La Comisión Engel no hizo más que confirmar que los partidos políticos chilenos están en la UTI. Y la decisión de la Presidenta de que deberán reinscribir a sus militantes –algo así como partir de cero- es la señal más dura de lo que viene. Vea en este reportaje cómo funciona la toma de decisiones, las finanzas y la transparencia en cinco de los principales partidos. El 6% de confianza ciudadana que tuvieron en la encuesta del CEP de 2014 se refleja en su pésima democracia interna: sólo un reducido número de militantes elige a las directivas que deciden cómo se reparte el poder en el país.Por Víctor Carvajal, Juan Pablo Figueroa y Bárbara Partarrieu
El sistema completo de partidos políticos está en la UTI. Son ellos, o más bien sus cúpulas, quienes eligen a los candidatos que irán por la Presidencia de la República, sus ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y casi todos los jefes de servicio además de los superintendentes, alcaldes y concejales. Eligen también a quienes llegarán al Congreso para encargarse del diseño de las leyes. Hasta hace poco, con el binominal, ni siquiera corrían riesgos: el mismo sistema les garantizaba una repartición casi equitativa del Poder Legislativo. Ahora, con el cambio de sistema electoral, no sólo se les acabó esa certeza, sino que también deberán enfrentar una reingeniería total en su peor momento de credibilidad.
Ya nadie duda que en sus malas prácticas está la base de una estructura que hoy se desmorona ante la escandalosa relación entre el dinero y la política, y que hoy es materia de investigación por varios frentes. El Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII), y los Tribunales de Justicia han puesto sobre la mesa el financiamiento ilegal de campañas, un sistema que cruza todo el espectro político, llegando directamente a los partidos. Son sus candidatos, son sus mecanismos.
La Comisión Asesora Anticorrupción que encabezó Eduardo Engel reconoce en su informe final que si bien los partidos son “las organizaciones responsables de canalizar las demandas de la ciudadanía, de seleccionar y formar dirigentes para cargos de gobierno, y de competir en procesos de elecciones”, hoy se encuentran debilitados y que los vínculos históricos entre su orgánica partidaria y la ciudadanía están desgastados. Los datos que revisó CIPER lo corroboran.
Sus niveles de adherencia son bajísimos: sumados los militantes de todos los partidos políticos registrados en el país, la cifra no supera las 871 mil personas. Pero aún más bajos son sus niveles de participación.
Tres colectividades han cambiado su directiva este año. El más reciente fue el Partido Socialista (PS). Aunque registra 121 mil afiliados, el domingo 26 de abril votaron cerca de 26.000. Muchos más de los que se esperaba, pero apenas un 21% del padrón. En un sistema de votación universal e indirecto, ganó la lista de la senadora Isabel Allende, que ahora deberá ser ratificada por el nuevo Comité Central como presidenta de la mesa ejecutiva. Y en ello no todo fue transparente. Ni siquiera en la directiva pudieron explicar a CIPER el explosivo aumento de afiliados durante el último año: más de 11.000, según los registros del Servel. Lo que sí hay son denuncias de inscripciones fraudulentas al padrón de militantes, de falsificación de firmas y de “acarreo político”.
En marzo fueron las elecciones internas de la Democracia Cristiana (DC). En un proceso en que participó tan sólo el 17,2% de sus más de 115.000 militantes, resultó electo el senador Jorge Pizarro como nuevo presidente. Días después se supo que la empresa de tres de sus hijos emitió facturas por servicios sin respaldo a SQM. Ante la sospecha de triangulación de dinero para financiar su campaña, el nuevo líder del falangismo pasó a ser protagonista indirecto de la crisis. El que iba a ser su vicepresidente en el partido, el diputado Fuad Chahín, renunció a la mesa antes de asumir. Argumentó una “diferencia insalvable de diagnóstico político” sobre lo que significa para la DC, en este contexto, que Pizarro asuma la presidencia. Aun así, el senador se posesionó del cargo.
El tercer partido que cambió su directiva en medio de la crisis es quizás el más afectado por ella: la UDI. A diferencia del PS y la DC, en el gremialismo los cambios fueron una movida urgente gatillada por la renuncia de su presidente, Ernesto Silva, debido a su rol protagónico –y el de varias de sus más emblemáticas figuras– en los graves casos de corrupción que investigan el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. Otra diferencia: no hubo participación de los militantes en el proceso porque simplemente no hubo elecciones. La nueva directiva, encabezada por el senador Hernán Larraín, asumió tras una negociación interna entre los grupos dominantes del partido. Igual en la decisión no habrían participado los cerca de 74 mil afiliados de la UDI, ya que su sistema no contempla la votación directa de las bases para elegir a sus dirigentes.
La debilidad actual de los partidos es producto del mismo conjunto de normas que inciden en el funcionamiento de la política. Así lo consideró la llamada Comisión Engel en su informe. Y es por eso que además de exigir mejoras en sus sistemas de democracia interna, entre las medidas que Bachelet anunció la noche del 28 de abril respecto a los partidos políticos, están también el fin del financiamiento privado de la política y la reinscripción de los militantes para transparentar los padrones.
CIPER analizó en detalle cada uno de esos puntos para determinar en qué situación se encuentran actualmente cinco de los principales partidos del país. Sobre los procesos para elegir sus directivas, sus estructuras orgánicas, sus vías de financiamiento, sus padrones de militantes y la transparencia de su institucionalidad. Sobre esto último, Chile Transparente ya hizo una primera medición a mediados de 2014. Evaluó cuánta información estaba disponible al público respecto a distintos indicadores. El sistema completo reprobó: en una escala del 1 al 7, la nota promedio fue de 2,77.
Ya nadie duda que en sus malas prácticas está la base de una estructura que hoy se desmorona ante la escandalosa relación entre el dinero y la política, y que hoy es materia de investigación por varios frentes. El Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII), y los Tribunales de Justicia han puesto sobre la mesa el financiamiento ilegal de campañas, un sistema que cruza todo el espectro político, llegando directamente a los partidos. Son sus candidatos, son sus mecanismos.
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| Michelle Bachelet durante cadena nacional del martes 28 de abril |
Sus niveles de adherencia son bajísimos: sumados los militantes de todos los partidos políticos registrados en el país, la cifra no supera las 871 mil personas. Pero aún más bajos son sus niveles de participación.
Tres colectividades han cambiado su directiva este año. El más reciente fue el Partido Socialista (PS). Aunque registra 121 mil afiliados, el domingo 26 de abril votaron cerca de 26.000. Muchos más de los que se esperaba, pero apenas un 21% del padrón. En un sistema de votación universal e indirecto, ganó la lista de la senadora Isabel Allende, que ahora deberá ser ratificada por el nuevo Comité Central como presidenta de la mesa ejecutiva. Y en ello no todo fue transparente. Ni siquiera en la directiva pudieron explicar a CIPER el explosivo aumento de afiliados durante el último año: más de 11.000, según los registros del Servel. Lo que sí hay son denuncias de inscripciones fraudulentas al padrón de militantes, de falsificación de firmas y de “acarreo político”.
En marzo fueron las elecciones internas de la Democracia Cristiana (DC). En un proceso en que participó tan sólo el 17,2% de sus más de 115.000 militantes, resultó electo el senador Jorge Pizarro como nuevo presidente. Días después se supo que la empresa de tres de sus hijos emitió facturas por servicios sin respaldo a SQM. Ante la sospecha de triangulación de dinero para financiar su campaña, el nuevo líder del falangismo pasó a ser protagonista indirecto de la crisis. El que iba a ser su vicepresidente en el partido, el diputado Fuad Chahín, renunció a la mesa antes de asumir. Argumentó una “diferencia insalvable de diagnóstico político” sobre lo que significa para la DC, en este contexto, que Pizarro asuma la presidencia. Aun así, el senador se posesionó del cargo.
El tercer partido que cambió su directiva en medio de la crisis es quizás el más afectado por ella: la UDI. A diferencia del PS y la DC, en el gremialismo los cambios fueron una movida urgente gatillada por la renuncia de su presidente, Ernesto Silva, debido a su rol protagónico –y el de varias de sus más emblemáticas figuras– en los graves casos de corrupción que investigan el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. Otra diferencia: no hubo participación de los militantes en el proceso porque simplemente no hubo elecciones. La nueva directiva, encabezada por el senador Hernán Larraín, asumió tras una negociación interna entre los grupos dominantes del partido. Igual en la decisión no habrían participado los cerca de 74 mil afiliados de la UDI, ya que su sistema no contempla la votación directa de las bases para elegir a sus dirigentes.
La debilidad actual de los partidos es producto del mismo conjunto de normas que inciden en el funcionamiento de la política. Así lo consideró la llamada Comisión Engel en su informe. Y es por eso que además de exigir mejoras en sus sistemas de democracia interna, entre las medidas que Bachelet anunció la noche del 28 de abril respecto a los partidos políticos, están también el fin del financiamiento privado de la política y la reinscripción de los militantes para transparentar los padrones. CIPER analizó en detalle cada uno de esos puntos para determinar en qué situación se encuentran actualmente cinco de los principales partidos del país. Sobre los procesos para elegir sus directivas, sus estructuras orgánicas, sus vías de financiamiento, sus padrones de militantes y la transparencia de su institucionalidad. Sobre esto último, Chile Transparente ya hizo una primera medición a mediados de 2014. Evaluó cuánta información estaba disponible al público respecto a distintos indicadores. El sistema completo reprobó: en una escala del 1 al 7, la nota promedio fue de 2,77.
MISTERIOSA MULTIPLICACIÓN DE MILITANTES EN EL PS
Un hombre en Recoleta recibió meses atrás una llamada de la lista interna que lideró el ex senador Camilo Escalona para volver a dirigir el PS. Le pedían que movilizara a los militantes de la comuna y los llevara a votar. Si Escalona quería ganarle a la senadora Isabel Allende, debía echar a andar la maquinaria y reunir todo el apoyo posible. El hombre dijo que hacía una década que dejó de militar en el PS y que ya no tiene redes. Optó por no participar en el proceso, pero muchos otros sí lo hicieron.
El PS fue el que más creció el último año: unos 11.000 nuevos militantes entre enero de 2014 y marzo de 2015. Con más de 121 mil inscritos, es el partido con más afiliados. ¿De dónde vienen? No se sabe con certeza. Las acusaciones de “acarreo político” suenan fuerte. En febrero, tal como publicó El Mostrador, ingresaron dos denuncias al Tribunal Supremo del partido por la inscripción fraudulenta de militantes en San Ramón. La acusación apunta a una vicepresidenta de la mesa ejecutiva, Mónica Aguilera, quien habría falsificado las firmas de al menos dos personas para incluirlas al padrón. También está el caso de un fallecido que habría sido incluido como nuevo militante socialista. La práctica sería más común de lo que se piensa. Aún no hay fallo del tribunal.
La secretaria general del PS, Carola Rivero, reconoció a CIPER las irregularidades y que no hay certeza de la veracidad del padrón:
-Hace años el militante debía postular antes de ser aceptado, pasar por un filtro, pero hoy no: basta con sólo firmar la ficha para convertirse en militante. Hay quienes dicen que es mejor volver a lo anterior, mientras que otros piensan que hay que mantener este método que, al final, manipula las elecciones. Se ha propuesto modificar los estatutos para que los nuevos militantes no puedan votar en la elección inmediata, sino que recién para un segundo proceso. Eso podría desincentivar el acarreo de militantes.
Aunque Escalona y Allende concentraron toda la atención, lo que los socialistas eligieron no fue a su presidente, sino que a los miembros del Comité Central, el organismo colectivo superior que dirige el partido. Y son estos últimos los que elegirán de entre sus miembros a quienes llevarán las riendas del PS: a la mesa ejecutiva y a los 26 integrantes de la Comisión Política (ver instructivo).
Una antigua militante dijo a CIPER que si bien se han modificado la estructura del Comité Central y el mecanismo electoral interno para hacerlos más democráticos, en la práctica no es tan así. Por ejemplo: los votos regionales proporcionales se implementaron para fomentar la descentralización del PS, pero “sólo la Región Metropolitana aporta 23 integrantes al comité. Y las listas nacionales casi siempre las compone gente de Santiago, por lo que son 30 personas más. Al final, casi la mitad de los miembros son de la capital”, dice. Otros aspectos incluidos son la paridad de género, un 20% de cupos garantizados para jóvenes, voto desde el extranjero y un límite de dos períodos en el mismo cargo.
Con un patrimonio que supera los $6.492 millones y que administra una comisión interna, el PS es también el partido más rico de Chile. Y no por tener más militantes. Las cotizaciones de sus afiliados son apenas un 2,8% de sus ingresos anuales. El grueso de sus ingresos proviene de sus propias rentas: más de $6.334 millones en instrumentos financieros, a lo que se suman su sede central en calle París 873, 12 inmuebles más y otros activos fijos que suman un total de $1.616 millones. Lo anterior le ha permitido al partido tener una espalda financiera que en épocas electorales se ha vuelto crucial: entre 2004 y 2013, el 40% de los ingresos electorales de sus candidatos surgió del propio partido (Ver detalle de ingresos electorales por partido).
En la medición de Chile Transparente, el PS fue el mejor evaluado: un 6,5 (ver informe). No tiene en su sitio web un espacio dedicado exclusivamente a Transparencia, pero sí cuenta con bastante información disponible al público, aunque limitada. Sólo hay dos resoluciones del Consejo General, ambas sobre las elecciones de 2013. Está el número detallado de afiliados, aunque desactualizado. Hay también información respecto a cada una de sus instancias orgánicas y las listas de personas que las conforman. Respecto a sus finanzas, están los últimos tres balances entregados al Servel, además del detalle sobre qué tipo de inversiones tiene el partido. Se pueden descargar también varios documentos de su órgano disciplinario: hay ocho fallos emitidos por el Tribunal Supremo desde mayo de 2014, entre ellos la suspensión de los derechos de militante del diputado Christian Urízar, formalizado en marzo por supuestamente haber defraudado al fisco con $68 millones cuando era consejero regional de Quillota.
El PS fue el que más creció el último año: unos 11.000 nuevos militantes entre enero de 2014 y marzo de 2015. Con más de 121 mil inscritos, es el partido con más afiliados. ¿De dónde vienen? No se sabe con certeza. Las acusaciones de “acarreo político” suenan fuerte. En febrero, tal como publicó El Mostrador, ingresaron dos denuncias al Tribunal Supremo del partido por la inscripción fraudulenta de militantes en San Ramón. La acusación apunta a una vicepresidenta de la mesa ejecutiva, Mónica Aguilera, quien habría falsificado las firmas de al menos dos personas para incluirlas al padrón. También está el caso de un fallecido que habría sido incluido como nuevo militante socialista. La práctica sería más común de lo que se piensa. Aún no hay fallo del tribunal.
La secretaria general del PS, Carola Rivero, reconoció a CIPER las irregularidades y que no hay certeza de la veracidad del padrón:
-Hace años el militante debía postular antes de ser aceptado, pasar por un filtro, pero hoy no: basta con sólo firmar la ficha para convertirse en militante. Hay quienes dicen que es mejor volver a lo anterior, mientras que otros piensan que hay que mantener este método que, al final, manipula las elecciones. Se ha propuesto modificar los estatutos para que los nuevos militantes no puedan votar en la elección inmediata, sino que recién para un segundo proceso. Eso podría desincentivar el acarreo de militantes.
Aunque Escalona y Allende concentraron toda la atención, lo que los socialistas eligieron no fue a su presidente, sino que a los miembros del Comité Central, el organismo colectivo superior que dirige el partido. Y son estos últimos los que elegirán de entre sus miembros a quienes llevarán las riendas del PS: a la mesa ejecutiva y a los 26 integrantes de la Comisión Política (ver instructivo).
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| Senadora Isabel Allende tras ganar elecciones internas del PS |
Con un patrimonio que supera los $6.492 millones y que administra una comisión interna, el PS es también el partido más rico de Chile. Y no por tener más militantes. Las cotizaciones de sus afiliados son apenas un 2,8% de sus ingresos anuales. El grueso de sus ingresos proviene de sus propias rentas: más de $6.334 millones en instrumentos financieros, a lo que se suman su sede central en calle París 873, 12 inmuebles más y otros activos fijos que suman un total de $1.616 millones. Lo anterior le ha permitido al partido tener una espalda financiera que en épocas electorales se ha vuelto crucial: entre 2004 y 2013, el 40% de los ingresos electorales de sus candidatos surgió del propio partido (Ver detalle de ingresos electorales por partido).
En la medición de Chile Transparente, el PS fue el mejor evaluado: un 6,5 (ver informe). No tiene en su sitio web un espacio dedicado exclusivamente a Transparencia, pero sí cuenta con bastante información disponible al público, aunque limitada. Sólo hay dos resoluciones del Consejo General, ambas sobre las elecciones de 2013. Está el número detallado de afiliados, aunque desactualizado. Hay también información respecto a cada una de sus instancias orgánicas y las listas de personas que las conforman. Respecto a sus finanzas, están los últimos tres balances entregados al Servel, además del detalle sobre qué tipo de inversiones tiene el partido. Se pueden descargar también varios documentos de su órgano disciplinario: hay ocho fallos emitidos por el Tribunal Supremo desde mayo de 2014, entre ellos la suspensión de los derechos de militante del diputado Christian Urízar, formalizado en marzo por supuestamente haber defraudado al fisco con $68 millones cuando era consejero regional de Quillota.
DC: EL DOMINIO DE LOS PARLAMENTARIOS
“Quedó una línea que no dice nada”, cuenta Myriam Verdugo, viuda del líder sindical Manuel Bustos, sobre la declaración del Consejo Nacional del PDC del 7 abril, donde media docena de consejeros intentaron que se limitara la reelección de los parlamentarios a dos períodos. Pero el saliente timonel del partido, senador Ignacio Walker, se jugó para que ello no se incluyera, aseguró Verdugo: "Walker insistió en que había que tener cuidado con lo que se decía". Finalmente, en el documento -que abordó la ética y la transparencia en la política- sólo se estampó la vaga idea de "regular de manera adecuada la reelección de cargos de representación popular". (Ver declaración del Consejo Nacional).
La periodista y ex subsecretaria del SERNAM en el gobierno de Lagos es una de las voces críticas dentro del PDC cuando hay que enjuiciar la democracia interna. "El partido está parlamentarizado y su institucionalidad no funciona", opina.
Verdugo integra el Consejo Nacional que es el organismo máximo de “conducción permanente” del partido. Son unas 50 personas, 18 de las cuales se eligen por votación en la Junta Nacional, entidad conformada por los dirigentes del partido desde la cúpula hasta el nivel de presidentes comunales, más un grupo de delegados de las bases.
Según la consejera -que logró la cuarta mejor votación en la junta- los parlamentarios se han convertido desde hace mucho tiempo en un factor de poder que pesa más que las organizaciones del partido. Por ejemplo, la directiva nacional recién electa viene mayoritariamente del Congreso: de los nueve miembros, cinco son parlamentarios, partiendo por el nuevo timonel, el senador Jorge Pizarro. Y habrían sido seis de no mediar la renuncia del diputado Fuad Chahín a raíz de las boletas de los hijos de Pizarro a Soquimich.
La mesa recién instalada responde a una amplia alianza de "chascones" (Yasna Provoste y Gustavo Paulsen), con "Guatones" (Pizarro y Gonzalo Duarte) y "Colorines" (Carolina Goic). Los "príncipes" se ordenan ahora entre los seguidores de la familia Walker y los de Claudio Orrego, ambos con ambiciones presidenciales.
El dominio del eje mesa directiva-parlamentarios también se ha expresado en la información que se entrega al resto del PDC. "El cómo se distribuyeron los dineros para financiar las campañas a senadores y diputados nunca se ha informado a los militantes ni al Consejo Nacional. Es absolutamente discrecional y por eso y por las declaraciones públicas inconsultas es que hay molestia en las bases, pues no son tomados en cuenta", explicó Verdugo, quien opinó que esa es la causa de la disminución de votantes en la reciente elección de mesa directiva.
Incluso lamentó que no hubiera una cuenta económica exhaustiva de la directiva saliente ante el Consejo Nacional. Recordó que Walker les mostró un power point, "no un balance y nos explicó que había recibido al PDC en 2010 con un déficit de $648 millones y que lo entregaba sin deuda y con $200 millones en caja". (Ver declaración de Ignacio Walker).
Según el Servel, el PDC ha recibido entre 2004 y 2013, $8.154 millones de platas electorales, de los cuales $3 mil millones son de aportes reservados y otros $3.400 millones financiamiento del fisco por los votantes.
El partido registra en el DICOM 13 bienes raíces en el país, avaluados en $261 millones, aunque en el último informe financiero de Ignacio Walker (18 de abril) se indicó la existencia de 40 sedes partidarias. Igualmente, el ex presidente DC informó que se habían “saneado totalmente” tres sociedades ligadas al partido: Inmobiliaria 4 de Septiembre, Santa Lucía S.A.C., y Círculo Azul S.A.
De un padrón de 115 mil militantes, según los registros del Servicio Electoral, el 29 de marzo votaron 19.803, de los cuales 14.134 lo hicieron por la lista ganadora de Jorge Pizarro (71,3%). En la anterior elección (2013) habían sufragado 23 mil militantes.
Pero la caída de 17% de participación no condujo a una autocrítica partidaria: “Al contrario, fue considerada un logro porque se temía que hubiera menos interés por votar", relató Verdugo a CIPER. La consejera apuntó que de las 347 comunas que existen, la DC tiene organización sólo en 220: "Estamos ausentes en 127 porque se ha producido un distanciamiento entre las bases y la dirigencia”.
Esa distancia también se produce con la comunidad, ya que según la ONG Chile Transparente, el PDC no aprovecha debidamente internet para conectarse con su gente. En la evaluación, el sitio web pdc.cl apenas obtuvo nota 2,91 en la escala de 1 a 7. Como ejemplo de falencias, hoy la web DC no tiene disponible el "código de ética y conducta" partidario.
A juicio de otros militantes DC consultados, también hay condiciones para sincerar el padrón de militantes y dar un impulso al VI Congreso Ideológico de la falange que debería realizarse este año, pero que tuvo “poco apoyo de Walker y esperamos que sí lo tenga de la nueva directiva". En preparación de ese congreso este mes se realizó la jornada del influyente Frente de Profesionales y Técnicos de la DC, a la que asistieron casi 300 militantes. En sus conclusiones apoyaron una nueva Constitución Política del país con el procedimiento de Asamblea Constituyente y propusieron aumentar el "control ético en el PDC para mejorar la imagen ante la sociedad”.
La periodista y ex subsecretaria del SERNAM en el gobierno de Lagos es una de las voces críticas dentro del PDC cuando hay que enjuiciar la democracia interna. "El partido está parlamentarizado y su institucionalidad no funciona", opina.
Verdugo integra el Consejo Nacional que es el organismo máximo de “conducción permanente” del partido. Son unas 50 personas, 18 de las cuales se eligen por votación en la Junta Nacional, entidad conformada por los dirigentes del partido desde la cúpula hasta el nivel de presidentes comunales, más un grupo de delegados de las bases.
Según la consejera -que logró la cuarta mejor votación en la junta- los parlamentarios se han convertido desde hace mucho tiempo en un factor de poder que pesa más que las organizaciones del partido. Por ejemplo, la directiva nacional recién electa viene mayoritariamente del Congreso: de los nueve miembros, cinco son parlamentarios, partiendo por el nuevo timonel, el senador Jorge Pizarro. Y habrían sido seis de no mediar la renuncia del diputado Fuad Chahín a raíz de las boletas de los hijos de Pizarro a Soquimich.
La mesa recién instalada responde a una amplia alianza de "chascones" (Yasna Provoste y Gustavo Paulsen), con "Guatones" (Pizarro y Gonzalo Duarte) y "Colorines" (Carolina Goic). Los "príncipes" se ordenan ahora entre los seguidores de la familia Walker y los de Claudio Orrego, ambos con ambiciones presidenciales.
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| Jorge Pizarro, presidente de la DC |
Incluso lamentó que no hubiera una cuenta económica exhaustiva de la directiva saliente ante el Consejo Nacional. Recordó que Walker les mostró un power point, "no un balance y nos explicó que había recibido al PDC en 2010 con un déficit de $648 millones y que lo entregaba sin deuda y con $200 millones en caja". (Ver declaración de Ignacio Walker).
Según el Servel, el PDC ha recibido entre 2004 y 2013, $8.154 millones de platas electorales, de los cuales $3 mil millones son de aportes reservados y otros $3.400 millones financiamiento del fisco por los votantes.
El partido registra en el DICOM 13 bienes raíces en el país, avaluados en $261 millones, aunque en el último informe financiero de Ignacio Walker (18 de abril) se indicó la existencia de 40 sedes partidarias. Igualmente, el ex presidente DC informó que se habían “saneado totalmente” tres sociedades ligadas al partido: Inmobiliaria 4 de Septiembre, Santa Lucía S.A.C., y Círculo Azul S.A.
De un padrón de 115 mil militantes, según los registros del Servicio Electoral, el 29 de marzo votaron 19.803, de los cuales 14.134 lo hicieron por la lista ganadora de Jorge Pizarro (71,3%). En la anterior elección (2013) habían sufragado 23 mil militantes.
Pero la caída de 17% de participación no condujo a una autocrítica partidaria: “Al contrario, fue considerada un logro porque se temía que hubiera menos interés por votar", relató Verdugo a CIPER. La consejera apuntó que de las 347 comunas que existen, la DC tiene organización sólo en 220: "Estamos ausentes en 127 porque se ha producido un distanciamiento entre las bases y la dirigencia”.
Esa distancia también se produce con la comunidad, ya que según la ONG Chile Transparente, el PDC no aprovecha debidamente internet para conectarse con su gente. En la evaluación, el sitio web pdc.cl apenas obtuvo nota 2,91 en la escala de 1 a 7. Como ejemplo de falencias, hoy la web DC no tiene disponible el "código de ética y conducta" partidario.
A juicio de otros militantes DC consultados, también hay condiciones para sincerar el padrón de militantes y dar un impulso al VI Congreso Ideológico de la falange que debería realizarse este año, pero que tuvo “poco apoyo de Walker y esperamos que sí lo tenga de la nueva directiva". En preparación de ese congreso este mes se realizó la jornada del influyente Frente de Profesionales y Técnicos de la DC, a la que asistieron casi 300 militantes. En sus conclusiones apoyaron una nueva Constitución Política del país con el procedimiento de Asamblea Constituyente y propusieron aumentar el "control ético en el PDC para mejorar la imagen ante la sociedad”.
UDI: LA ESTRUCTURA PROTEGE A LOS FUNDADORES
¿Qué porcentaje de lo que está en los estatutos se cumple en la democracia interna de la UDI? Un reconocido dirigente gremialista respondió formando un círculo con los dedos de su mano derecha: cero. El político, que solicitó reserva de su identidad, aseguró a CIPER que la estructura de la UDI sigue siendo la misma que surgió entre el grupo de amigos de Jaime Guzmán y a 24 años de su muerte continúa dirigida por sus fundadores, entre quienes se cuentan Pablo Longueira y Jovino Novoa.
En los estatutos se habla de una estructura escalonada que va eligiendo representantes desde los niveles comunales hasta la directiva nacional. Pero eso no sucede, criticó el dirigente: “La UDI tiene una estructura representativa muy indirecta, porque fue creada para proteger a estas figuras fundadoras en un ambiente de guerra fría que no se condice con la situación del siglo XXI”.
De los 74 mil militantes que figuran en los libros, se estima que están activos menos de 10 mil. Y los escándalos por el financiamiento de las campañas han mermado aún más la participación. El último Consejo General, convocado tras la renuncia de Ernesto Silva a la presidencia del partido, tuvo una asistencia de apenas 200 personas comparada con las 800 que alcanzaron consejos anteriores. Si bien eran pocos, aplaudieron con ganas la resolución que allí se aprobó de que la próxima elección interna utilizará el principio de “un militante, un voto”.
Por lo que muestran los balances entregados al Servel, la UDI es un partido con poco patrimonio, alto nivel de ingresos durante las campañas y un aporte anual de sus afiliados que promedia $450 millones. Tienen además aportes reservados por $86 millones anuales en promedio.
El grueso de los ingresos en campaña electoral son anónimos o reservados: si se consideran los aportes entre 2004 y 2013 representan un 54%. Pero del total de esos ingresos, considerando el mismo periodo, el porcentaje que entregan a sus candidatos durante las elecciones es de sólo un 4,93% promedio. ¿En qué se gasta el resto de los ingresos? Según la información financiera que entregó la UDI al Servel para las elecciones de 2013, la directiva gremialista destinó el 74% a propaganda electoral.
¿A qué candidatos se benefició en ese reparto? Otro dirigente de la UDI que también pidió reserva de su nombre, indicó que allí está el problema: “Porque se privilegia a los candidatos más cercanos a los fundadores del partido, pues el centro del reparto también está en manos del grupo controlador”.
Luego de que Chile Transparente calificara al partido con una nota de apenas 1,68 puntos en julio de 2014, la UDI agregó un área en su sitio web dedicada a transparentar información sobre la estructura, organización y cifras globales de ingresos y gastos, sin detalle.
El partido oficialmente no tiene bienes inmuebles, pero sus sedes más importantes aparecen como propiedad de sociedades relacionadas. Así, la sede nacional, ubicada en Suecia 286, está a nombre de Comercial e Inmobiliaria Alhué Limitada, entre cuyos socios iniciales figura Juan Eduardo Ibáñez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI. Mientras que el inmueble de Lota 2320, conocido como “la Casa de los Senadores”, está a nombre de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad que aparece en la última ampliación de la acusación del SII contra SQM, facturando $131 millones a la minera, dineros que supuestamente fueron a financiar campañas políticas. El gerente de Asuntos Públicos es Gonzalo Molina, actual consejero del Servel (link a reportaje CIPER) El Tribunal Supremo de la UDI tiene cinco integrantes, tres de los cuales son miembros desde 1989 y los otros dos desde 2006. En el sitio web aparecen varias de sus resoluciones, pero no la del 6 de abril de 2015, en la que rechazaron la solicitud del militante Alan Céspedes de sancionar a los involucrados en irregularidades en el financiamiento de sus campañas. El tribunal respondió que “no es posible establecer de forma concluyente una infracción por parte de los reclamados de los principios y estatutos del partido”. Según un dirigente de la UDI consultado por CIPER, la esencia del Tribunal Supremo es “proteger a los fundadores”.
En los estatutos se habla de una estructura escalonada que va eligiendo representantes desde los niveles comunales hasta la directiva nacional. Pero eso no sucede, criticó el dirigente: “La UDI tiene una estructura representativa muy indirecta, porque fue creada para proteger a estas figuras fundadoras en un ambiente de guerra fría que no se condice con la situación del siglo XXI”.
De los 74 mil militantes que figuran en los libros, se estima que están activos menos de 10 mil. Y los escándalos por el financiamiento de las campañas han mermado aún más la participación. El último Consejo General, convocado tras la renuncia de Ernesto Silva a la presidencia del partido, tuvo una asistencia de apenas 200 personas comparada con las 800 que alcanzaron consejos anteriores. Si bien eran pocos, aplaudieron con ganas la resolución que allí se aprobó de que la próxima elección interna utilizará el principio de “un militante, un voto”.
Por lo que muestran los balances entregados al Servel, la UDI es un partido con poco patrimonio, alto nivel de ingresos durante las campañas y un aporte anual de sus afiliados que promedia $450 millones. Tienen además aportes reservados por $86 millones anuales en promedio.
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| Hernán Larraín, presidente de la UDI |
¿A qué candidatos se benefició en ese reparto? Otro dirigente de la UDI que también pidió reserva de su nombre, indicó que allí está el problema: “Porque se privilegia a los candidatos más cercanos a los fundadores del partido, pues el centro del reparto también está en manos del grupo controlador”.
Luego de que Chile Transparente calificara al partido con una nota de apenas 1,68 puntos en julio de 2014, la UDI agregó un área en su sitio web dedicada a transparentar información sobre la estructura, organización y cifras globales de ingresos y gastos, sin detalle.
El partido oficialmente no tiene bienes inmuebles, pero sus sedes más importantes aparecen como propiedad de sociedades relacionadas. Así, la sede nacional, ubicada en Suecia 286, está a nombre de Comercial e Inmobiliaria Alhué Limitada, entre cuyos socios iniciales figura Juan Eduardo Ibáñez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI. Mientras que el inmueble de Lota 2320, conocido como “la Casa de los Senadores”, está a nombre de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad que aparece en la última ampliación de la acusación del SII contra SQM, facturando $131 millones a la minera, dineros que supuestamente fueron a financiar campañas políticas. El gerente de Asuntos Públicos es Gonzalo Molina, actual consejero del Servel (link a reportaje CIPER) El Tribunal Supremo de la UDI tiene cinco integrantes, tres de los cuales son miembros desde 1989 y los otros dos desde 2006. En el sitio web aparecen varias de sus resoluciones, pero no la del 6 de abril de 2015, en la que rechazaron la solicitud del militante Alan Céspedes de sancionar a los involucrados en irregularidades en el financiamiento de sus campañas. El tribunal respondió que “no es posible establecer de forma concluyente una infracción por parte de los reclamados de los principios y estatutos del partido”. Según un dirigente de la UDI consultado por CIPER, la esencia del Tribunal Supremo es “proteger a los fundadores”.
PPD: TRIBUNAL CUOTEADO POR LOS “LOTES”
A diferencia de la UDI, los aportes reservados que, como partido, recibe el PPD son exiguos: en 2013 recibió apenas $96 millones. Los reclamos que recogió CIPER entre dirigentes de ese partido apuntan a la excesiva concentración de recaudación de fondos de privados que ha concitado históricamente las candidaturas del senador Guido Girardi. De hecho, en la última elección figuró en el primer lugar entre los 20 senadores con más aportes reservados: $504,5 millones (ver especial de CIPER).
Los parlamentarios son los verdaderos jefes del PPD en sus territorios, por sobre las directivas locales, aseguraron a CIPER militantes que han ocupado altos cargos en la colectividad y que pidieron hablar desde el anonimato. Ellos echan de menos mayor democracia interna y más apertura a la comunidad, una deuda que la ONG Chile Transparente desnudó al evaluar la página web ppd.cl con nota 3,5 en la escala de 1 a 7, por debajo del PS y del PRO.
En la elección nacional del PPD de 2012 votaron 10.988 militantes para elegir presidente al senador Jaime Quintana (59%), que competía con María Antonieta Saa. Una mínima participación pues el padrón oficial es hoy de 97.500 militantes. Quintana fue reelecto en mayo de 2014, cuando no tuvo competencia. Votaron por él 10.329 inscritos.
Desde entonces ha cambiado parcialmente el mapa interno: el poder está más repartido entre los congresistas, la mesa directiva (de nueve integrantes elegidos por votación de los militantes) y la comisión política de 24 miembros. "El girardismo ha ido volviendo a su estado original y hoy controla entre el 30% a 40% del PPD y no el 70% que llegó a tener". A su vez, el "laguismo" se ha fragmentado y parte de sus huestes se han desplazado hacia otros caudillos, como Carolina Tohá y Felipe Harboe; mientras que Lagos Weber ha logrado mayor cercanía con el diputado Pepe Auth.
Hasta ahora la transparencia partidaria ha sido escasa. “Por ejemplo, la información sobre gastos electorales es poca. Usualmente sólo se da una cuenta detallada a la mesa y a la bancada, ya que son el presidente del partido, el secretario general y los parlamentarios los que históricamente se han encargado de salir a pedir plata", dice un alto dirigente.
El PPD es uno de los partidos que ha recibido menos ingresos entre 2004-2013: $3.273 millones, siendo más de la mitad (53%) reembolso del fisco por votantes, según las cifras del Servel. No tiene bienes raíces ni registra sociedades comerciales. Pese a ello, el balance oficial de 2013 arrojó que la tienda tuvo un superávit de $248 millones.
Las críticas internas también alcanzan al Tribunal Supremo, cuyos integrantes son elegidos por el Consejo Nacional (600 delegados electos). "La aspiración siempre fue que para el Tribunal se escogieran abogados de mucho prestigio", recordaron ex dirigentes. Pero esto cambió en los últimos años a medida que se hicieron más reiteradas las denuncias de probidad contra militantes PPD. "Aunque se estableció un procedimiento de congelamiento y expulsión, las tendencias buscaron asegurarse tener voz y voto dentro del tribunal", comentan. (Ver documento del Tribunal Supremo)
Por ese "cuoteo" es que llegó a ser presidente del Tribunal Supremo el abogado Juan Marcos Moreno, quien dejó el cargo a comienzos de este mes cuando apareció en la nómina de los investigados por el SII y el Ministerio Público facturando a SQM $25 millones por trabajos que no tienen respaldo. Curiosamente, en la página web del PPD no hay ninguna mención al cambio de presidente del tribunal, cargo que ahora ejerce Waldo Carrasco.
Los parlamentarios son los verdaderos jefes del PPD en sus territorios, por sobre las directivas locales, aseguraron a CIPER militantes que han ocupado altos cargos en la colectividad y que pidieron hablar desde el anonimato. Ellos echan de menos mayor democracia interna y más apertura a la comunidad, una deuda que la ONG Chile Transparente desnudó al evaluar la página web ppd.cl con nota 3,5 en la escala de 1 a 7, por debajo del PS y del PRO.
En la elección nacional del PPD de 2012 votaron 10.988 militantes para elegir presidente al senador Jaime Quintana (59%), que competía con María Antonieta Saa. Una mínima participación pues el padrón oficial es hoy de 97.500 militantes. Quintana fue reelecto en mayo de 2014, cuando no tuvo competencia. Votaron por él 10.329 inscritos.
Desde entonces ha cambiado parcialmente el mapa interno: el poder está más repartido entre los congresistas, la mesa directiva (de nueve integrantes elegidos por votación de los militantes) y la comisión política de 24 miembros. "El girardismo ha ido volviendo a su estado original y hoy controla entre el 30% a 40% del PPD y no el 70% que llegó a tener". A su vez, el "laguismo" se ha fragmentado y parte de sus huestes se han desplazado hacia otros caudillos, como Carolina Tohá y Felipe Harboe; mientras que Lagos Weber ha logrado mayor cercanía con el diputado Pepe Auth.
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| Jaime Quintana, presidente del PPD |
El PPD es uno de los partidos que ha recibido menos ingresos entre 2004-2013: $3.273 millones, siendo más de la mitad (53%) reembolso del fisco por votantes, según las cifras del Servel. No tiene bienes raíces ni registra sociedades comerciales. Pese a ello, el balance oficial de 2013 arrojó que la tienda tuvo un superávit de $248 millones.
Las críticas internas también alcanzan al Tribunal Supremo, cuyos integrantes son elegidos por el Consejo Nacional (600 delegados electos). "La aspiración siempre fue que para el Tribunal se escogieran abogados de mucho prestigio", recordaron ex dirigentes. Pero esto cambió en los últimos años a medida que se hicieron más reiteradas las denuncias de probidad contra militantes PPD. "Aunque se estableció un procedimiento de congelamiento y expulsión, las tendencias buscaron asegurarse tener voz y voto dentro del tribunal", comentan. (Ver documento del Tribunal Supremo)
Por ese "cuoteo" es que llegó a ser presidente del Tribunal Supremo el abogado Juan Marcos Moreno, quien dejó el cargo a comienzos de este mes cuando apareció en la nómina de los investigados por el SII y el Ministerio Público facturando a SQM $25 millones por trabajos que no tienen respaldo. Curiosamente, en la página web del PPD no hay ninguna mención al cambio de presidente del tribunal, cargo que ahora ejerce Waldo Carrasco.
RN Y LAS DIFUSAS HUELLAS DE SUS BENEFACTORES
“Un militante, un voto”. Esa es la consigna que repiten casi como mantra los dirigentes de Renovación Nacional (RN) cuando se les pregunta sobre sus procesos democráticos internos. Se jactan de ser el único partido en que la votación para sus dirigentes nacionales es directa y abierta a todos sus afiliados. Pero ni siquiera así logran seducir a sus militantes. Cuando en mayo de 2014 se sometió a votación la nueva directiva del partido y resultó electa la mesa que hasta 2016 dirigirá el diputado Cristián Monckeberg, el parlamentario dijo: “Representamos a la auténtica derecha, que hoy día está más viva que nunca, que hoy día está presente en Renovación Nacional”.
Ese año el padrón oficial incluía a poco más de 94.000 afiliados. Votaron tan sólo unos 12.000, así que el registro fue de apenas un 12,7% de participación. Fue en ese proceso que Monckeberg se convirtió en el sucesor de uno de los benefactores del partido, Carlos Larraín.
Por la falta de precisión de los balances que los partidos deben entregar al Servel, es imposible saber con certeza de dónde vienen las platas. Según Maurizio Cristino, miembro de su Tribunal Supremo, “RN se financia como la Iglesia: a través de sus afiliados y sus amigos”. Pero apenas el 2,4% de los ingresos registrados en 2013 provino de sus militantes ($40,7 millones). Los otros $1.638 millones que ese año consignó como ganancias llegaron de donaciones, fondos mutuos, excedentes y reembolsos, pero principalmente de los aportes electorales que el partido recibió: $33,2 millones para llevar adelante la fallida campaña primaria del senador Andrés Allamand y más de $1.387 millones que servirían para financiar las elecciones de parlamentarios y cores. De esos últimos fondos, el 40% ingresó a través de aportes reservados, mientras que el 44% los hizo a través de financiamiento fiscal.
Pistas sobre los préstamos o aportes que Larraín entregó a RN, ninguna. Tampoco de los dineros que ha dado el ex presidente Sebastián Piñera para solventar al partido, los mismos que ya en 2012 reconocía a La Segunda el secretario general de RN, Mario Desbordes. Ese mismo diario señaló en otro reportaje que Larraín seguía siendo a 2013 “el gran prestamista del partido”: que de los $190 millones que prestó para que RN siguiera activo, le reembolsaron ese año $75 millones y que aún quedaban pendientes pagos por otros $114 millones.
En los balances tampoco aparecen detalles sobre la relación que existe con Asetec, la empresa que RN ha utilizado como vehículo para recaudar y gestionar fondos para el partido a través de la venta de “informes políticos” y de “coyuntura” a diversas empresas, y que ha recibido millonarios pagos de SQM. En el balance de 2013, sólo aparece mencionada una vez entre la lista de pasivos, con una deuda que supera los $215 millones. No se indica cuál es la naturaleza de esa deuda.
Asetec no es el único vínculo de Renovación Nacional con la minera de Julio Ponce. En la ampliación de la querella que el SII presentó contra SQM figuran al menos 15 personas que habrían emitido boletas falsas y que están vinculadas al partido. Ninguno de ellos ha sido investigado por el Tribunal Supremo. Cristino explica que si bien pueden obrar de oficio, no siempre lo hacen, y que la medida de la suspensión de la militancia no está entre sus atribuciones. Y agrega que prefieren esperar que las personas involucradas en algún hecho que sea materia de cuestionamiento ético decidan por sí mismas si solicitan o no la suspensión de sus derechos.
Esa es la situación del ex vicepresidente del partido y actual consejero regional del Bío Bío, Claudio Eguiluz, que recibió pagos de SQM y que habría jugado un rol clave en la decisión de RN de cederle un cupo senatorial a Daniel Contesse, hermano del histórico gerente de SQM, Patricio Contesse, para asegurar el éxito en 2013 de la candidata de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe (ver reportaje de CIPER). Aunque Eguiluz afirmó que hizo una asesoría real, sin relación con financiamiento político, su situación se complica pues también aparecieron pagos de SQM a dos militantes de RN a quienes se identifica como sus cercanos. El Tribunal Supremo del partido no ha tomado cartas en el asunto.
Si bien el sitio web de RN tiene un link que dice “Resoluciones del Tribunal Supremo”, sólo hay cuatro documentos disponibles: la calificación de las elecciones internas del año pasado, el acta de las reclamaciones territoriales de ese proceso y las actas de proclamación de la directiva nacional y la Comisión Política. De los demás fallos y resoluciones, Cristino dice que son de acceso público para cualquier militante que las solicite, pero que no tienen por qué estar disponibles para todo el mundo.
Ese año el padrón oficial incluía a poco más de 94.000 afiliados. Votaron tan sólo unos 12.000, así que el registro fue de apenas un 12,7% de participación. Fue en ese proceso que Monckeberg se convirtió en el sucesor de uno de los benefactores del partido, Carlos Larraín.
Por la falta de precisión de los balances que los partidos deben entregar al Servel, es imposible saber con certeza de dónde vienen las platas. Según Maurizio Cristino, miembro de su Tribunal Supremo, “RN se financia como la Iglesia: a través de sus afiliados y sus amigos”. Pero apenas el 2,4% de los ingresos registrados en 2013 provino de sus militantes ($40,7 millones). Los otros $1.638 millones que ese año consignó como ganancias llegaron de donaciones, fondos mutuos, excedentes y reembolsos, pero principalmente de los aportes electorales que el partido recibió: $33,2 millones para llevar adelante la fallida campaña primaria del senador Andrés Allamand y más de $1.387 millones que servirían para financiar las elecciones de parlamentarios y cores. De esos últimos fondos, el 40% ingresó a través de aportes reservados, mientras que el 44% los hizo a través de financiamiento fiscal.
Pistas sobre los préstamos o aportes que Larraín entregó a RN, ninguna. Tampoco de los dineros que ha dado el ex presidente Sebastián Piñera para solventar al partido, los mismos que ya en 2012 reconocía a La Segunda el secretario general de RN, Mario Desbordes. Ese mismo diario señaló en otro reportaje que Larraín seguía siendo a 2013 “el gran prestamista del partido”: que de los $190 millones que prestó para que RN siguiera activo, le reembolsaron ese año $75 millones y que aún quedaban pendientes pagos por otros $114 millones.
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| Cristián Monckenberg, presidente de RN |
Asetec no es el único vínculo de Renovación Nacional con la minera de Julio Ponce. En la ampliación de la querella que el SII presentó contra SQM figuran al menos 15 personas que habrían emitido boletas falsas y que están vinculadas al partido. Ninguno de ellos ha sido investigado por el Tribunal Supremo. Cristino explica que si bien pueden obrar de oficio, no siempre lo hacen, y que la medida de la suspensión de la militancia no está entre sus atribuciones. Y agrega que prefieren esperar que las personas involucradas en algún hecho que sea materia de cuestionamiento ético decidan por sí mismas si solicitan o no la suspensión de sus derechos.
Esa es la situación del ex vicepresidente del partido y actual consejero regional del Bío Bío, Claudio Eguiluz, que recibió pagos de SQM y que habría jugado un rol clave en la decisión de RN de cederle un cupo senatorial a Daniel Contesse, hermano del histórico gerente de SQM, Patricio Contesse, para asegurar el éxito en 2013 de la candidata de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe (ver reportaje de CIPER). Aunque Eguiluz afirmó que hizo una asesoría real, sin relación con financiamiento político, su situación se complica pues también aparecieron pagos de SQM a dos militantes de RN a quienes se identifica como sus cercanos. El Tribunal Supremo del partido no ha tomado cartas en el asunto.
Si bien el sitio web de RN tiene un link que dice “Resoluciones del Tribunal Supremo”, sólo hay cuatro documentos disponibles: la calificación de las elecciones internas del año pasado, el acta de las reclamaciones territoriales de ese proceso y las actas de proclamación de la directiva nacional y la Comisión Política. De los demás fallos y resoluciones, Cristino dice que son de acceso público para cualquier militante que las solicite, pero que no tienen por qué estar disponibles para todo el mundo.
Publicado originalmente en CIPER (29/4/2015)
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