sábado, 13 de diciembre de 2014

FUNDACIÓN FEN DE LA U. DE CHILE ES NUEVAMENTE INVESTIGADA POR SUS MANEJOS FINANCIEROS

El Ministerio Público indaga una denuncia de la propia Fundación FEN sobre millonarias irregularidades financieras ocurridas entre 2011 y 2012. A ello se suma un informe de la Contraloría que acusa el desorden administrativo de la entidad. Varios de los protagonistas se conocieron como alumnos o apoderados del colegio San Ignacio El Bosque y trabajaron en la Municipalidad de Maipú. CIPER analizó también otros contratos de la fundación y descubrió que al canalizar proyectos con terceros, ha permitido a destacados académicos recibir sueldos que superan incluso los del rector.




En su oficina en el cuarto piso de uno de los edificios más nuevos del campus ubicado en Diagonal Paraguay, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), Manuel Agosín, parte la conversación negando cualquier irregularidad cometida en la fundación de su facultad, la Fundación FEN, que él preside desde julio de 2010, cuando asumió el decanato. Para entonces, ya existía una investigación del Ministerio Público por autocontratos, que surgió luego de que CIPER revelara en 2008 cómo la fundación fue utilizada como una caja pagadora de funcionarios de la facultad (ver reportaje). Sobre las denuncias previas a su período, Agosín dice no conocerlas y luego reconoce los nuevos hechos que la propia fundación denunció en 2012 ante el Ministerio Público: pagos por asesorías que según las auditorías no se justifican y retiros de dinero que no se explican, lo que se traduce en cerca de $226 millones perdidos. A eso se suman los serios cuestionamientos que en febrero de este año hizo la Contraloría por el profundo desorden financiero.

Manuel Agosín, decano de la FEN
Esos antecedentes fueron la primera hebra para investigar cómo las contrataciones a través de la Fundación FEN operaban sin control y a través de una red de compadrazgo y de favores que fueron el caldo de cultivo para la pérdida de fondos detectada en 2012. Además, revisamos una serie de pagos que, si bien pueden no presentar ilegalidades –en teoría ya fueron revisados por la Contraloría–, revelan que la fundación operó como una consultora ligada a la FEN que en la práctica permitía que connotados académicos –como el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y el ex director del Centro de Microdatos, David Bravo– recibieran honorarios que en algunos casos podían más que duplicar el salario del rector de la universidad.

Ex funcionarios de la Fundación FEN van más allá y acusan que no había ningún tipo de control sobre a quién se contrataba ni si los trabajos efectivamente se realizaron antes de cancelarlos. Aseguran que la fundación se convirtió en un exclusivo club cuya función es desviar dineros de la universidad para abultar los ingresos de sus miembros. Y eso, para Agosín, es “ridículo e insultante”. Según explica, las irregularidades se refieren exclusivamente a los dineros recaudados por la fundación como “overhead” o comisión para sus gastos administrativos, y en ningún caso tocan el presupuesto de las actividades operativas de la entidad, que en 2012 superó los $4.000 millones.

La Fundación FEN es una entidad privada sin fines de lucro, cuya única función es agilizar los procesos operativos de la facultad, sirviéndole de vehículo para realizar contratos y convenios sin tener que pasar por toda la burocracia de la universidad estatal. Fue concebida en 2003 como la forma más simple de obtener ingresos propios y competir en el mercado con las instituciones privadas de educación superior. Eso en la teoría, porque en la práctica la fundación fue usada también durante años por directivos y académicos de la FEN como una vía para contratarse a sí mismos, a sus propias sociedades o a sus familiares y amigos; pagar sobresueldos y, en algunos casos, pactar remuneraciones por servicios que nunca se prestaron.


DEL SAN IGNACIO EL BOSQUE A MAIPÚ CON ESCALA EN LA FEN

Cuando el directorio de la Fundación FEN lo llamó a dar explicaciones y rendir cuentas, el abogado Felipe Mahaluf decidió hacer oídos sordos y no aparecer. Para él, la invitación era algo “inapropiado y extemporáneo”. Nueve meses antes, en agosto de 2012, había cesado en sus funciones como director ejecutivo de la fundación. Según aseguró a CIPER, lo hizo en medio de felicitaciones por un trabajo bien hecho. Pero, con la citación que le envió en mayo de 2013 el mismo directorio que supuestamente lo había felicitado, quedaba claro que la situación había cambiado.

La salida de Mahaluf se materializó justo cuando estaba en curso una auditoría que examinó en detalle las cuentas de la Fundación FEN. El período en análisis fue 2011 y 2012, precisamente los años que Mahaluf estuvo a su cabeza. Él asegura que fue por iniciativa suya que se encargó la revisión. Si fue así, el tiro le salió por la culata. El informe que poco después emitieron los profesores de la FEN Fernando Bravo y María Paulina Zunino, identificó graves acciones y omisiones que son reflejo del profundo desorden financiero en que ha operado la fundación desde su constitución en 2003. Las irregularidades eran graves y podrían constituir delito.

Millones de pesos desaparecidos desde las arcas de la fundación. Contratos que se habrían pagado a pesar de no existir constancia de que los trabajos efectivamente se realizaron. Inversiones en productos bancarios sin conocimiento del directorio. Ausencia total de control sobre los procedimientos y actividades que involucran dineros públicos provenientes de la facultad. Todos los datos apuntan a Mahaluf y al ingeniero comercial Manuel Olivares Vivanco, director de administración y finanzas de la Fundación FEN entre agosto de 2011 y agosto de 2012. A él también lo convocó a rendir cuentas el directorio que preside el decano Agosín, pero tampoco asistió. Ahora los dos son objeto de una investigación del Ministerio Público por posible apropiación indebida.

Tras las acusaciones de irregularidades, el más complicado pareciera ser Olivares: según la denuncia que presentó el profesor Fernando Bravo en la Fiscalía Centro Norte, a él se lo sindica como responsable directo del cobro irregular de cheques y rescates de fondos mutuos que no se habrían reintegrado a la cuentas de la Fundación FEN. Tras las platas perdidas y varias de las contrataciones cuestionadas, hay nombres, fechas y cargos que convergen en dos factores comunes: el Colegio San Ignacio El Bosque y la Democracia Cristiana en Maipú.


LA COFRADÍA IGNACIANA

Felipe Mahaluf llegó por primera vez a la FEN en julio de 2010 como asesor legal de Manuel Agosín. Lo recomendó el académico Claudio Bonilla, a quien conoció en el Colegio San Ignacio El Bosque, donde Mahaluf cursó sus estudios y donde ambos son apoderados. Su primer trabajo fue elaborar un informe sobre la situación en que el recién asumido decano recibía la facultad. Poco después se convirtió en el nuevo director ejecutivo de la Fundación FEN. Aunque dijo a CIPER que al comienzo se encontró con “una entidad que operaba en condiciones bastante precarias”, asegura que su primer año transcurrió sin problemas.

Felipe Mahaluf

En marzo de 2011, en pleno “ordenamiento” de cuentas y procedimientos internos, Mahaluf dejó la fundación para convertirse en el abogado jefe de la FEN. En todo caso, su salida fue parcial: nunca dejó de ser su director ejecutivo. Algunos funcionarios consultados por CIPER dicen que su salida fue sólo nominal y que en la práctica siempre estuvo a cargo de la fundación, y que todo lo que ocurrió después –las contrataciones irregulares y las platas perdidas– habría sido su responsabilidad. Él, en cambio, asegura que la enorme carga de trabajo en la facultad le impedía estar al tanto de lo que ocurría en la fundación y que, en la práctica, la entidad había quedado en manos de su jefe de administración y finanzas, Cristián Cancino. Pero a mediados de año, este último renunció. En su remplazo, llegaría Manuel Olivares Vivanco, también recomendado por un apoderado del Colegio San Ignacio El Bosque. “Entrevisté a tres personas y él fue la que parecía ser más idónea para el cargo”, asegura Mahaluf.

Olivares también es egresado del San Ignacio, generación 1986. Fue compañero de curso del actual ministro de Obras Públicas y ex alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC). De hecho, son cercanos. Olivares participó activamente en las campañas municipales que Undurraga ganó en 2004 y 2008, y en 2010 el mismo alcalde lo llevó a trabajar a su municipio. Cuando aceptó el cargo en la Fundación FEN, Manuel Olivares era el hombre encargado de formular y preparar licitaciones públicas en Maipú. Mahaluf asegura que no lo sabía cuando lo contrató. Menos que seguiría trabajando allí en forma paralela hasta fines de 2012. Es el primer eslabón en la cadena de relaciones que llevan a Maipú.

En su afán de ordenar la fundación, potenciar su imagen, dotarla de oficinas y hacer que tuviera sus propios contratos e ingresos, Mahaluf contrató a fines de 2011 a la empresa Espejo y Yaksic Ltda. y le encargó el desarrollo de un estudio de mercado, imagen y posicionamiento. La empresa era de su amigo, también ignaciano, militante DC, hermano del diputado Sergio Espejo y jefe de gabinete de Undurraga en Maipú, el periodista y publicista Miguel Espejo Yaksic. Como consigna la Contraloría en el informe que emitió en febrero de este año, le canceló $15 millones provenientes de la fundación.

Alberto Undurraga
Espejo despachó cuatro informes: el primero fue un estudio de imagen y posicionamiento para la Fundación FEN; lo siguió otro que fundamentaba la creación de un departamento de recursos humanos en la entidad que dirigía Mahaluf; luego entregó un informe sobre la situación del mercado panameño para la instalación de una sede de la Fundación FEN en Panamá; y, por último, la elaboración de un reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad.

A juicio de Agosín, ninguno de esos informes servía, ya que “la fundación no tiene existencia pública hacia fuera, porque sólo hacemos trabajos para la facultad y relacionados con la facultad. Entonces no tiene sentido darle imagen a algo que no la necesita”. Es por eso que el contrato con Espejo forma parte de la serie de convenios y pagos por más de $113 millones que según las auditorías internas realizadas en la FEN –luego ratificadas por la Contraloría– son improcedentes, ya que las prestaciones contratadas no tendrían justificación, no habrían contado con el respaldo necesario para autorizar el pago o simplemente nunca se habrían realizado. Otro ignaciano que tuvo contratos con la Fundación FEN fue Alejandro Behm Sepúlveda, compañero de generación de Undurraga y Olivares. Realizó una asesoría de marketing por la que él recibió poco más de $3,8 millones y su empresa Agencia de Publicidad Semarka obtuvo otros $7 millones. Pese a que su nombre figura en la denuncia ante el Ministerio Público, el decano Agosín asegura que se trató de un error, pues esos contratos sí se ejecutaron.


CONTRATOS CUESTIONADOS

Entre marzo y diciembre de 2012, el concejal de Maipú, Abraham Donoso Morales (DC), fue contratado por la Fundación FEN para realizar una asesoría de marketing de la cual no constan registros. Se le pagaron $3,3 millones. Aunque ellos lo contrataron, ni Mahaluf ni Olivares saben cuál fue el trabajo que realizó. Lo mismo ocurrió con Cristian Barrios Valenzuela, funcionario de la Dirección de Aseo de Maipú, a quien se le pagaron $3,1 millones.

Otro contrato cuestionado que figura en las auditorías internas de la FEN y en el informe de la Contraloría, es el de Rodrigo Araya Gaensly, que trabaja en la Municipalidad de Maipú desde 2007. Mahaluf dice que fue su ayudante en la universidad y que él lo llevó a la fundación para realizar asesorías jurídicas, también entre marzo y diciembre de 2012. En total se le cancelaron $8,2 millones. Aún así, los arqueos no detectaron ningún registro de su trabajo. Lo mismo pasó con las prestaciones que supuestamente realizó Mario Arancibia Neculman, a quien se le pagaron $5,1 millones, por una asesoría en comunicación para la Fundación FEN. Lo extraño es que Mahaluf asegura que “fue contratado para hacer un taller para hijos de funcionarios de la fundación. Este señor lo que hizo fue el coffe break”. Entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, Arancibia figura en los registros de Maipú como fotógrafo a honorarios de la municipalidad.

A todos ellos se suman los contratos con las empresas Sociedad Publicitaria Grupo Vía Ltda. y Univia Ltda., ambas parte del grupo que dirige el publicista Juan Carlos Jara Sanhueza y que fueron contratadas por la Fundación FEN para proveerle de servicios de web hosting, diseño de newsletter, soporte técnico y web mail, entre otros. Se les pagó cerca de $19,9 millones. Univia Ltda. figura entre las empresas que prestaron servicios a la campaña de Alberto Undurraga y otros candidatos de la DC en las elecciones de 2008, al igual que Vía Imagen Ltda., que es parte del holding de Jara (ver documento). Otra empresa del grupo, Transportes Univía Ltda., colaboró con varias campañas de la DC en la elecciones municipales de 2012, entre ellas la del alcalde de Maipú, Cristian Vittori. En septiembre de 2013 Grupo Vía Ltda. fue contratada por la Municipalidad de Maipú para publicitar actividades municipales (ver contrato).

Miguel Espejo aseguró a CIPER que las conexiones con Maipú no son más que una casualidad, que Undurraga y Vittori no tienen nada que ver con todo eso, y que en ningún caso los pagos están vinculados con el financiamiento de campañas electorales. La responsabilidad sobre los contratos no está clara y aún es materia de investigación. Cercanos al ex director de finanzas de la fundación, Manuel Olivares, revelaron a CIPER que él se defiende diciendo que todos los contratos habrían sido visados por Mahaluf. Mientras, este último dice que todos fueron gestionados por Olivares, quien era la persona a cargo de la fundación. Lo que sí está claro es que las irregularidades con los contratos son sólo una parte de las graves anomalías que terminaron con la desvinculación de ambos de la fundación.


PLATAS DESAPARECIDAS

Manuel Olivares Vivanco partió en la Fundación FEN con un sueldo base de $1,8 millones, aunque tres meses después se lo subieron a $2.096.000. Al poco tiempo contrató como asesora financiera a Andrea Fuentealba Ott, su pareja en ese entonces, para luego ascenderla a “gerente de productos”. Ella no tenía título profesional. Aún así, le pagó con fondos de la fundación casi $8,3 millones sin que quedara registro de su trabajo.

Olivares también contrató en abril de 2012 a una vecina suya que estaba cesante, Carmen Rojas Juacida, como encargada de un proyecto de venta de libros de académicos de la universidad. Era un contrato pequeño, por apenas $222.222. Los fondos para pagarle provinieron del Centro de Estudios Tributarios (CET), sin el conocimiento de su director académico ni de su director ejecutivo. Además, el 23 de abril de 2012 Rojas retiró un cheque por US$ 2.250 de una cuenta de la Fundación FEN en el Banco BICE. Nunca se supo por qué retiró ese dinero ni adónde fue a parar. Esa es sólo una muestra de una serie de retiros de dinero de esa cuenta sin justificación.

Entre octubre de 2011 y mayo de 2012, hubo al menos 15 cheques cobrados de la cuenta en dólares que tenía la fundación en el Banco BICE. Uno fue el que cobró Rojas. Otros 13 fueron cobrados por Pablo Quezada, un funcionario que trabajó en el equipo de Olivares y que bajo sus órdenes cobró cheques por US$ 36.530. Éste le habría entregado el dinero a Olivares, sin recibos ni comprobantes. Y el mismo Olivares figura en los registros retirando US$ 4.100. Olivares diría después que esos fondos eran para pagar en efectivo gastos de la fundación, como viáticos o remesas al extranjero, pero de ello no hay registro. A todo eso se suma la pérdida de otros US$ 12.346 en un proceso de venta de divisas en abril de 2012. En términos contables, esos US$ 55.226 (aproximadamente $27,5 millones) simplemente desaparecieron.

También desapareció la devolución que hizo la académica Angélica Núñez de unos US$ 1.778 al rendir sus gastos de un viaje a Brasil. Ese dinero debió haber sido restituido a las arcas de la fundación, pero no ocurrió así. El rastro de esos dólares se perdió una vez que llegaron a manos de Olivares. Lo mismo pasó con rescates que el mismo Manuel Olivares hizo de fondos mutuos que mantenía la fundación. El 2 de agosto de 2012, poco antes de ser despedido, retiró $18,8 millones. Algo que ya había hecho a fines de junio de ese mismo año, cuando sacó $35 millones. Esa plata debía ser depositada luego en las cuentas de la fundación, pero no hay registros de que eso haya pasado. Tampoco hay explicación sobre los $20 millones que desaparecieron de un traspaso de fondos provenientes desde la FEN hacia la fundación en mayo de 2012. De la facultad salieron poco más de $244 millones, pero a su fundación ingresaron sólo $224 millones.

En total, durante la gestión de Mahaluf y Olivares al mando de la fundación, entre pagos por asesorías que según las auditorías no se justifican y retiros de dinero que no se explican, se perdieron cerca de $226 millones. Olivares ha declarado que si falta dinero, no es porque se lo haya llevado, sino que por el profundo desorden interno que hay en la fundación.


VIDA FUERA DE LA FEN

En agosto de 2012 los dos hombres fueron desvinculados de la Fundación FEN. Cinco meses después, Mahaluf fue contratado como funcionario a honorarios en la Municipalidad de Maipú para desempeñarse como abogado del “Programa Plan de Acción Anual”, donde recibe una remuneración de poco más un millón de pesos. Llegó a la municipalidad de la mano de Miguel Espejo, con quien se asoció para crear la empresa de asesorías Círculo Público. Además, desde diciembre de 2013 figura en el listado de asesores parlamentarios de la Cámara de Diputados. Este año ha realizado tres asesorías al diputado Sergio Espejo, por las que se le han pagado $10,3 millones.

Por su parte, Manuel Olivares Vivanco figura como socio vigente en sólo una sociedad registrada en el Diario Oficial, la que creó el 7 de mayo de 2013 junto a su hermana, aunque no registra inicio de actividades ante el SII. Ese mismo mes fue contratado a honorarios por el Servel para “apoyo profesional”. Fueron cuatro contratos para sólo dos meses de trabajo, por los que el Servel le pagó entre $3,4 millones y $6,3 millones. Poco después de dejar el Servel, el 19 de agosto de 2013, Olivares y Mahaluf fueron denunciados ante el Ministerio Público por apropiación indebida.


MICRODATOS, MACROSUELDOS

No todos los contratos de la Fundación FEN han sido motivo de cuestión. El grueso de sus transferencias tiene que ver con trabajos ligados a la Facultad de Economía y Negocios y a sus académicos, las que, al menos en el periodo analizado, no tuvieron objeciones de la Contraloría. “La fundación era un organismo de colaboración para la facultad, a la que se le encomendaban distintas tareas”, explica Agosín. Una de ellas estuvo a cargo del actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas.

Alberto Arenas, ministro de Hacienda
Ni un mes había pasado desde su salida de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y Alberto Arenas ya tenía trabajo. Era marzo de 2010 y el actual ministro de Hacienda empezaba una nueva etapa alejado de la política, como empleado a honorarios en una oficina de la FEN. Reclutado por David Bravo, quien por entonces dirigía el Centro de Microdatos, Arenas asumía el desafío de desarrollar y luego dirigir un diplomado en Seguridad Social para estudiantes de Chile y Latinoamérica y realizar estudios sobre la Reforma Previsional. Por todo ello, la universidad le pagaría $2,4 millones mensuales. El programa académico se llevó a cabo a fines de ese mismo año (ver díptico). Se titularon 13 personas. Además, publicó un libro al mes de haber llegado a la casa de estudios. Arenas era presentado públicamente como profesor adjunto del Departamento de Economía de la FEN e investigador del Centro de Microdatos.

En su currículum, publicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda, dice que también fue profesor del magíster de políticas públicas y que se mantuvo en la facultad hasta 2013. Según explicó su jefa de prensa, “la Comisión de Evaluación Académica acordó evaluarlo en el rango de profesor adjunto –en resolución de agosto de 2010, firmada por su presidente de entonces Felipe Morandé–, pero nunca se le hizo contrato en esa calidad y siempre ejerció como profesor a honorarios por curso, por lo que no integró el staff de académicos”.

Agosín se refiere a un contrato de junio de 2011 en el que Arenas fue designado a cargo de la “Encuesta de Protección Social en América Latina”. Ese era un proyecto del BID (ver ficha) con el Centro de Microdatos, realizado a través de la Fundación FEN, por el cual Arenas recibía $8,8 millones mensuales (ver contrato). Ganaba incluso más que el decano. Pero eso no aparece en los registros de transparencia de la universidad pública y el decano Agosín descarta que haya sido funcionario de la FEN: “Sobre Alberto Arenas, usted tiene errada su información: nunca fue académico y no tuvo nunca un contrato con la facultad. Sí tuvo contratos con la fundación por proyectos que él gestiono para el Centro de Microdatos”.

Alberto Arenas desapareció de las nóminas de contratos de la Universidad de Chile porque dejó de ser funcionario a honorarios de la facultad y pasó a ser empleado de la Fundación FEN. El cambio, en apariencia, no era relevante, pero modificaba por completo el tipo de relación laboral que tendría con la casa de estudios. Ahora trabajada para una entidad privada sin fines de lucro.

Arenas no es una excepción. Los pagos más cuantiosos de la Fundación FEN están relacionados con el Centro de Microdatos. Esta unidad dependiente del Departamento de Economía era, de cierta forma, el chiche de la FEN. Con una alta presencia pública, su equipo ha estado a cargo desde 1985 –con una excepción– del levantamiento de la encuesta CASEN y del análisis de esos datos por encargo del Ministerio de Desarrollo Social. También ha sido responsable de la Encuesta Financiera de Hogares a solicitud del Banco Central, de la Encuesta Nacional de Opinión Pública que periódicamente realiza el Centro de Estudios Públicos (CEP) y de distintas investigaciones sobre trabajo, educación, salud, empresas y otros sectores, a pedido de instituciones públicas y privadas. Todos esos contratos significan ingresos por miles de millones de pesos al año, y la mayoría ha sido gestionada a través de la Fundación FEN.

Para muchos, el rostro de Microdatos es David Bravo, quien durante los 17 años que estuvo en la escuela de negocios de la Chile logró consolidarse no sólo como un experto en análisis cuantitativo, sino como uno de los nombres más importantes a la hora de obtener contratos y recaudar fondos. Su renuncia a la FEN, en marzo de 2014, para dirigir un nuevo centro de investigación interdisciplinario en la Universidad Católica, fue un duro golpe para la principal universidad pública del país. Cuando Agosín se refiere a los trabajos que la facultad hacía a través de la fundación, menciona precisamente los que estaban a cargo de Bravo. Los cataloga como “las labores que realiza esta facultad en beneficio del país”.

David Bravo
Desde 2000 que el ahora ex director de Microdatos tenía contrato como funcionario de planta de la FEN. Los registros a diciembre de 2011 indican que para entonces tenía un sueldo bruto mensual de casi $5,5 millones. Pero lo cierto es que sus ingresos eran mucho mayores. Ese año se le transfirieron desde la fundación otros $11 millones. Distribuido durante un año, el monto no parece muy importante. Pero la situación cambia al agregar a esa cifra otros $106 millones que se le pagaron a Asesorías Socioeconómicas Ltda., la sociedad que Bravo formó en 1998 junto a Verónica Flores. Sumados su sueldo en la facultad más los pagos desde la fundación, en 2011 Bravo percibió ingresos por $183 millones, es decir, 2,7 veces más de lo que habría recibido sólo por su contrato con la FEN. En promedio, más de $15 millones brutos al mes. Al año siguiente, en septiembre, las condiciones de su vínculo con la universidad cambiaron para mejor: su sueldo aumentó a poco más de $6 millones. De acuerdo a los registros de la fundación a los que tuvo acceso CIPER, los egresos de 2012 a nombre de David Bravo corresponden principalmente a viáticos, por lo que no podrían ser considerados como ingresos extra. Sin embargo, su empresa vuelve a figurar como receptora de al menos $76 millones brutos.

Consultado por estos pagos y los contratos que los respaldan, el decano Manuel Agosín señaló a CIPER que “la Contraloría los revisó por completo y no los objetó, porque el profesor Bravo tenía un contrato de 22 horas con la facultad, así que perfectamente podría haber dedicado el resto de su tiempo a hacer las otras tareas que quisiera”.

Por otro lado, CIPER le preguntó a Bravo por la naturaleza de estos pagos. En su respuesta, el académico explicó que Microdatos trabaja con tres tipos de proyectos: 1) aquellos que se materializan directamente a través de la facultad; 2) los que nacen de un contrato entre la facultad y un tercero, pero que son ejecutados por la fundación; y 3) convenios gestionados directamente por la fundación con entidades externas, ya sean públicas o privadas. Y agregó que los pagos a su sociedad corresponden a los honorarios que él recibía por convenios para el desarrollo de este último tipo de proyectos, “y que están asociados a la dirección, responsabilidad y elaboración de los mismos, incluyendo los informes respectivos y los productos comprometidos en los contratos”.

Cuando se le comentó vía email que probablemente era el funcionario mejor pagado de la universidad y que llegó a ganar mucho más que el rector, Bravo explicó que eso se debe a que decidió institucionalizar sus proyectos, “con el objeto que sus excedentes quedaran en la universidad y de hecho fueron usados para contratar profesores u otros fines académicos que el Departamento de Economía de la FEN podría indicar; y también son actividades que generaron externalidades positivas a la institución”. Agregó, además, que la alternativa habría sido realizar esos proyectos privadamente, cosa que hacen otros académicos.

Los pagos vía Fundación FEN también se hicieron a otros funcionarios de Microdatos, como la investigadora Patricia Medrano, quien luego emigró a la UC con Bravo. PhD en Economía de la Universidad de Boston, Medrano -casada con Oscar Landerretche, quien hasta marzo fuera director de la Escuela de Economía de la FEN- a diciembre de 2011 tenía un vínculo contractual doble con la FEN, además de los pagos que recibió a través de la fundación.

Patricia Medrano
El primero de sus contratos, como profesora adjunta de la universidad, estaba vigente desde 2009. El segundo, simplemente catalogado como “profesional”, comenzó a regir en marzo de ese año y duraría hasta diciembre de 2012. Entre los dos le significaban ingresos brutos mensuales por cerca de $4,3 millones. A todo eso se deben sumar los cerca de $40 millones que la Fundación FEN transfirió a Medrano ese año, y que corresponderían a honorarios similares a los que Bravo explicó a CIPER. En 2012, el monto bajaría a $30 millones.

Pese a que la Fundación FEN parece haber sido funcional para la Facultad de Economía y Negocios, el decano Agosín asegura que prácticamente ya no opera. Cuenta que desde 2012 dio la orden de que la fundación ya no podía contratar a más académicos de la facultad y que desde entonces la actividad ha decaído.

-Estamos eliminando la fundación porque la Contraloría considera que todos los controles que se aplican a la facultad también son aplicables para la fundación. Y como nos tienen tan cuestionados, prefiero no tener más ese vehículo. Esto se ha achicado paulatinamente. Ahora tenemos a dos personas trabajando allí. La directora ejecutiva viene dos veces a la semana para ver qué está pasando. No hay irregularidaes en esta facultad ni en esta fundación, salvo lo que se refiere a los señores Mahaluf y Olivares, y eso está en manos de la fiscal. No tengo nada que agregar a eso -concluye Agosín.



Manuel Agosín: “No tengo por qué entregarle contratos de la fundación porque es un ente privado”
Cuando CIPER le preguntó al decano de la FEN, Manuel Agosín, sobre los contratos con académicos de la facultad a través de la fundación que él preside, aseguró que desde 2012 que eso no ocurre porque fue él mismo quien los prohibió: “Establecí que la fundación no podría contratar a nadie que trabaje en la facultad, ya sea académico o funcionario”. Aunque el instructivo primero se emitió de forma verbal e informal, Agosín explica que en marzo de ese mismo año la orden se hizo oficial a través de una circular. Y agregó:

-Quizás haya algún contrato que usted pueda encontrar entre 2010 y 2012, pero eso es sólo una pequeña parte de la labor de la fundación. La parte más grande es para contratos como la realización de encuestas y labores de gran envergadura. Puede ser que, como venía de antes y hasta que yo me posesioné bien de mi cargo, eso haya continuado, pero lo prohibimos y eso no se ha hecho desde entonces. (…) No tengo ninguna evidencia de que siga habiendo contratos con académicos y funcionarios a través de la fundación. Vaya a ver los contratos.

Nos encantaría, pero la FEN rechazó la solicitud que CIPER elevó haciendo uso de la Ley de Transparencia para acceder a esos documentos. -Eso no me lo diga a mí, es cosa de Casa Central.

Usted, por ser decano de la FEN, es presidente de la fundación.
-Pero no tengo por qué entregarle contratos de la fundación, porque es un ente privado y no una entidad pública. No es un tema de transparencia: las entidades privadas no tienen ninguna obligación de entregar ni a la prensa ni a ningún demandante documentos que son privados.

La fundación es de interés público. Está creada para operar exclusivamente en función de un organismo público, que es la FEN. Su organigrama está compuesto por funcionarios públicos en función de sus cargos. Usted mismo la preside porque es decano de la FEN. Y los demás miembros del directorio son electos por el Consejo de Facultad, todos también funcionarios públicos. Además, la mayor parte de su presupuesto proviene de transferencias de la facultad, es decir, de fondos públicos. Hay un historial de irregularidades en el funcionamiento de la Fundación FEN desde sus inicios en 2003. Y son varias las personas que nos aseguran que siguen ocurriendo: sobresueldos, contratos con personas y empresas relacionadas a los académicos y funcionarios, pagos por servicios de los cuales no quedan registros. Nos hablan de una ausencia completa de control.
-Esa gente está muy equivocada.

Quisiéramos corroborarlo o desmentirlo, pero nos han negado el acceso a la información.
-Mire, hemos reducido la fundación a su mínima expresión y en este momento estamos sólo terminando actividades en curso. La estamos eliminando porque la Contraloría considera que todos los controles que se aplican a la facultad también son aplicables para la fundación. Y como nos tienen tan cuestionados, prefiero no tener más ese vehículo. No tenemos ningún contrato nuevo porque decidimos traspasar a la facultad todo lo que hacíamos a través de la fundación. Eso comenzó gradualmente en 2012. Hubo pérdida de dineros en la fundación, es cierto, pero ni un solo peso perdido es del sector público.

Aun así nos parece grave que con la historia que ha tenido la fundación, la FEN siga manteniendo la información en reserva.
-Vaya a un tribunal y pídala. Yo no le voy a entregar esos papeles. No tengo por qué hacerlo.


Publicado originalmente en CIPER (12/12/2014)

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