EL PAGO QUE ECHÓ ABAJO LA POSIBILIDAD DE QUE EL HIJO DE CARLOS LARRAÍN VAYA A LA CÁRCEL


Hernán Canales murió atropellado la madrugada del 18 de septiembre de 2013 en medio de una oscura ruta de Curanipe, en la Región del Maule. Tenía 39 años. Martín Larraín Hurtado, hijo menor del presidente de RN, Carlos Larraín, era quien conducía el jeep que lo arrolló y luego escapó. Lo que vino después fue una serie de incongruencias y contradicciones en los relatos que Martín Larraín y quienes lo acompañaban esa noche entregaron a la Fiscalía Local de Cauquenes. Primero dijeron que habían estado bebiendo antes y después del accidente; luego dirían que no había sido así. También algunos señalaron que Canales había muerto al instante, pero el mismo Larraín Hurtado aseguró que, antes de huir, se quedó 25 minutos junto al hombre que aún emitía “sonidos guturales” (ver artículo de The Clinic). Pero lo cierto es que nadie le prestó ayuda alguna. El informe del Servicio Médico Legal (SML) determinó poco después que de todas formas no habría servido de nada: Canales no tenía chances de sobrevivir. Luego se sabría que ese informe estaba basado en una autopsia que nunca se realizó y que las lesiones que consignaba eran falsas.


El cuerpo de Canales tuvo que ser exhumado para que se le practicara la autopsia. En febrero de 2014, el SML emitió el informe definitivo que echó por tierra la versión anterior: de haber recibido ayuda médica oportuna, Hernán Canales podría haber sobrevivido.

Ese antecedente bastó para que Gonzalo Bulnes, abogado de la viuda de Canales, Marisol Venegas, presentara una querella por homicidio simple por omisión contra Martín Larraín. Una tremenda diferencia con los cargos que le imputó la Fiscalía de Cauquenes al hijo del ex senador: manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. La acusación del Ministerio Público podría implicar que, como máximo, se sentencie a Larraín a una pena remitida de cuatro años. Es decir, no iría a prisión. Pero si la acusación del abogado Bulnes y la viuda de Canales salía adelante, Larraín se arriesgaba a cumplir una condena de prisión efectiva. El abogado había pedido una sentencia de siete años.

Por eso, para la defensa de Larraín era imprescindible echar abajo la acusación por homicidio a objeto evitar a toda costa que el hijo del ex senador fuera a parar la cárcel. Para lograrlo, sólo se requirieron poco más de $10 millones. El jueves 10 de abril por la noche, en el programa Mentiras Verdaderas, Ximena Canales, hermana del hombre atropellado, reveló que los abogados de Larraín le pagaron a esa suma a la viuda de su hermano para que desistiera de su querella.

“Viajó mi cuñada, la señora de mi hermano, a Chanco. La llevaron –no sabemos quién– y fue a cerrar el caso, porque efectivamente hace una semana atrás ya le habían ido a ofrecer dinero. Habían ido anteriormente a ofrecerle plata a mi cuñada a la casa de ella. (Fueron) personas que no tenemos el nombre exacto en este minuto, porque el hermano de mi cuñada la llevó y la presionó; le dijo ‘vamos a cerrar este caso y no hacemos nada más’ (…) Nosotros queríamos que él (Martín Larraín) estuviera preso como cualquier ciudadano chileno que mata a alguien (…) No esperábamos plata ni dinero”, dijo Canales.

Ni siquiera Bulnes sabía de ese acuerdo extrajudicial: “Se fueron directamente a meter a la casa de la viuda. Fueron inicialmente el viernes pasado –eso lo supe por boca de la viuda el día sábado– y siguieron abordando a los hermanos y a la viuda para intentar, a través de ellos, presionarla”, explicó el abogado a Cooperativa.

Para Bulnes, lo ocurrido demuestra cómo la familia Larraín se aprovechó de “la fragilidad de la pobreza”, ya que Marisol Venegas “es una mujer con muy baja escolaridad, que escasamente firma –con mucha dificultad– su nombre”. También “que toda la seguridad que intentaba proyectar Carlos Larraín era simulada, porque él sí tenía temor a nuestra prueba, por algo intentó y logró cerrar la posibilidad de que nosotros lo acusáramos por homicidio”.

Tras el pago, la defensa de Larraín logró eliminar toda posibilidad de que su representado termine en prisión tras el juicio oral que comenzará en mayo. Como el periodo de investigación ya está cerrado, la familia de Canales no puede entablar querella para continuar ahora en ausencia de la viuda. En la práctica, según explicó Bulnes en Mentiras Verdaderas, “el momento fue elegido con pinzas, porque es el momento preciso en que ni los hermanos ni la madre pueden solicitar justicia por su cuenta, porque la oportunidad procesal para hacerlo ha vencido y el acuerdo con la viuda deja a la parte querellante fuera. Por lo tanto, el riesgo de pena de Martín Larraín disminuye a pena remitida, lo que explica las declaraciones de don Carlos Larraín en los días anteriores, cuando dijo que su hijo iba a correr riesgo máximo de pena remitida”.




Publicado originalmente en CIPER (11/4/2014)

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