía si confiar o no. De todos modos respondió y tres días después recibió más detalles:
“Son dos personeros, los más altos cargos de Chillán Viejo. Ellos recibieron algo, y también la persona externa quien fue la encargada de hacer todo el trámite. Incluso fue quien diseñó y confeccionó las bases de licitación de las luminarias para que calzaran justo y sólo para que la empresa adjudicada pudiese ganarla. (Esta persona lleva años trabajando como prestador de servicios, y mágicamente después de este contrato apareció con un vehículo 4x4 de casi $20 millones, con el cual llega todos los días al municipio)”.
Aunque no está clara la veracidad de la denuncia, algunos datos cuadran y hacen creer a Del Pozo que la “persona externa” es Armando Romero. Al mes de haberse cerrado el proceso, Romero efectivamente compró una camioneta Hyunday Santa Fe, cuya tasación fiscal supera los $12,4 millones. Su valor comercial es mucho mayor. Tiempo después comenzaría su “carrera empresarial”. Entre octubre de 2013 y junio de 2015 creó cinco empresas. Una de ellas lo vincula con el jefe de proyecto de Techno Innova, Marcelo Riffo Sáez, con quien el 7 de mayo de 2014 se asoció para crear la firma Consultoría e Ingeniería Energética, que partió con un capital de $5 millones (ver estatutos).
Del Pozo creía que los dos personeros del municipio a los que se refería su fuente anónima eran el alcalde Felipe Aylwin y el administrador municipal, Ulises Aedo, pero no estaba seguro. Por eso le preguntó en el siguiente correo. Pasaron meses antes de que recibiera respuesta. Cuando su fuente se lo confirmó, ya era público el informe de la Contraloría. Según el informante, las cifras del sobrepago cuadrarían con las supuestas coimas.
Aunque el remitente anónimo se comprometió a enviar más datos, ese fue el último correo que recibió el concejal. Ante la gravedad de la denuncia, Del Pozo envió copia de todos los correos a la Fiscalía Local de Chillán para que se investigara la veracidad de las acusaciones. El fiscal a cargo ordenó a la PDI que averiguara más. Sólo entrevistaron a Del Pozo. No se hicieron más diligencias y la causa quedó archivada.
Consultado por CIPER, Aylwin respondió que “respecto de suposiciones y/o anónimos de cualquier tipo, este alcalde no se pronuncia” (ver respuesta completa). También intentamos comunicarnos con Romero, pero no logramos ubicarlo.
Cuando el concejal Jorge Del Pozo recibió ese primer correo, había pasado poco más de un mes desde la firma del contrato. El email no llevaba firma ni alguna forma de identificar el remitente. El concejal dice que no sabía si confiar o no. De todos modos respondió y tres días después recibió más detalles:
“Son dos personeros, los más altos cargos de Chillán Viejo. Ellos recibieron algo, y también la persona externa quien fue la encargada de hacer todo el trámite. Incluso fue quien diseñó y confeccionó las bases de licitación de las luminarias para que calzaran justo y sólo para que la empresa adjudicada pudiese ganarla. (Esta persona lleva años trabajando como prestador de servicios, y mágicamente después de este contrato apareció con un vehículo 4x4 de casi $20 millones, con el cual llega todos los días al municipio)”.
Aunque no está clara la veracidad de la denuncia, algunos datos cuadran y hacen creer a Del Pozo que la “persona externa” es Armando Romero. Al mes de haberse cerrado el proceso, Romero efectivamente compró una camioneta Hyunday Santa Fe, cuya tasación fiscal supera los $12,4 millones. Su valor comercial es mucho mayor. Tiempo después comenzaría su “carrera empresarial”. Entre octubre de 2013 y junio de 2015 creó cinco empresas. Una de ellas lo vincula con el jefe de proyecto de Techno Innova, Marcelo Riffo Sáez, con quien el 7 de mayo de 2014 se asoció para crear la firma Consultoría e Ingeniería Energética, que partió con un capital de $5 millones (ver estatutos).Del Pozo creía que los dos personeros del municipio a los que se refería su fuente anónima eran el alcalde Felipe Aylwin y el administrador municipal, Ulises Aedo, pero no estaba seguro. Por eso le preguntó en el siguiente correo. Pasaron meses antes de que recibiera respuesta. Cuando su fuente se lo confirmó, ya era público el informe de la Contraloría. Según el informante, las cifras del sobrepago cuadrarían con las supuestas coimas.
Aunque el remitente anónimo se comprometió a enviar más datos, ese fue el último correo que recibió el concejal. Ante la gravedad de la denuncia, Del Pozo envió copia de todos los correos a la Fiscalía Local de Chillán para que se investigara la veracidad de las acusaciones. El fiscal a cargo ordenó a la PDI que averiguara más. Sólo entrevistaron a Del Pozo. No se hicieron más diligencias y la causa quedó archivada.
Consultado por CIPER, Aylwin respondió que “respecto de suposiciones y/o anónimos de cualquier tipo, este alcalde no se pronuncia” (ver respuesta completa). También intentamos comunicarnos con Romero, pero no logramos ubicarlo.
ERCILLA: EL ORIGEN DEL MODELO
La de Chillán Viejo fue la segunda licitación pública en que LG participó. La primera había sido un par de meses antes, en Ercilla, en un proceso que empezó a tomar forma a fines de marzo de 2012, cuando el alcalde José Vilugrón Martínez (UDI) dijo al concejo que una de las debilidades de su comuna era la iluminación y que era el momento preciso para cambiar la historia, mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y reducir los altos costos del sistema de alumbrado público (ver acta). “Por lo tanto, quiero dejar a ustedes a don Rodrigo Cisternas para que él nos haga una exposición”, concluyó.
-Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Cisternas. Tengo una empresa de consultoría con el tema de eficiencia energética. Ese es mi rubro. Soy ingeniero con mención en energía renovable. Manejo muy bien el tema del alumbrado público.
Cisternas llegó en representación de la sociedad Ingeniería y Servicios C y C, la que había creado unos meses antes junto a su padre. En esa reunión le aseguró al concejo que las luces LED reducirían los costos de energía del municipio entre un 40% y 60%, que su vida útil es hasta cuatro veces más prolongada que la de la luminaria normal, que no contaminan porque no emiten gases ni calor, que resisten los cambios de voltaje, que son “anti-delincuenciales” –algo que estaría “científicamente comprobado”, aseguró– y que ya en la comuna de Peumo una empresa que nada tenía que ver con él estaba desarrollando un proyecto similar: LG.
El consultor dijo también que en Chile había sólo dos empresas que no trabajan con productos chinos, y por lo tanto, eran de mejor calidad. Una era LG, la otra era SHARP. Dijo Cisternas: “Lo que yo les recomiendo siempre a las distintas comunas es cuál es la gracia de trabajar con LG o SHARP: hay un respaldo económico gigante, hay una empresa gigante detrás”. Un concejal le preguntó si las empresas eran de Santiago. Cisternas sólo respondió por LG, una empresa que tiene representación en Chile desde 2003 y con oficinas en la Torre Titanium, en Las Condes.
Tras seguir largamente explicando las bondades del sistema LED, el alcalde Vilugrón le pidió a Cisternas apoyo técnico para la elaboración del proyecto. Cisternas dijo que lo haría por $250 mil y aseguró: “No trabajo con LG ni SHARP, sino que son dos empresas con las cuales nosotros estamos de la mano para ofrecer sistema de alumbrado público. Ahora, en una licitación pública, tengo que tratar de ser lo más imparcial posible. Tienen que llegar distintas empresas y ustedes verán la oferta”.
Se acordaron dos cosas al final de esa sesión: un viaje a Peumo para que los concejales vieran en terreno las luces instaladas por LG y la contratación de Cisternas para que elaborara el proyecto, aunque este último aseguró a CIPER que ese trabajo nunca se realizó. Lo que Cisternas sí le ocultó al concejo de Ercilla fue su vínculo comercial con LG: trabajó como subcontratista en la instalación de las luces de LG en Peumo. Nueve meses después se aprobaron las bases y en enero de 2013 la comisión evaluadora emitió su informe: con el puntaje máximo y una oferta de $599 millones, LG ganó un contrato que duraría diez años.
Apenas se abrió la licitación, LG encargó a la empresa de Cisternas la preparación técnica de la oferta. El pago por ese servicio quedaría justificado en la contabilidad interna de la multinacional con un contrato firmado en noviembre de 2013, a diez meses de cerrada la licitación. Aunque Cisternas asegura que sí realizó el trabajo y que tiene una copia de todos los informes que envió a su mandante, ese contrato es uno de los que hoy son cuestionados por no tener respaldo en los registros de LG. Su contacto en LG, dice, siempre fue Roldán Díaz Delgado, gerente del área de los proyectos de iluminación de LG hasta fines de 2014. Hoy ambos son socios en dos empresas también dedicadas al rubro de los proyectos de eficiencia energética. La relación entre los dos se hizo cada vez más estrecha a medida que Cisternas repetía la experiencia de Ercilla con LG. Otros tres contratos lo vinculan a las licitaciones que ganó LG en Huara, en Cauquenes y en Renca, aunque en ésta última, y a pesar del contrato, Cisternas asegura que el trabajo no se realizó.
-Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Cisternas. Tengo una empresa de consultoría con el tema de eficiencia energética. Ese es mi rubro. Soy ingeniero con mención en energía renovable. Manejo muy bien el tema del alumbrado público.
Cisternas llegó en representación de la sociedad Ingeniería y Servicios C y C, la que había creado unos meses antes junto a su padre. En esa reunión le aseguró al concejo que las luces LED reducirían los costos de energía del municipio entre un 40% y 60%, que su vida útil es hasta cuatro veces más prolongada que la de la luminaria normal, que no contaminan porque no emiten gases ni calor, que resisten los cambios de voltaje, que son “anti-delincuenciales” –algo que estaría “científicamente comprobado”, aseguró– y que ya en la comuna de Peumo una empresa que nada tenía que ver con él estaba desarrollando un proyecto similar: LG.
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Alcalde
José Vilugrón firma contrato
con
representante de LG (Fuente: emb.cl)
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Tras seguir largamente explicando las bondades del sistema LED, el alcalde Vilugrón le pidió a Cisternas apoyo técnico para la elaboración del proyecto. Cisternas dijo que lo haría por $250 mil y aseguró: “No trabajo con LG ni SHARP, sino que son dos empresas con las cuales nosotros estamos de la mano para ofrecer sistema de alumbrado público. Ahora, en una licitación pública, tengo que tratar de ser lo más imparcial posible. Tienen que llegar distintas empresas y ustedes verán la oferta”.
Se acordaron dos cosas al final de esa sesión: un viaje a Peumo para que los concejales vieran en terreno las luces instaladas por LG y la contratación de Cisternas para que elaborara el proyecto, aunque este último aseguró a CIPER que ese trabajo nunca se realizó. Lo que Cisternas sí le ocultó al concejo de Ercilla fue su vínculo comercial con LG: trabajó como subcontratista en la instalación de las luces de LG en Peumo. Nueve meses después se aprobaron las bases y en enero de 2013 la comisión evaluadora emitió su informe: con el puntaje máximo y una oferta de $599 millones, LG ganó un contrato que duraría diez años.
Apenas se abrió la licitación, LG encargó a la empresa de Cisternas la preparación técnica de la oferta. El pago por ese servicio quedaría justificado en la contabilidad interna de la multinacional con un contrato firmado en noviembre de 2013, a diez meses de cerrada la licitación. Aunque Cisternas asegura que sí realizó el trabajo y que tiene una copia de todos los informes que envió a su mandante, ese contrato es uno de los que hoy son cuestionados por no tener respaldo en los registros de LG. Su contacto en LG, dice, siempre fue Roldán Díaz Delgado, gerente del área de los proyectos de iluminación de LG hasta fines de 2014. Hoy ambos son socios en dos empresas también dedicadas al rubro de los proyectos de eficiencia energética. La relación entre los dos se hizo cada vez más estrecha a medida que Cisternas repetía la experiencia de Ercilla con LG. Otros tres contratos lo vinculan a las licitaciones que ganó LG en Huara, en Cauquenes y en Renca, aunque en ésta última, y a pesar del contrato, Cisternas asegura que el trabajo no se realizó.
SORPRESA EN RENCA
El triunfo de LG en Renca sorprendió a varios funcionarios municipales. Quienes conocieron la génesis del proyecto, aseguraron a CIPER que era otra empresa la que tenía asegurada la licitación: Ingeniería en Construcción y Administración (Raise). Aunque es mucho más pequeña que LG, ha sido la favorita histórica de la alcaldesa Vicky Barahona (UDI) a la hora de contratar servicios de instalación y mantención de alumbrado público. El antiguo dueño de Raise, Sergio Muñoz Caro, fue jefe de seguridad ciudadana del municipio y cuestionado por la Contraloría en 2008 por los contratos simultáneos de Raise y ESE con Renca. Luego, la empresa pasó a manos de otros dueños: Luis Raibaudi Cabrera y Luis Serey Ruiz. Pero el cambio fue sólo estético. Según estableció otro informe de la Contraloría, Raibaudi era gerente general en otra empresa de Muñoz dedicada a la iluminación, y que también ha tenido negocios con el municipio: la Empresa de Servicios en Electricidad y Comunicaciones (ESE). Este año Muñoz cambió legalmente su nombre y ahora su primer apellido es Wicki.
El vínculo entre Raise y Renca sigue siendo cercano. El de Cristian Aránguiz Rivera, ex gerente de Finanzas en Raise, es un nombre que constantemente se repite como asistente en las sesiones del concejo municipal. Aránguiz dijo a CIPER que lleva cinco años con contratos a honorarios en el municipio como apoyo en la coordinación del Programa de Recuperación de Barrios, pero no figura en los registros de personal en el sitio web de Transparencia Municipal. Concejales y empleados municipales consultados por CIPER reconocen a Aránguiz como un funcionario de SECPLA, y por pertenecer al círculo íntimo de la alcaldesa Barahona. Una relación que habría sido clave para que Raise lograra adjudicarse varios de los contratos que ha obtenido en la comuna.
Entre 2012 y 2014, Raise se adjudicó al menos 15 proyectos vinculados a la iluminación en Renca, por casi $760 millones. Más de la mitad de ese monto corresponde a un solo contrato que ganó en enero de 2013 para hacerse cargo de la mantención de la luminaria municipal por los siguientes tres años.
Por todo lo anterior, muchos esperaban que el contrato para reemplazar la luminaria de la comuna con luces LED se lo adjudicara nuevamente Raise, pero no fue así. La empresa ni siquiera se presentó a la licitación. Ni al primer llamado, que fue declarado desierto, ni al segundo, donde participaron dos compañías: LG y Chilectra. Al final, el contrato fue adjudicado a la empresa coreana. Aun así, LG no instalaría las luces: el trabajo lo haría Raise como empresa subcontratista. Fuentes que conocieron el proceso señalaron a CIPER que ese acuerdo habría sido pactado entre los representantes de LG para esa licitación, Aránguiz y otros funcionarios municipales.
CIPER se contactó con Aránguiz para obtener su versión. Aunque declinó responder en detalle las preguntas, sí aseguró que no tuvo participación en ninguna etapa de esa licitación.
El vínculo entre Raise y Renca sigue siendo cercano. El de Cristian Aránguiz Rivera, ex gerente de Finanzas en Raise, es un nombre que constantemente se repite como asistente en las sesiones del concejo municipal. Aránguiz dijo a CIPER que lleva cinco años con contratos a honorarios en el municipio como apoyo en la coordinación del Programa de Recuperación de Barrios, pero no figura en los registros de personal en el sitio web de Transparencia Municipal. Concejales y empleados municipales consultados por CIPER reconocen a Aránguiz como un funcionario de SECPLA, y por pertenecer al círculo íntimo de la alcaldesa Barahona. Una relación que habría sido clave para que Raise lograra adjudicarse varios de los contratos que ha obtenido en la comuna. Entre 2012 y 2014, Raise se adjudicó al menos 15 proyectos vinculados a la iluminación en Renca, por casi $760 millones. Más de la mitad de ese monto corresponde a un solo contrato que ganó en enero de 2013 para hacerse cargo de la mantención de la luminaria municipal por los siguientes tres años.
Por todo lo anterior, muchos esperaban que el contrato para reemplazar la luminaria de la comuna con luces LED se lo adjudicara nuevamente Raise, pero no fue así. La empresa ni siquiera se presentó a la licitación. Ni al primer llamado, que fue declarado desierto, ni al segundo, donde participaron dos compañías: LG y Chilectra. Al final, el contrato fue adjudicado a la empresa coreana. Aun así, LG no instalaría las luces: el trabajo lo haría Raise como empresa subcontratista. Fuentes que conocieron el proceso señalaron a CIPER que ese acuerdo habría sido pactado entre los representantes de LG para esa licitación, Aránguiz y otros funcionarios municipales.
CIPER se contactó con Aránguiz para obtener su versión. Aunque declinó responder en detalle las preguntas, sí aseguró que no tuvo participación en ninguna etapa de esa licitación.
HISTORIA DE UN CONTRATO CUESTIONADO
Entre los contratos por asesorías técnicas externas objetados en las auditorías de LG, hay dos que están asociados a la licitación de Renca. El primero le encargó el trabajo a Eric Cifuentes Jaque, a través de Condeg, la empresa personal que creó en noviembre de 2013, cuando la primera licitación aún no era desechada. Su contrato con la multinacional lo firmó apenas 10 días después de creada esa sociedad. Los antecedentes de Cifuentes en este tipo de procesos son negativos: en 1996 fue representante de KDM (empresa que en este momento es protagonista de un juicio donde es acusada de ganar fraudulentamente licitaciones de la basura en la Municipalidad de Maipú) ante el entonces alcalde de Rancagua, Esteban Valenzuela (PPD), y le ofreció $30 millones para que esa empresa se adjudicara un millonario negocio de recolección de basura. Cifuentes fue detenido cuando le entregaba a Valenzuela un primer “adelanto” de $8 millones (ver reportaje de CIPER). Un fallo de la Corte Suprema lo condenó en agosto de 2000 por soborno. La pena fue una multa de apenas $2 millones y el pago de costas.
El segundo contrato asociado a esa licitación de Renca fue con Rodrigo Cisternas, el mismo asesor externo de LG que trabajó también en Ercilla, Huara y Cauquenes con su empresa Inversiones y Servicios C y C. Cisternas asegura que no trabajó con LG en la licitación de Renca y que ese contrato sólo sirvió para respaldar pagos previos pendientes. Ese contrato se firmó el mismo día que el concejo municipal ratificó el triunfo de LG en la licitación.
El 31 de enero de 2014, Vicky Barahona sometió a votación ante el concejo la adjudicación del proyecto para renovar con tecnología LED el 95% del alumbrado público de Renca (ver acta). Dos días antes, la comisión evaluadora había emitido su informe: con 83,3 puntos, Chilectra no tenía nada que hacer contra la puntuación perfecta de 100 puntos que le dieron a LG. El contrato dio 210 días para concretar la instalación de 10.941 luminarias y comprometió más de $4.885 millones del presupuesto municipal, que se pagarían en cuotas mensuales durante 10 años. Antes de votar, Barahona cedió la palabra. Ninguno de los ocho concejales presentes habló. “Votación: Se aprueba por unanimidad”, registra el acta.
En las actas del concejo no hay registros de que el tema se haya discutido antes de esa votación. El concejal Cristian Sandoval (DC) dice no recordar montos, plazos ni detalles del contrato y asegura que los únicos antecedentes que tuvo a la vista fueron los que entregó la comisión evaluadora al concejo un día antes. Los mismos que según reconoció a CIPER, no alcanzó a revisar en detalle ni a entender en sus aspectos técnicos. Aun así, votó a favor. Dice que fue para apoyar la seguridad ciudadana. Lo mismo señala la concejal Silvia Contreras (PC), quien agrega: “Lo que hicimos fue tratar de resolver un tema de seguridad, quizás sin contar con toda la información”.
En el municipio reconocen que efectivamente los antecedentes se entregaron apenas un día antes, pero dentro de los plazos legales. Carlos Galleguillos, actual director de SECPLA y parte de la comisión que evaluó las ofertas, señaló a CIPER que ese día los concejales podrían haber votado contra la adjudicación o al menos plantear sus dudas al equipo técnico si no entendían algo. Y que si no lo hicieron, la responsabilidad es de ellos.
El contrato se cerró el 5 de marzo de 2014. A nombre de LG firmó el abogado José Miguel Lira. Dos días después, Chilectra, la empresa que perdió la licitación, demandó al municipio ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP). Quería invalidar todo el proceso por considerarlo arbitrario.
El segundo contrato asociado a esa licitación de Renca fue con Rodrigo Cisternas, el mismo asesor externo de LG que trabajó también en Ercilla, Huara y Cauquenes con su empresa Inversiones y Servicios C y C. Cisternas asegura que no trabajó con LG en la licitación de Renca y que ese contrato sólo sirvió para respaldar pagos previos pendientes. Ese contrato se firmó el mismo día que el concejo municipal ratificó el triunfo de LG en la licitación.
El 31 de enero de 2014, Vicky Barahona sometió a votación ante el concejo la adjudicación del proyecto para renovar con tecnología LED el 95% del alumbrado público de Renca (ver acta). Dos días antes, la comisión evaluadora había emitido su informe: con 83,3 puntos, Chilectra no tenía nada que hacer contra la puntuación perfecta de 100 puntos que le dieron a LG. El contrato dio 210 días para concretar la instalación de 10.941 luminarias y comprometió más de $4.885 millones del presupuesto municipal, que se pagarían en cuotas mensuales durante 10 años. Antes de votar, Barahona cedió la palabra. Ninguno de los ocho concejales presentes habló. “Votación: Se aprueba por unanimidad”, registra el acta. En las actas del concejo no hay registros de que el tema se haya discutido antes de esa votación. El concejal Cristian Sandoval (DC) dice no recordar montos, plazos ni detalles del contrato y asegura que los únicos antecedentes que tuvo a la vista fueron los que entregó la comisión evaluadora al concejo un día antes. Los mismos que según reconoció a CIPER, no alcanzó a revisar en detalle ni a entender en sus aspectos técnicos. Aun así, votó a favor. Dice que fue para apoyar la seguridad ciudadana. Lo mismo señala la concejal Silvia Contreras (PC), quien agrega: “Lo que hicimos fue tratar de resolver un tema de seguridad, quizás sin contar con toda la información”.
En el municipio reconocen que efectivamente los antecedentes se entregaron apenas un día antes, pero dentro de los plazos legales. Carlos Galleguillos, actual director de SECPLA y parte de la comisión que evaluó las ofertas, señaló a CIPER que ese día los concejales podrían haber votado contra la adjudicación o al menos plantear sus dudas al equipo técnico si no entendían algo. Y que si no lo hicieron, la responsabilidad es de ellos.
El contrato se cerró el 5 de marzo de 2014. A nombre de LG firmó el abogado José Miguel Lira. Dos días después, Chilectra, la empresa que perdió la licitación, demandó al municipio ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP). Quería invalidar todo el proceso por considerarlo arbitrario.
UNA ADJUDICACIÓN ILEGAL
Chilectra reclamó que el municipio debió rechazar la oferta de LG por no cumplir las bases: no había presentado el certificado de proyección de consumo que se incluyó como requisito, no se habría ajustado a los parámetros establecidos en las bases técnicas y no presentó todos los certificados que se exigían para los modelos de luminarias ofertados.
El municipio basó su defensa en que la demanda era extemporánea y en que las mismas bases establecían que la comisión evaluadora tenía la facultad de decidir si omisiones como las denunciadas por Chilectra eran lo suficientemente importantes como para echar abajo una propuesta.
El contrato siguió su curso. En julio de 2014 comenzaron los trabajos. Siete meses después, cuando faltaba apenas una semana para que acabara el plazo de entrega de las obras, el contrato fue modificado: se aumentaron las obras y los plazos. El documento establece un pago extra a LG por $89,7 millones por “la provisión e instalación de ganchos” que no se habían contemplado en el plan inicial y la extensión del plazo en otros 77 días. No fue la última modificación. El pasado 29 de mayo, nuevamente se acordó un aumento y una disminución de obras que, según la jefa de inspección de obra, Myriam Parra, no tendrían impacto en el valor final del contrato, pero sí atrasaría aún más la entrega de las obras. El plazo inicial de 210 días se extendió hasta superar el año: vence recién el 31 de agosto de 2015. El detalle de esos últimos cambios aparecen en el decreto alcaldicio N° 587, que no ha sido publicado en el portal de Transparencia del municipio. CIPER solicitó copia de ese decreto, pero no ha obtenido respuesta.
En el municipio dicen que fue casualidad, pero el mismo día que se selló esa última modificación al contrato, el TCP emitió su sentencia: la no entrega del certificado de proyección de consumo fue un incumplimiento a las bases y la comisión no está en posición de ponderar arbitrariamente qué omisiones son o no importantes para elegir al adjudicatario. Según el tribunal, LG fue elegido a pesar de estar fuera de bases y por la tanto su adjudicación fue ilegal.
Pero ya nada se podía hacer. De acuerdo a los plazos establecidos en el contrato original, a esa fecha los trabajos ya debían estar terminados. Dice la sentencia: “Se reconoce a la parte demandante de Chilectra S.A. el derecho a entablar en la sede jurisdiccional competente, las acciones indemnizatorias que crea corresponderle”. CIPER intentó comunicarse con el abogado de Chilectra para saber si tomarían acciones legales, pero no obtuvo respuesta.
El municipio basó su defensa en que la demanda era extemporánea y en que las mismas bases establecían que la comisión evaluadora tenía la facultad de decidir si omisiones como las denunciadas por Chilectra eran lo suficientemente importantes como para echar abajo una propuesta.
El contrato siguió su curso. En julio de 2014 comenzaron los trabajos. Siete meses después, cuando faltaba apenas una semana para que acabara el plazo de entrega de las obras, el contrato fue modificado: se aumentaron las obras y los plazos. El documento establece un pago extra a LG por $89,7 millones por “la provisión e instalación de ganchos” que no se habían contemplado en el plan inicial y la extensión del plazo en otros 77 días. No fue la última modificación. El pasado 29 de mayo, nuevamente se acordó un aumento y una disminución de obras que, según la jefa de inspección de obra, Myriam Parra, no tendrían impacto en el valor final del contrato, pero sí atrasaría aún más la entrega de las obras. El plazo inicial de 210 días se extendió hasta superar el año: vence recién el 31 de agosto de 2015. El detalle de esos últimos cambios aparecen en el decreto alcaldicio N° 587, que no ha sido publicado en el portal de Transparencia del municipio. CIPER solicitó copia de ese decreto, pero no ha obtenido respuesta.
En el municipio dicen que fue casualidad, pero el mismo día que se selló esa última modificación al contrato, el TCP emitió su sentencia: la no entrega del certificado de proyección de consumo fue un incumplimiento a las bases y la comisión no está en posición de ponderar arbitrariamente qué omisiones son o no importantes para elegir al adjudicatario. Según el tribunal, LG fue elegido a pesar de estar fuera de bases y por la tanto su adjudicación fue ilegal.
Pero ya nada se podía hacer. De acuerdo a los plazos establecidos en el contrato original, a esa fecha los trabajos ya debían estar terminados. Dice la sentencia: “Se reconoce a la parte demandante de Chilectra S.A. el derecho a entablar en la sede jurisdiccional competente, las acciones indemnizatorias que crea corresponderle”. CIPER intentó comunicarse con el abogado de Chilectra para saber si tomarían acciones legales, pero no obtuvo respuesta.
LOS OTROS MUNICIPIOS
Después de Chillán Viejo, vino la licitación en Huara, en la Región de Tarapacá. Rodrigo Cisternas reconoció que llegó ahí tal como lo hizo en Ercilla: como consultor independiente ofreciendo un proyecto de luces LED. Tiempo después, ya había licitación. En mayo de 2013 la comisión evaluadora desechó la propuesta de EPCOM Chile –que era un 46% más barata– y recomendó la adjudicación a LG, cuya oferta fue de casi $720 millones. Todos los concejales votaron a favor. La empresa de Cisternas nuevamente había sido contratada por LG, ahora no sólo para la asesoría técnica, sino también como subcontratista a cargo de la instalación de las luces.
Cisternas aseguró a CIPER que nunca intermedió a favor de LG con los municipios una vez abiertas las licitaciones y que tiene respaldo de todos los trabajos que realizó en Ercilla, en Huara y en la licitación que le siguió: Cauquenes.
La firma del contrato entre LG con la Municipalidad de Cauquenes incluso salió en la prensa. En el artículo que en julio de 2013 publicó El Mostrador, dice: “Hasta el despacho del alcalde, Juan Carlos Muñoz, llegó el representante de LG en Chile, Gunhwan Son, el encargado de proyectos de la empresa coreana, José Miguel Lira, la técnico encargada del proyecto en Cauquenes, Carolina Inostroza, y el director de Aire Acondicionado y Energía de LG, Roldan Díaz”. La licitación se había adjudicado casi 20 días antes a LG, que corrió sin competencia. El contrato cerró en $2.491 millones y se firmó el día 10 de ese mismo mes.
Posteriormente, a fines de 2013, vino Puchuncaví, donde la propuesta de LG también obtuvo puntaje máximo. El contrato se sometió a votación en el concejo: no hubo acuerdo y la adjudicación se rechazó en dos oportunidades. El concejal Marcelo Vegas lo rechazó por los atrasos e incumplimientos que la empresa enfrentaba en Peumo. Guillermo Herrera votó en contra por no tener claros los beneficios de la tecnología LED y porque comprometería a las autoridades del siguiente período por ser un convenio por 10 años. Y Ramón Barría se opuso por considerar que la tecnología LED podría tener efectos negativos sobre la salud.
El contrato recién fue aprobado al tercer intento, en enero de 2014, con el único voto en contra de Barría (ver acta). Esta vez, la empresa que actuó como intermediaria de LG fue Profesionales Asociados, una sociedad sobre la cual CIPER no pudo obtener mayores antecedentes. LG se hizo así de un contrato por $1.525 millones.
Las obras, explicó a CIPER el concejal Vegas, debían finalizar el 23 de agosto de 2014. Pero eso no ocurrió. En septiembre de ese año se destinaron dos sesiones del concejo para discutir los atrasos. De hecho, todas las obras que LG se había adjudicado estaban fuera de plazo. El contrato en Puchuncaví establece una multa diaria de $261.174, y para entonces ya llevaban 17 días de atraso, es decir, más de $4,4 millones de sanción. En la segunda de esas sesiones, el alcalde Hugo Rojas (IND) aseguró: “Se están descontando multas por cada día de atraso, las que se harán efectivas al momento de presentarse el estado de pago”.
En esa misma reunión, el concejal Herrera dijo: “El día en que visitó el concejo municipal el representante de la empresa LG, daba la impresión que la señora directora de SECPLAN estaba velando por los intereses de la empresa y no del municipio, señalando que el contrato se firmó el 10 de febrero de 2014, mientras que la entrega de terreno se realizó el día 25 de abril del año en curso, lo que dio una ventaja mayor a dos meses a la empresa para agilizar su gestión. No obstante, eso no ocurrió”.
Han pasado diez meses desde esa última reunión y aún no se han entregado las obras. El concejal Vegas agrega que tampoco se han cobrado las multas. “Licitaron con el maletín”, dice.
Cisternas aseguró a CIPER que nunca intermedió a favor de LG con los municipios una vez abiertas las licitaciones y que tiene respaldo de todos los trabajos que realizó en Ercilla, en Huara y en la licitación que le siguió: Cauquenes.
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Equipo
de LG se reune con alcalde de
Cauquenes
(Fuente: Radiogeminis.cl)
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Posteriormente, a fines de 2013, vino Puchuncaví, donde la propuesta de LG también obtuvo puntaje máximo. El contrato se sometió a votación en el concejo: no hubo acuerdo y la adjudicación se rechazó en dos oportunidades. El concejal Marcelo Vegas lo rechazó por los atrasos e incumplimientos que la empresa enfrentaba en Peumo. Guillermo Herrera votó en contra por no tener claros los beneficios de la tecnología LED y porque comprometería a las autoridades del siguiente período por ser un convenio por 10 años. Y Ramón Barría se opuso por considerar que la tecnología LED podría tener efectos negativos sobre la salud.
El contrato recién fue aprobado al tercer intento, en enero de 2014, con el único voto en contra de Barría (ver acta). Esta vez, la empresa que actuó como intermediaria de LG fue Profesionales Asociados, una sociedad sobre la cual CIPER no pudo obtener mayores antecedentes. LG se hizo así de un contrato por $1.525 millones.
Las obras, explicó a CIPER el concejal Vegas, debían finalizar el 23 de agosto de 2014. Pero eso no ocurrió. En septiembre de ese año se destinaron dos sesiones del concejo para discutir los atrasos. De hecho, todas las obras que LG se había adjudicado estaban fuera de plazo. El contrato en Puchuncaví establece una multa diaria de $261.174, y para entonces ya llevaban 17 días de atraso, es decir, más de $4,4 millones de sanción. En la segunda de esas sesiones, el alcalde Hugo Rojas (IND) aseguró: “Se están descontando multas por cada día de atraso, las que se harán efectivas al momento de presentarse el estado de pago”.
En esa misma reunión, el concejal Herrera dijo: “El día en que visitó el concejo municipal el representante de la empresa LG, daba la impresión que la señora directora de SECPLAN estaba velando por los intereses de la empresa y no del municipio, señalando que el contrato se firmó el 10 de febrero de 2014, mientras que la entrega de terreno se realizó el día 25 de abril del año en curso, lo que dio una ventaja mayor a dos meses a la empresa para agilizar su gestión. No obstante, eso no ocurrió”.
Han pasado diez meses desde esa última reunión y aún no se han entregado las obras. El concejal Vegas agrega que tampoco se han cobrado las multas. “Licitaron con el maletín”, dice.
Publicado originalmente en CIPER (11/8/2015)
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