miércoles, 2 de octubre de 2013

SEMCO: EL HOYO NEGRO DE LA “ERA VAN RYSSELBERGHE” EN CONCEPCIÓN

En 2010, la actual candidata a senadora Jacqueline Van Rysselberghe dejó la alcaldía de Concepción con un déficit que superaba los $3.000 millones. Fue entonces que la Contraloría comenzó una profunda investigación para determinar el destino de varios millones que parecían haberse perdido. Así fue que se abrió una caja que se había mantenido cerrada y fuera de todo control, a través de la cual se desviaban millonarios fondos que debían llegar a la municipalidad, se pagaban sobreprecios y se contrataba a personas de cuyos trabajos no quedó registro. Ahora la fiscalía investiga la posible desviación de fondos municipales a campañas políticas. Esta es la historia de lo que se ocultaba tras la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO).




Sobre el puente viejo que cruza el río Bío Bío, los hermanos Jacqueline y Enrique Van Rysselberghe (UDI) caminan tomados de la mano con los brazos en alto. Los siguen cerca de 50 personas con banderas rojas impresas con su apellido. Frente a ellos, un equipo de filmación sigue cada uno de sus pasos. En el cuadro aparecen también un niño, una anciana, un bombero, una enfermera y hasta un chef. La escena forma parte de un video grabado en 2009 para la campaña parlamentaria que llevó al hermano de la entonces alcaldesa de Concepción a ocupar un asiento en la Cámara de Diputados. En la secuencia también aparecen varias imágenes del responsable de la grabación para la campaña del actual parlamentario por el distrito 44: el productor de eventos Jorge Mackenna Vergara.

El nombre de Mackenna es bastante conocido en el mundo del espectáculo. Fue el productor del matrimonio que nunca se realizó entre Iván Zamorano y Kenita Larraín. También produjo en 2004 la gira de despedida de Marcelo “Chino” Ríos. Fue manager de José Alfredo Fuentes, Fernando Ubiergo, Los Ángeles Negros y Gloria Simonetti; director ejecutivo y miembro del directorio de RED TV; y uno de los creadores de Radio ZERO. Además, entre enero de 2009 y mayo de 2010, figuró como empleado de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores, más conocida como SEMCO. Su tarea: asesorar directamente a la presidenta de la entidad, la entonces alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, en la programación de actividades culturales. Y es por ese último trabajo que el nombre de Mackenna aparece también en un duro informe de la Contraloría Regional del Bío Bío y en una investigación del Ministerio Público que indaga sobre la posible desviación de fondos municipales hacia campañas políticas.

La relación entre Mackenna y la actual candidata a senadora es sólo una de las graves irregularidades que la Contraloría ha detectado luego de correr el velo que durante años ocultó lo que ocurría en SEMCO, una corporación de derecho privado encargada de administrar algunos bienes municipales y que se había convertido en uno de los principales hoyos negros de la administración Van Rysselberghe. Se trata de una hermética caja que anualmente maneja un presupuesto de más $1.000 millones y que un grupo de concejales, sin éxito, intentó varias veces abrir. La respuesta que recibían cuando lo intentaban era que no se podían meter allí, que no estaba entre sus atribuciones porque era una entidad independiente de la municipalidad, aun cuando la preside el alcalde en función de su cargo y su mandato principal es administrar el Cementerio General, la Biblioteca Municipal, otras cuatro bibliotecas comunitarias, un museo y el Hogar de Discapacitados Psíquicos; todos bienes del municipio. Con ese argumento, la corporación se mantuvo por años fuera de cualquier tipo de control.

Los distintos informes que la Contraloría ha emitido desde agosto de 2012 dan cuenta de cómo la administración Van Rysselberghe convirtió a SEMCO en una caja pagadora adonde se desviaban fondos millonarios que debían llegar a la municipalidad, se pagaban sobreprecios por contratos que nunca tuvieron que ver con la corporación, se compraban prendas de ropa que jamás se utilizarían y se contrataba a personas que no prestaban ningún servicio. De esta forma, la ahora candidata a senadora evitaba seguir los conductos regulares de las compras públicas para contratar servicios y emitir órdenes de pago. En otras palabras, como las compras se hacían desde una entidad privada, no requerían licitaciones ni de la autorización del concejo municipal.

-El presidente de la corporación y el administrador municipal actuaban como una especie de gerentes de SEMCO. Ellos daban las instrucciones, mientras que el directorio estaba pintado y no tenía ningún resorte ejecutivo. Tampoco les pedían autorizaciones, pero lo más grave es que les ocultaban información. Todos los gastos que después supimos que existían, como la compra de ropa, los contratos irregulares y los pagos a los fuegos artificiales, estaban ocultos –cuenta a CIPER el ex concejal independiente Jorge Condeza.

Esa falta de fiscalización fue precisamente la que permitió que el 2 de enero de 2009, Jorge Mackenna firmara el primero de los contratos que lo convirtieron en empleado de SEMCO. Así, se comprometía durante cuatro meses a “cumplir las indicaciones que le imparta su jefe inmediato”, es decir, Jacqueline Van Rysselberghe, quien también firma el documento. Por el trabajo que realizaría, sin la necesidad de cumplir horario, recibiría una remuneración mensual de $1.840.000. Aunque el vínculo de Mackenna con SEMCO acababa en abril de 2009, fue renovado en dos oportunidades: primero por el período mayo-agosto y luego desde septiembre hasta diciembre. Al comenzar 2010, el contrato cambió y pasó a ser indefinido. Su sueldo subió a $2.148.500. Así duró por cinco meses, hasta que el vínculo acabó por “mutuo acuerdo de las partes”. Mackenna recibió una indemnización pactada de $3,5 millones.

En total, durante los 17 meses que Mackenna se desempeñó en SEMCO, recibió ingresos por poco más de $36 millones. A eso se suman los $2.165.342 que la corporación desembolsó para pagarle pasajes aéreos desde Santiago a Concepción y viceversa, además de hospedajes en hoteles de la VIII Región. Todos esos pagos se efectuaron por orden directa de la entonces alcaldesa y presidenta de SEMCO y fueron cargados al centro de costos del Cementerio General. El problema es que, según la Contraloría, ninguno de ellos debió realizarse.


LOS VIDEOS DE MACKENNA

De acuerdo al informe de Contraloría, como los contratos de Mackenna señalan que su domicilio es la ciudad de Concepción, el pago de pasajes y estadías es improcedente. Consultado por CIPER, el productor señaló que efectivamente vivió en la capital penquista durante todo el tiempo que duró el contrato y, sobre los viajes y hospedajes, dijo: “Cuando me contrataron, yo estaba trabajando en Santiago. Por eso, para poder deshacer lo que estaba haciendo, pedí un par de pasajes y estadías mientras me ubicaba en un lugar físico: primero en un departamento y después en una casa que se cayó con el terremoto. Eso fue parte del arreglo que hice. Tuve que viajar dos o tres veces, y como la plata era muy mala y no me alcanzaba para viajar, me ayudaron a venir para deshacer todo e irme a vivir allá”.

Además de su sueldo, SEMCO canceló a su favor nueve tickets aéreos utilizados entre marzo y septiembre de 2009, por un total de $1.536.992, y siete hospedajes en el Hotel El Dorado, por $547.350 (ver facturas). Pero el dato que consigna la Contraloría y que hace del vínculo con Mackenna algo grave, es que no hay ningún registro en SEMCO de que el productor haya asistido a trabajar ni de los trabajos que supuestamente realizó.

Mackenna explicó a CIPER que Van Rysselberghe lo contrató “para hacer todas las actividades extra de la municipalidad”. Según dice, se encargó de realizar dos Fiestas de la Chilenidad, la inauguración de esculturas, el aniversario de la municipalidad y ayudar, entre otras cosas, en eventos que se hacían en las juntas de vecinos. Pero la Contraloría no encontró documentos que respaldaran esos trabajos y sirvieran para justificar los pagos. El informe dice: “No se ha acompañado un respaldo documental respecto de la labor realizada por el Sr. Mackenna, a modo de acreditar la realización de alguna labor que justificara haber pagado las remuneraciones de éste”.

La mayoría de los pagos a Mackenna fueron contabilizados en 2009 como gastos del Cementerio General de Concepción. Y en la Memoria de SEMCO de 2009, el nombre de Mackenna no figura; tampoco en el listado de personal adscrito a la secretaría general de la corporación. Lo único que indica que sí estuvo en Concepción son las facturas de sus viajes desde Santiago. Eso, y los videos que lo muestran participando en la campaña del diputado Enrique Van Rysselberghe.

El primero de esos videos fue subido a Youtube el 17 de septiembre de 2009, pocos días después de que el actual parlamentario inscribiera su candidatura. Allí se puede ver a Jorge Mackenna participando en la coordinación de las actividades. También aparece en primera fila en una charla que Enrique Van Rysselberghe dio el 29 de octubre de ese año en la Universidad del Desarrollo. El tercer video es aquel con la secuencia donde aparecen los hermanos Van Rysselberghe caminando por el puente sobre el río, publicado el 3 de noviembre de 2009. Y en el último video, publicado poco después de que Van Rysselberghe resultara electo, Mackenna aparece abrazando al nuevo diputado del distrito 44.

Los antecedentes detectados por la Contraloría, además de los videos donde Mackenna aparece colaborando directamente en la campaña, levantaron sospechas en el concejo municipal sobre la posibilidad de que a través del contrato con SEMCO, la entonces alcaldesa y actual candidata al Senado haya destinado fondos municipales para pagar a Mackenna por el trabajo en la campaña de su hermano. Por eso fue que los concejales Alejandra Smith (DC), Eric Aedo (DC), Joaquín Eguiluz (RN), Héctor Muñoz (IND) y Alex Iturra (PC) presentaron en junio de 2013 una denuncia formal en la Fiscalía Regional del Bío Bío, para que se investigue la eventual desviación de recursos públicos para campañas políticas.

Mackenna, quien ha participado en varias campañas electorales de la UDI, es tajante al negar esa acusación. Asegura que nunca trabajó formalmente en la campaña del diputado Van Rysselberghe y que “cuando se hizo la franja, un día sábado o domingo, yo ayudé a realizar esa grabación que se hizo en el puente viejo. Por mi experiencia anterior, ayudé a eso y nada más”.

Por otro lado, los contratos con Mackenna también están vinculados con otra irregularidad detectada por la Contraloría en las cuentas de SEMCO bajo la presidencia de Jacqueline Van Rysselberghe: los dineros del Banco Santander.


LOS APORTES “PERDIDOS” DEL BANCO SANTANDER

A comienzos de 2013, el alcalde Álvaro Ortiz (DC) recibió un vale vista por $150 millones que el Banco Santander emitió a favor de la Municipalidad de Concepción. Según una declaración pública emitida desde el banco, se trataba del aporte que la institución financiera se comprometió a pagar anualmente al municipio cuando en 2003 ambas entidades firmaron un contrato para la apertura y mantención de cuentas corrientes. Aunque el monto no cuadra, porque lo estipulado en el convenio es por un valor entre $12,6 millones y los $34,1 millones. Por eso Ortiz no aceptó el vale vista y lo devolvió. Consultado por Radio Bio Bio sobre por qué retornó el dinero, Ortiz aseguró: “Hay que tener dos dedos de frente para no ver que hay alguna irregularidad en la entrega de $150 millones sin que exista un contrato vigente”.

El contrato entre el municipio y el Banco Santander tenía una duración de sólo tres años. Como entró en vigencia a comienzos de 2004, el vínculo caducó en 2007. Entonces se debió haber licitado nuevamente el servicio, pero eso no ocurrió ni ese año ni el siguiente ni nunca: como señala un ejecutivo del banco en una carta que envió a Ortiz, el municipio ha seguido hasta hoy haciendo uso de las cuentas corrientes y el banco continuó entregando sus aportes anuales “para el desarrollo de actividades sociales y culturales en beneficio de la comunidad de Concepción” (ver recuadro). Aunque gran parte de esos recursos jamás ingresaron a las arcas municipales.

La relación entre el banco y el municipio es otro capítulo en la historia de irregularidades investigadas en la Municipalidad de Concepción bajo la conducción de Van Rysselberghe. A fines de julio pasado, la Contraloría emitió dos informes distintos sobre los fondos transferidos desde el Banco Santander. Como el contrato era con el municipio, y era esa entidad la que debía recibir los aportes anuales, el primero de los reportes se centra en los registros municipales sobre esos dineros.

Para poder fiscalizar efectivamente, la Contraloría recurrió a los archivos del banco a contar de 2005, los que daban cuenta de que entre ese año y 2011, el Banco Santander habían transferido cerca de $217,5 millones. Pero de ese monto, sólo el 57,2% había ingresado al presupuesto municipal. La auditoría también constató que en la Dirección de Administración y Finanzas del municipio no existían registros con el detalle de los aportes del Banco Santander ni su destino. Y en el caso de la transferencia de 2006, ni siquiera había información en el sistema contable. Tampoco sobre las correspondientes a los años 2005, 2007, 2008 y 2009, que sumaban poco más de $93 millones. En otras palabras, esas platas parecían estar perdidas.

Pero lo cierto es que no estaban extraviadas, sino que habían sido desviadas.


EL DESTINO DEL DINERO DESVIADO

Aunque SEMCO nada tenía que ver con el vínculo contractual entre el Banco Santander y el municipio –ya que sus cuentas corrientes están en el Banco Estado–, la Contraloría también revisó sus registros (ver informe). Ni en las bases de la licitación para el servicio de cuentas corrientes ni en el contrato firmado en 2003 se estipula la posibilidad de que los fondos comprometidos fueran a parar a otra entidad que no fuera el municipio. Tampoco se le había consultado al concejo municipal si podían ser transferidos. Pero ahí, en las cuentas de SEMCO, estaba el dinero faltante. Como los aportes fueron ingresados directamente a la corporación por el director municipal de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Carrasco, nunca fueron contabilizados como ingresos en el municipio ni aprobados como aporte, como lo exige la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El entonces secretario general de SEMCO, José Elgueta Adrovez, envió un oficio al alcalde Ortiz un día antes de que la Contraloría emitiera ambos informes. Allí reconoce que recibió esos dineros por “instrucciones verbales emanadas desde la Presidencia del H. Directorio de la época (Jacqueline Van Rysselberghe), y además de comunicaciones verbales y escritas del señor Director de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Concepción”.

La situación se torna más grave al conocerse el destino de los $93.118.000 que entregó el Banco Santander a SEMCO entre 2005 y 2009, porque la mayor parte de esos recursos se destinaron a costear gastos irregulares que nada tienen que ver con las funciones de la corporación.

Parte de esos fondos fueron utilizados para costear los pasajes y hospedajes de Jorge Mackenna y para la compra de vestimenta que nunca llegaría a sus supuestos destinatarios. Así ocurrió con la compra de 46 cortavientos, 20 cortavientos polar y 95 polares manga larga, todos de color rojo, imputada al centro de costos del Cementerio General, una transacción que forma parte de las varias adquisiciones irregulares que la Contraloría detectó en la primera de sus auditorías a SEMCO y que en total superan los $23,3 millones (ver informe). Aunque supuestamente eran para los empleados del cementerio, esas prendas fueron recepcionadas en el municipio por la entonces administradora municipal, María Cecilia Jaque. Nunca llegaron a los funcionarios del camposanto.

Aunque el monto de esa última compra –$2.000.000– no resulta especialmente llamativo, según el concejal y director de SEMCO, Joaquín Eguiluz (RN), resulta extraño el color elegido para las prendas. Porque los uniformes de los funcionarios municipales son azules y amarillos, los colores tradicionales del municipio. Por eso no descarta que hayan sido adquiridos para ser usados en campañas políticas.

A eso se suman al menos otros $6,2 millones provenientes del banco que fueron pagados a la empresa Free-Way S.A. por cuatro cursos de capacitación a los que no asistió ningún funcionario de SEMCO y donde sí participaron la entonces alcaldesa, la ex administradora municipal y el director de la Secretaría de Planificación (SECPLAN). También se le pagaron más de $9.000.000 a la empresa Marketing Urbano Pablo Sánchez M. Ltda. por servicios de publicidad para un evento que era de la Municipalidad y en el que la corporación nada tenía que ver.

Otros dos millones de pesos se gastaron en distintos eventos que no se relacionan con SEMCO, como un almuerzo ofrecido a Carabineros, un servicio de banquetería y colaciones para las personas que trabajaron en el espectáculo de fuegos artificiales del año nuevo 2009. Los gastos fueron autorizados por Van Rysselberghe, salvo en el caso de las colaciones por el trabajo en el show pirotécnico, que fue aprobado por su entonces jefe de gabinete, Carlos González Sánchez. Ese último pago en particular nunca debió haberse realizado porque las colaciones estaban consideradas dentro del presupuesto del evento. El mismo presupuesto incluido en una denuncia ante el Ministerio Público por la existencia de sobreprecios pagados tanto con fondos municipales como de SEMCO.


FUEGOS SOBREVALORADOS EN EL CIELO

Apenas el reloj marcó las 00:00 horas del martes 1 de enero de 2008, sonó la primera tronadura, seguida por un colorido destello que iluminó el cielo en Concepción. Comenzaba el espectáculo pirotécnico que el municipio había preparado para recibir el año nuevo. Miles de personas se habían instalado en ambas riberas del Bío Bío para ver cómo salían disparados desde el viejo puente que une la capital penquista con la comuna de San Pedro de la Paz, los cientos de fuegos artificiales que la empresa española Pirotecnia Igual S.A. había dispuesto para esa noche. Todo debía salir perfecto: era el debut de un contrato por cinco años firmado sólo 20 días antes. Durante 20 minutos, las aguas del río reflejaron los colores y las formas que tomaban los fuegos artificiales al estallar en el aire.

En el convenio firmado por la alcaldesa Van Rysselberghe y el representante de la empresa de pirotecnia, Jaime Figueroa Kahn, se estableció que el precio a pagar sería de $59.414.082, IVA incluido, un valor que cada año se reajustaría según lo estipulado en las bases de la licitación. Por eso llama la atención que Pirotecnia Igual haya enviado al municipio dos facturas distintas para cobrar un total de $75.000.000. Una era por $25 millones a nombre de la Municipalidad de Concepción. La otra, por $50 millones con cargo a SEMCO.

Ambas facturas fueron recibidas por la entonces administradora municipal, María Cecilia Jaque. Ella se las entregó al director de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Carrasco, quien a su vez las envió a Domingo Godoy, el director de Construcciones del municipio, la unidad técnica encargada del contrato. Pero Godoy sólo visó uno de los pagos, el que le correspondía al municipio. Ese fue cancelado. El otro a nombre de SEMCO lo devolvió, según escribió: “Por no corresponder dicho acto a esta Unidad de acuerdo al contrato y Decreto de Adjudicación Nº 171-CC-2007, del 6 de noviembre de 2007, suscrito entre Pirotecnia Igual S.A. y la Municipalidad de Concepción”. En otras palabras, como la corporación no era parte ni en la licitación ni en el contrato, no correspondía cobrarle nada.

Aun así, Carrasco le envió la factura a José Elgueta para que ordenara el pago desde SEMCO. Durante meses el entonces secretario general de la corporación rechazó pagar por considerar que el cobro de $50 millones era, a lo menos, dudoso. De acuerdo a los oficios que Elgueta envió a Van Rysselberghe entre enero y marzo de 2008 pidiendo instrucciones, el abogado decía que no tenía suficiente dinero, ya que sólo contaba con los $25.259.000 que el Banco Santander había depositado a fines de diciembre en la cuenta de SEMCO, especialmente para pagarle a Pirotecnia Igual. Además, señalaba que la factura no era un documento oficial porque estaba expedida en el extranjero y no sólo no tenía validez en Chile, sino que también estaba exenta de IVA. Eso era importante por dos motivos: primero, al no pagar IVA, el precio a cancelar debía ser un 19% menor al valor indicado en el contrato, ya que incluye ese impuesto; segundo, al ser una factura española el municipio se veía obligado a pagar un impuesto adicional del 35%. Por eso proponía que se cambiara por una factura de la sociedad homónima que la misma empresa creó en el país en 1998.

En el penúltimo de los oficios, fechado el 25 de marzo de 2008, Elgueta le recalcó a Van Rysselberghe que ninguno de los documentos de la licitación ni el contrato incluyen a SEMCO como parte del convenio y que, por el contrario, indican que su pago sería a cargo del municipio. Escribe el abogado: “Siendo así, señora Alcaldesa, si no obstante lo ya señalado usted ordena expresamente que el pago total de esta factura se efectúe por vía de esta Corporación, habida consideración de sus fines, deberá tener en consideración lo expresado en la documentación adjunta y que el saldo del valor hasta completar el total de la factura, sería con cargo a los recursos de esta Corporación”.

Al día siguiente, el secretario general de SEMCO recibió una llamada de María Cecilia Jaque, una de las personas más cercanas a Van Rysselberghe en el municipio. Era para darle la orden: el pago debía hacerse. El 27 de marzo de 2008, Elgueta giró un cheque por $50.000.000 a nombre de Pirotecnia Igual S.A. y lo envió a la alcaldía junto a un oficio donde señalaba que mantenía todas sus aprensiones y que debía ser la presidenta de la corporación la encargada de resolver “en conformidad a lo pertinente en este caso”.

El cheque, en todo caso, nunca fue cobrado. Ese día, Van Rysselberghe no estaba en el municipio, y quien la subrogaba era Domingo Godoy, el mismo que no había visado el pago en un comienzo. Nuevamente lo rechazó y Elgueta tuvo que anular el cheque. Pero el tema no se quedaría ahí.

En abril de 2008, la empresa envió al municipio dos nuevas facturas: una para la municipalidad por $29.917.500 y otra para SEMCO por $25.259.000. Volvió a ocurrir lo mismo: Godoy autorizó el pago por parte del municipio, pero rechazó el cobro a SEMCO por ser improcedente. Aun así, fue enviado a Elgueta. La diferencia es que esta vez sí fue pagado con los fondos provenientes del Banco Santander.

En total, por ese primer espectáculo, Pirotecnia Igual S.A. recibió pagos por $80.176.500 millones, lo que equivale a un sobreprecio cercano a los $20,8 millones, 35% más de lo estipulado en el contrato. Si se considera que al tratarse de facturas extranjeras se debió haber descontado el IVA, el monto del sobrepago resulta aún mayor.

SEMCO no volvió a cancelar con sus recursos el servicio de fuegos artificiales a la empresa española. Aun así, el concejal Joaquín Eguiluz asegura que el municipio continuó pagando de más por al menos tres años, ya que a pesar de que la empresa siguió enviando facturas extranjeras, nunca se le descontó el IVA.


EL COCKTAIL, EL COMPUTADOR Y LA DONACIÓN DESDE JAPÓN

Al final de cada año, cuando era alcaldesa, Jacqueline Van Rysselberghe acostumbraba a invitar a un cocktail a los periodistas de la VIII Región. Allí, junto a sus funcionarios más cercanos, actuaba como anfitriona y a veces rifaba entre los asistentes televisores y otros artículos caros. De acuerdo a las indagaciones realizadas por el concejo municipal y la Contraloría, al menos el evento de diciembre de 2009 fue pagado con dineros provenientes de SEMCO, con cargo al centro de costos del Cementerio General. Costó $5.093.462.

Al igual que en la mayoría de los casos, esos gastos se hicieron por orden directa de la actual candidata a senadora sin consultarle ni al concejo municipal ni a los demás directores de SEMCO. Lo mismo pasó con el computador iMac Apple que el 29 de abril de 2009 fue adquirido en Falabella con fondos de la corporación. Costó $829.990 y fue comprado para uso exclusivo de Van Rysselberghe en su calidad de presidenta de SEMCO. Tras su salida del municipio, el computador simplemente desapareció del inventario.

Pero incluso después de dejar el cargo, Van Rysselberghe tuvo injerencia en las cuentas de SEMCO. En abril de 2010, cuando ya era intendenta y su región aún estaba en el suelo tras el 27/F, recibió una carta firmada por Masaji Santo, presidente de Mitsubishi Corporation en Chile, ofreciendo una donación de US$ 60.000 en efectivo para que la Intendencia comprara “20 viviendas Metalcon de 19,1 m² de fabricación CINTAC” y las instalara donde más se necesitaran. La intendenta le respondió a Santo que depositara el dinero en la cuenta de SEMCO. Así lo hizo la empresa, y el dinero quedó allí, en la cuenta de la corporación en el Banco Estado.

A pesar de que la empresa japonesa depositó casi $29,5 millones para la adquisición de viviendas para los damnificados del terremoto, no se compró ni una sola casa. En cambio, recién en junio de 2011, el sucesor de Van Rysselberghe en la intendencia pidió US$ 10.000 de ese fondo para el Concurso Internacional de Anteproyectos de Vivienda Social, un certamen que invitaba a arquitectos a proponer soluciones de bajo costo pensadas para familias que desarrollan actividades costeras. El alcalde Patricio Khun (UDI) –quien asumió el cargo tras la salida de Van Rysselberghe en marzo de 2010– autorizó el pago, que finalmente fue destinado a cubrir los premios de los tres arquitectos ganadores.

Aunque la revisión de las cuentas de la Municipalidad de Concepción y de SEMCO durante la “era Van Rysselberghe” ha dado cuenta de serias irregularidades que ya han sido denunciadas ante la fiscalía y que podrían poner en aprietos a la candidata al Senado por la circunscripción VIII Región Costa, a tres años y medio de su salida de la alcaldía, aún no está claro qué tan profunda es la crisis en la corporación.

La Contraloría constató que allí existe un completo desorden en el control interno: que el sistema de información contable no opera sobre principios de contabilidad generalmente aceptados; que los comprobantes de ingresos provenientes de la municipalidad se efectúan antes de que se haga efectivamente el pago; que existe un correlativo único entre comprobantes de ingresos y egresos; y que durante años no se efectuaron conciliaciones bancarias. El último informe, fechado el 17 de julio de 2013, dice que algunas de las irregularidades ya fueron subsanadas y que varios de los dineros malgastados han tenido que ser restituidos por el municipio a la corporación.

La investigación judicial está a cargo de la Unidad de Delitos Funcionarios de la Fiscalía Regional del Bío Bío, la que ya ha solicitado diligencias a la PDI para que recabe toda la información necesaria de la Contraloría, el municipio e instituciones bancarias.

El pasado 28 de junio, después de más de 20 años como secretario general de SEMCO, el abogado José Elgueta fue destituido. Tras una larga jornada exponiendo ante el directorio las irregularidades detectadas por la Contraloría –y que lo involucran directamente–, los directores argumentaron que ya no era de su confianza, así que debía irse el 31 de julio (ver acta de esa reunión). CIPER intentó conversar con Elgueta, pero dijo: “Prefiero abstenerme por un tiempo de opinar, porque aquí hay problemas políticos de por medio, y yo no soy político”. En cuanto a la ex alcaldesa Van Rysselberghe, si bien al ser contactada dijo que respondería las preguntas de CIPER, luego no contestó las llamadas a la hora acordada.

Desde agosto el nuevo secretario general de SEMCO es el abogado Armando Cartes Montory. Lo que ahora viene es una completa auditoría financiera y administrativa que el directorio de la corporación acordó solicitar a la brevedad a una empresa externa. Recién entonces se podrá dimensionar el real impacto del desorden en las cuentas de SEMCO. Según declaró el alcalde Ortiz a Radio Bio Bio, se trata de una nueva etapa “tras varios años de nebulosas, con acciones que sólo desviaron la única labor de entregar un verdadero aporte cultural y de servicio a la comunidad”.



LICITACIÓN PENDIENTE
En el informe que realizó la Contraloría respecto a los aportes del Banco Santander a la Municipalidad de Concepción, se le exigió al entonces alcalde Patricio Khun licitar a la brevedad el servicio de cuentas corrientes bancarias. Pero en vez de eso, lo que hizo fue abrir un concurso público para adjudicar a una empresa externa un estudio que evaluara la factibilidad de licitar las cuentas corrientes. El precio ofrecido: el 15% dela mayor oferta económica que se obtuviera en la licitación que derivara de ese estudio. Según el concejal Joaquín Eguiluz, se estimaba en el municipio que se pagarían al menos $150 millones.

La licitación del estudio se publicó e incluso fue adjudicada a la empresa Proyectos, Consultorías y Capacitaciones Gestión Global SpA, pero fue impugnada en el concejo por no contar con un certificado de disponibilidad como exige la ley. Kuhn volvió a la carga con otra licitación que, a pesar de haber sido nuevamente impugnada en el concejo, de todas formas fue aprobada por el entonces alcalde y adjudicada a la misma empresa, que al igual que en la primera oportunidad, fue la única oferente.

Sin embargo, el 8 de agosto de 2013, la Contraloría emitió un dictamen echando atrás la última licitación. El argumento que justifica la decisión de la entidad fiscalizadora es que es función de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) asesorar al alcalde y al concejo en materia de estudios y evaluación. Por lo tanto, la evaluación de factibilidad financiera es una función propia del municipio y del personal municipal y no puede pagarse por ello a una empresa privada. Según la Contraloría, ese sólo hecho ya hace del contrato un acto improcedente. Pero no es todo: otro aspecto que impugnó el dictamen es que el contrato no consigna la ubicación presupuestaria de donde saldría el financiamiento, ya que se refiere a recursos futuros (porcentaje de la mayor oferta en una licitación posterior) que ni siquiera al momento de firmarse el convenio estaban claros.

Hasta la fecha, la licitación por las cuentas corrientes sigue pendiente, por lo que el servicio sigue en manos del Banco Santander. De ahí que uno de los motivos por los que el alcalde Álvaro Ortiz devolvió los $150 millones que el banco le entregó a comienzos de 2013 haya sido evitar las sospechas de posible cohecho.


Publicado originalmente en CIPER (1/10/2013)

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