2012 fue un año intenso desde el comienzo. A dos años del tsunami comenzó el juicio para determinar las responsabilidades de las autoridades que no dieron la alarma a tiempo. Antes de que la fiscalía anunciara que formalizaría a ocho personas, CIPER ya relataba los detalles de todo lo que ocurrió la madrugada del 27/F en las oficinas donde se tomaron u omitieron decisiones cruciales. Hicimos una radiografía al saqueo del mar parte de la industria pesquera en medio de la discusión por la Ley de Pesca, desnudamos las acreditaciones irregulares de universidades, mostramos cómo los dueños de la U. del Mar lucraron sin ningún control, revelamos las inconsistencias técnicas de la encuesta Casen para medir la pobreza y los sobreprecios en las compras de equipos antidrogas hechas por el Ministerio del Interior. Estas son algunas de las investigaciones más importantes que realizamos durante el último año.
“TSUNAMI PASO A PASO”
Jorge Henríquez Cárcamo, que para el 27 de febrero de 2010 era el jefe de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) en la Región del Bío Bío, había perdido la paciencia. La tierra aún no paraba de moverse cuando cogió el teléfono y llamó al Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Onemi en Santiago. Como apenas podía mantenerse en pie, sabía que con un terremoto de esa magnitud un tsunami era inminente. Uno de los tres funcionarios que estaban esa madrugada en el CAT, le respondió. No le creyó. Le decía que la información que manejaban en la capital era que el sismo no superaba los VII grados en la escala de Mercalli. -Mira conchetumadre, esto es un terremoto y es grado IX a X –le respondió Henríquez irritado.
El 18 de enero de 2012, a casi dos años del tsunami que le costó la vida a 156 personas y dejó 25 desaparecidos, CIPER publicó el primer reportaje con el relato detallado de los episodios claves vividos esa madrugada en los principales centros de decisión de la Armada y del gobierno. Una sucesión de errores y omisiones que explican la inoperancia de las autoridades en las cinco primeras horas de la tragedia, cuando aún se podrían haber salvado vidas. La información existía, pero aún así, no se dio la alarma hasta cuando ya era demasiado tarde. Era como si en esas oficinas todos hablaran idiomas distintos. Ni los más experimentados funcionarios de la Onemi comprendían los procedimientos del SHOA, por lo que malinterpretaron los datos que les enviaban. Y en esa oficina naval, los marinos optaron por ignorar las alertas que les hacía una mujer experta oceanógrafa que insistía en que estaban leyendo mal los datos y que era probable que “olas destructivas” llegaran a la costa.
Al momento de la publicación, la Fiscalía Metropolitana Occidente aún investigaba las responsabilidades detrás de las desafortunadas decisiones que tomaron las autoridades de la época. Tres semanas después, la fiscal Solange Huerta solicitó procesar a ocho personas, entre ellos el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández. El juicio que comenzó en mayo y aún sigue abierto, desató una guerra entre el oficialismo y la oposición por la responsabilidad que le cabría en la fallida alerta de tsunami a la ex Presidenta Michelle Bachelet. Eso, a pesar de que la intención de la fiscal era determinar las responsabilidades penales y no políticas. En todo caso, el lunes 17 de diciembre se amplió la investigación por otros cuatro meses. No se descarta que se cite por segunda vez a declarar a la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Ver reportaje: “Tsunami paso a paso: los escandalosos errores y omisiones del SHOA y la ONEMI”
“PESCA: EL SAQUEO DEL MAR CHILENO”
El mar chileno tiene dueños. Desde que en 2001 se promulgó la ley que distribuyó las cuotas de captura entre los armadores, comenzó un proceso de concentración de la industria que acabó con nueve grupos económicos que se apropiaron del 90% de la pesca industrial de jurel, sardina y anchoveta. El negocio les reporta más de US$1.200 millones al año. Un modelo sustentado en la depredación de los recursos marinos amparado por un sistema donde son precisamente los interesados quienes toman las decisiones de cuánto se puede pescar en Chile.
Como esa ley promulgada en 2001 pierde vigencia el 31 de diciembre de 2012, el debate sobre la norma que regirá al sector pesquero a contar de esa fecha fue parte clave de las discusiones sobre políticas públicas durante todo este año. Los pescadores artesanales salieron a las calles para exigir una mayor participación mientras los representantes de la industria intentaban defender lo que consideran un “derecho histórico”. Hubo también acusaciones de conflicto de intereses contra parlamentarios. Durante meses, la discusión se centró en si convenía o no licitar las cuotas, que en definitiva, significaba definir cómo se repartiría la torta pesquera. El problema es que no se consideraba que de esa torta sólo quedan migajas.
Durante meses, CIPER realizó una investigación en conjunto con el Consocio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el medio peruano IDL-Reporteros para realizar una radiografía a fondo al negocio pesquero en el Pacífico Sur. El trabajo culminó con una serie de reportajes que no sólo dan cuenta de cómo las empresas que se han apropiado del mar han llevado adelante un negocio millonario sin fiscalización, sino que también demuestran que si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre.
El 25 de enero, CIPER publicó el primero de una serie de reportajes que dan cuenta como la actividad pesquera en Chile, durante las últimas décadas, ha sido en realidad un saqueo de los recursos. En ese primer texto, identificamos cuáles son los nueves grupos económicos que concentran la explotación del mar y de cómo fueron repartiéndose el océano hasta hacerlo suyo. El segundo reportaje, publicado dos días después, da cuenta de cómo la explotación indiscriminada ha llevado a la biomasa del jurel, el principal recurso marino del país, al punto del colapso. Un fenómeno que no sólo ha impactado en aguas chilenas: en todo el Pacífico Sur los recursos están desapareciendo. En eso, y aunque sus representantes lo nieguen, la industria chilena es la principal responsable, como quedó demostrado en el tercer capítulo de nuestra investigación.
Meses después de la publicación de los reportajes, la Organización Regional de Pesca para el Pacífico Sur, de la que Chile forma parte, pasó a ser vinculante, estableciendo así una regulación internacional para la pesca en altamar. Mientras, la discusión sobre la ley que regularía la pesca local tomaba fuerza. Después de un año de tramitación en el Congreso, el 20 de diciembre –sólo diez días antes de que la actual ley pierda vigencia– se despachó la nueva norma para ser promulgada.
Los principales cambios que introduce la nueva ley son: cuánto se podrá pescar cada año ya no será decisión del Consejo Nacional de Pesca –donde el 60% de sus miembros representan a la industria–, sino que de comités científicos; la licitación del 15% de la cuota industrial cuando una pesquería alcance el 90% de su Rendimiento Máximo Sostenible; y licencias transables por 20 años, entre otros. Pero aún no está claro qué pasará.
El 21 de diciembre el Tribunal Constitucional acogió la impugnación que hicieron 11 senadores de oposición al nuevo cuerpo legal. La promulgación de la ley quedó congelada por diez días mientras se analizan sus argumentos.
Como esa ley promulgada en 2001 pierde vigencia el 31 de diciembre de 2012, el debate sobre la norma que regirá al sector pesquero a contar de esa fecha fue parte clave de las discusiones sobre políticas públicas durante todo este año. Los pescadores artesanales salieron a las calles para exigir una mayor participación mientras los representantes de la industria intentaban defender lo que consideran un “derecho histórico”. Hubo también acusaciones de conflicto de intereses contra parlamentarios. Durante meses, la discusión se centró en si convenía o no licitar las cuotas, que en definitiva, significaba definir cómo se repartiría la torta pesquera. El problema es que no se consideraba que de esa torta sólo quedan migajas. Durante meses, CIPER realizó una investigación en conjunto con el Consocio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el medio peruano IDL-Reporteros para realizar una radiografía a fondo al negocio pesquero en el Pacífico Sur. El trabajo culminó con una serie de reportajes que no sólo dan cuenta de cómo las empresas que se han apropiado del mar han llevado adelante un negocio millonario sin fiscalización, sino que también demuestran que si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre.
El 25 de enero, CIPER publicó el primero de una serie de reportajes que dan cuenta como la actividad pesquera en Chile, durante las últimas décadas, ha sido en realidad un saqueo de los recursos. En ese primer texto, identificamos cuáles son los nueves grupos económicos que concentran la explotación del mar y de cómo fueron repartiéndose el océano hasta hacerlo suyo. El segundo reportaje, publicado dos días después, da cuenta de cómo la explotación indiscriminada ha llevado a la biomasa del jurel, el principal recurso marino del país, al punto del colapso. Un fenómeno que no sólo ha impactado en aguas chilenas: en todo el Pacífico Sur los recursos están desapareciendo. En eso, y aunque sus representantes lo nieguen, la industria chilena es la principal responsable, como quedó demostrado en el tercer capítulo de nuestra investigación.
Meses después de la publicación de los reportajes, la Organización Regional de Pesca para el Pacífico Sur, de la que Chile forma parte, pasó a ser vinculante, estableciendo así una regulación internacional para la pesca en altamar. Mientras, la discusión sobre la ley que regularía la pesca local tomaba fuerza. Después de un año de tramitación en el Congreso, el 20 de diciembre –sólo diez días antes de que la actual ley pierda vigencia– se despachó la nueva norma para ser promulgada.
Los principales cambios que introduce la nueva ley son: cuánto se podrá pescar cada año ya no será decisión del Consejo Nacional de Pesca –donde el 60% de sus miembros representan a la industria–, sino que de comités científicos; la licitación del 15% de la cuota industrial cuando una pesquería alcance el 90% de su Rendimiento Máximo Sostenible; y licencias transables por 20 años, entre otros. Pero aún no está claro qué pasará.
El 21 de diciembre el Tribunal Constitucional acogió la impugnación que hicieron 11 senadores de oposición al nuevo cuerpo legal. La promulgación de la ley quedó congelada por diez días mientras se analizan sus argumentos.
Ver reportajes:
“Los nueve dueños del mar chileno”
“El saqueo del mar chileno”
“La historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel”
“CNA: SISTEMA DE ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA BAJO SOSPECHA”
Hasta comienzos de año, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) era la única garantía que tenían un millón de alumnos de educación superior de que la enseñanza que recibían cumplía con algún estándar de calidad. Pero eso se acabó de golpe. El 31 de enero, CIPER publicó una investigación que marcaría la agenda durante el resto del año: no sólo puso la lupa por primera vez sobre la cuestionada Universidad del Mar, sino que además develó la existencia de graves irregularidades en cómo se acreditan las instituciones de educación superior, complementando otra denuncia hecha en septiembre de 2011 sobre la escandalosa forma en que opera del sistema. Las irregularidades terminaron por generar un terremoto en el gobierno que llevó a la renuncia de un ministro de Estado y al ex presidente de la CNA, a prisión.
El primer reportaje dio cuenta de un contrato entre el ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz –hoy en prisión preventiva–, y la Universidad del Mar (UDM), que hasta 2010 nunca había logrado ser acreditada. Por lo tanto, los millones provenientes del Fisco a través del Crédito con Aval del Estado (CAE) le estaban vetados. El documento indica que Díaz –que debía fiscalizar a esa universidad– tenía interés económico en que esta fuera bien evaluada por la CNA: recibiría $60 millones si la UDM era acreditada. La UDM obtuvo la acreditación.
Esa primera publicación no sólo ponía en duda el rol de la CNA como ente regulador de la calidad en la educación superior, sino que además se convertía en la primera de una serie de graves denuncias sobre el modo en que se hacían las cosas en la UDM. El 2 de febrero, CIPER publicó un segundo reportaje, esta vez, sobre cómo la UDM pasó de ser una pequeña entidad regional a converirse un coloso con 20 mil alumnos, pese a ser constantemente mal evaluada. Y también sobre cómo fue favorecida por áreas grises del sistema que dejan a los alumnos sin información.
A fines de marzo, Díaz “suspendió” su participación en la CNA. El caso pasó el resto del año casi inadvertido hasta que en agosto el nuevo presidente de la CNA, Patricio Basso, fue destituido de su cargo. El ingeniero acusaba que su salida se debió a la “gestión directa de ciertos sectores económicos ligados a algunas universidades que lucran y del propio Gobierno, quienes consideraron peligrosos para sus intereses las denuncias fundadas de corrupción y lucro que, con apego a la ley, efectué durante el desempeño de mi cargo en la CNA”.
A pesar de lo anterior, el caso CNA no se convirtió en escándalo hasta fines de año, cuando el 24 de noviembre Díaz fue formalizado por cohecho, soborno y lavado de dinero, junto a los ex rectores de la UDM, Héctor Zúñiga, y de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), Ángel Maulén.
A comienzos de diciembre, CIPER descubrió una serie de transacciones financieras y traspasos notariales que ocurrieron en paralelo al cuestionado proceso de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia (11.500 estudiantes), en diciembre de 2010. Las fechas y movimientos muestran cómo los socios de la UPV, Ángel Maulén y Enrique Rodríguez, se valieron de su poderosa red de empresas relacionadas para lograr la anhelada acreditación de su universidad. Muchos de esos cambios se hicieron, de acuerdo a los correos que descubrió el Ministerio Público, siguiendo las recomendaciones de Díaz, quien por entonces presidía la CNA.
En todo caso, la verdadera bomba estalló cuando se conocieron los vínculos de Díaz con el ahora ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Los antecedentes recogidos por CIPER demuestran que lo de la UDM y la UPV no fueron casos aislados y que en las acreditaciones irregulares también estuvieron involucradas la Universidad Autónoma –cuyo dueño es Ribera– y la Universidad SEK –de propiedad de Jorge Segovia–, entre otras. Todos esos datos demuestran que en la CNA existió la venta de acreditaciones. También dan cuenta de los distintos métodos de presión que Díaz utilizó para acreditar universidades.
A pesar de negar su vinculación durante días, ante las pruebas, Ribera perdió el apoyo del gobierno. Renunció al gabinete el 17 de diciembre de 2012.
El primer reportaje dio cuenta de un contrato entre el ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz –hoy en prisión preventiva–, y la Universidad del Mar (UDM), que hasta 2010 nunca había logrado ser acreditada. Por lo tanto, los millones provenientes del Fisco a través del Crédito con Aval del Estado (CAE) le estaban vetados. El documento indica que Díaz –que debía fiscalizar a esa universidad– tenía interés económico en que esta fuera bien evaluada por la CNA: recibiría $60 millones si la UDM era acreditada. La UDM obtuvo la acreditación. Esa primera publicación no sólo ponía en duda el rol de la CNA como ente regulador de la calidad en la educación superior, sino que además se convertía en la primera de una serie de graves denuncias sobre el modo en que se hacían las cosas en la UDM. El 2 de febrero, CIPER publicó un segundo reportaje, esta vez, sobre cómo la UDM pasó de ser una pequeña entidad regional a converirse un coloso con 20 mil alumnos, pese a ser constantemente mal evaluada. Y también sobre cómo fue favorecida por áreas grises del sistema que dejan a los alumnos sin información.
A fines de marzo, Díaz “suspendió” su participación en la CNA. El caso pasó el resto del año casi inadvertido hasta que en agosto el nuevo presidente de la CNA, Patricio Basso, fue destituido de su cargo. El ingeniero acusaba que su salida se debió a la “gestión directa de ciertos sectores económicos ligados a algunas universidades que lucran y del propio Gobierno, quienes consideraron peligrosos para sus intereses las denuncias fundadas de corrupción y lucro que, con apego a la ley, efectué durante el desempeño de mi cargo en la CNA”.
A pesar de lo anterior, el caso CNA no se convirtió en escándalo hasta fines de año, cuando el 24 de noviembre Díaz fue formalizado por cohecho, soborno y lavado de dinero, junto a los ex rectores de la UDM, Héctor Zúñiga, y de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), Ángel Maulén.
A comienzos de diciembre, CIPER descubrió una serie de transacciones financieras y traspasos notariales que ocurrieron en paralelo al cuestionado proceso de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia (11.500 estudiantes), en diciembre de 2010. Las fechas y movimientos muestran cómo los socios de la UPV, Ángel Maulén y Enrique Rodríguez, se valieron de su poderosa red de empresas relacionadas para lograr la anhelada acreditación de su universidad. Muchos de esos cambios se hicieron, de acuerdo a los correos que descubrió el Ministerio Público, siguiendo las recomendaciones de Díaz, quien por entonces presidía la CNA.
En todo caso, la verdadera bomba estalló cuando se conocieron los vínculos de Díaz con el ahora ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Los antecedentes recogidos por CIPER demuestran que lo de la UDM y la UPV no fueron casos aislados y que en las acreditaciones irregulares también estuvieron involucradas la Universidad Autónoma –cuyo dueño es Ribera– y la Universidad SEK –de propiedad de Jorge Segovia–, entre otras. Todos esos datos demuestran que en la CNA existió la venta de acreditaciones. También dan cuenta de los distintos métodos de presión que Díaz utilizó para acreditar universidades.
A pesar de negar su vinculación durante días, ante las pruebas, Ribera perdió el apoyo del gobierno. Renunció al gabinete el 17 de diciembre de 2012.
Ver reportajes:
“Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”
“Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha II: El Imperio de la U. del Mar"
“Crisis en la U. Pedro de Valdivia: Cómo ayudó la red de empresas de Ángel Maulén a conseguir la acreditación”
“Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas”
“CNA: Los métodos de presión que usó Eugenio Díaz para acreditar universidades”
“U. Autónoma: La trama que le permitió conseguir cinco años de acreditación”
“CÓMO LUCRARON LOS DUEÑOS DE LA U. DEL MAR”
En el escándalo de las acreditaciones irregulares otorgadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), una de las primeras instituciones involucradas fue la Universidad del Mar (UDM). Durante los últimos 10 años, esa casa de estudios creció reclutando alumnos de sectores medios y bajos. Por ello sus dueños decían que habían hecho un gran aporte a la movilidad social. Pero lo cierto es que esa primera aparición por un polémico contrato entre la UDM y el asesor de la CNA que debía fiscalizarla, dio luces sobre cómo se hacían las cosas en una de las universidades más grandes del país. Luces que no encandilarían hasta fines de mayo, cuando su rector Raúl Urrutia renunció denunciando un escandaloso modelo de lucro , dejando en evidencia cómo el sistema abandonó a sus alumnos y dejó que sus controladores hicieran lo que quisieran con la universidad.
El 30 de julio, CIPER publicó el primer capítulo de una serie de reportajes titulada “Cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar”. Tras meses de trabajo, el reportaje identificó 85 sociedades creadas en torno a la UDM, la mayoría de las cuales vive únicamente de arrendarle edificios a la universidad. Aunque los controladores insisten en que no lucran, lo cierto es que esa red tiene como finalidad central llevar una enorme cantidad de recursos desde la UDM a sus bolsillos.
En la segunda parte de esta investigación, CIPER mostró todo aquello que Urrutia vio durante sus 49 días como rector de la UDM: arriendos abultados, pago de cuantiosos honorarios a los dueños de la universidad y a sus familiares; un estilo de administración que dejaba a la UDM endeudada y funcionando con el mínimo. Ese reportaje reveló cómo los enormes recursos extraídos fueron la causa del mal nivel académico de una entidad que en 2011 recibió $3.300 millones de dinero fiscal (a través del Crédito con Aval del Estado, CAE) para educar a jóvenes de escasos recursos.
Para el tercer capítulo de la serie (publicado el 3 de agosto), CIPER siguió las huellas del dinero desde la caja de la UDM hasta un fondo de inversión privado (FIP) donde mil millones de pesos se repartieron a tres de los controladores de la universidad sin pagar impuestos. Fue una de las operaciones financieras que partieron cuando la disputa por las ganancias desató la guerra entre sus dueños. Todo se inició en 2010, con el cambio de la red societaria para vender la UDM a Southern Cross, el mismo fondo de inversiones del fraude de La Polar. Para esa venta era clave la acreditación, la que se habría obtenido mediante cohecho a Eugenio Díaz, delito que ya por entonces investigaba el Ministerio Público.
La UDM de a poco se desmoronaba. Su nueva junta directiva fue declarada ilegal por el Ministerio de Educación: infringía sus propios estatutos. La directora de la carrera de Enfermería en la sede de Maipú fue formalizada por ejercicio ilegal de la profesión, ya que aseguraba falsamente tener título de médico. Los alumnos denunciaron a la UDM ante el Ministerio Público. Los profesores hacían lo propio ante la Dirección del Trabajo. Incluso cerca de 1.500 alumnos de postgrado en el extranjero han quedado a la deriva. Tras una auditoría que duró cinco meses, a fines de octubre el Ministerio de Educación solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNED) el cierre definitivo de la universidad. La revisión de sus estados financieros y académicos fue lapidaria: el plantel vulneró sus propios estatutos y “abandonó” su proyecto universitario.
El CNED tomó la decisión el 26 de diciembre: revocar la personalidad jurídica a la UDM. Son cerca de 18.000 los estudiantes perjudicados que aún no saben dónde ni cómo terminarán sus estudios.
El 30 de julio, CIPER publicó el primer capítulo de una serie de reportajes titulada “Cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar”. Tras meses de trabajo, el reportaje identificó 85 sociedades creadas en torno a la UDM, la mayoría de las cuales vive únicamente de arrendarle edificios a la universidad. Aunque los controladores insisten en que no lucran, lo cierto es que esa red tiene como finalidad central llevar una enorme cantidad de recursos desde la UDM a sus bolsillos. En la segunda parte de esta investigación, CIPER mostró todo aquello que Urrutia vio durante sus 49 días como rector de la UDM: arriendos abultados, pago de cuantiosos honorarios a los dueños de la universidad y a sus familiares; un estilo de administración que dejaba a la UDM endeudada y funcionando con el mínimo. Ese reportaje reveló cómo los enormes recursos extraídos fueron la causa del mal nivel académico de una entidad que en 2011 recibió $3.300 millones de dinero fiscal (a través del Crédito con Aval del Estado, CAE) para educar a jóvenes de escasos recursos.
Para el tercer capítulo de la serie (publicado el 3 de agosto), CIPER siguió las huellas del dinero desde la caja de la UDM hasta un fondo de inversión privado (FIP) donde mil millones de pesos se repartieron a tres de los controladores de la universidad sin pagar impuestos. Fue una de las operaciones financieras que partieron cuando la disputa por las ganancias desató la guerra entre sus dueños. Todo se inició en 2010, con el cambio de la red societaria para vender la UDM a Southern Cross, el mismo fondo de inversiones del fraude de La Polar. Para esa venta era clave la acreditación, la que se habría obtenido mediante cohecho a Eugenio Díaz, delito que ya por entonces investigaba el Ministerio Público.
La UDM de a poco se desmoronaba. Su nueva junta directiva fue declarada ilegal por el Ministerio de Educación: infringía sus propios estatutos. La directora de la carrera de Enfermería en la sede de Maipú fue formalizada por ejercicio ilegal de la profesión, ya que aseguraba falsamente tener título de médico. Los alumnos denunciaron a la UDM ante el Ministerio Público. Los profesores hacían lo propio ante la Dirección del Trabajo. Incluso cerca de 1.500 alumnos de postgrado en el extranjero han quedado a la deriva. Tras una auditoría que duró cinco meses, a fines de octubre el Ministerio de Educación solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNED) el cierre definitivo de la universidad. La revisión de sus estados financieros y académicos fue lapidaria: el plantel vulneró sus propios estatutos y “abandonó” su proyecto universitario.
El CNED tomó la decisión el 26 de diciembre: revocar la personalidad jurídica a la UDM. Son cerca de 18.000 los estudiantes perjudicados que aún no saben dónde ni cómo terminarán sus estudios.
Ver reportajes:
“Cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar (I)”
“Los dineros que el abogado Raúl Urrutia vio salir en sus 49 días como rector de la UDM”
“Las transacciones secretas de los controladores de la U. del Mar que precipitaron su caída”
“IRREGULARIDADES EN LA ENCUESTA CASEN 2011”
Seguramente lo que ocurrió con la última Encuesta CASEN marcará el año 2012 como aquel en que el sistema para medir la pobreza en Chile simplemente se desplomó. Se vino abajo junto a toda la institucionalidad que regía una medición clave para el diseño de políticas públicas destinadas a la población más vulnerable del país. Actualmente no se sabe a ciencia cierta cuántos chilenos son pobres. La cifra oficial que difundió el gobierno hablaba de una tasa de 14,4%, pero ese fue el resultado de incluir una variable que impedía la comparabilidad con la serie histórica de encuestas: la pregunta “y11”. En el cálculo que realizó la CEPAL excluyendo esa pregunta, el resultado dio una tasa de 15%, prácticamente lo mismo que en 2009.
CIPER realizó en agosto una investigación para desgranar los pasos que siguieron las instituciones encargadas de medir la pobreza (Ministerio de Desarrollo Social ó MDS, CEPAL y Centro de Microdatos de la Universidad de Chile) y así develar si hubo o no errores en el proceso o vacíos en los mecanismos empleados durante las últimas décadas. El 31 de ese mes, CIPER publicó el primer capítulo de lo que se convertiría en una serie de reportajes. Apenas se conocieron las desconocidas gestiones que el gobierno realizó ante la CEPAL para bajar los índices de pobreza, el debate salió del círculo académico y de expertos y se hizo público.
El reportaje puso en conocimiento de la ciudadanía elementos técnicos que, además de ser complejos, eran completamente inéditos. Esa misma tarde, el ministro Joaquín Lavín desmintió públicamente la información, pero después de que publicáramos una entrevista al técnico del MDS que participó directamente en el proceso, no le quedó más que reconocerla. Desde entonces, lo de la CASEN 2011 tomó ribetes de escándalo.
La investigación de CIPER no paró allí. Luego de entrevistar a los tres personajes clave –Juan Carlos Feres (CEPAL), Soledad Arellano (MDS) y David Bravo (Microdatos)–, publicamos un reportaje que enfrentó las distintas versiones sobre una misma pregunta: ¿Cómo se validó la variable que terminó por bajar las cifras de pobreza?
El gobierno aseguraba que se hicieron pre-test para validarla: revisión de expertos, trabajo de campo y focus group. El organismo de la Universidad de Chile, encargado del pre-test y de recoger los datos en terreno, no incluyó en su informe oficial nada sobre el tema. Y Feres detalló sus conversaciones previas que daban cuenta de que la pregunta “y11” jamás debió ser considerada en el cálculo.
Lo que vino fue un extenso y acalorado debate que culminó con la renuncia de la CEPAL a seguir participando de forma activa en el proceso, la cancelación de la encuesta 2012 que ya estaba en curso y una reestructuración completa de la institucionalidad que desde 2013 medirá la pobreza en el país.
Hasta el momento, el gobierno no ha divulgado el pre-test que justificaría la inclusión de la variable “y11”, un documento que los expertos han exigido públicamente desde septiembre de 2012.
CIPER realizó en agosto una investigación para desgranar los pasos que siguieron las instituciones encargadas de medir la pobreza (Ministerio de Desarrollo Social ó MDS, CEPAL y Centro de Microdatos de la Universidad de Chile) y así develar si hubo o no errores en el proceso o vacíos en los mecanismos empleados durante las últimas décadas. El 31 de ese mes, CIPER publicó el primer capítulo de lo que se convertiría en una serie de reportajes. Apenas se conocieron las desconocidas gestiones que el gobierno realizó ante la CEPAL para bajar los índices de pobreza, el debate salió del círculo académico y de expertos y se hizo público. El reportaje puso en conocimiento de la ciudadanía elementos técnicos que, además de ser complejos, eran completamente inéditos. Esa misma tarde, el ministro Joaquín Lavín desmintió públicamente la información, pero después de que publicáramos una entrevista al técnico del MDS que participó directamente en el proceso, no le quedó más que reconocerla. Desde entonces, lo de la CASEN 2011 tomó ribetes de escándalo.
La investigación de CIPER no paró allí. Luego de entrevistar a los tres personajes clave –Juan Carlos Feres (CEPAL), Soledad Arellano (MDS) y David Bravo (Microdatos)–, publicamos un reportaje que enfrentó las distintas versiones sobre una misma pregunta: ¿Cómo se validó la variable que terminó por bajar las cifras de pobreza?
El gobierno aseguraba que se hicieron pre-test para validarla: revisión de expertos, trabajo de campo y focus group. El organismo de la Universidad de Chile, encargado del pre-test y de recoger los datos en terreno, no incluyó en su informe oficial nada sobre el tema. Y Feres detalló sus conversaciones previas que daban cuenta de que la pregunta “y11” jamás debió ser considerada en el cálculo.
Lo que vino fue un extenso y acalorado debate que culminó con la renuncia de la CEPAL a seguir participando de forma activa en el proceso, la cancelación de la encuesta 2012 que ya estaba en curso y una reestructuración completa de la institucionalidad que desde 2013 medirá la pobreza en el país.
Hasta el momento, el gobierno no ha divulgado el pre-test que justificaría la inclusión de la variable “y11”, un documento que los expertos han exigido públicamente desde septiembre de 2012.
Ver reportajes:
“Las desconocidas gestiones del gobierno ante la CEPAL que lograron bajar los índices de pobreza”
“CASEN: Las tres versiones sobre cómo se validó la pregunta que bajó la cifra de pobreza”
“SOBREPRECIOS EN COMPRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR”
Después de su salida abrupta del Ministerio Público cuando el Caso Bombas ya se encaminaba al fracaso, Alejandro Peña pasó a ser parte clave del equipo que formó el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. El ex fiscal Peña se hizo cargo del Plan Frontera Norte, el programa estrella del gobierno para combatir el narcotráfico en aquellas zonas por donde ingresa la mayor parte de la droga que se comercializa en el país. El presupuesto que manejaba era millonario: sus fondos disponibles para 2012 eran de $10.000 millones. En julio de este año, el Ministerio del Interior llevó a cabo una licitación para adquirir densímetros y fibroscopios para detectar drogas, por un total de $1.834 millones. Más del 10% del presupuesto anual del plan se iba en una sola compra. El problema es que por esa compra, el ministerio pagaba un 400% de sobreprecio.
El 2 de octubre, CIPER publicó una investigación sobre esa licitación. Por cada uno de los 52 densímetros adquiridos, el ministerio canceló $23,4 millones a un intermediario, aunque su fabricante los vende en Estados Unidos en $4,3 millones. Además, compró 52 fibroscopios a un precio de $11,8 millones por unidad, en circunstancias que en el mercado chileno hay una empresa –SID Solution– que vende equipos similares un 30% más barato.
Ambas adquisiciones se suman a otras dos polémicas compras para el mismo Plan Frontera Norte, ejecutadas en 2011. Se trata de tres hornos incineradores de droga y tres furgones provistos de escáner de Rayos X. Ambos sofisticados equipos no han logrado, hasta la fecha, ser habilitados para su funcionamiento normal. Los hornos y los furgones escáner ya en febrero pasado presentaron fallas técnicas e incumplimiento de normas medioambientales, tal como informamos en otro reportaje que publicamos en marzo.
Si se suman las compras de furgones, hornos, densímetros y fibroscopios, las adquisiciones para el Plan Frontera Norte que presentan problemas técnicos o sobreprecio equivalen a operaciones por un total de $4.104.208.360, equivalentes a unos US$ 8 millones.
La revelación de las compras con sobreprecio fue de inmediato recogida por otros medios y difundida en las redes sociales. Se había convertido en el tema de la jornada. El 3 de octubre por la noche, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, emitió un comunicado donde califica el reportaje como “infundado”. A la mañana siguiente, CIPER publicó un segundo reportaje con nuevos antecedentes que confirmaban la existencia de sobreprecios.
Los nuevos antecedentes incluían correos de los proveedores beneficiados por esa licitación. En esos mensajes se ratifica que los precios finales fueron abultados por situaciones que deberían investigarse. Algunos dan cuenta de eventuales irregularidades. Además, se entregan cálculos de otros proveedores que confirman que los costos anexos no agregan un monto significativo al precio final, como argumentó la Subsecretaría en su comunicado.
La defensa que habían hecho hasta ese momento las autoridades se hizo insostenible. El 5 de octubre, Ubilla informó que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigaran los antecedentes expuestos en los dos reportajes de CIPER. Poco después del anuncio oficial, el ex fiscal Peña, jefe de la división de la Subsecretaría del Interior encargada de la cuestionada adquisición, presentó su renuncia (ver carta renuncia). En los meses que siguieron, a otras cinco personas de esa misma división dejarían sus puestos. El último fue el jefe del Departamento del Crimen Organizado de la División de Estudios del Ministerio del Interior, Marko Magdic, el pasado 12 de diciembre.
A la investigación que realiza el Ministerio Público sobre el llamado “Caso Sobreprecios”, a fines de noviembre se sumó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
El 2 de octubre, CIPER publicó una investigación sobre esa licitación. Por cada uno de los 52 densímetros adquiridos, el ministerio canceló $23,4 millones a un intermediario, aunque su fabricante los vende en Estados Unidos en $4,3 millones. Además, compró 52 fibroscopios a un precio de $11,8 millones por unidad, en circunstancias que en el mercado chileno hay una empresa –SID Solution– que vende equipos similares un 30% más barato. Ambas adquisiciones se suman a otras dos polémicas compras para el mismo Plan Frontera Norte, ejecutadas en 2011. Se trata de tres hornos incineradores de droga y tres furgones provistos de escáner de Rayos X. Ambos sofisticados equipos no han logrado, hasta la fecha, ser habilitados para su funcionamiento normal. Los hornos y los furgones escáner ya en febrero pasado presentaron fallas técnicas e incumplimiento de normas medioambientales, tal como informamos en otro reportaje que publicamos en marzo.
Si se suman las compras de furgones, hornos, densímetros y fibroscopios, las adquisiciones para el Plan Frontera Norte que presentan problemas técnicos o sobreprecio equivalen a operaciones por un total de $4.104.208.360, equivalentes a unos US$ 8 millones.
La revelación de las compras con sobreprecio fue de inmediato recogida por otros medios y difundida en las redes sociales. Se había convertido en el tema de la jornada. El 3 de octubre por la noche, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, emitió un comunicado donde califica el reportaje como “infundado”. A la mañana siguiente, CIPER publicó un segundo reportaje con nuevos antecedentes que confirmaban la existencia de sobreprecios.
Los nuevos antecedentes incluían correos de los proveedores beneficiados por esa licitación. En esos mensajes se ratifica que los precios finales fueron abultados por situaciones que deberían investigarse. Algunos dan cuenta de eventuales irregularidades. Además, se entregan cálculos de otros proveedores que confirman que los costos anexos no agregan un monto significativo al precio final, como argumentó la Subsecretaría en su comunicado.
La defensa que habían hecho hasta ese momento las autoridades se hizo insostenible. El 5 de octubre, Ubilla informó que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigaran los antecedentes expuestos en los dos reportajes de CIPER. Poco después del anuncio oficial, el ex fiscal Peña, jefe de la división de la Subsecretaría del Interior encargada de la cuestionada adquisición, presentó su renuncia (ver carta renuncia). En los meses que siguieron, a otras cinco personas de esa misma división dejarían sus puestos. El último fue el jefe del Departamento del Crimen Organizado de la División de Estudios del Ministerio del Interior, Marko Magdic, el pasado 12 de diciembre.
A la investigación que realiza el Ministerio Público sobre el llamado “Caso Sobreprecios”, a fines de noviembre se sumó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Ver reportajes:
“Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”
“Nuevos antecedentes confirman sobreprecio en licitación de equipos para detectar drogas”
Publicado originalmente en CIPER (28/12/2012)
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