La jornada del miércoles 10 de julio marcó un punto de inflexión para los 14 mil niños que han terminado en algún hogar del Estado tras haber sido maltratados, abusados o simplemente abandonados por sus familias. Partió con un anuncio de cierre de hogares del SENAME; siguió con la entrega por parte del Poder Judicial al Ministerio Público de los graves antecedentes de abusos e irregularidades descubiertos en residencias de 10 regiones del país por una comisión judicial-Unicef. Y terminó con el anuncio de un plan de intervención a todo el sistema que hizo la ministra de Justicia y que debió detallar en la Cámara de Diputados. Había urgencia. Por un día los niños invisibles pasaron a ser protagonistas.
Por Equipo CIPER
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El jueves 4 de julio, CIPER reveló el contenido de un estremecedor informe que el Poder Judicial y el SENAME mantuvieron guardado bajo la más absoluta reserva por casi cuatro meses (ver reportaje). El documento, elaborado por una comisión que encabezó la jueza Mónica Jeldres tras realizar entre julio y noviembre de 2012 un inédito estudio sobre las condiciones de vida de los cerca de 14.000 niños que forman parte del sistema residencial en Chile, da cuenta de graves infracciones -e incluso delitos- detectadas en el cuidado de los niños más vulnerables, aquellos que supuestamente están bajo la protección del Estado.
El estudio, fruto de un convenio entre el Poder Judicial y Unicef, se llevó a cabo en 10 regiones, consideró las fichas de 6.500 menores e incluyó entrevistas con 384 niños. El trabajo en terreno detectó abusos sexuales por parte de cuidadores y entre los mismos niños que viven en las residencias; maltratos físicos; medicación no autorizada ni supervisada; y castigos como el aislamiento, entre otras irregularidades que incluían, incluso, redes de explotación sexual infantil. A pesar de la gravedad de los hechos relatados en el informe y que CIPER dio a conocer, tuvieron que pasar seis días más para que la Corte Suprema, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Ministerio de Justicia y la Cámara de Diputados tomaran cartas en el asunto.
Quizás la reacción más importante fue la que tomó el mismo Poder Judicial la mañana del miércoles 10 de julio, cuando entregó los antecedentes del informe al Ministerio Público. Pero hubo otro poder del Estado que se le adelantó. Tras una reunión con los diputados Ricardo Rincón y Gabriel Silber (DC), que presentaron a nombre de cinco diputados una denuncia formal a partir del mismo informe de la Comisión Jeldres, el fiscal nacional Sabas Chahuán dijo:
-No tengo antecedentes de que el Poder Judicial haya estado en conocimiento de este informe y estos hechos. No tengo duda de que si la Corte Suprema estuviese en conocimiento de un hecho que reviste carácter de delito, hubiese hecho inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía.
Pero lo cierto es que el Poder Judicial sí tenía conocimiento de esos hechos.
El lapidario informe que elaboró la llamada Comisión Jeldres –conformada por Mónica Jeldres, otras tres juezas de familia, la doctora en derecho Paulina Gómez y la socióloga de la Unicef Carolina Bascuñán –, fue entregado oficialmente el 7 de marzo de este año al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño y a las autoridades del SENAME, en una mesa de trabajo conjunta. Aunque la comisión sólo pretendía entregar un diagnóstico de las carencias del sistema para que los jueces locales se conviertan en agentes fiscalizadores y de cambio en un trabajo coordinado con las instituciones encargadas de la protección de los niños vulnerados, logró recopilar información de casos que claramente podrían constituir delito y que fueron incluidos en el informe. Pero con esa información, poco y nada se hizo.
El Código Procesal Penal establece que, en caso de tener conocimiento de un posible hecho delictual en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer la denuncia correspondiente en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, tras conocer el informe de la Comisión Jeldres y argumentar problemas metodológicos, el ministro Carreño, quien hace cabeza del trabajo de los Tribunales de Familia, decidió mantener el documento oculto no sólo de la opinión pública, sino que además de la justicia. Una decisión que no fue cambiada con posterioridad por el máximo tribunal. Las únicas excepciones fueron los informes elaborados sobre la situación en Arica y Magallanes, donde los presidentes de los Juzgados de Familia fueron informados de inmediato de los delitos descubiertos en los mismos hogares por las integrantes de la comisión.
Minutos después de que Chahuán dijera que no creía que el Poder Judicial estuviera al tanto de lo revelado por CIPER seis días antes, la jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares Gloria Negroni, llegó a la oficina del fiscal nacional por orden expresa del ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño.
Gloria Negroni, quien preside la comisión desde que se interviniera el Centro de Medidas Cautelares tras la entrega del informe de la Comisión Jeldres, fue a la oficina de Chahuán con todos los antecedentes que puedan revestir carácter de delito y que se desprenden del estudio respecto de las residencias visitadas en Arica, Antofagasta, Valparaíso y Coquimbo. También llevó copia de los informes detallados con la información recabada en cuatro regiones (Arica, Valparaíso, Los Lagos y Magallanes), del oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio preguntando a la institución por las medidas que se habían adoptado tras conocer el estudio, y de la respuesta que el director del servicio, Rolando Melo, le envió el lunes 1 de julio.
Tras la reunión con la jueza Negroni, Chahuán anunció que hará entrega de todos esos antecedentes a las unidades de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público para que los estudien y, a más tardar el viernes 12 de julio, tener más claro qué fiscalía o fiscalías se harán cargo de la investigación judicial.
El estudio, fruto de un convenio entre el Poder Judicial y Unicef, se llevó a cabo en 10 regiones, consideró las fichas de 6.500 menores e incluyó entrevistas con 384 niños. El trabajo en terreno detectó abusos sexuales por parte de cuidadores y entre los mismos niños que viven en las residencias; maltratos físicos; medicación no autorizada ni supervisada; y castigos como el aislamiento, entre otras irregularidades que incluían, incluso, redes de explotación sexual infantil. A pesar de la gravedad de los hechos relatados en el informe y que CIPER dio a conocer, tuvieron que pasar seis días más para que la Corte Suprema, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Ministerio de Justicia y la Cámara de Diputados tomaran cartas en el asunto. Quizás la reacción más importante fue la que tomó el mismo Poder Judicial la mañana del miércoles 10 de julio, cuando entregó los antecedentes del informe al Ministerio Público. Pero hubo otro poder del Estado que se le adelantó. Tras una reunión con los diputados Ricardo Rincón y Gabriel Silber (DC), que presentaron a nombre de cinco diputados una denuncia formal a partir del mismo informe de la Comisión Jeldres, el fiscal nacional Sabas Chahuán dijo:
-No tengo antecedentes de que el Poder Judicial haya estado en conocimiento de este informe y estos hechos. No tengo duda de que si la Corte Suprema estuviese en conocimiento de un hecho que reviste carácter de delito, hubiese hecho inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía.
Pero lo cierto es que el Poder Judicial sí tenía conocimiento de esos hechos.
El lapidario informe que elaboró la llamada Comisión Jeldres –conformada por Mónica Jeldres, otras tres juezas de familia, la doctora en derecho Paulina Gómez y la socióloga de la Unicef Carolina Bascuñán –, fue entregado oficialmente el 7 de marzo de este año al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño y a las autoridades del SENAME, en una mesa de trabajo conjunta. Aunque la comisión sólo pretendía entregar un diagnóstico de las carencias del sistema para que los jueces locales se conviertan en agentes fiscalizadores y de cambio en un trabajo coordinado con las instituciones encargadas de la protección de los niños vulnerados, logró recopilar información de casos que claramente podrían constituir delito y que fueron incluidos en el informe. Pero con esa información, poco y nada se hizo.
El Código Procesal Penal establece que, en caso de tener conocimiento de un posible hecho delictual en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer la denuncia correspondiente en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, tras conocer el informe de la Comisión Jeldres y argumentar problemas metodológicos, el ministro Carreño, quien hace cabeza del trabajo de los Tribunales de Familia, decidió mantener el documento oculto no sólo de la opinión pública, sino que además de la justicia. Una decisión que no fue cambiada con posterioridad por el máximo tribunal. Las únicas excepciones fueron los informes elaborados sobre la situación en Arica y Magallanes, donde los presidentes de los Juzgados de Familia fueron informados de inmediato de los delitos descubiertos en los mismos hogares por las integrantes de la comisión.
Minutos después de que Chahuán dijera que no creía que el Poder Judicial estuviera al tanto de lo revelado por CIPER seis días antes, la jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares Gloria Negroni, llegó a la oficina del fiscal nacional por orden expresa del ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño.
Gloria Negroni, quien preside la comisión desde que se interviniera el Centro de Medidas Cautelares tras la entrega del informe de la Comisión Jeldres, fue a la oficina de Chahuán con todos los antecedentes que puedan revestir carácter de delito y que se desprenden del estudio respecto de las residencias visitadas en Arica, Antofagasta, Valparaíso y Coquimbo. También llevó copia de los informes detallados con la información recabada en cuatro regiones (Arica, Valparaíso, Los Lagos y Magallanes), del oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio preguntando a la institución por las medidas que se habían adoptado tras conocer el estudio, y de la respuesta que el director del servicio, Rolando Melo, le envió el lunes 1 de julio. Tras la reunión con la jueza Negroni, Chahuán anunció que hará entrega de todos esos antecedentes a las unidades de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público para que los estudien y, a más tardar el viernes 12 de julio, tener más claro qué fiscalía o fiscalías se harán cargo de la investigación judicial.
LOS ANTECEDENTES QUE AHORA SERÁN INVESTIGADOS JUDICIALMENTE
En Arica existen seis proyectos residenciales que acogen a 256 menores: cinco de acogimiento residencial y uno de acogimiento familiar. El informe que preparó la Comisión Jeldres sobre esa región, y que la jueza Gloria Negroni entregó al fiscal nacional, consideró la información de tres residencias visitadas y encuestas a 15 niños seleccionados al azar. Ese documento, tal como lo informara CIPER en su primer reportaje, es uno de los más estremecedores que elaboró la comisión y por eso, uno de los dos casos en que se tomaron medidas de inmediato.
El 20% de las niñas encuestadas en la residencia Ajllasga reconocieron haber sido agredidas físicamente por algún adulto al interior del hogar y haber pasado días sin comer. El 60% también dijo haber estado enferma varias jornadas sin atención médica. Pero lo más grave es lo que las comisionadas pudieron presenciar de forma directa: muchachas que salían del hogar de noche con la complicidad de guardadoras de la residencia, y regresaban de madrugada y drogadas, lo que “hace altamente probable la existencia de explotación sexual infantil”. Por eso mismo, el 9 de noviembre de 2012, el mismo día que la comisión visitó el hogar en la madrugada, le envió una carta a Juan Enrique Robles, juez presidente del Juzgado de Familia de Arica (ver carta). Ese aviso dio origen a una investigación judicial que, según dijo la abogada Paulina Gómez a CIPER, culminó en junio “con la formalización por explotación sexual infantil de dos trabajadores del hogar”.
Otras situaciones que podrían constituir delito fueron descubiertas por integrantes de la comisión en hogares de Magallanes. Un oficio dando cuenta de ellas fue enviado de inmediato al juez respectivo, dando origen a una persecución penal por parte de la fiscalía regional. Pero la información recabada en las otras ocho regiones visitadas por la Comisión Jeldres se mantuvo oculta desde marzo hasta el 10 de julio de este año, cuando los informes detallados llegaron a manos del Ministerio Público.
El informe sobre la visita a Valparaíso que Negroni incluyó en la carpeta que dejó en la fiscalía, señala que “una niña de 12 años denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia (Hogar Santa Teresa). También señala que en algunas ocasiones ha sido castigada aislándola del resto”. Otro niño de 13 años, residente en el Hogar Virgen de los Desamparados, señala que en algunas ocasiones ha pasado días sin comer, además de reconocer agresiones físicas y sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia. Y otro de 10 años también denunció ser víctima de abusos sexuales por parte de un adulto en el Hogar San Francisco Borja.
En Coquimbo, los niños denuncian agresiones físicas y psicológicas por parte de sus cuidadores. En la Región de Los Lagos, los menores reconocen las mismas agresiones y haber pasado varios días sin recibir alimento, como castigo. Y en Antofagasta, donde existen nueve proyectos residenciales con un total de 302 niños, el 50% de los menores encuestados en el Hogar Mario Hiriart dice haber sido agredido físicamente por un adulto al interior de la residencia.
Otro de los antecedentes que el Poder Judicial dejó en manos del Ministerio Público es el oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio consultando por las medidas adoptadas por ese servicio tras recibir el crudo diagnóstico de la comisión. Para entonces, ya se habían cumplido tres meses desde que el informe había sido entregado a la entidad pública mandatada para proteger a los niños cuyos derechos han sido vulnerados. Lo extraño es que en todo ese tiempo, ese oficio fue la única comunicación que mantuvieron el Poder Judicial y el SENAME.
El 20% de las niñas encuestadas en la residencia Ajllasga reconocieron haber sido agredidas físicamente por algún adulto al interior del hogar y haber pasado días sin comer. El 60% también dijo haber estado enferma varias jornadas sin atención médica. Pero lo más grave es lo que las comisionadas pudieron presenciar de forma directa: muchachas que salían del hogar de noche con la complicidad de guardadoras de la residencia, y regresaban de madrugada y drogadas, lo que “hace altamente probable la existencia de explotación sexual infantil”. Por eso mismo, el 9 de noviembre de 2012, el mismo día que la comisión visitó el hogar en la madrugada, le envió una carta a Juan Enrique Robles, juez presidente del Juzgado de Familia de Arica (ver carta). Ese aviso dio origen a una investigación judicial que, según dijo la abogada Paulina Gómez a CIPER, culminó en junio “con la formalización por explotación sexual infantil de dos trabajadores del hogar”.
Otras situaciones que podrían constituir delito fueron descubiertas por integrantes de la comisión en hogares de Magallanes. Un oficio dando cuenta de ellas fue enviado de inmediato al juez respectivo, dando origen a una persecución penal por parte de la fiscalía regional. Pero la información recabada en las otras ocho regiones visitadas por la Comisión Jeldres se mantuvo oculta desde marzo hasta el 10 de julio de este año, cuando los informes detallados llegaron a manos del Ministerio Público.
El informe sobre la visita a Valparaíso que Negroni incluyó en la carpeta que dejó en la fiscalía, señala que “una niña de 12 años denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia (Hogar Santa Teresa). También señala que en algunas ocasiones ha sido castigada aislándola del resto”. Otro niño de 13 años, residente en el Hogar Virgen de los Desamparados, señala que en algunas ocasiones ha pasado días sin comer, además de reconocer agresiones físicas y sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia. Y otro de 10 años también denunció ser víctima de abusos sexuales por parte de un adulto en el Hogar San Francisco Borja.
En Coquimbo, los niños denuncian agresiones físicas y psicológicas por parte de sus cuidadores. En la Región de Los Lagos, los menores reconocen las mismas agresiones y haber pasado varios días sin recibir alimento, como castigo. Y en Antofagasta, donde existen nueve proyectos residenciales con un total de 302 niños, el 50% de los menores encuestados en el Hogar Mario Hiriart dice haber sido agredido físicamente por un adulto al interior de la residencia.
Otro de los antecedentes que el Poder Judicial dejó en manos del Ministerio Público es el oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio consultando por las medidas adoptadas por ese servicio tras recibir el crudo diagnóstico de la comisión. Para entonces, ya se habían cumplido tres meses desde que el informe había sido entregado a la entidad pública mandatada para proteger a los niños cuyos derechos han sido vulnerados. Lo extraño es que en todo ese tiempo, ese oficio fue la única comunicación que mantuvieron el Poder Judicial y el SENAME.
LA REACCIÓN TARDÍA DEL SENAME
El martes 9 de julio, cinco días después de que CIPER diera a conocer el primero de los reportajes sobre el informe de la Comisión Jeldres, y sólo horas después de que publicara el segundo (ver reportaje) y que Televisión Nacional abriera su noticiario central con el informe de la Comisión Jeldres, el SENAME anunció el cierre de cuatro centros de menores en Arica, Valparaíso, Santiago y Cauquenes y la intervención de otras siete residencias. Además, según reconoció a CIPER Rolando Melo, director nacional del SENAME, al día siguiente le envió el informe a todas las fiscalías regionales más información adicional recogida por la institución (ver entrevista). Lo que llama la atención es que esas decisiones no se hayan adoptado en marzo, cuando la entidad conoció en detalle las graves irregularidades detectadas en sus centros. Aunque dice que en un principio sólo conoció el informe “informalmente”, Melo dijo a CIPER que la jueza Negroni le entregó el documento completo el 7 de marzo de este año. Una semana después, se reunió con representantes del Poder Judicial y de Unicef para pedirles más información sobre los niños que habían declarado haber sido vulnerados, pero dice que Unicef se lo negó, pues las encuestas eran anónimas.
Según cuenta Melo, aunque tenía reparos sobre la metodología implementada en los cuestionarios y objetaba que “la encuesta se hizo sin dar una respuesta adecuada al niño en el momento inmediato”, apenas recibió el reporte se lo envió a todas las direcciones regionales del SENAME para que hicieran un catastro e identificaran a los niños que denunciaban los abusos. Y aunque debió haberlo hecho, ya que es su jefa directa, no se lo envió a la ministra de Justicia, Patricia Pérez.
-¿No le parece importante que la ministra responsable del SENAME conociera esta información al detalle, dada la gravedad de su contenido, para que tomara acciones o instruyera, como lo ha hecho ahora, cuatro meses después? –le preguntamos.
-Es que me pareció que debía enviarlo a las direcciones regionales, porque son ellos quienes deben verificar la información. A ella la informé verbalmente.
Otro punto que llama la atención es que durante los tres meses que transcurrieron entre que el SENAME recibió el informe y el oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, le envió a Melo el 14 de junio preguntándole cuáles eran las medidas adoptadas para enfrentar los problemas, no existió ningún tipo de comunicación entre el SENAME y el Poder Judicial. Así lo afirma el director del SENAME. Lo extraño es que, para entonces, ya habían pasado casi tres meses desde que CIPER solicitara los informes a través de la Ley de Transparencia (18 de marzo), recibiendo solo promesas de respuesta pero no los informes.
Y aunque Rolando Melo señala en la entrevista con CIPER que entre las medidas adoptadas se desvinculó a 12 personas, entre ellos, a la directora de un centro, y se dio aviso a las fiscalías regionales en los casos en que podría haber un delito, el 1 de julio le contestó al presidente de la Corte Suprema que no fue posible conocer la identidad de cada uno de esos niños vulnerados y le pidió que se le informe sobre las técnicas utilizadas por la comisión para preparar los cuestionarios.
Lo más curioso fue la aparente descoordinación que se evidenció el miércoles 10 de julio entre las decisiones informadas por el director del SENAME y la ministra de Justicia, Patricia Pérez. Porque fue justamente la ministra la autoridad que reaccionó con más energía frente a la gravedad del Informe de la Comisión Jeldres. A partir del 1 de agosto, afirmó, se inicia una intervención total al sistema de residencias y hogares de menores en el país (274 centros), la que se prolongará por tres meses. El trabajo estará a cargo de un equipo interdisciplinario de intervención conformado por 50 profesionales, divididos por equipos de tres personas y que serán integrados por un abogado, un asistente social y un sicólogo. De todo ello debió informar ante una comisión de la Cámara de Diputados hasta altas horas de la tarde, culminando una jornada en la que, por primera vez en años, los tres poderes del Estado dieron señales de asumir, cada uno por su cuenta, la grave indefensión en que se encuentran 14 mil niños en el país.
Publicado originalmente en CIPER (11/7/2013)
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