miércoles, 21 de enero de 2015

DIPUTADO SILVA PROMOVIÓ INDICACIÓN A FAVOR DE PENTA EN LA TRAMITACIÓN DE LA LEY DE ISAPRES

El presidente de la UDI, Ernesto Silva, está bajo la lupa del Ministerio Público por su sociedad con el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, el político más comprometido con los ilícitos del Caso Penta. No es lo único que hoy le preocupa. Aunque era accionista por doble vía de Banmédica, en enero de 2013 Silva no se inhabilitó de votar en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Isapres. Incluso propició una iniciativa que las beneficiaba. La tramitación de esa ley, que rastreó CIPER, lo prueba. El correo que en esos mismos días le envió uno de los dueños de Penta y Banmédica, agrava su situación.
Por Equipo CIPER




Fue la página web de Canal 13 la que obligó al presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva Méndez, a salir públicamente a responder las acusaciones en su contra. Era la tarde del martes 6 de enero, y apenas unas horas antes su nombre había pasado a ser protagonista de primera línea en el Caso Penta, luego de que T13.cl diera a conocer un correo electrónico que uno de los controladores del grupo empresarial, Carlos Eugenio Lavín, le envió al parlamentario dos años antes, el 10 de enero de 2013, cuando el proyecto que modifica la Ley de Isapres aún estaba en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados (ver tramitación del proyecto de ley). Silva, quien por entonces presidía la Comisión de Hacienda que evaluaba el proyecto de ley, hoy le baja el perfil y asegura que ese mail era sólo uno más de los tantos que recibe como parlamentario “con consultas sobre proyectos que están en tramitación y donde se hacen consultas sobre información pública”.

Pero no era un correo más. Los antecedentes que ha recopilado CIPER dan cuenta de que en el momento preciso en que Ernesto Silva recibió ese correo de uno de los accionistas mayoritarios de Banmédica, Carlos Eugenio Lavín, el diputado era accionista por dos vías de Banmédica y estaba propiciando indicaciones a una reforma que pudo ser clave para modificar la Ley de Isapres.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano
El cuadro es así: Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano –este último tío del diputado Silva– son socios mayoritarios de Isapre Banmédica a través de Empresas Penta S.A., que posee el 28,74% de sus acciones. Y para esa fecha (10 de enero de 2013), según él mismo había señalado en su declaración de patrimonio, Silva era titular de al menos 8.300 acciones de Banmédica, que equivalían a una inversión aproximada de $5,3 millones (al 7 de abril de 2010). A eso se sumaban las acciones en Banmédica que tenía –y aún tiene– una empresa familiar en la que participa el diputado Silva: Inversiones y Asesorías Sydarta.

Por tanto, cuando Lavín le escribió a Silva para preguntarle por la tramitación de la Ley de Isapres y manifestarle su preocupación por una indicación que habrían estado impulsando parlamentarios de la Democracia Cristiana, ambos eran socios en el negocio de la salud previsional. Un vínculo que sigue tan vigente como entonces.

Así lo reveló un reportaje de CIPER publicado el viernes 9 de enero, donde se informan los intereses comerciales que aún mantiene el presidente de la UDI en Banmédica (ver reportaje). Esa información no aparece en su última declaración de patrimonio. Silva desmintió públicamente esos antecedentes al asegurar que vendió todas las acciones que lo ligaban a la isapre del holding de Lavín y Délano. Como evidencia, exhibió una boleta de Penta Corredores de Bolsa –otra empresa del grupo– fechada el 13 de septiembre de 2013, donde se señala la venta de 12.100 acciones de Banmédica que poseía a título personal (poco más de $11,2 millones). Lo que prueba el documento es que, a contar de esa fecha, Silva dejó de ser accionista directo en Banmédica. Pero en vez de cerrarse un flanco, al exhibir la factura lo que hizo fue complicar aún más su situación.

Si bien la boleta demuestra que el diputado Silva se desprendió de sus acciones personales en Banmédica en septiembre de 2013, eso fue recién ocho meses después de recibir el correo de Lavín (enero de 2013). Pero Ernesto Silva aún sigue siendo accionista de la isapre del Grupo Penta. Como se ha dicho, a sus acciones personales se agregan las que aún posee en Banmédica, ya no como persona natural, sino que a través de la sociedad que comparte con sus tres hermanos: Inversiones y Asesorías Sydarta Ltda. Dicha empresa figura en la nómina de accionistas registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) como titular de menos del 1% de las acciones, a diciembre de 2014. El porcentaje parece marginal, pero la cifra que representa podría ser importante si se considera que el capital de Banmédica a fines de 2013 superaba los $32.331 millones.

La fecha de la boleta que el mismo Silva hizo pública sirve también para demostrar no sólo que todavía era accionista en Banmédica cuando recibió el correo de Lavín, sino que además incurrió en un serio conflicto de intereses al no inhabilitarse al momento de discutir en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Isapres. Y más grave aún, cuando sólo un par de meses antes de recibir el mail, impulsó en la Comisión de Hacienda –instancia que presidió entre 2010 y 2014– una indicación que modificaba por completo el espíritu del proyecto y que claramente beneficiaba los intereses de las isapres, entre ellas la del Grupo Penta.


AMENAZA DESDE LA DC

Un dato importante se desprende del correo electrónico que Carlos Eugenio Lavín le envió al diputado Ernesto Silva el 10 de enero de 2013: no era la primera vez que conversaban sobre el proyecto de Ley de Isapres. Dice el mail:

“Asunto: Proyecto de ley en trámite Ernesto: te transcribo el artículo de ley 198 que define lo que es el IPC de la Salud. “Para efectos de la modificación de precios del Plan Garantizado de Salud”. Según te entendí, los DC estarían llevando esta idea del reajuste máximo según IPC de la Salud, para el Plan Garantizado y para el Complemento. Si entendí bien esto, sería de la máxima gravedad. Para saber eso te estaba llamando y de acuerdo a eso ver si se nos ocurre algo. Saludos CEL”
Si bien la respuesta que le escribió Silva fue escueta – “es sólo para el Plan Garantizado”–, el mensaje da cuenta de que el parlamentario le habría comentado previamente a Lavín lo que sucedió el día anterior, cuando en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados le tocó presentar ante sus pares el informe de la comisión en sala (ver acta de sesión). Tras su presentación, dos diputados DC pidieron la palabra. Primero fue Juan Carlos Latorre, quien planteó limitar la rentabilidad a las isapres, estableciendo un máximo legal y obligándolas a transformar los excedentes en beneficios directos para sus afiliados.

Matías Walker
-Los excedentes no pueden ser destinados en beneficio de los que han constituido esas sociedades que, con un patrimonio mínimo exigible de conformidad con lo que establece la ley, logran administrar recursos sobre la base de las cotizaciones obligatorias de trabajadores –señaló Latorre, al tiempo que puntualizaba que dicha idea no estaba contenida en el proyecto y que habría que considerarla a futuro.

El otro diputado DC que habló en esa oportunidad fue Matías Walker. Manifestó que el sistema de reajustabilidad propuesto en el proyecto –en el artículo 198– no satisfacía a su bancada, ya que a su juicio el precio único del Plan Garantizado de Salud (PGS) que se crearía con el proyecto y que pretende eliminar la discriminación tarifaria por edad y sexo en las isapres, “debiera atenerse al sistema de reajustabilidad general, que es el IPC”.

-Un sistema de reajustabilidad que considere la utilización del sistema y las prestaciones médicas que están realizándose hoy en el mercado, no es satisfactorio por los argumentos que acá se han dado. Por ejemplo, por la relación que llega a ser vergonzosa que existe en el sistema entre los prestadores de servicios de salud y las propias isapres. Por eso, votaremos en contra de dicha propuesta –señaló el parlamentario.

Ambas propuestas afectaban los intereses de las isapres, entre ellas Banmédica. De hecho, al hablar de la relación “vergonzosa” entre isapres y prestadores de salud, Walker se refería indirectamente a algunas de las empresas que controla Penta. Entre las sociedades que conforman el holding Banmédica se cuentan ocho prestadores de salud que, entre otros, incluyen las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio y Help. Por eso resulta grave la existencia del mail que le envió el socio de Penta.

La última frase del texto de Carlos Eugenio Lavín, cuando invita al presidente de la UDI a “ver si se nos ocurre algo”, podría interpretarse como un intento de influir en las actuaciones del diputado en la tramitación de un proyecto que ingresó la administración del Presidente Sebastián Piñera y que pretendía incorporar al sistema un “plan general que no discrimine por sexo ni edad y que elimine la cautividad a la que están sometidos las personas con preexistencias” (ver mensaje del Ejecutivo al ingresar el proyecto original). Un objetivo que estuvo a punto de caerse con una indicación que el mismo Silva promovió sólo un par de meses antes.


UN ALIADO EN EL CONGRESO

El 6 de noviembre de 2012, el gobierno de Piñera dio un vuelco en 180º en su estrategia para sacar adelante el proyecto de Ley de Isapres. El entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, ingresó ese día el Oficio 243-360, mediante el cual introducía una indicación que contradecía el espíritu original de la iniciativa y beneficiaba el negocio de las isapres. Así el Ejecutivo renunciaba a la idea inicial de una tarifa plana e igualitaria para los usuarios de las isapres y, en cambio, establecía una tarificación diferenciada por tramos etáreos. Ante la Comisión de Hacienda presidida por el diputado Ernesto Silva, Mañalich justificó la modificación argumentando el alto costo fiscal que significaba la propuesta y el alto riesgo de migración masiva de jóvenes que tendría el sistema, lo que encarecería aún más la cotización en salud para quienes se mantuvieran en las isapres (ver acta de esa sesión).

En concreto, la nueva propuesta disminuía en 40% la tarifa para los beneficiarios del Plan Garantizado de Salud (PGS) que fueran menores de 17 años y en 9% a aquellos que tuvieran entre 18 y 44 años. Pero al mismo tiempo la elevaba en 34% a las personas que estuvieran en el tercer tramo (45-64 años) y en 143% a los del cuarto, los mayores de 65 años. Para el primer tramo, de acuerdo a los cálculos de la Superintendencia de Salud que expuso Mañalich, el valor bajaba de $17.000 a $10.280, mientras que para los adultos mayores el cobro se disparaba, pasando de una tarifa plana de $17.000 a una diferenciada de $41.267.

Ernesto Silva
Aunque tenía acciones en Banmédica a su nombre y a través de una sociedad familiar, el diputado Silva no se inhabilitó en ningún momento de la discusión. Es más, la indicación que presentó Mañalich y que las isapres ya celebraban como un triunfo no se habría originado en el Ejecutivo, sino en la misma Comisión de Hacienda de la Cámara, a solicitud de Silva y otros diputados UDI.

Días después de la sesión en la Comisión de Hacienda, El Mostrador publicó un reportaje donde Silva reconocía ser “parte del grupo de diputados que solicitó al gobierno presentar esta indicación y creo que es una buena medida, importante y que mejoraba el proyecto”. Una semana antes Mañalich había anticipado ante la comisión la indicación, señalando que la tarificación diferenciada por tramos de edad también se había discutido en la Comisión de Salud de la Cámara, que por entonces presidía el diputado Javier Macaya (UDI), quien además integraba la Comisión de Hacienda y cuyo nombre también figura en la investigación de la Fiscalía recibiendo aportes de campaña del Grupo Penta, pero por la vía estrictamente legal: como aportes reservados canalizados a través del Servel.

Ese mismo martes 6 de noviembre de 2012 la indicación que pretendía establecer una tarifa diferenciada por edades fue rechazada en la Comisión de Hacienda por siete votos en contra (todos diputados de oposición) y seis a favor: Alberto Cardemil (RN) , Joaquín Godoy (RN) y los diputados UDI Javier Macaya, Ernesto Silva, Enrique Van Rysselberghe y Gastón Von Mühlenbrock.

Cinco días después de que Carlos Eugenio Lavín le escribiera el correo a Silva, el 15 de enero de 2013, se terminó de discutir el proyecto en sala (ver acta de sesión). Esa misma jornada, el texto y sus indicaciones fueron votadas en sala, para luego despachar el proyecto al Senado, donde aún está en tramitación. Silva participó en todas las votaciones, y recién ocho meses después vendió a través de la corredora de Bolsa del Grupo Penta sus acciones en Banmédica. Pero no se retiró de la sociedad familiar que sigue con acciones en la isapre.


LAS SOCIEDADES QUE TODAVÍA UNEN A SILVA Y BANMÉDICA

El vínculo que hasta hoy sigue vigente entre Ernesto Silva y la isapre del Grupo Penta es a través de una sociedad familiar: Inversiones y Asesorías Sydarta Ltda. La historia de Sydarta comenzó en 1991, cuando el padre del diputado, Luis Ernesto Silva Bafalluy (fallecido en 2011), la creó junto a su hermano Cristián con un capital de $200 millones. Dos años después, Silva Bafalluy transformó a esa empresa en el vehículo para participar en el negocio de la Universidad del Desarrollo (UDD), traspasando a nombre de Sydarta el 22,34% que poseía de Inmobiliaria Ainavillo, la firma que fundó junto a los ex ministros Joaquín Lavín y Cristián Larroulet, el actual rector de la universidad, Federico Valdés, y los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín para arrendar los inmuebles a la casa de estudios que ellos mismos controlaban. Antes de que Penta se hiciera del control la UDD, Silva Bafalluy era el socio mayoritario de Ainavillo a través de Sydarta (ver reportaje de CIPER).

En 2004, la sociedad de los hermanos Silva Bafalluy se dividió en dos: por una parte subsistía Sydarta, que quedaba con un capital de poco más de $78 millones. Por la otra, nacía una nueva, con los mismos socios y bajo el nombre de Inversiones y Asesorías Nyrvana Ltda. (hoy Rentas Nyrvana Ltda.), a la cual le traspasaron activos por más de $1.645 millones y dotaron de un capital de $121,8 millones. De esta última, Ernesto Silva Bafalluy se retiró a comienzos de 2005, dejando la propiedad de su 99,5% en manos de su esposa, María Cristina Méndez, aunque él seguiría a cargo de la administración. Poco después, el hermano de Silva Bafalluy también se fue, repartiendo su 0,5% de la sociedad entre sus sobrinos: Ernesto Silva Méndez y sus tres hermanos María Cristina, Luz María y Felipe. Fue entonces que el actual presidente de la UDI ingresó al negocio familiar.

Para entonces, la familia Silva había traspasado sus acciones en Ainavillo desde la sociedad Sydarta a Nyrvana, por lo que sería a través de esta última que seguirían ligados a la UDD hasta fines de 2013. En la declaración de patrimonio que el presidente de la UDI entregó en 2014[11] a la Cámara de Diputados, Nyrvana figura en la quinta página. Es también –junto a Bookstore, la empresa que tiene con Pablo Wagner, Vasco Moulian y William Díazuna de las sociedades que ligan directamente a Ernesto Silva con los delitos tributarios que investigan los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

Según declaró ante el fiscal el gerente de contabilidad del holding, Marcos Castro, además de “llevar la contabilidad de Penta tenía clientes aparte. A Ernesto Silva Bafalluy le hacía su declaración de impuesto y le llevaba la contabilidad desde el año 1993”. Esa gestión incluía a las empresas personales de Silva Bafalluy, entre ellas Nyrvana, la que también aparece en la lista que elaboró Iván Álvarez, el ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) acusado de crear una red junto al ex martillero Jorge Valdivia para defraudar al Fisco mediante devoluciones ilegales de impuestos. En una declaración judicial, Castro describe el procedimiento utilizado por Álvarez, quien también trabajaba para los dueños de Penta, para modificar las declaraciones tributarias y así reducir impuestos.

Hoy la estructura de las sociedades de la familia Silva Méndez se compone de varios escalones. En un primer escalón y de acuerdo a los registros encontrados por CIPER, está Sydarta, la empresa que según los registros de la SVS posee acciones de Banmédica y que desde enero de 2014 es controlada en un 99% por la sociedad Rentas Nyrvana (el restante 1% lo tiene Administradora Baker Norte). Esta última sociedad sí la incluyó en su declaración de patrimonio el diputado Ernesto Silva, pero bajo su nombre antiguo: Inversiones y Asesorías Nyrvana, denominación que cambió a la actual el 11 de diciembre de 2010. En un escalón superior se ubica Rentas Nyrvana, con un capital que supera los $1.121 millones y es controlada por dos sociedades: Rentas Baker Sur y Administradora Baker Norte. Ambas son propiedad en un 100% de la familia Silva Méndez. A través de Nyrvana es que el diputado participa también en Product Trust Corredora de Bolsa de Productos (PT S.A.), creada en octubre de 2006 con un capital de $620,3 millones y que tampoco figura en su declaración de patrimonio.

Una tercera sociedad familiar que no está incluida en la declaración de patrimonio del diputado es Inversiones y Asesorías Baker Austral, la que se constituyó en febrero de 2009 por los hermanos del diputado y la sociedad que él creó junto a su esposa en febrero de 2007: Asesorías e Inversiones Avance Ltda. Esta última sí aparece en su declaración de patrimonio. El último movimiento que registra esa sociedad es la constitución de Asesorías Schultz Carrasco & Silva Ltda (“SCYS” o “Schultz Carrasco & Silva Abogados), en abril de 2014, con un capital de $24 millones.

Importante resulta recordar en este contexto que el presidente de la UDI, Ernesto Silva, lidera la nómina de los diputados con mayores aportes reservados a su campaña electoral de 2013, con $268,5 millones, que equivale al 99% de los ingresos que recibió. Sería interesante saber qué cantidad de esos aportes vía Servel le fueron entregados por las empresas del Grupo Penta, incluida Banmédica.


Publicado originalmente en CIPER (20/1/2015)

No hay comentarios: