Aunque el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tomó la decisión a fines de abril, recién el pasado viernes 12 de julio presentó una querella por posible falsificación de instrumento público contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Así, el CDE no sólo oficializó su participación en la investigación que el Ministerio Público lleva adelante para determinar si en la fallida licitación del litio existió fraude al Fisco, sino que también amplía la indagación para perseguir las eventuales responsabilidades penales de Wagner, quien “debía velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación”.
Como subsecretario y presidente del Comité Especial del Licitación (CEL), Wagner firmó el acta que supuestamente acreditaba que SQM, la empresa que se había adjudicado la subasta pública antes de que se invalidara todo el proceso, cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos en las bases. La querella del CDE también apunta a Jimena Bronfman, la ex jefa jurídica de la Subsecretaría de Minería, ya que ella también firmó el documento que, a juicio del CDE, “falta a la verdad”. Ambos funcionarios, según consta en la querella, habrían impedido que Julio Alfonso Poblete, también miembro del CEL, revisara la información.
Luego de que se revelara que SQM había ocultado los litigios pendientes que tiene con el Estado para adjudicarse la licitación y se debiera invalidar todo el proceso, tanto Wagner como Bronfman debieron renunciar a sus cargos. A ésta última también se le cuestiona por haber devuelto los antecedentes a las empresas participantes tras la anulación de la licitación, impidiendo que el proceso se retrotrajera y que el Estado cobrara la boleta de garantía por US$ 4 millones que SQM había firmado al adjudicarse por 20 años la exploración y explotación de 100 toneladas de litio metálico.
Ahora que los ex funcionarios públicos fueron acusados por el CDE, CIPER vuelve a compartir con sus lectores la investigación que publicó en noviembre de 2012 bajo el título “Las inconsistencias que aún penan tras la invalidación de la licitación del litio”, un reportaje que expone en detalle las graves irregularidades que terminaron por echar abajo el proceso y que ahora son materia de investigación judicial.
Como subsecretario y presidente del Comité Especial del Licitación (CEL), Wagner firmó el acta que supuestamente acreditaba que SQM, la empresa que se había adjudicado la subasta pública antes de que se invalidara todo el proceso, cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos en las bases. La querella del CDE también apunta a Jimena Bronfman, la ex jefa jurídica de la Subsecretaría de Minería, ya que ella también firmó el documento que, a juicio del CDE, “falta a la verdad”. Ambos funcionarios, según consta en la querella, habrían impedido que Julio Alfonso Poblete, también miembro del CEL, revisara la información.
Luego de que se revelara que SQM había ocultado los litigios pendientes que tiene con el Estado para adjudicarse la licitación y se debiera invalidar todo el proceso, tanto Wagner como Bronfman debieron renunciar a sus cargos. A ésta última también se le cuestiona por haber devuelto los antecedentes a las empresas participantes tras la anulación de la licitación, impidiendo que el proceso se retrotrajera y que el Estado cobrara la boleta de garantía por US$ 4 millones que SQM había firmado al adjudicarse por 20 años la exploración y explotación de 100 toneladas de litio metálico.
Ahora que los ex funcionarios públicos fueron acusados por el CDE, CIPER vuelve a compartir con sus lectores la investigación que publicó en noviembre de 2012 bajo el título “Las inconsistencias que aún penan tras la invalidación de la licitación del litio”, un reportaje que expone en detalle las graves irregularidades que terminaron por echar abajo el proceso y que ahora son materia de investigación judicial.
Publicado originalmente en CIPER (17/7/2013)
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