lunes, 5 de noviembre de 2012

LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA RECUPERAR LAS ZONAS QUE EL ESTADO HA ABANDONADO

El récord de las políticas públicas para sectores vulnerables es negativo. CIPER detectó al menos 83 poblaciones de Santiago que han sido abandonadas por el Estado, quedando a merced de pequeñas bandas de microtraficantes que se han hecho del control mediante la violencia y el terror. Además de uno que ya está en marcha, el gobierno tiene en carpeta dos programas que pretenden transformar las políticas a nivel barrial. Para lograrlo y contra el tiempo, deberá revertir más de una década de planes fallidos y poner a prueba su capacidad para ingresar y apropiarse de zonas donde hoy la delincuencia y el tráfico de drogas son la ley.

Por Tábatha Guerra y Juan Pablo Figueroa




Haga click en la imagen para ver el mapa y las fichas de las 83 poblaciones dominadas por el narco en Santiago.


Vea también:
- El dominio del narco en las poblaciones más vulnerables de Santiago
-Vivir y/o morir en una zona ocupada de Santiago (2009)



El cabo 2° Cristián Martínez Badilla fue abatido en la población Parinacota la noche del 11 de septiembre. Resguardaba, junto a otros carabineros de la 49ª Comisaría de Quilicura, el supermercado Ekono que cada año en esa fecha es saqueado por pandillas del sector. Al parecer fue El Rata quien le disparó con un revólver calibre 38 en la intersección de las calles San Luis y Manuel Antonio Matta, justo donde se separan las poblaciones Parinacota y Raúl Silva Henríquez, dos de las cuatro que componen el sector San Luis de Quilicura. Minutos después, el cabo estaba muerto.

En el barrio, casi todos conocen a El Rata. Tiene 16 años y desde hace dos es “soldado” de Los Chubis, una de las bandas que se disputan el control del territorio. Con ellos intenta saquear el Ekono cada vez que se corta la luz. Los vecinos cuentan que por eso no les extrañó que lo sindicaran de haber apretado el gatillo. Tampoco que después de balear al cabo Martínez, corriera presumiendo su trofeo: el escudo del carabinero muerto.

En 2009, cuando CIPER identificó las 80 poblaciones más complicadas y vulnerables de Santiago, la Parinacota no aparecía ni en estadísticas policiales ni en los listados de poblaciones presentes en programas gubernamentales para zonas vulnerables. Tres años después, el poder que ostentan sus bandas creció al punto de ser ellas las que dominan el sector.

problemas de la Parinacota, así como de las otras 82 poblaciones vulnerables en poder del narco que CIPER detectó en Santiago (ver mapa), son tan complejos que su solución no pasa sólo por más carabineros en las calles. Por eso, desde 2000 el gobierno ha intentado intervenir en los barrios más conflictivos del país mediante planes integrales de seguridad y desarrollo urbano. Primero con el programa “Comuna Segura Compromiso 100”, que desarrolló más de 1.700 proyectos de seguridad en 82 municipios del país. Después, en 2006, con el “Programa de Mejoramiento de Barrios”, del Ministerio de Vivienda (Minvu). Los resultados fueron un desastre.

De los 80 sectores que CIPER detectó en 2009, el “Programa Mejoramiento de Barrios” sólo incluía ocho. Y según un informe de Libertad y Desarrollo, las estadísticas de robo con violencia en los sectores que formaban parte de “Comuna Segura Compromiso 100” llegaron a ser tres veces más altas que en el resto del país.

Frente a una situación cada vez más crítica, el gobierno de Sebastián Piñera se propuso reestructurar los programas para poner coto al tráfico y la delincuencia. Mal que mal, ese fue uno de los ejes de su campaña.

En 2011, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) puso en marcha en 50 poblaciones el programa “Barrio en Paz Residencial”, que busca reducir en 15% los delitos en hogares y en 25% en espacios públicos. Mientras, el “Programa de Mejoramiento de Barrios” del Minvu inició en 2012 su segunda etapa con la inclusión de 41 nuevas zonas en todo Chile.

CIPER visitó las 83 poblaciones más críticas de Santiago y descubrió que sólo 19 aparecen en los programas del gobierno (ver cuadro ). Aun así, los vecinos se quejan de que los trabajos solo se enfocan en reparar áreas verdes o realizar talleres que no solucionan los problemas de fondo.

-¿De qué nos sirve aprender a plantar en tarritos de yogurt si seguimos encerrados porque los narcos disparan todos los días? –se pregunta un vecino del sector San Luis de Quilicura, una de las tres macro-zonas ocupadas detectadas por CIPER en esta investigación.

En todo caso, las iniciativas estrella del gobierno para las poblaciones más conflictivas de Santiago recién se están gestando. Una de ellas es el “Programa Plaza Segura” (del Ministerio del Interior), con el que se pretende recuperar 168 sitios eriazos que hoy son focos de delincuencia y venta de drogas. Con una inversión de más de $6.000 millones, el proyecto aspira a terminar la construcción de las plazas a fines de 2013. El segundo es el plan “Recuperación de blocks: segunda oportunidad” (dependiente del Minvu), un programa que el gobierno anunció a comienzos de octubre y que busca terminar con los guetos a partir de enero de 2013.

De lograr buenos resultados, los nuevos programas sentarán las bases para una nueva política habitacional y de seguridad en sectores marginales. Pero su éxito dependerá de la capacidad que tenga el Estado para recuperar zonas que ha abandonado a su suerte y paliar más de una década de fracasos en políticas de intervención a nivel barrial.


EL DIAGNÓSTICO DE LOS GOBIERNOS PASADOS

Según el último Indicador de Calidad de Vida Urbana realizado por el Centro de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, Las Condes es la segunda comuna del país con mejores condiciones de vida. De ser así, la población Colón Oriente es su punto negro. Para ir al banco, comprar medicamentos o pagar las cuentas, sus habitantes deben esperar hasta 40 minutos por la única micro que los acerca hasta Rotonda Atenas, donde se ubican los servicios más cercanos. Además, como en otras poblaciones de la capital, el narcotráfico también está en sus calles. Los vecinos cuentan que al menos cinco familias se dedican al microtráfico y que todas las noches venden drogas en la esquina de Diaguitas con Colón, aunque sin amenazas y con cierto respeto a la estructura social de la población. De acuerdo a datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en el sector se cometió el 2,2% de los delitos que la institución investigó en la comuna en 2011.

En conversaciones con CIPER, Colón Oriente fue reconocido por choferes de despacho de distintas empresas de retail como una de las poblaciones de Santiago donde prefieren no ir por miedo a los asaltos. También figura en la lista de sectores excluidos por Aseguradora Magallanes para optar a su plan Seguro Hogar por estar “expuestos a riesgo social, delincuencia, riesgos políticos o desórdenes populares”.

-Con los años el tráfico ha aumentado. Y aunque los que venden son más o menos tranquilos, sabemos que hace 30 años La Legua era igual. Ya no vivimos en una taza de leche como el resto de Las Condes –dice una vecina.

En las 83 zonas identificadas por CIPER, los vecinos temen que sus barrios deriven en una “dictadura” del narco, como la que existe en La Legua Emergencia. Un miedo real si se considera que muchos de estos sectores incuban los mismos síntomas.

En abril de 2004, el Ministerio del Interior convocó a un foro de expertos para elaborar un diagnóstico de la seguridad ciudadana en Chile y crear una política de Estado enfocada en los sectores más conflictivos del país. El resultado: un documento titulado Política Nacional de Seguridad Ciudadana. El informe fue lapidario: desde mediados de los ‘90, las estadísticas policiales evidencian que el incremento de delitos de mayor connotación social y consumo de drogas se concentran en las poblaciones donde “existen grupos organizados en torno a distintos delitos ligados a la Ley de Drogas que han comenzado a tener influencia en pequeños territorios populares que, incluso, procuran dominar el territorio”.

El sector San Luis de Quilicura es uno de esos territorios. Tan mala fama tiene que, al menos hasta el año pasado, sus habitantes no podían acceder a tarjetas de la multitienda Falabella: todo el área era parte de una lista negra que excluía clientes sólo por vivir en zonas peligrosas. Esa es la zona de Los Chubis y Los del Cojo Juan, las bandas que dominan el sector a punta de balazos.

-El gobierno entregó esta población en 1995 y desde entonces que pedimos ayuda por el microtráfico y los asaltos. Carabineros y el alcalde nos decían que tenían la situación bajo control y que no nos preocupáramos, que los que vendían droga no eran del barrio. Así controlaron la situación –cuenta Aurora, una vecina de la zona, mientras muestra las marcas de tres impactos de bala en la reja de su block en el pasaje Chipana, en la población Parinacota.


FUERA DE FOCO

La población José María Caro concentra el 10% de los casos investigados por la PDI en Lo Espejo durante 2011. Ese mismo año, su cuadrante policial registró el 41,7% de las denuncias atendidas por Carabineros en la comuna. Según los datos del municipio, allí viven unas 35.553 personas en 7.820 viviendas. Aún así, al igual que otras 69 poblaciones identificadas por CIPER, no figura en los programas vigentes del Ministerio del Interior. Y en los planes del Minvu es omitida, del mismo modo que otras 66.

Una de las recomendaciones del informe de 2004 para desarrollar programas de seguridad exitosos fue la focalización. Allí, donde “los jóvenes son más fuertemente atraídos a carreras delictuales”, el gobierno debía priorizar la prevención y el control policial. Ese fue quizás el primer gran fracaso de las políticas en la última década.

En 2000, un convenio entre la Subsecretaría del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo creó el programa “Comuna Segura Compromiso 100”, que pretendía mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en los sectores más peligrosos del país. Pero al no existir estadísticas barriales sobre delitos, consumo de drogas ni victimización, el programa seleccionó su población objetiva de acuerdo a indicadores globales de las municipalidades, sin enfocarse en los barrios críticos. Si en el primer trimestre de 2000 en Puente Alto se recibieron 799 denuncias por delitos de mayor connotación social, para el mismo trimestre de 2003 la cifra casi se había duplicado. En Quilicura, en el mismo período, las denuncias por el mismo tipo de delitos aumentaron más de 400%, llegando a las 650. Hoy la situación está mucho peor. En 2011, según los registros del Plan Cuadrante de Carabineros, en la primera de esas comunas fueron más de 23.400 las denuncias, mientras que en la segunda, el número superó las 8.280.

El gobierno de Michelle Bachelet creó en 2006 la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010, que pretendía focalizar el trabajo en los territorios más vulnerables y hacerlo más integral. Así fue que se diseñó el “Programa de Mejoramiento de Barrios” del Minvu, con el fin de mejorar las condiciones habitacionales de sectores con espacios públicos deteriorados y ocupados por delincuentes y traficantes.

Mónica Bustos, encargada del área de estudios de la secretaría ejecutiva de Desarrollo de Barrios del Minvu, explica que la creación del programa vino a resolver los problemas que dejó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) que impuso el régimen militar en 1979. Para paliar el déficit habitacional de la época, la PNDU liberalizó el uso de suelos y aumentó la construcción de viviendas sociales cediendo su desarrollo a empresas privadas que a fin de maximizar las ganancias al menor costo posible, edificaron en sectores periféricos que con los años se transformaron en barrios abandonados por el Estado. Ese fue el origen de las zonas ocupadas.

-La mirada de la PNDU se centro en paliar el déficit habitacional disparando la construcción de viviendas, pero con arquitecturas residenciales mínimas y alejadas de los servicios. Así se concentró la pobreza en los sectores más alejados de los centros urbanos y se originaron territorios sin cohesión social y con alto deterioro urbano–dice Bustos.


2006-2010: POLÍTICA DE LA INTUICIÓN

En Bajos de Mena, al extremo sur poniente de Puente Alto, no hay bancos, bomberos ni cuarteles policiales. Los carteros y los técnicos de empresas de servicios no van por temor a ser asaltados. Muchas de sus plazas han sido desmanteladas y las ambulancias tardan tanto que los vecinos han optado por trasladar a los enfermos en el primer vehículo a su alcance. Muchas veces le piden al narco vecino que los lleve y así quedan debiéndole un favor. Y con las farmacias: un reportaje de CIPER comprobó que en muchas comunas de Santiago la promesa del Ministerio de Salud (Minsal) de tener un local de turno todas las noches no se cumple. Puente Alto es una de ellas.

La farmacia más cercana a la población Francisco Coloane y las villas aledañas está a 1,2 kilómetros y cumple turnos sólo una vez al mes. Si los más de 122 mil habitantes de Bajos de Mena requieren medicamentos de urgencia por las noches, no les queda más que caminar más de dos horas al centro de la comuna o conseguir un auto particular, ya que las micros dejan de pasar a la medianoche y los taxis y colectivos no entran al sector.

En el Minvu dicen que precisamente para paliar ese tipo de problemas fue que en 2006 surgió el “Programa de Mejoramiento de Barrios” (también conocido como “Quiero mi Barrio). En su etapa piloto, el programa abarcó 200 barrios de 80 comunas con una población total de 650 mil habitantes y una inversión de más de $154 mil millones. Aun así, los resultados no fueron los esperados.

De las 80 poblaciones que CIPER identificó en 2009, sólo ocho fueron consideradas en su etapa piloto (ver cuadros en especial multimedia de 2009). Y ninguna de las 49 villas de Bajos de Mena formó parte de esta intervención.

Los primeros 200 barrios se seleccionaron de acuerdo a dos criterios: ubicarse en comunas con más de 70 mil habitantes o con una población de personas pobres mayor al 10%. Una vez escogidas las comunas, mesas regionales conformadas por intendentes, el Serviu y alcaldes identificaron según su criterio personal los principales barrios con deterioro de infraestructura, estigmatización e inseguridad ciudadana. No fueron considerados ni la opinión de los habitantes ni las estadísticas de victimización, vulnerabilidad social o frecuencia de delitos. La falta de estadísticas a nivel barrial fue lo que dificultó la selección de las poblaciones. Así lo consideró la DIPRES en la evaluación del programa que realizó en 2010, que determinó que para su segunda etapa “resulta fundamental el fortalecimiento de sistemas de información mediante una base de datos adecuada para realizar la selección de los barrios”.

-Para esa primera etapa trabajamos con nuestra intuición (…). Y de acuerdo a nuestros indicadores, los barrios que presentaban mayores problemas de habitabilidad y deterioro de espacios públicos eran justamente los seleccionados por el plan piloto –dice Bustos.


NUEVO GOBIERNO, NUEVOS PROGRAMAS

En La Granja, la población San Gregorio fue uno de los ocho barrios seleccionados por el plan piloto del “Programa de Mejoramiento de Barrios”. Los vecinos cuentan que durante un año, un equipo del Minvu trabajó arreglando las áreas verdes de su sector. Las veredas de avenida San Gregorio y las calles Juan Meyer y Tomé fueron transformadas en plazas con juegos infantiles y máquinas de ejercicio. Pero suelen estar vacíos.

-¿Su hijo anda en bicicleta aquí? -le preguntamos a Marina, una pobladora de la San Gregorio.

-¡Por ningún motivo! Ni aunque viniera conmigo. O le llega un balazo o le ofrecen droga. Prefiero que esté encerrado en la casa.

Los dichos de Marina resumen los magros resultados de los programas gubernamentales implementados entre 2000 y 2010: ni “Comuna Segura Compromiso 100” ni “Mejoramiento de Barrios” disminuyeron la inseguridad en los sectores críticos.

Tras asumir la presidencia en marzo de 2010, Sebastián Piñera lanzó el “Plan de Seguridad Pública Chile Seguro 2010-2014”, cuyas dos grandes metas a cumplir a fines de 2013 consisten en reducir en un 15% el porcentaje de hogares víctimas de delitos y en un 25% la delincuencia en el espacio público. El plan contempla como tarea prioritaria el trabajo en los barrios más conflictivos del país a través del programa “Barrio en Paz Residencial”, que la SPD puso en marcha en 2011.

Catalina Mertz, ex asesora de la División de Programas y Estudios de la SPD, contó a CIPER que el programa está operativo en 50 poblaciones del país que fueron seleccionadas tras el análisis de sus índices delictuales y la percepción de policías y municipios acerca de los sectores más inseguros de sus comunas.

-Como no hay datos barriales, porque los barrios como tales muchas veces no tienen claramente definidos sus límites, lo que hacemos es escogerlos considerando que tengan concentraciones espaciales importantes de delitos en el espacio público, procedimientos de drogas o habitantes en conflicto con la justicia. Así los rankeamos de forma objetiva. Además consideramos la opinión del alcalde, Carabineros y PDI, porque no se trata de imponer los barrios –dice Mertz.


LAS ZONAS OCUPADAS SIGUEN SIENDO OMITIDAS

La nueva estrategia del Minvu es similar. Durante 2012, el “Programa de Mejoramiento de Barrios” inició su segunda etapa con la selección de otros 41 barrios en 11 regiones del país . Para evitar caer en los mismos errores, la cartera liderada por el ministro Rodrigo Pérez decidió modificar sus criterios e incluyó estadísticas de hacinamiento, viviendas precarias, baja escolaridad, jóvenes desempleados, denuncias por violencia intrafamiliar y detenciones por drogas.

Para el gobierno, el uso de datos objetivos supone una mejora en los criterios de selección de las poblaciones a intervenir. Pero en la práctica, los programas a escala barrial siguen sin adentrarse en los sectores más peligrosos de la capital. Solo 10 de las poblaciones seleccionadas por “Barrio en Paz Residencial” corresponden a alguna de las 83 que CIPER identificó como las más vulnerables y peligrosas de Santiago. Y si en 2006 “Mejoramiento de Barrios” trabajaba en ocho de ellas, hoy sólo incluye otras dos.

Ubicada en el límite de Conchalí y Recoleta, La Chimba no figura en las zonas seleccionadas por los programas de gobierno, aunque sus habitantes creen que la población sí reúne los requisitos necesarios.

-Son muchas las casas donde venden o guardan droga y las que no, son asaltadas por los angustiados que roban hasta los balones de gas para conseguir dinero. También nos amenazan y a varios vecinos los han golpeado al denunciar a los narcos –cuenta un vecino.

En Cerro 18, la zona más conflictiva de Lo Barnechea, los programas no existen. De las ocho poblaciones más vulnerables detectadas por CIPER en La Pintana, en cinco no interviene el Minvu y en siete no se inmiscuye el Ministerio del Interior. Tampoco están en las poblaciones identificadas por CIPER en Ñuñoa, La Reina, Maipú o Peñalolén.

CIPER confeccionó 30 mapas comunales de la Región Metropolitana con más de 11.000 delitos investigados por la PDI en 2011 y descubrió que las estadísticas policiales no identifican a estos sectores como los más conflictivos de la capital. En su interior, el porcentaje de denuncias representa en muchos casos menos del 1% del total comunal y no reflejan la realidad que a diario viven sus habitantes, quienes no recurren a las policías por temor a represalias de los narcos que dominan los territorios. -En el municipio nos motivan a denunciar, pero saben que no lo hacemos por miedo. Si pusieran una cámara las 24 horas del día se darían cuenta de que somos el sector con más tráfico, más asaltos y más violaciones –cuenta María, vecina de la población Parinacota de Quilicura.

La diferencia entre la tasa de denuncias y la cifra real de delitos asoma como el principal obstáculo para la correcta focalización de los programas del gobierno. Al mejorar sus criterios de selección usando estadísticas policiales que contienen sólo información de denuncias, la verdadera realidad delictual al interior de la poblaciones queda oculta tras la cifras.

La cifra negra de delitos no denunciados tiene otro ejemplo en las tasas de victimización que emplea el gobierno para los sectores seleccionados del “Barrio en Paz Residencial”. Ello a pesar que desde la propia SPD admiten que el margen de error en las poblaciones más peligrosas de Santiago es alto.

-Si aplicas una encuesta de victimización en estos barrios, en varios casos el nivel será más bajo que en el resto del país. Pero de todas formas pueden tener otras problemáticas que generen temor en el espacio público, ya sea porque hay un colegio con problemas de violencia escolar o porque reciben a una población del sistema carcelario que está cumpliendo condena y no encuentra trabajo –dijo a CIPER Catalina Mertz antes de dejar su cargo en abril de 2012.


DONDE SE CONCENTRAN LOS DELITOS

En Vitacura no hay zonas ocupadas. Con un ingreso promedio mensual por familia de $1.100.000 –el más alto del país– de acuerdo al Indicador de Calidad de Vida Urbana 2012 que elaboró la Universidad Católica, es la comuna con mejores condiciones de vida en Chile. Pero también la que ostenta la tasa de victimización más alta, según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). Al otro extremo de Santiago, en Quilicura, más de 60 mil habitantes viven en las cuatro poblaciones que conforman el sector San Luis, el mismo lugar donde el 11 de septiembre mataron al cabo Martínez. Pero las estadísticas oficiales no reflejan su situación. Según la ENUSC, Quilicura ocupa el lugar 23 de victimización nacional, muy por debajo de comunas como Vitacura, Las Condes y Providencia.

Conscientes de que en los barrios vulnerables el porcentaje de delitos que se denuncian es mínimo, para la implementación del programa “Barrio en Paz Residencial”, la SPD incluyó además de las estadísticas policiales, un trabajo directo con los habitantes de estos sectores a fin de conocer con mayor exactitud lo que la ENUSC y las estadísticas policiales no muestran. Es la primera vez que se considera a los vecinos para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

-Es cierto que los barrios con esos niveles de criticidad tienen denuncias más bajas. Por eso lo que hacemos en “Barrio en Paz Residencial” son encuestas de victimización dentro de los barrios o focus group para acortar esta diferencia de delitos que no se denuncian –dice Pía Greene, jefa del Área de Prevención de la SPD.


UNA NUEVA INTERVENCIÓN

La población Parinacota es una de las 10 zonas ocupadas de Santiago donde hoy opera “Barrio en Paz Residencial”. Pero los vecinos cuentan que hasta el momento poco es lo que se ha hecho.

-La plata alcanzó para iluminar los pasajes y hacer talleres de resolución de conflictos entre los vecinos. Se suponía que también iban a construir una sede comunitaria y una plaza en un peladero donde se juntan Los Chubis, pero los trabajos todavía no parten. En el municipio dicen que aún no tienen los recursos –cuenta una vecina de la población.

De los 50 barrios seleccionados en todo Chile, diez son zonas ocupadas identificadas por CIPER en Santiago. Un número bajo si se considera que no sólo en la capital hay poblaciones vulnerables. De acuerdo al informe “Guetos en Chile”, realizado en 2010 por el estudio de urbanismo Atisba a partir de la primera investigación de CIPER, más de 1,7 millones de chilenos viven en sectores como los que expone esta investigación.

-Hoy el presupuesto de la Subsecretaría es menos del 1% del PIB nacional y somos una entidad con recursos bastantes limitados (…). A medida que vayamos teniendo más presupuesto y más recursos podremos abarcar más barrios y crecer de los 50 actuales a 57, que es el próximo paso; luego a 60, 100 y así replicarnos lo más posible en el territorio nacional –dice Cristóbal Caorsi, coordinador general de la División de Prevención y Gestión Territorial de la SPD.

Para complementar las medidas, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario Cristóbal Lira, lanzaron el 29 de agosto el “Plan Plaza Segura”, un nuevo programa focalizado en los lugares que, según Pía Greene, “cuentan con factores de riesgo superiores a la regla general”. La iniciativa aspira a recuperar 168 sitios eriazos que hoy son focos de delincuencia y narcotráfico en las poblaciones.

El programa contempla una inversión de $6.049 millones para transformar estos lugares en plazas con infraestructura segura: iluminación, árboles de no más 1,70 metros de altura y mobiliario de cemento que impida a los delincuentes usarlos como materia prima de pistolas hechizas, tal como ocurre con las bancas y juegos de fierros en muchas de las 83 zonas ocupadas de Santiago.

Pero la nueva iniciativa ya amenaza con quedar corta de fondos. Sólo el 38% de los recursos anunciados son nuevos. Los $3.700 millones restantes ya forman parte del presupuesto destinado a “Barrio en Paz Residencial” y los programas de recuperación de espacios públicos que implementa la SUBDERE, entidad que también participa de “Plaza Segura”. Tampoco serán muchas las nuevas poblaciones que ingresen al programa: un gran porcentaje de las 168 plazas se construirán en sectores ya seleccionados por “Barrio en Paz”.

El 9 de octubre, el Presidente Piñera presentó junto al ministro Rodrigo Pérez el plan “Recuperación de blocks: segunda oportunidad”, que con un presupuesto inicial de $23.000 millones, contempla la demolición de condominios sociales deteriorados, la ampliación de los espacios construidos y el mejoramiento de áreas verdes y vías de acceso. Su fase piloto comenzará en Bajos de Mena (Puente Alto) y otras cuatro poblaciones –dos en Rancagua y dos en Viña del Mar– a comienzos de 2013.

-¿Cuántos gobiernos han venido y se han comprometido con que esto va a cambiar? Yo creo que voy a partir de este mundo y vamos a seguir en esta plasta. Porque aquí vivimos en la mierda –decía Viviana, una pobladora de la Francisco Coloane, antes de saber que su villa, finalmente, será intervenida.


Publicado originalmente en CIPER (5/11/2012)

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