viernes, 6 de junio de 2014

CDE SE QUERELLA CONTRA EX DIRECTOR DEL INE POR IRREGULARIDADES EN EL CENSO 2012


Ha pasado más de un año desde que un reportaje de CIPER revelara que la obsesión del entonces director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, por presentar los mejores resultados en el Censo 2012, y por convertirlo en “el mejor censo de la historia”, lo llevó a manipular los resultados y presentar públicamente los 16,6 millones de habitantes “estimados” como efectivamente censados. En otras palabras, omitió que la cifra correspondía a las 15,8 millones de personas realmente empadronadas, a las que se sumaron 600 mil moradores ausentes. Los datos erróneos ensuciarían el diseño y ejecución de todas las políticas públicas, las que se verían afectadas por un efecto dominó distorsionador de la fotografía que se supone es la más exacta de la sociedad chilena. Y que, además, debía durar diez años.


Ex director del INE, Francisco Labbé
Fue entonces que se desató la peor crisis del INE: la imagen de solidez y credibilidad de las estadísticas clave para el diseño de políticas públicas en Chile se venía abajo de nuevo, tal como había pasado poco antes con la encuesta CASEN. Labbé debió renunciar junto a su equipo de asesores. Comisiones de expertos nacionales e internacionales tuvieron que analizar si los datos eran o no útiles para diseñar políticas públicas. Sus conclusiones discreparon y no hubo consenso: los nacionales dijeron que debía repetirse; los extranjeros señalaron que, a pesar de los errores, las cifras sí podían ser utilizadas, algo que fue desestimado por los propios trabajadores del INE. Lo que sí, ninguna de las dos comisiones pudo dilucidar el número efectivo de la población. Se amenazó también con un quiebre en las relaciones con el CELADE, la entidad internacional encargada históricamente de la conciliación de los datos censales. Y al final, como el nuevo gobierno decidió que el Censo debe ser repetido, los $30.000 millones públicos (unos US$ 54,5 millones) invertidos en el proceso anterior se fueron definitivamente a la basura.

Ahora, un nuevo elemento se suma a la cadena de reacciones que siguen complicando a Francisco Labbé. El pasado jueves 5 de junio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en su contra por el presunto delito de falsificación de instrumento público (ver artículo en La Tercera). De esa forma, el órgano que defiende en tribunales los intereses estatales se hace parte de la investigación judicial que lleva adelante el Ministerio Público y que comenzó a fines de abril del año pasado, cuando tras la renuncia de Labbé, el subsecretario de Economía de la época, Tomás Flores, puso todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía Centro Norte para que se iniciara la investigación formal de las responsabilidades penales tras las irregularidades.

Según se explica en La Tercera, la presentación del CDE ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago detalla los avances que ha tenido la indagatoria del fiscal José Morales, jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, y que permiten presumir la existencia de un eventual delito. Según el texto de la querella, “los hechos indagados hasta ahora giran en torno al presunto falseamiento de cifras del Censo 2012, mediante la inclusión de datos no reales sino sólo estimados, a partir de una metodología de levantamiento de la información que se distancia de la que debió ser aplicada”.

En el documento, los abogados del CDE, Estanislao Dufey y Luppy Aguirre, también cuestionan la modificación metodológica en la encuesta censal, que cambió el tipo de censo de uno “de hecho” a uno “de derecho”. En otras palabras, eso implicó la medición no se hiciera en un solo día feriado, como ocurrió en 1992 y 2002, sino que en un período de tiempo más extenso, lo que permite obtener mayor información de las personas. La decisión de cambiar la metodología, argumentan los abogados, fue intempestiva, lo que podría haber afectado los resultados del censo.

La acusación del CDE señala que al entregarse el documento oficial del Censo 2012 y omitirse cuáles datos eran reales y cuáles estimados, “se indujo mediante falsedad a creer que los datos allí consignados fueron realmente censados, para ocultar o disfrazar la alta tasa de omisión”. De hecho, según los antecedentes recabados por Morales, el levantamiento de datos del Censo 2012 llegó apenas al 92%, una cifra que no se condice con el “mejor censo de la historia” en cobertura, para lo cual se requería un mínimo de 2% de omisión.

El CDE pidió a la fiscalía que se interrogue a los expertos que analizaron el censo y a funcionarios de la CELADE y del Ministerio de Vivienda, entre otros. Además –dice La Tercera–, solicitó que se recabe información sobre los resultados de los censos en los países de la OCDE para realizar un peritaje comparativo. Todo lo anterior está línea con el informe de la comisión investigadora que se creó en la Cámara de Diputados con dedicación especial para indagar las irregularidades, la que constató en enero de 2014 la existencia de graves anomalías en el proceso: manipulación de datos, triangulación de contrataciones, filtración de información y, en todo ello, claras responsabilidades de Francisco Labbé.



Publicado originalmente en CIPER (6/6/2014)

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