jueves, 31 de julio de 2014

LAS CONEXIONES CON EL LOBBY DE LOS PRINCIPALES NEGOCIADORES DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO

Julio Valladares, Exequiel Silva y Pablo Berazaluce son tres asesores que este gobierno contrató para negociar en el Congreso sus proyectos clave. Todos participaron en la creación de Conexxa junto a Alexis Yáñez, ex operador político de la Concertación, quien mientras trabajaba para el gobierno hacía lobby para empresas, como KDM en la basura, casinos y Educación Superior, donde fue socio de Teodoro Ribera en la Universidad Autónoma e Inca-Cea. La delgada línea que separa el rol de asesor de autoridades públicas y defensor de intereses privados está bajo la lupa.

Por Juan Pablo Figueroa y Francisca Skoknic



Aunque nunca ha sido diputado ni senador, Julio Valladares Muñoz es uno de los profesionales que mejor se desenvuelve en el Congreso. Por eso fue elegido por el gobierno de Michelle Bachelet para hacerse cargo de una misión clave para el éxito de su programa: la coordinación política y la relación con los parlamentarios en la tramitación legislativa de la reforma tributaria. Una de sus tareas es negociar en ambas cámaras los detalles del proyecto eje del gobierno. Y por ello es muy bien remunerado. Como asesor del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, Valladares recibe mensualmente un sueldo bruto de $6.500.000. Es uno de los 20 funcionarios a honorarios de la Subsecretaría de Hacienda mejor pagados.

El ex diputado Exequiel Silva Ortiz recibe poco más de $5,9 millones como parte del equipo de asesores de la reforma educacional, el proyecto más importante de la administración Bachelet. Su nombre figura en uno de los tres contratos a honorarios con mayores remuneraciones en el Ministerio de Educación (Mineduc). Y es que su papel será clave en la tramitación de los proyectos de ley que el ministro Nicolás Eyzaguirre presentará para sacar adelante la principal promesa de campaña de la Mandataria: educación gratuita y de calidad para todos los chilenos. Pero su rol va más allá del Congreso, ya que como uno de los pocos demócrata cristianos en el gabinete del ministro, Silva es el encargado también de convencer a la Iglesia Católica de los cambios que propone el gobierno.

Una tarea similar tendrá Pablo Berazaluce Maturana, pero desde el Ministerio de Economía. El 11 de marzo asumió como coordinador legislativo del ministro Luis Felipe Céspedes. Su misión: analizar la agenda legislativa, tramitar y defender los proyectos de ley en el Congreso, preparar los proyectos y sus indicaciones y gestionar en terreno reuniones parlamentarias. Por ello recibe un sueldo bruto mensual de $4,5 millones, lo que también lo posiciona como uno de los 20 contratos a honorarios más caros en esa cartera.

Ni Valladares ni Silva ni Berazaluce tienen la obligación de entregar declaraciones de patrimonio o de intereses a la Contraloría. La ley no se los exige a pesar de ser los principales lobistas del gobierno; la punta de lanza en el tira y afloja de sus respectivos ministerios con senadores y diputados para obtener los votos que garanticen el cumplimiento de los proyectos más importantes del programa de Bachelet. Julio Valladares es profesor de Historia y Geografía, Exequiel Silva es médico veterinario y Pablo Berazaluce es cientista político. A primera vista, parecen distintos. Pero son varias las vías que los unen y también vinculan a otras zonas de poder.

Exequiel Silva
Los tres son militantes de la Democracia Cristiana y tienen vasta trayectoria en el mundo de las asesorías políticas. Los dos primeros ocuparon altos cargos en los gobiernos de la Concertación y han participado como asesores externos de parlamentarios. El tercero tuvo un rol clave en distintas campañas políticas como coordinador territorial. Y los tres han asesorado a ministerios. Ahora, Valladares, Silva y Berazaluce coincidirán nuevamente en los pasillos del Senado y la Cámara de Diputados, en comisiones parlamentarias y en reuniones informales; todos terrenos que manejan muy bien. Pero hay otro importante punto que los hermana: los tres son socios en una empresa que los liga con el lobby empresarial y que genera dudas respecto a su real independencia a la hora de negociar los intereses del gobierno.

A fines de agosto de 2010, Valladares, Silva y Berazaluce crearon la sociedad Conexxa Consultores S.A., una firma que partió con un capital de $8.000.000 y que desde entonces ha operado sin dejar huellas. Casi no aparece en los registros. Salvo su constitución, en el Diario Oficial no hay ninguna otra publicación que se refiera a ella. No tiene página de Internet y en los buscadores su nombre prácticamente no arroja resultados. Pareciera que fue creada y que nunca entró en operaciones. Pero no fue así. En los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) figura como una empresa activa desde octubre de 2010, con autorización para explotar el giro de “actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión”. También presenta boletas electrónicas timbradas en 2013. ¿A quiénes asesora? ¿Qué intereses defiende? Si no fuera por una entrevista que dio otro de sus socios a una estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, no existiría ninguna pista que arrojara luces sobre esas preguntas.

Hugo Lara Torres (DC), el mismo hombre al que Bachelet nombró en enero de 2014 como subsecretario de Agricultura y que debió renunciar antes de asumir el cargo por las denuncias en su contra por estafa y giro doloso de cheques, también es socio en Conexxa Consultores. Para cuando habló con la estudiante de periodismo en diciembre de 2010, Lara representaba a Conexxa como asesora de KDM, el mayor consorcio del país en el negocio de la basura, filial en Chile del grupo Urbaser Danner. Fue el mismo año en que 22 municipios de la Región Metropolitana renovaron –sin licitación de por medio y en un proceso impugnado por la Fiscalía Nacional Económica y la Contraloría– un contrato de US$ 240 millones con KDM, amarrando el manejo de su basura hasta el año 2027 (ver reportaje). Al año siguiente, ese mismo conglomerado de empresas desataría una guerra sucia para adjudicarse otro millonario contrato para la recolección de los desechos en Maipú. Hoy ese grupo económico está siendo investigado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el supuesto pago de coimas para adjudicarse otra lucrativa licitación en la misma comuna de Maipú (ver reportajes en CIPER).

Si bien la entrevista de Lara es la única prueba directa sobre el vínculo comercial entre Conexxa Consultores y KDM, la relación real entre la sociedad de los negociadores del gobierno y el mundo del lobby empresarial es mucho más estrecha. Porque otro de los socios de Conexxa Consultores es Alexis Yáñez Alvarado. Allí participa no como persona natural, sino que a través de su sociedad Inversiones Santa Sofía Ltda. Quienes conocen en detalle las cuestionadas licitaciones que se ha adjudicado KDM, recuerdan las gestiones hechas por Yáñez a favor de la empresa. De hecho, en enero de 2013 invitó al alcalde de Socabaya a una visita guiada a distintos municipios chilenos para “intercambiar experiencias en cuanto al adecuado tratamiento de los residuos, sus diversas fórmulas de aprovechamiento económico y su correcto manejo en términos medioambientales”.

El nombre de Yáñez es reconocido en el medio como el de un consolidado lobista para una cartera de clientes que además de KDM ha incluido a un casino, universidades privadas, una importante empresa de lobby e incluso el Gobierno de Chile. Sus nexos políticos, especialmente en el oficialismo, pero con fuertes vínculos en la oposición, también son ampliamente conocidos. Él ha sido el nudo que entrelaza los intereses de privados con los lobistas del gobierno.


EL LOBISTA QUE CRECIÓ AL ALERO DE VIDAL

De los cinco socios de Conexxa Consultores, Alexis Yáñez es el único que no milita en la DC. Al igual que Hugo Lara y Julio Valladares, estudió Pedagogía en Historia y Geografía. También es magíster en Ciencias Políticas, pero antes de dar el giro a la política hizo clases de Historia en el Colegio Saint George. Luego, en 1995, comenzó a trabajar en la Universidad Andrés Bello, donde llegó a ser director de Relaciones Internacionales. Allí conoció a Francisco Vidal (PPD), también profesor de Historia. Fue entonces que se le abrieron las puertas del mundo político.

Cuando en marzo de 2000, el Presidente Ricardo Lagos lo nombró como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Francisco Vidal reclutó a Yáñez para que fuera su asesor. Lo puso a cargo de las relaciones con los municipios y del lobby ministerial para la tramitación de proyectos como la Ley de Casinos. Así fue como Yánez se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de uno de los hombres de confianza de Lagos. Tres años después, Vidal asumió la vocería del gobierno. En 2005 se convirtió en el ministro del Interior. En 2007, Bachelet lo nombró nuevamente ministro vocero y en 2009 pasó a ser el titular de la cartera de Defensa. En todos esos puestos, Alexis Yáñez estuvo a su lado, como parte clave de su equipo legislativo. Durante ese período Yáñez también integró el directorio del diario La Nación y formó parte –por gestión de Julio Valladares– del equipo asesor del ministro de Hacienda Andrés Velasco. Pero sobre todo, desarrolló habilidades y contactos que lo transformarían en uno de los principales lobistas de la Concertación.

Parte importante del trabajo de Yáñez durante los gobiernos de Lagos y Bachelet consistió en hacer de enlace con el Congreso para buscar votos para distintos proyectos de ley. De hecho, su nombre sólo aparece en los registros de la Cámara de Diputados como asistente a distintas comisiones en su calidad de asesor ministerial, cargo que dejó en marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera asumió la Presidencia.

Alexis Yáñez
Mientras Alexis Yánez dejaba su huella en el Congreso como operador clave de dos gobiernos de la Concertación (Lagos y Bachelet), en paralelo desarrollaba una multifacética veta empresarial. Creó una empresa constructora, una editorial, una importadora, una distribuidora y hasta una sociedad agrícola. También explotó el negocio de la Educación Superior.

Después de asesorar a la Universidad Autónoma por un tiempo, en 2003 se asoció a ella creando la sociedad Servicios Universitarios S.A., dedicada a la administración de establecimientos educacionales a cualquier nivel. Quien firmó junto a Yáñez la escritura respectiva, como representante de la Universidad Autónoma, fue el entonces futuro ministro de Justicia, Teodoro Ribera (RN). Tres años después, cuando esa misma universidad compró parte del Instituto Profesional Inca-Cea, tanto Ribera como Yáñez integraron su directorio. El asesor del ministro Francisco Vidal, Alexis Yáñez, llegó a ser dueño del 7,5% de esa entidad. También fue director de planificación y desarrollo de la UCINF y miembro del directorio de la Universidad Bolivariana. Además, en 2010 se asoció al ex rector de la sede de La Serena de la Universidad del Mar y socio de los controladores de esa universidad, Jorge Pasten Sánchez, para crear dos sociedades. Una de ellas es la ATE Protagoniza, cuyo fin es prestar asesorías con los fondos de la Subvención Educacional Preferencial (SEP) y con la que el año pasado realizaron una campaña contra el bullying escolar en Tomé. La otra es ANAE Ltda., una agencia de acreditación para establecimientos de Educación Superior que no figura entre las certificadoras autorizadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En varias de esas empresas Alexis Yáñez participa a través de la sociedad que creó junto a su esposa en 1999, Inversiones Santa Sofía Ltda. De hecho, esa es la matriz del Grupo Santa Sofía, del cual Yáñez se presenta como gerente general. En ese conglomerado son dos las empresas principales. Una es Transportes Yagu, compañía dedicada al transporte de carga que contaría con una flota de 23 camiones, buses de transporte de pasajeros, ramplas y remolques y con clientes como Cencosud, La Polar, Rosen, Tottus, Hites, Sodimac y Nestlé, entre otros. La otra es Santa Sofía Consultores, donde según su sitio web (cuya última actualización fue en diciembre de 2012), entre los servicios que ofrece está la promoción de los intereses de nuestros clientes ante organismos y autoridades públicas-privadas. En otras palabras: lobby empresarial.

En el mismo sitio señala que ha prestado asesorías a clientes como la cadena de casinos Enjoy, el consorcio de la basura KDM, la revista Playboy Brasil, las universidades Bolivariana, Central y UCINF y el Instituto Profesional Los Leones. También figura el logo de Hill & Knowlton Captiva, que contrató a Yáñez cuando la empresa estaba a cargo de Cristina Bitar, quien lo fichó derechamente como lobista. Todos esos vínculos le permitieron aumentar su patrimonio, consolidarse como empresario y manejar autos de lujo, pero a la vez le abrieron un flanco a críticas por conflictos de interés.

Varias personas que conocieron su trabajo en esos años señalaron a CIPER que el doble rol de Alexis Yáñez generaba suspicacias y que en el gobierno muchos creían que “hacía lobby para sus negocios personales usando como plataforma su rol de asesor ministerial”. Al mismo tiempo que operaba como negociador del Ejecutivo, se abría camino en el mundo de las asesorías privadas. Fue por ese motivo que, cuando acabó el primer gobierno de Bachelet en 2010, Yáñez ya tenía un nicho que él y otros operadores podrían explotar.


LA SOCIEDAD DE LOS NEGOCIADORES DE LA CONCERTACIÓN

El 11 de marzo de 2010, un grupo de colaboradores de muy bajo perfil público dejó el gobierno. De ellos, cinco se asociarían poco después en un proyecto comandado por Alexis Yáñez. Eran operadores de la Concertación, lobistas que recorrían los pasillos y salones del Congreso negociando indicaciones y modificaciones a los proyectos de ley, o asesores políticos de confianza de altas autoridades.

El segundo de esos cinco hombres fue Julio Valladares, quien había dejado atrás su carrera como profesor de Historia hacía mucho tiempo. Fue subsecretario de Educación en el gobierno de Patricio Aylwin y en 1997, el Presidente Eduardo Frei lo puso a cargo de la Subsecretaría del Trabajo. Como ex dirigente del Colegio de Profesores, Valladares tenía una especial habilidad para operar como puente con los gremios y el mundo sindical. Luego, durante el primer gobierno de Bachelet, fue nombrado subdirector de Racionalización y Función Pública en la Dirección de Presupuestos (DIPRES), entonces dirigida por el actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Poco después se convirtió en su asesor en relaciones laborales y formulación y diseño de políticas públicas. Fue entonces que se especializó como un influyente y hábil negociador en temas de presupuesto de la Nación.

Pablo Berazaluce
El tercero fue Exequiel Silva, otro experto operador de la Concertación. Como diputado por Valdivia entre 1994 y 2006, aprendió cada detalle del manejo de relaciones entre el gobierno y el Poder Legislativo. Por eso, cuando fue derrotado en las elecciones de 2005 por Alfonso de Urresti (PS), las asesorías se convirtieron en su nueva profesión. Los siguientes cuatro años se desempeñó como asesor en la Subsecretaría del Interior, donde llegó a ser jefe de gabinete del ministro Edmundo Pérez Yoma.

Pablo Berazaluce, el cuarto socio de Alexis Yánez, ingresó al club de negociadores del gobierno cuando en 2006 fue contratado como asesor de la división de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Partió cuando Paulina Veloso era la titular de esa cartera y siguió cuando Veloso fue reemplazada por José Antonio Viera-Gallo. Estuvo allí hasta 2009, cuando asumió como asesor del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cargo que ocupó hasta 2011.

Los cuatro operadores políticos del gobierno de Michelle Bachelet se unirían para hacer negocios en el sector privado tras la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda. El 31 de agosto de 2010, a cinco meses de haber salido del gobierno, formaron Conexxa Consultores S.A. A ellos se sumó Hugo Lara, un ex asesor de Chiledeportes en la época de Catalina Depassier y quien por entonces asesoraba en materia de estrategia comunicacional a Joaquín Lavín en el Mineduc.

Con esa sociedad, los ex lobistas del gobierno salieron al mundo de las consultorías y el lobby privado. Instalaron su centro de operaciones en un antiguo edificio junto a la Plaza de Armas, en el centro de Santiago, donde Yáñez ya tenía oficinas. La dirección exacta: Compañía de Jesús 1068, sobre el Pasaje Agustín Edwards. Según el informe Dicom de Conexxa, su oficina debería ser la Nº 1005. Pero allí no hay ninguna consultora. ¿Se trata de un error? No. Ahí está la empresa de transportes de Alexis Yáñez. Conexxa en realidad está en el mismo edificio, pero seis pisos más abajo.

Ante la poca información disponible sobre las actividades de Conexxa, CIPER intentó contactar a algunos de sus socios. Ni Alexis Yáñez ni Hugo Lara respondieron nuestros llamados. Cercanos a Julio Valladares dijeron que si bien participó en la constitución de la sociedad, nunca trabajó en ella. Pero Exequiel Silva señaló lo contrario: dijo que él, Valladares y Yáñez estuvieron juntos y operativos en esa sociedad al menos hasta fines de 2013, mientras que Lara y Berazaluce dejaron de trabajar allí con anterioridad. En eso coincide Berazaluce, quien afirmó que sólo realizó informes legislativos para Conexxa durante un breve periodo, hasta 2012, aunque habría dejado formalmente la sociedad en marzo pasado. Enfatiza, además, que nunca hizo lobby.

Hugo Lara
Silva también explicó que la empresa se dedica al apoyo de gestión de inversiones y a elaborar informes sobre el escenario chileno para inversionistas extranjeros. “Hacíamos informes de coyuntura sobre situaciones generales de temas legislativos, de escenarios que podían venir; ese tipo de cosas”, dice. Al preguntarle sobre las empresas que contrataron sus servicios, además de KDM, asegura no recordar sus nombres, pero reconoce que sus consultorías cubrieron los rubros de la basura, de energía y casinos, entre otros, y que se dedicaron principalmente a atender “nichos puntuales que tenía Alexis Yáñez, quien se dedicaba a las asesorías hacía mucho tiempo”.

Entre 2010 y 2014, los antiguos negociadores de la Concertación se reinventaron en el mundo de las consultorías privadas. El problema es que algunos nunca dejaron su rol como asesores públicos. Porque para algunos socios de Conexxa, el Congreso jamás dejó ser su cancha de juegos.


ASESORES PÚBLICO-PRIVADOS

Según los registros del Senado, en diciembre de 2011 Julio Valladares fue contratado por el senador Eduardo Frei para que lo asesorara en la comisión mixta bicameral durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2012. Al año siguiente, Valladares también participaría en la discusión de esa ley y otros temas de la Comisión de Hacienda como asesor de los senadores Frei y Mariano Ruiz-Esquide. Y a fines de 2013 también figuraría en los registros como asesor externo en materias de la Ley de Presupuestos 2014, esta vez para los senadores Eugenio Tuma y Ximena Rincón. Por lo tanto, al mismo tiempo que participaba como socio en una empresa que ofrece servicios de lobby a distintas firmas comerciales, Valladares seguía influyendo en el diseño de políticas públicas clave.

Lo mismo hacía su socio Exequiel Silva en la Cámara de Diputados. Junto al de Valladares, su nombre aparece desde marzo de 2012 en la nómina de asesores externos que los diputados pueden contratar a costa de sus asignaciones parlamentarias. Ese año ambos operaron como asesores legislativos de la bancada DC, por lo que se les pagó a cada uno $8,8 millones (ver recuadro). Los dos forman también parte del grupo de asesores del Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (CEGADES), una entidad vinculada a la DC que en el Senado lleva al menos tres años a cargo de la asesoría y la agenda pública del senador Jaime Pizarro y que en la Cámara Baja se adjudicó entre 2012 y 2013 contratos por más de $85 millones (ver reportaje).

Con presencia casi permanente en ambas cámaras, ambos jugaron un rol importante en el Congreso para la oposición durante el gobierno de Piñera. Según admite Silva, al mismo tiempo hacían informes legislativos para empresas privadas. Pero también desarrollaron fuertes nexos con el lobby empresarial.

Cristina Bitar
Varias fuentes afirmaron a CIPER que el ex diputado Exequiel Silva trabajó durante gran parte de los últimos cuatro años como asesor externo de Azerta, la agencia de comunicaciones y lobby que crearon en 2008 Cristina Bitar, Felipe Edwards y Gonzalo Cordero. Según su sitio web, cuenta entre sus clientes a importantes firmas de los rubros forestal, eléctrico, retail, sanitario, alimentos y minero, entre otros. Es la agencia que asesoró a AES Gener en su negociación para que el gobierno de Bachelet le allanara en 2009 el camino a la instalación de su central termoeléctrica Campiche en Puchuncaví, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema la había prohibido (ver reportaje en CIPER). Azerta es también asesora comunicacional de Barrick, la compañía canadiense a cargo del actualmente paralizado megaproyecto minero Pascua Lama. Y también gestiona las comunicaciones de PwC, la auditora internacional multada por su negligente rol en el caso La Polar.

Dos personas que trabajan en Azerta confirmaron que efectivamente Silva era asesor externo, pero éste negó todo a CIPER: dice nunca haber trabajado ni como lobista ni como asesor con Azerta y que jamás hizo lobby en el Congreso para ninguna empresa. Reconoce que es cierto que participó en discusiones sobre leyes de presupuesto, educación, pesca, forestal y varios temas más pero, asegura: “siempre fui al Congreso como consultor de CEGADES y hoy voy como asesor del ministro de Educación”.

Es difícil, en todo caso, saber si las asesorías legislativas de Exequiel Silva o las de Julio Valladares influyeron o no en algún proyecto que tocara los intereses corporativos de alguna empresa asesorada por Conexxa o las sociedades de su socio, Alexis Yáñez. Salvo KDM, no hay rastro respecto a qué otras compañías han contratado los servicios de la empresa de Valladares, Silva, Yáñez, Berazaluce y Lara.

Hoy, al menos tres de los cinco socios de Conexxa están de vuelta en el gobierno. Berazaluce, Silva y Valladares son los hombres sobre los cuales hoy recae la misión de negociar los principales proyectos del programa de Bachelet en el Congreso. Al menos Silva y Valladares siguen siendo legalmente socios en la empresa que los liga al lobby, y aún comparten intereses con el lobista Alexis Yáñez.



Los informes legislativos de Silva, Valladares y CEGADES
A Exequiel Silva, la Cámara de Diputados le pagó $8,8 millones entre mayo y diciembre de 2012 por su “asesoría legislativa en temas contingentes de interés” para la Bancada DC. Lo mismo recibió Julio Valladares en el mismo período y por el mismo servicio (ver registros). De ese trabajo, en la corporación quedaron sólo ocho informes como respaldo: dos de Silva y seis de Valladares. CIPER obtuvo copia de todos ellos a través de la Ley de Transparencia, además de otros 53 reportes elaborados a contar de 2012 por CEGADES para la bancada DC y otros cinco diputados del mismo partido.

Tras revisar los documentos, se puede concluir que los informes de CEGADES entregan contexto a los parlamentarios respecto a los distintos temas que legislan. Son dos tipos distintos de reportes, por los cuales la Cámara pagó entre 2012 y 2013 más de $85 millones. Por un lado están los informes políticos y legislativos, en los que CEGADES entrega a los diputados de la DC análisis sobre temas de contingencia y propuestas para sentar posiciones comunes tanto para la tramitación de distintos proyectos de ley como en materias de acción política. Por el otro, 26 Sumarios; una especie de boletín mensual donde se tratan temas con mayor profundidad, con un desarrollo más técnico que político. En ninguno de esos documentos se detallan reuniones o se proponen acciones políticas que pudieran ser de carácter reservado.

Algo similar ocurre con los informes de los socios de Conexxa, aunque sí permiten diferenciar su perfil como asesores legislativos y sus posibles áreas de conflicto de intereses.

Son dos los reportes que elaboró Silva. El primero de ellos es un documento sin fecha que se refiere a la tramitación de la Ley de Pesca. Allí, el ex parlamentario señala los puntos que no habían sido acogidos en la tramitación y por los que los diputados debían seguir abogando: mejorar la institucionalidad para evitar discrecionalidades y fortalecer la fiscalización, definir plazos para las licencias de pesca a los industriales (20 años), abrir mercado a nuevos actores a través de licitaciones tras la recuperación de los recursos e insistir en la mantención de las patentes para fortalecer la recaudación fiscal. En todo caso, es el segundo documento el que permite hacerse una idea más acabada de su rol clave como operador y negociador.

En su segundo informe, Silva explica que entre agosto y diciembre de 2012 se reunió todos los lunes con la jefatura de la bancada en la sede del Congreso en Santiago para analizar la agenda político-legislativa y establecer pautas de acción para los diputados del partido. Los martes, en cambio, las reuniones eran para hacer un seguimiento a los distintos proyectos de ley en trámite y para colaborar en la fijación de posiciones comunes entre los parlamentarios DC. Además, señala que su trabajo consistía en organizar reuniones con “expertos en diversas materias” relativas a los proyectos tratados y realizar minutas, redactar indicaciones y acompañar en negociaciones con otras bancadas. Incluye también una lista de los proyectos en que participó como asesor durante ese período, entre los que figuran los de Reforma Tributaria, TV Digital y aquel que abría la venta de medicamentos a establecimientos comerciales que no sean farmacias. Pero en la nómina también incluyo otros que le podrían haber significado algún tipo de conflicto de interés por la relación con su socio, Alexis Yáñez.

Al tiempo que compartía la sociedad en Conexxa con Yáñez –quien tiene intereses en universidades privadas y que además posee una agencia de acreditación y una ATE–, Silva participó como asesor en proyectos clave del sector, como aquel que modifica el Crédito con Aval del Estado (CAE), el que crea una Superintendencia de Educación Superior y el que propone un aumento de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Por otro lado, en la Cámara hay registro de seis informes con la firma de Valladares, en los cuales aborda diversos temas y sugiere posiciones políticas y comunicacionales. Al igual que los informes de CEGADES, son documentos bastante genéricos, escritos más como columnas de opinión que como análisis técnicos o políticos, con propuestas de acción poco detalladas y que constituyen más bien guías para los diputados frente al debate público.

Tras el discurso del 21 de mayo de 2012, por ejemplo, Valladares sostuvo en un informe que la DC debía enfocar sus esfuerzos en impulsar el proyecto de reformas al sistema binominal, rechazar disposiciones de la Ley de Pesca como "los derechos indefinidos" a los industriales y la falta de políticas de sustentabilidad del recurso, y evaluar si se activan los proyectos emblemáticos del debate educativo o se apuesta a fortalecer la comisión investigadora para visibilizar el tema del lucro en el sistema universitario.

En otro documento, Valladares hace un breve análisis sobre el lucro en la Educación Superior y, sin aclarar detalles de cómo hacerlo ni de las indicaciones que podrían propiciar el escenario, propone que los parlamentarios DC deben impulsar una mayor inversión pública, pero también una nueva política para la existencia de una Superintendencia de Educación Superior con facultades y capacidades institucionales reales para fiscalizar y sancionar a quienes incumplen la ley y lucran. Además, dice, se requiere regular los aranceles de las entidades de Educación Superior.

Respecto a las asesorías prestadas al Senado, no hay registro público de sus resultados. A diferencia de la Cámara, allí no cuentan con un reglamento interno que exija la entrega y custodia de los informes que los senadores solicitan a sus asesores externos. Para ellos la norma que rige es la Resolución Nº 2 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, la cual establece que es responsabilidad de cada senador guardar los informes que solicita. Lo único que exige es que estén disponibles cuando el Comité de Auditoría Parlamentaria se los pida en caso de una fiscalización aleatoria. Por lo tanto, ni en la Cámara Alta ni en el Comité tienen copias de esos documentos. Para obtenerlos, habría que pedírselos a cada senador. Pero ellos no están obligados a entregarlos, ya que no son sujetos de la Ley de Transparencia.


Publicado originalmente en CIPER (30/7/2014)

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