lunes, 1 de abril de 2013

LA BATALLA DE LOS ALUMNOS DE LA U. DEL MAR PARA SALVAR LOS DOCUMENTOS QUE PRUEBAN CÓMO SE MONTÓ EL FRAUDE



Durante los tres meses que ha durado la toma de la sede Reñaca de la Universidad del Mar (UDM), los alumnos han realizado una investigación clave para desentrañar el fraude que hoy los tiene ante un futuro negro. El hallazgo de cientos de carpetas en la sede tomada –a las que CIPER tuvo acceso– permitió descubrir información que prueba cómo los controladores de la UDM fueron endeudando a la corporación al tiempo que entregaban la deuda de los estudiantes a los bancos. Y de cómo se fueron traspasando los dineros de la UDM a sus empresas relacionadas. Esas carpetas son hoy la principal arma de esos miles de estudiantes y la muestra más brutal y dramática de la crisis del sistema de Educación Superior.




“¡Estoy demasiado flaco!”, dijo Raúl Soto, el presidente de los estudiantes de la Universidad del Mar (UDM), mientras se paseaba por el séptimo piso de la sede Reñaca con un cigarrillo entre los dedos, su cabello pelirrojo mojado y con una camisa blanca y limpia que, a contraluz, denotaba una silueta delgada y cansada, muy distinta a la del estudiante que ha pasado los últimos cuatro años estudiando Kinesiología y que hasta hace poco jugaba básquetbol en el equipo de la universidad. Si se compara su contextura con la que tenía antes del 28 de diciembre, cuando junto a un grupo de sus compañeros se tomaron el edificio luego de conocerse el decreto de cierre que emitió el Ministerio de Educación (Mineduc), es cierto, está mucho más flaco. No ha dormido ni ha comido bien durante los tres meses que lleva encerrado en ese edificio. Un estado de alerta que se agudizó la noche del martes 19 de marzo, en la que apenas dormitó unos minutos a la espera de un desalojo que no llegó ni ese día ni los que vinieron, pero que los estudiantes siguen temiendo que sea inminente.

En la mañana del 20 de marzo, hacía sólo unos minutos que Raúl se había duchado y vestido para asistir a una asamblea con profesores y funcionarios de la UDM. En ese momento, confesaba no tener muy claro lo que diría, pero después, en la reunión, las palabras le saldrían a borbotones. Se paró y frente a ellos les dijo que no era momento de dividirse, que debían mantenerse unidos en lo que él y sus compañeros llaman un “movimiento triestamental” para salvar, como sea, el futuro de los aproximados 18.000 alumnos y cerca de 5.000 trabajadores que hasta fines del año pasado formaban parte de una comunidad universitaria que hoy está desahuciada y desmembrada.

De hecho, ni siquiera se sabe cuántas personas forman parte hoy de dicha universidad. Sólo se sabe -por datos oficiales del gobierno– que de esos 18.000 alumnos que cursaban sus estudios allí a fines de 2012, unos 2.100 habrían migrado a otras universidades. Por otras vías se ha informado que al menos unos 5.000 ya se habrían matriculado este año. De los demás, nada concreto. Ante la completa incertidumbre de los últimos meses, algunos se han quedado en sus casas, otros probablemente hayan desertado.

A pesar de ello, entre los estudiantes que se tomaron la sede de Reñaca de la UDM, la derrota es mantenida lejos del perímetro de la universidad. Un clima que se fortaleció cuando el 18 de marzo llegó hasta ese edificio la síndico de quiebras María Loreto Ried. Explicó que venía con el propósito de hacerse de toda la documentación que le permita cumplir la labor que le encomienda la ley: representar los intereses generales de los acreedores y los derechos de la empresa declarada en quiebra. Pero de la puerta de entrada no pasó.

La presencia de Ried en la universidad ha sido objeto de varios cuestionamientos. A diferencia de las sociedades comerciales, ante la declaración de insolvencia, las corporaciones de derecho privado sin fines lucro no pueden quebrar, sino que sólo disolverse. En ese caso, sus bienes y activos se distribuyen de acuerdo a lo establecido en sus estatutos, y son los beneficiarios de esa repartición los que deben responder ante los acreedores. Aún así, el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar falló a petición de la Tesorería General de la República la quiebra de la UDM el 15 de marzo de 2013. Aunque 12 días después el mismo tribunal suspendió la medida por ocho días al acoger un recurso de nulidad que presentaron funcionarios de la universidad basados en que la notificación fue improcedente por ir destinada a personas que no eran representantes legales de la corporación, no está claro el fundamento jurídico que esgrimió el juzgado para fallar la quiebra.

Por eso, los estudiantes no dejaron entrar a Ried al edificio que, desde que está en toma, tiene todos sus accesos bloqueados. Para ellos, haberle permitido a el ingreso habría significado no sólo reconocer que la universidad es una empresa y la legitimidad del fallo judicial, sino que además desprenderse de una poderosa arma con la que cuentan hoy para acreditar el fraude del que fueron víctimas: los miles de documentos que los estudiantes han ido descubriendo en las antiguas oficinas de los controladores de la universidad, en bodegas e incluso en salas de clase.

Se trata de cientos de carpetas y archivadores que contienen información clave para dar cuenta de cómo los controladores de la universidad -Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga- crearon durante años y sin control alguno una estructura de lucro en torno a la UDM hasta convertirla en lo que es hoy: la muestra más brutal y dramática de la profunda crisis del sistema de Educación Superior en Chile.

Entre los documentos hallados por los alumnos -y a los que CIPER tuvo acceso-, se encuentran actas de la junta directiva de la UDM y de los directorios de sus empresas relacionadas, informes contables, estados financieros, correos electrónicos, contratos de arriendo, comprobantes de pago, escrituras de inmuebles e incluso chequeras repletas de pagos a los mismos controladores. Su importancia es vital para demostrar cómo la universidad se fue endeudando y entregando como garantía a los bancos la deuda de los alumnos para pagar sus estudios. Y también, de cómo los dineros de la corporación se fueron desviando hacia las sociedades que los mismos dueños de la UDM crearon para obtener utilidades.


CÓMO SE “PERDIERON” $3 MIL MILLONES

Un ejemplo de ello es el Informe de Auditoría Contable, Tributaria y Legal del “Proyecto Reñaca” que el 15 de julio de 2011 envió el abogado Álvaro Benavides a Héctor Zúñiga, quien entonces, además de ser miembro de la Junta Directiva, era rector de la universidad. Ese documento, que los estudiantes encontraron en la oficina de Sergio Vera -con comentarios anotados de su puño y letra-, se refiere precisamente a los contratos sobre el edificio que Raúl Soto y sus compañeros mantienen en toma desde fines de 2012, el mismo inmueble donde se ubica la Casa Central de la UDM.

Para su construcción -cuya inversión total superaba los $7.138 millones- la universidad suscribió en 2005 convenios de colaboración o joint venture con dos sociedades que pertenecen a los cuatro controladores: Inmobiliaria del Mar S.A. e Inmobiliaria Rancagua S.A. La UDM aportó poco más de $1.906 millones. El resto lo financiaron las dos inmobiliarias. Los convenios estipularon que una vez terminada la obra, el inmueble sería propiedad de las dos inmobiliarias, las que luego se lo arrendarían a la universidad. Pero los controladores no sacaron dineros de sus cuentas propias, sino que adquirieron un crédito con Seguros Vida Security Previsión S.A., para adquirirlo vía leasing. Ese crédito fue pagado con los arriendos que le cobraron a la UDM, pero el monto fijado en los contratos de arriendo duplicaba el valor del leasing. Con ello, los controladores no sólo pagaron su crédito sino que también retiraron mensualmente utilidades.

Los convenios además establecieron que la universidad recibiría como pago por su inversión el traspaso de la propiedad de todos los bienes muebles destinados a la habilitación del edificio. Pero eso nunca ocurrió. El informe contable explica la razón.

Allí se señala que como esos bienes muebles (accesorios de baños y cocina, ascensores y calefacción, entre muchos otros) formaban parte de la edificación, no podían ser inventariados aparte, por lo que su entrega a la UDM nunca se materializó. Aún así, las inmobiliarias firmaron en 2010 dos contratos de compraventa de esos bienes que, según el informe contable del abogado Benavides, “parten de un supuesto inexistente” y “nunca debieron efectuarse por no corresponder a la realidad”. Además, señala otras facturas y pagarés a favor de la universidad que nunca se concretaron, pagos de arriendo a las dos inmobiliarias incluso antes de que el edificio terminara de construirse y dineros que la corporación aportó a la construcción y que no se contabilizaron en la liquidación de los contratos. Según agrega el mismo abogado Benavides, esos últimos documentos contables “deben mirarse como inexistentes, ya que no tienen sustentación jurídica alguna”.

El análisis concluye que varios de esos convenios son nulos y que, productos de las irregularidades en las operaciones, la Universidad del Mar habría sufrido una pérdida patrimonial cercana a los $3.000 millones.

Cuando Raúl Soto bajó junto a sus compañeros por ese ascensor que durante todo el día mantienen bloqueado para evitar que algún extraño ingrese sin autorización al edificio, para reunirse con los funcionarios de la universidad, les llevaba una sorpresa. Ellos no tenían idea de que durante esos días de toma, los estudiantes habían descubierto documentos que probaban el fraude.

Los trabajadores de la UDM sólo tenían en mente que el primer acto de la síndico había sido desvincularlos a todos y recontratarlos por 15 días, hasta el 31 de marzo. Después de eso, se les pagaría lo adeudado y se seleccionaría a los que continuarían trabajando hasta el último día de febrero de 2015, fecha fijada por el ministerio para el cierre definitivo de la UDM. Y para recibir el pago anunciado, era necesario que la síndico ingresara para recuperar la información contable correspondiente.

Por eso en la reunión algunos docentes y trabajadores de la UDM les pidieron a los estudiantes que depusieran la toma o que al menos dejaran ingresar a la síndico de quiebras. Pero Raúl y sus compañeros se mantuvieron firmes en su decisión. Y argumentaron. Insistieron en que la ocupación de la sede Reñaca tiene ahora un sentido distinto, que no es sólo una movilización para mantener un edificio que consideran su hogar, sino que es también la única forma en que pueden proteger los documentos que les permitirá investigar a fondo cómo su futuro fue destruido. Saben que ésta puede ser su última batalla.


LA CARTA DE PILAR ARMANET

El día anterior, el martes 19 de marzo, Camilla Beaumont, alumna de último año de Psicología y además secretaria general de la Federación de Estudiantes de la UDM, estaba sentada en las escaleras a la entrada del edificio, cuando uno de sus profesores se le acercó.

-¿Viste que en la Junta Directiva había un viejo que tenía una agencia de viajes con los controladores? –le preguntó el docente refiriéndose a las revelaciones que aparecieron el lunes 11 de marzo en el programa Esto No Tiene Nombre, de TVN.

-Todo eso lo descubrimos nosotros. Nos pusimos a buscar y encontramos toda la chanchada allá adentro. Cuando la gente del Ministerio de Educación llegó a auditar a la universidad, revisaron sólo el piso 15, pero ahí no tenían casi nada –le respondió Camilla.

-¿Dónde estaba eso?

-Escondido en distintas partes, incluso en las mismas salas donde nos hacían clases.

-O sea que se pusieron a hurguetear papeles.

-Todos. Llevamos semanas revisando y ya tenemos cientos de antecedentes para demostrar el lucro en la UDM, con firmas y nombres.

Cuando Camilla salió de su casa en Villa Alemana el 28 de diciembre de 2012, le dijo a su madre que se tomarían de nuevo la universidad y que no volvería a pasar junto a ella el Año Nuevo. Su mamá se lo prohibió, pero ella igual se fue. Así pasaron los días, las semanas, el verano completo, y ella no volvió más que para saludar y buscar algo de ropa limpia.

Aunque Camilla reconoce que la pelea con su madre le afectó, para ella permanecer en la toma no se trata sólo de un capricho. Tiene claro que todo lo que ha pasado con la UDM desde que Raúl Urrutia renunció en mayo de 2012 a la rectoría denunciando cómo el lucro se había apoderado de la institución, le va a significar tener un título que a ella le ha costado días y noches completas de estudio y un esfuerzo enorme para pagar una deuda que cada día va creciendo, pero que en el mercado no valdrá nada. Y que si quiere darle algún valor a su título, después tendrá que endeudarse de nuevo para estudiar un postgrado. Camilla y sus compañeros saben también que muchos de los 20.000 titulados de la UDM han sido discriminados, que donde presentan su currículum son desechados y, sólo si tienen mucha suerte, son llamados para una entrevista. Pero también saben que todo lo ocurrido con su universidad no es producto de la gestión en los últimos años, sino que de una concepción de universidad como negocio que viene desde mucho antes y con el Estado como aval.

-Cuando el Estado le entregó la autonomía a la UDM, le dio la posibilidad de que se expandiera por todo el país, impartiendo distintas carreras y sin ningún control ni fiscalización -dice.

Uno de los documentos que los estudiantes encontraron en la oficina de Sergio Vera da cuenta de lo que irrita a Camilla Beaumont. El 5 de agosto de 2004, cuando Ricardo Lagos era Presidente, Pilar Armanet, quien entonces era jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, envió a Mauricio Villaseñor (uno de los controladores) un oficio donde se refiere a un informe -hasta ahora desconocido- elaborado por el Consejo Superior de Educación (CSE) a dos años de que la UDM recibiera su autonomía (en 2002). Para esa fecha, la universidad contaba sólo con una sede en Viña del Mar donde impartía 17 carreras. Los alumnos matriculados no superaban los 4.000, y de ellos, 1.275 eran de primer año. Dos años después, la UDM ya impartía 192 carreras en 14 ciudades distintas y registraba más de 12.000 alumnos, un crecimiento de 2.683,3% en matrículas.

A pesar de ese crecimiento explosivo, el informe del CSE que cita Armanet en su carta señala que el número de docentes no ha crecido de la misma forma, registrando sólo un 137,9% más que cuando se le otorgó a la universidad su autonomía. El documento también plantea dudas sobre la calidad de esos profesores, ya que para 2004 sólo el 9% contaba con postgrados y apenas el 7% cumplía jornada igual o mayor a media. Agrega además, que en algunas sedes, como Talca, “no alcanza a haber un décimo de libro por usuario” y que la biblioteca de Calama es sólo una pequeña sala de 12 metros cuadrados para 2.800 personas.

En el documento se lee: El crecimiento en número de sedes y carreras de la UDM ha ido aparejado de un claro deterioro de todos los indicadores educativos y de biblioteca de la universidad, lo que hace suponer una reducción significativa en la calidad docente de la misma”.

El informe del CSE también considera que la expansión que llevó a la UDM a ser una de las universidades privadas más grandes del país, con presencia desde Arica a Punta Arenas, no garantiza el cumplimiento de los estatutos de la corporación. Que no queda claro cómo la UDM “cultiva” la investigación, que la “idónea formación profesional a través de la educación e instrucción al más alto nivel” no parece plausible ante las restricciones en docencia e infraestructura en la mayoría de las sedes y que dichas condiciones llevan a la presunción de que la educación e instrucción que entrega actualmente la UDM en un gran número de sedes podría ser de nivel mínimo, con una formación profesional con falencias serias”.

La misma carta de Armanet incluye las respuestas que entregaron los directivos de la universidad refutando cada uno de los cuestionamientos. Pero también agrega dos líneas que grafican el por qué los controladores de la UDM –como de otras universidades privadas- pudieron seguir aumentando hasta hace pocos meses las utilidades ilícitas que sacaban hacia sus empresas relacionadas: “Cabe tener presente que las bases de datos del Ministerio de Educación y de este organismo (Consejo Superior de Educación, CSE) se elaboran a partir de los antecedentes que las mismas instituciones les proporcionan voluntariamente, sin que exista un proceso de verificación o comprobación de esa información”.

Las últimas palabras que registra la misiva de Armanet prueban que el Ministerio de Educación ya entonces tenía facultades legales para cancelar la personalidad jurídica de una universidad que no cumple sus fines o que viola la Ley 18.962: “La Universidad del Mar no ha incurrido en los presupuestos señalados en el artículo 53 de la LOCE para la revocación de su reconocimiento oficial”.

Desde que Armanet enviara esa carta a Villaseñor, han pasado casi siete años. Años en que precisamente la falta de fiscalización por parte del Estado permitió que la UDM llegara a fines de 2012 al colapso. Y sólo cuando la crisis ya era irreversible y la corporación insolvente, vino la revocación de su reconocimiento y la paralización de su proyecto. Aún así, el Estado no se hizo cargo del fraude a los estudiantes y de su futuro.

Ahora, los alumnos tienen tres opciones: seguir batallando para que el Estado asuma su responsabilidad y se haga cargo de la universidad, asegurando su continuidad; aceptar el cierre y continuar sus estudios allí hasta 2015, con una calidad de la educación sin garantías (algo que ya habrían hecho unos 5.000 alumnos); o postular al plan de reubicación que propuso el ministro de Educación, Harald Beyer, al que, según cifras oficiales, ya se habrían acogido 2.100 estudiantes. Camilla optó por la primera.

-¿En qué curso estás, Camilla? ¿No has pensado en cambiarte de universidad? –le preguntó su profesor mientras aún seguía sentada en las escaleras a la entrada de la sede Reñaca.

-Yo me quedo aquí. ¿Para qué me voy a ir a la Universidad Santo Tomás (UST) o a la U. de Viña del Mar (UVM)? ¿Para que me pase lo mismo? En esas universidades el ministerio también se está haciendo el loco. Me quedan sólo dos electivos, la tesis, la práctica y termino. Pero si me cambio, me bajan a segundo año. Y en la UST están los $13.000 millones en préstamos blandos a empresas relacionadas. Nadie me garantiza que en esas universidades no va a pasar lo mismo que acá. ¡Casi todas están cuestionadas por lucro! Además, tendría que pedir otro crédito para pagar allá y más encima, seguir pagando mi deuda con la UDM. El ministro sigue diciendo que la reubicación es lo mejor que han hecho como gobierno, pero no es así. Eso está demostrado. Pedimos por Ley de Transparencia los 25 convenios que supuestamente tenía el Mineduc con distintas universidades y otras instituciones, pero no existen. Son sólo acuerdos de “buenas intenciones”. Eso lo ratificó el subsecretario de Educación en la Comisión de la Cámara de Diputados.

-Está complicada la cosa. También están la U. Pedro de Valdivia, la UNIACC y la Universidad SEK en ese lote que parecieran ir por el mismo camino que la UDM.


LAS DISPUTAS POR LA REPARTICIÓN DEL CAE

Entre ese martes 19 de marzo y el día siguiente, cuando se llevó a cabo la asamblea de los tres estamentos, más de una docena de personas se acercaron a la sede Reñaca de la U. del Mar para intentar sacar algún documento. Varios docentes y funcionarios administrativos decían que si no rescataban los antecedentes académicos, no podrían comenzar las clases el próximo lunes 1 de abril, como lo estipula el cronograma. A ninguno de ellos se le autorizó el paso a un edificio cercado por sillas, mesas, escritorios y basureros apilados con alambres de púa.

En el sexto piso hay un panel con imágenes de Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga, todos con el signo peso dibujado sobre sus ojos y sus nombres escritos con plumón, enlistados bajo el título: “Personas con acceso denegado”.

La regla que acordó la asamblea de estudiantes es que nadie puede acercarse a los documentos que han decidido cautelar a la espera de una autoridad judicial que les dé confianza. Mientras CIPER estuvo en la sede, sólo a dos personas se les permitió ingresar: dos mamás de alumnos que se acogieron al plan de reubicación propuesto por el Mineduc y necesitaban con urgencia un certificado para que sus hijos pudieran matricularse.

Las medidas de seguridad que han implementado los alumnos no son antojadizas. Desde que el lunes 18 de marzo le negaron la entrada a la síndico María Loreto Ried, temen que el desalojo con fuerza policial sea inminente. Saben que están contra el tiempo para revisar y respaldar la mayor cantidad posible de información que han ido descubriendo. Ya tienen diseñada la estrategia para evitar la pérdida de los documentos a los que sólo ha tenido acceso un grupo selecto de alumnos de la UDM.

La recopilación de la información la ha hecho con extremo cuidado un grupo de estudiantes designados por la asamblea. Usan guantes para no deteriorar los papeles. El cuidado se extiende a la información familiar que guardaban en sus oficinas los controladores, la que permanece en el mismo lugar que se encontró. Allí están intactas las tres botellas de vino que Sergio Vera mantenía en su oficina, junto a su iPad, su computador, las fotos enmarcadas donde aparecen él y su familia y el pequeño aro de básquetbol con el logo de Harvard que cuelga sobre la puerta de uno de sus estantes. Lo mismo en la oficina de Mauricio Villaseñor, donde los alumnos se encontraron con muebles vacíos y decenas de carpetas y papeles embalados en cajas de cartón.

En una de esas cajas apareció una serie de correos electrónicos impresos que demuestran no sólo cómo la universidad era administrada de forma parcelada por sus dueños –como lo reveló CIPER en una investigación sobre el lucro en la UDM (ver capítulos I, II y III)–, sino que también las disputas entre ellos para repartirse los miles de millones que llegaron tras la acreditación de la institución en 2010: los fondos fiscales del Crédito con Aval del Estado, el CAE.

El primero de esos correos está fechado el jueves 1 de septiembre de 2011 y lo envió el entonces rector, Héctor Zúñiga, a Mauricio Villaseñor con copia a Vera, Baeza y a los abogados Carlos Zelada y Alejandro Leiva, ambos representantes de empresas vinculadas a los controladores en la Junta Directiva. El mail resulta clave, porque se refiere a cómo Zúñiga pretendía usar dineros del CAE para pagar deudas a la constructora RVC, una empresa cuyos dueños son socios del mismo Zúñiga y Baeza en Inmobiliaria Doña Teresa y Comercial Vizú, dos sociedades con las que ambos controlaban las sedes en el norte del país. Esos pagos a RVC servirían para detener las acciones judiciales que ambas empresas habían iniciado en contra de la universidad para reclamar el pago de arriendos, principalmente en la sede de Iquique, luego de que arbitrariamente esas sociedades aumentaran los montos de la renta a la universidad.

Para entonces, las “operaciones CAE 1 y 2” ya se habían implementado, como lo señala otro documento encontrado en la misma caja, en el cual se detalla cómo se repartieron por sede los más de $1.644 millones recibidos por la UDM por concepto de créditos con aval del Estado a esa fecha. La propuesta que Zúñiga esgrimió en su mail era la llamada “tercera operación CAE”: cubrir las deudas con RVC con los anticipos del CAE acordados con el Banco Internacional, a cambio de “letras u otros documentos” de los créditos otorgados a los alumnos. Dice además que las letras entregadas como aval a la institución financiera “son de sedes en que no consta que éstas se recibieron como garantía” y que si el tercer anticipo no se cursa con premura, la universidad se expone a un nuevo embargo. Lo increíble es que el embargo lo solicitaron precisamente las dos empresas de Zúñiga y Baeza.

Dos días después, Villaseñor le respondió: “Con sorpresa me entero ahora de que tu pretendida tercera operación CAE, a la que aludes, tenía como objetivo pasar dineros a una empresa en la que ustedes poseen el 50%. Siempre entendimos que tu aporte para solucionar el problema Doña Teresa/Vizu sería sobre ingresos personales de ustedes, tras venta de FIP”. Y agrega, entre otras cosas, que la propuesta de Zúñiga además significaría “usurparle dineros a las sedes que tienen esos alumnos y que no participaron en los créditos anticipados por el Banco Internacional”.

La guerrilla por las platas del CAE continúa en otros correos. El 5 de septiembre de 2011, Alejandro Leiva, quien por entonces era miembro de la Junta Directiva, les escribió a los demás controladores para decir que si él estaba allí, era sólo por su relación profesional con Villaseñor, quien le habría solicitado que asumiera el cargo de director cuando se estaba preparando la venta fallida de la UDM al grupo Southern Cross (2011). Justo en esa época, la Junta Directiva pasó a estar conformada por distintas personas jurídicas controladas por los cuatro fundadores de la universidad, y Leiva entró como representante de una de ellas, una de las dos controladas por Villaseñor. En el mail, Leiva dice que, al caerse el negocio con Southern Cross, no le quedó más que quedarse allí.

Eso, en todo caso, no es lo más importante de su correo, sino lo que sigue:

Lo más grave está dado por la responsabilidad que como miembro de la Junta Directiva debo afrontar en una eventual quiebra o en un proceso de revisión por parte de cualquier tipo de autoridad administrativa (SII, Ministerio de Justicia, Cámara de Diputados o la futura Superintendencia de Educación), pues son muchas las irregularidades existentes en la gestión administrativa de la Corporación.

Todos conocen la forma en que se han desarrollado las universidades privadas del país, y el cuestionamiento generalizado apunta al fin del lucro, pero en el caso de nuestra Corporación, el cuestionamiento va mucho más allá del simple lucro, pues se han ocupado prácticas que desde mi punto de vista constituyen defraudaciones, por lo que el reproche no sólo es ético, sino que también penal”.

Luego de eso, Leiva detalla cada una de las prácticas, que según él, forman parte de las “tantas cosas anormales que en nuestra Universidad parecen normales”. La lista es larga: que dos miembros de la Junta Directiva hayan aumentado artificiosamente el precio de arriendo de sedes a favor de sus sociedades; que esas mismas empresas demanden a la universidad para embargar sus cuentas y que amenacen con volver a hacerlo; que sociedades vinculadas a algunos fundadores facturen a la UDM servicios que nunca han prestado; que haya sedes quebradas; que funcionarios directivos estén más dedicados a sus funciones externas que a la universidad y que no sean despedidos por lo mucho que saben; que no exista gestión en cobranza, contabilidad, administración y finanzas, ingreso de alumnos o capacitación; que las letras que los alumnos entregaron en garantía sean entregadas nuevamente como respaldo ante instituciones financieras, como si fueran letras de pago; o que los directivos de las sedes quebradas no asuman sus responsabilidades personales.

Ese mismo día, Carlos Zelada, quien representaba a una de las empresas de Vera en la Junta Directiva, respondió en el mismo tenor, refiriéndose además a cómo los actos realizados y aprobados por los cuatro fundadores estaban llevando a la UDM a un estado de no pago o de quiebra, no obstante lo cual paralelamente se siguen pagando y reconociendo deudas cuantiosas a empresas vinculadas a los controladores, negando o restando importancia a actos que deslindan en eventuales ilícitos. También se refiere al balance financiero de la universidad correspondiente a 2010, donde se señala que las sociedades relacionadas mantienen una deuda de casi $863 millones y que, por otro lado, a esas mismas empresas se les pagó ese año cerca de $2.500 millones por concepto de arriendo.

La cadena de correos se extendió hasta el 8 de septiembre de 2011 y culmina con un mail escrito por Héctor Zúñiga a Mauricio Villaseñor, nuevamente refiriéndose a las reparticiones del CAE y a créditos por $300 millones que también estarían cubiertos por la deuda de los alumnos.

Las situaciones expuestas en los correos resultan clave para entender cómo la UDM se fue a pique. También para comprender por qué los estudiantes no están dispuestos a renunciar a su movilización. Sentada en un pasillo del piso 7 en el edificio en toma en Viña del Mar, Patricia cuenta que estudia Psicología desde hace tres años en la universidad y que hasta hace sólo dos semanas estaba encerrada en su casa, sin saber qué hacer. Sobre todo después de que la crisis se transformara en tragedia, cuando a fines de 2012 escuchó en las noticias que había pasado lo que todos los alumnos pensaban que no ocurriría sino en el peor de los escenarios: se decretaba el cierre de la UDM, la institución donde ella y su familia depositaron sus sueños. Quedó en estado de letargo. No quería comer y pasaba el día durmiendo o llorando. Así pasó casi todo el verano.

Patricia dice que algunos de sus compañeros terminaron con colapsos nerviosos y, literalmente, arrancándose el cabello. Sus padres le decían que tenía que hacer algo, que harían el esfuerzo de pagarle la carrera en otra universidad. Pero ella no lo aceptaba. Incluso se enojaba. Pensaba en su hermana que está a punto de salir del colegio y en los enormes esfuerzos que sus padres ya habían hecho para costear sus estudios. Creía que no eran ellos quienes tenían que hacerse cargo de las expectativas que se desplomaron y de una crisis que ni ella ni su familia provocaron. Por eso un día de marzo decidió sumarse a la toma. Está segura de que es la única forma de calmar su angustia, aunque sea pasando los días y noches encerrada en un edificio.

-No tengo nada que perder estando aquí, porque ya lo perdimos todo –dice.


Publicado originalmente en CIPER (28/3/2013)

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