Lo de la madrugada del viernes 4 de enero en Vilcún no fue como otras veces. Para muchos, la mayoría de los ataques registrados en La Araucanía en los últimos años por el conflicto de tierras entre agricultores y comunidades mapuche, quedaba fuera de lo que se puede catalogar como “actos terroristas” porque eran atentados contra la propiedad privada y no directamente contra personas. Terminaban con un camión quemado o con una casa envuelta en llamas, pero sus dueños, aunque afectados, salían sin daños físicos. Pero ese argumento ya no sirve. Los cerca de 20 encapuchados que llegaron la madrugada del viernes al fundo Palihue, a unos 25 kilómetros de Temuco, prendieron fuego a la casa patronal con sus dueños adentro. Cruzaron la línea. A Werner Luchsinger (75) y su esposa Vivianne Mckay (69) el fuego los devoró.
Aunque el predio de Werner Luchsinger no forma parte de las reivindicaciones históricas, su nombre y su historia están estrechamente ligados al conflicto. Cinco años antes, el 3 de enero de 2008 en el fundo de su primo Jorge, el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez Inostroza disparó por la espalda a Matías Catrileo, un estudiante de 22 años que participaba en una toma a la fuerza del terreno. Catrileo murió ese mismo día. Aunque el policía después sería condenado por un tribunal militar por violencia innecesaria con resultado de muerte, Carabineros nunca lo excluyó de la institución. Una controvertida decisión que hace sólo unas semanas fue amparada por una resolución de la Contraloría General de la República.
La muerte de Catrileo en 2008 resulta clave para entender lo que ocurre ahora en La Araucanía. Si los encapuchados le prendieron fuego a Luchsinger, su mujer y sus pertenencias, fue precisamente en medio de los actos conmemorativos de su deceso. Porque con la muerte de Catrileo se prendió la mecha de una bomba que acaba de estallar.
Desde 2008 el conflicto se ha radicalizado. La intervención que ha implementado el gobierno a través del fortalecimiento de la presencia y acción policial ha sido denunciada por grupos mapuche como una “militarización de La Araucanía”. Por supuesto, el gobierno lo ha negado. Los allanamientos en comunidades indígenas se han intensificado y los agricultores se han organizado y armado, dando origen a un incipiente movimiento paramilitar. En septiembre de 2012, la policía descubrió en la casa del agricultor Jorge Temer un arsenal compuesto por fusiles, rifles, pistolas, revólveres, bombas lacrimógenas y municiones de guerra. Incluso un alto funcionario del gobierno manifestó su “comprensión” a la supuesta necesidad de armarse de los agricultores y empresarios de la zona en conflicto.
Dos días antes de que la casa de Luchsinger ardiera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguraba que los grupos responsables de la violencia en la zona mapuche tienen financiamiento desde Argentina. Después vino el incendio. Y luego otros dos más. La situación se volvió extrema.
El mismo viernes 4 de enero, el Presidente Sebastián Piñera anunció que se establecerá una unidad policial especializada contra el terrorismo y una zona de control en La Araucanía. También confirmó que el gobierno se querellaría apelando a la Ley Antiterrorista, que según dijo esta mañana el ministro Chadwick, es el instrumento “más eficaz y más oportuno”. Aún no se descarta un eventual estado de excepción.
El único detenido por su supuesta vinculación con el homicidio estará detenido al menos siete días antes de que sea formalizado. Su defensa asegura que no hay pruebas para sustentar la acusación. El domingo pasado, Chadwick optó por la mesura comunicacional: “No quiero vincular el mundo o la acción mapuche al tema del incendio porque eso lo van a determinar los tribunales de justicia”, dijo, luego de que el intendente de la IX Región responsabilizara públicamente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de los atentados.
Para la madre de Matías Catrileo, la presencia del jefe de Estado, junto a sus ministros del Interior y Agricultura (Luis Mayol), y otras autoridades de gobierno y policiales “(demuestran) cómo el mundo no funciona para todos igual”. Según ella, cuando su hijo murió, ninguna autoridad fue a verla.
El domingo 6 de enero, Chadwick anunció la designación del general inspector de Carabineros, Carlos Carrasco –el tercer hombre en el mando de Carabineros– “a cargo y bajo su responsabilidad todo el tema de la acción y violencia terrorista tanto en la VIII región, como en la IX y en la de los Ríos”. También anunció una reunión de urgencia para coordinar los pasos a seguir en la IX Región entre el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Gonzalo Yuseff (ver perfil) y representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones (PDI). Esa reunión se llevó a cabo esta mañana.
Aunque el predio de Werner Luchsinger no forma parte de las reivindicaciones históricas, su nombre y su historia están estrechamente ligados al conflicto. Cinco años antes, el 3 de enero de 2008 en el fundo de su primo Jorge, el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez Inostroza disparó por la espalda a Matías Catrileo, un estudiante de 22 años que participaba en una toma a la fuerza del terreno. Catrileo murió ese mismo día. Aunque el policía después sería condenado por un tribunal militar por violencia innecesaria con resultado de muerte, Carabineros nunca lo excluyó de la institución. Una controvertida decisión que hace sólo unas semanas fue amparada por una resolución de la Contraloría General de la República.
La muerte de Catrileo en 2008 resulta clave para entender lo que ocurre ahora en La Araucanía. Si los encapuchados le prendieron fuego a Luchsinger, su mujer y sus pertenencias, fue precisamente en medio de los actos conmemorativos de su deceso. Porque con la muerte de Catrileo se prendió la mecha de una bomba que acaba de estallar.
Desde 2008 el conflicto se ha radicalizado. La intervención que ha implementado el gobierno a través del fortalecimiento de la presencia y acción policial ha sido denunciada por grupos mapuche como una “militarización de La Araucanía”. Por supuesto, el gobierno lo ha negado. Los allanamientos en comunidades indígenas se han intensificado y los agricultores se han organizado y armado, dando origen a un incipiente movimiento paramilitar. En septiembre de 2012, la policía descubrió en la casa del agricultor Jorge Temer un arsenal compuesto por fusiles, rifles, pistolas, revólveres, bombas lacrimógenas y municiones de guerra. Incluso un alto funcionario del gobierno manifestó su “comprensión” a la supuesta necesidad de armarse de los agricultores y empresarios de la zona en conflicto.
Dos días antes de que la casa de Luchsinger ardiera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguraba que los grupos responsables de la violencia en la zona mapuche tienen financiamiento desde Argentina. Después vino el incendio. Y luego otros dos más. La situación se volvió extrema.
El mismo viernes 4 de enero, el Presidente Sebastián Piñera anunció que se establecerá una unidad policial especializada contra el terrorismo y una zona de control en La Araucanía. También confirmó que el gobierno se querellaría apelando a la Ley Antiterrorista, que según dijo esta mañana el ministro Chadwick, es el instrumento “más eficaz y más oportuno”. Aún no se descarta un eventual estado de excepción.
El único detenido por su supuesta vinculación con el homicidio estará detenido al menos siete días antes de que sea formalizado. Su defensa asegura que no hay pruebas para sustentar la acusación. El domingo pasado, Chadwick optó por la mesura comunicacional: “No quiero vincular el mundo o la acción mapuche al tema del incendio porque eso lo van a determinar los tribunales de justicia”, dijo, luego de que el intendente de la IX Región responsabilizara públicamente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de los atentados.
Para la madre de Matías Catrileo, la presencia del jefe de Estado, junto a sus ministros del Interior y Agricultura (Luis Mayol), y otras autoridades de gobierno y policiales “(demuestran) cómo el mundo no funciona para todos igual”. Según ella, cuando su hijo murió, ninguna autoridad fue a verla.
El domingo 6 de enero, Chadwick anunció la designación del general inspector de Carabineros, Carlos Carrasco –el tercer hombre en el mando de Carabineros– “a cargo y bajo su responsabilidad todo el tema de la acción y violencia terrorista tanto en la VIII región, como en la IX y en la de los Ríos”. También anunció una reunión de urgencia para coordinar los pasos a seguir en la IX Región entre el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Gonzalo Yuseff (ver perfil) y representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones (PDI). Esa reunión se llevó a cabo esta mañana.
Publicado originalmente en CIPER (7/1/2013)
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