martes, 31 de julio de 2012

CÓMO LUCRARON LOS DUEÑOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR (I)

Durante los últimos 10 años la Universidad del Mar (UDM) creció reclutando alumnos de sectores medios y bajos. Por ello sus dueños dicen que han hecho un gran aporte a la movilidad social. Una querella presentada por más de 100 alumnos alega, sin embargo, que la UDM les ha dado pésima formación por culpa del desvío de recursos hacia los controladores. Tras meses de trabajo CIPER logró identificar 85 sociedades creadas en torno a la UDM, la mayoría de las cuales vive únicamente de arrendarle edificios a la universidad. Los controladores insisten en que no lucran, pero lo cierto es que esa red tiene como finalidad central llevar una enorme cantidad de recursos desde la UDM a sus bolsillos.

Por Juan Pablo Figueroa, Juan Andrés Guzmán y Gregorio Riquelme


Video explicativo de las sociedades ligadas a la UDM

Descargue el mapa de las 85 sociedades ligadas a la Universidad del Mar.


Vea también la entrevista a Héctor Zúñiga: “Lo que hicimos fue generar oportunidades de movilidad social”.



En la casa central de la Universidad del Mar (UDM) ubicada en Reñaca, la oficina más importante no es la del rector. Es una desconocida dependencia administrativa donde se acumulan cajas y cajas de pagarés impagos por un valor de $50 mil millones.

Hoy, con la universidad semi paralizada por las tomas, con su prestigio académico en el suelo (fruto de los resultados en pruebas como la Inicia y Eunacom) y con cuatro investigaciones examinando su pasado y sus posibilidades futuras (dos indagaciones de la fiscalía, una del ministerio de Educación y otra de la Contraloría. –Ver recuadro), esos papeles de deuda pueden parecer sólo basura.

Pero son una mina de oro.

Los estudiantes que ahora buscan escapar de la UDM, convencidos de que la calidad de los estudios que reciben empeora cada día, deben pagar todo lo que deben, si quieren que la universidad les reconozca los años de estudio y no deban partir de cero.

Con los que se quedan ocurrirá lo mismo. Si de alguna manera la UDM vuelve a poner en marcha las 16 sedes que tiene en todo Chile y el ciclo académico se activa, los jóvenes empezarán a graduarse y a querer el título universitario por el que sus familias han hecho tantos esfuerzos, tendrán que pagar sus deudas.

En la práctica hoy la universidad es fundamentalmente esos $50 mil millones. La universidad, por ejemplo, no es dueña de la sede de Reñaca, donde se guarda esa eventual fortuna, ni de la mayoría de las sedes que ocupa, pues las arrienda a sociedades controladas por los dueños de la universidad. Tampoco es propietaria de los muebles donde se guardan estos pagarés, ni de las alfombras ni de los laboratorios ni de los bancos donde estudian los alumnos, pues según dos convenios de pago encontrados por CIPER (ver documentos: Repertorio 7176 y Repertorio 7177), la UDM vendió todo su mobiliario en diciembre de 2011 a dos sociedades controladas por los dueños de la Universidad del Mar en UF 93.941 ($2.123 millones aprox.)

La universidad como tal, es decir la Corporación Educacional Universidad del Mar -que por decreto es la que puede impartir educación superior- tiene hoy básicamente deudas: una de aproximadamente $600 millones con sus trabajadores y otra de cerca de $5.500 millones con los bancos BCI y Scotiabank, según afirman fuentes consultadas por CIPER. Es dueña de sólo de una sede: la de Recreo. Y su único gran “haber” es el flujo de matrículas y mensualidades de los 20.000 alumnos que hoy estudian ahí. Esto quiere decir que es dueña de una “cartera de estudiantes” que pagan y se endeudan: un “activo” clave y cautivo al que se le puede poner precio.

Alimentándose del flujo de recursos, hay decenas de contratos de arriendo y de honorarios que, como una gran red de tuberías, sacan de la universidad todo el dinero que entra en sus arcas y absorberán rápidamente los $50 mil millones, apenas se conviertan en dinero. Y cuando decimos “todo”, nos referimos a la denuncia que hizo el abogado Raúl Urrutia al dejar la rectoría luego de sólo estar 43 días en el cargo: que aún debiendo $550 millones a sus trabajadores y profesores los dueños habían preferido pagar $600 millones de arriendo a inmobiliarias que ellos controlaban.

Sobre esa red de tuberías que transportan los recursos de la universidad es esta investigación. Tras semanas de trabajo, CIPER logró identificar una lista de 85 sociedades creadas en torno a la Universidad del Mar por los cuatro socios fundadores: Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga. El resultado es un enrevesado mapa en el que abundan las sociedades inmobiliarias, las cuales han ido engordando y multiplicándose a medida que la universidad aumenta su matrícula y su extensión territorial.

Según los datos obtenidos por CIPER, esta red de sociedades no tiene ninguna tarea educativa o docente: fuera de arrendarle inmuebles –que a veces ni siquiera les pertenecen-, no aporta nada a la universidad, sino que vive de ella. Es, además, una red en las sombras, completamente desconocida para la mayoría de los que trabajan y estudian en la UDM. Cuando CIPER le mostró a Raúl Urrutia, ex presidente del Consejo Para la Transparencia, el mapa societal (que ocupa toda una pared de nuestras oficinas), éste no pudo reprimir su sorpresa: “No conocía nada de esto, es impresionante”. (Ver mapa sociedades)

En esas tuberías está la respuesta a si en la Universidad del Mar ha habido lucro o no, es decir si sus controladores se han repartido los excedentes que genera esa entidad, situación que está prohibida expresamente por la ley.

En este punto es necesario precisar algunos elementos. La discusión pública -desde las redes sociales a los debates en el Congreso- está llena de personas que “saben” que la UDM y otras universidades lucran. Lo saben en términos de olfato o en términos de que han visto la casa que tiene en Reñaca uno de los dueños de la UDM y no pueden sino atribuirla al lucro. Pero eso no basta, sobre todo cuando se discute en el Congreso la creación de una Superintendencia que busca, entre otras cosas, fiscalizar el lucro.

¿Qué antecedentes necesita la nueva Superintendencia para demostrar que una universidad viola la ley? ¿Basta con la información que están entregando actualmente al Ministerio de Educación -balances sin auditar en muchos casos- o es necesario someter a un mayor control a estas entidades que tienen tantas prerrogativas, entre ellas exenciones tributarias por no tener fines de lucro?

Saber qué puertas hay que abrir, qué rincones revisar, depende mucho de cómo se organiza el negocio y esta investigación busca ser muy precisa en ese aspecto.

Frente a los que “saben” que se lucra, están los que “saben” que es imposible probar ese ilícito. En esa postura está el ministerio, según un reciente comunicado difundido por El Mostrador.

La dificultad para probarlo radica en que hay que demostrar que los dueños se están llevando los “excedentes”. Eso podría ocurrir, por ejemplo, cuando el monto del arriendo está fuera del precio mercado. El lucro, por decirlo de una manera, no estaría entonces en la existencia de tuberías que comunican las arcas de la universidad con los bolsillos de los dueños de esa universidad, sino en el grosor de esas cañerías. Para probar que el grosor está fuera de la norma se requiere que haya un grosor estándar, un grosor de mercado.

Pero como sostiene Arturo Fontaine en una reciente columna publicada en CIPER, el valor de mercado de un campus universitario siempre será una cuestión debatible:

“Hay que tomar en cuenta el número de alumnos, las salas, los patios, las oficinas, laboratorios, biblioteca, baños, en fin. ¿Puede hablarse en este caso de un mercado de arriendos propiamente tal y, por tanto, de un canon de mercado? ¿No ocurrirá, más bien, que muchas veces la universidad estará virtualmente cautiva y en manos de su arrendador?”

Pero no poder probar, no significa que el problema no existe. “Se sabe” que existe, es evidente para todos. Y la imposibilidad pública de ponerle coto, daña la credibilidad de las instituciones. Como acota el mismo Fontaine, refiriéndose a los malabares con los arriendos, “estas prácticas arteras violentan el espíritu de la ley y alimentan la desconfianza no sólo respecto del comportamiento de los empresarios en este rubro específico, sino que más allá de él. Comienza así la deslegitimación de la empresa privada en otras áreas aunque en ellas marche bien. Son situaciones agraviantes que tienden a producir un efecto dominó. Nada se saca con cerrar los ojos. Esto mancha al empresariado. Sobre todo ante la juventud. Ello tendrá consecuencias. De hecho, las está teniendo ya.”

Por ello, junto con la evidencia reunida sobre el lucro, la dificultad para probar un asunto central en el debate actual, también es parte de esta investigación.



LOS ORÍGENES


La primera vez que apareció la denominación “Universidad del Mar” fue en 1988, cuando el capitán de la marina mercante Héctor Zúñiga se asoció con el ingeniero comercial Raúl Baeza para crear el Instituto Profesional de Valparaíso Ltda. La marca “Universidad del Mar” era uno de los seis nombres de fantasía con los que podría operar ese instituto. Aunque ya desde hacía cinco años ambos socios tenían negocios juntos (Baeza, Zúñiga y Cía. Ltda.) éste fue el primer documento público en que los socios mostraron hacia dónde apuntaban sus ambiciones. El capital que invirtieron para llegar a ese puerto fue de $2.000.000. Lo que viene a continuación es cómo se levantó un imperio a partir de un capital tan pequeño.

Poco después, en mayo de 1989, los socios invitaron a Mauricio Villaseñor, Sergio Vera, Carlos Galdámez y Luis Molina a crear la Corporación Educacional Universidad del Mar, entidad “comprometida con el desarrollo de Valparaíso, con la apertura de Chile hacia el Pacífico y con los intereses marítimos del país”, según se lee en el estatuto original. Ese mismo documento afirma también que se trata de una entidad sin fines de lucro. Demostrando que sabían bien las características del negocio, cuatro meses después crearon la primera sociedad de la red, Inmobiliaria del Mar S.A. entidad que por supuesto sólo tiene fines de lucro.

Ninguno de los socios tenía fortuna propia y el crecimiento de la universidad fue lento. Entre 1989 y 1995 la UDM no logró tener más de 1.900 alumnos matriculados al año. En el intertanto, dos de los socios (Galdámez y Molina) abandonaron el proyecto. Desde entonces, al mando de la corporación quedaron Baeza, Vera, Villaseñor y Zúñiga. Los cupos de Galdámez y Molina fueron ocupados por Zúñiga (con la sociedad Centro de Estudios de Negocios y Comercio Exterior Ltda.), y por Vera (con Sociedad Inmobiliaria Vera Ltda. de él y su esposa). Para empatar el poder de los cuatro fundadores, se incluyeron en la corporación otras dos sociedades: una de Baeza (Centro de Creatividad y Desarrollo integral Ltda.) y otra de Villaseñor (Educación a Distancia Ltda.)

Lo anterior significa que cada socio tenía dos votos en esa instancia que decidía cosas tan importantes como quién formaba parte de la Junta Directiva de la UDM, quién era el rector y qué contratos se firmaban.

En 1993, esa instancia decidió dar un paso muy importante: conseguir la autonomía para la universidad. Hasta esa fecha la UDM era supervigilada por la autoridad pública, lo que implicaba que decisiones como programas de estudio, apertura de sedes, cantidad de profesores a honorarios y de planta, debían ser revisadas por el Ministerio de Educación. Sus alumnos, entre tanto, debían rendir exámenes ante docentes de universidades tradicionales. Pero ese sistema colapsó pues sólo durante la década de los ´80 se crearon 40 nuevas universidades.

Como ha quedado claro en otras investigaciones de CIPER, durante los ‘90 las autoridades de la Concertación idearon soluciones para el expansivo sistema de educación superior que, en varias ocasiones, agravaron los problemas. Un gran ejemplo es el sistema de la autonomía. La idea era acompañar y guiar a las nacientes universidades para convertirse en entidades sólidas. Muchas, como la UDM, eran emprendimientos precarios levantados en una casa adaptada para recibir alumnos. Se pensó entonces en un controlador público que fuera estricto pero que no destruyera los proyectos en barbecho. Si pasaban esa etapa las universidades eran autónomas, es decir libres para hacer lo que quisieran, sin tener ningún tipo de control público. De lo contrario, la autoridad debía cerrarlas.

Un ex funcionario del Ministerio de Educación de esos años recuerda el desastre que empezó a producirse cuando se entregaron las primeras autonomías a mediados de los años 90:

-Cuando las universidades consiguieron la autonomía, pudieron abrir todas las carreras y todas las sedes que quisieron sin consultarle ni al ministerio ni a nadie. Como la oportunidad de negocio era enorme, la universidad que había sido de buena calidad los primeros años, tenía el incentivo para transformarse en mercenaria. Si era autónoma, ahora podía abrir la carrera de Medicina; si impartía Periodismo en Santiago, ahora podía abrir la carrera en Arica. Además, podía despedir a los profesores contratados y reemplazarlos por “profesores taxis” que hacen clases por hora.

La UDM era tan precaria en tantos ámbitos que sólo logró la autonomía en 2002, después de casi nueve años de informes críticos y correcciones en aspectos centrales. Como se ha dicho, si en ese momento no lograba pasar la prueba, el único camino que le quedaba a la autoridad era cerrar la universidad, decisión que no estaba en línea con el signo de los tiempos. De hecho, en los ‘90, cuando operó el sistema de la autonomía, sólo seis universidades fueron cerradas: Real, Panamericana de Ciencias y Artes, Santa Cruz de Triana, Contemporánea, Mariscal Sucre y Temuco. En cambio fueron tantas las universidades que sí recibieron la autonomía que hubo que diseñar otro mecanismo para solucionar ese entuerto: la Acreditación y el Crédito con Aval del Estado.

La autonomía en todas las universidades provocó un aumento de la matricula automático. La U. Andrés Bello, que cuando consiguió la autonomía en 1999 tenía 6.600 alumnos, recibió 10.800 alumnos al año siguiente; San Sebastián que tenía 2.400 alumnos saltó a 6.400 dos años después de obtener la autonomía. Lo mismo la U. Autónoma, que pasó de 2.300 alumnos a 5.500 al año siguiente.

En la UDM el efecto fue aún más frenético. Si para 2002 la UDM había logrado asentarse como una universidad regional con cerca de 3.900 alumnos, al año siguiente de lograr la autonomía ya tenía 8.707 estudiantes. Y para 2005 ya estaba educando a 16.000 alumnos, convirtiéndose en la tercera más grande de Chile. En su momento de mayor expansión, en 2007 (solo cinco años después de la autonomía) registraba 22.388 matriculados. La estrategia de explotar una economía de escala empezó a proveer a sus controladores de mucho dinero líquido.

La expansión de sus centros siguió un ritmo parecido. En 2004 la UDM abrió la sede de Quillota. En junio de 2006 puso la primera piedra el campus de San Fernando. En 2007 inauguró Reñaca, su actual casa Central, con capacidad para 1.500 alumnos. Luego vinieron Temuco, La Serena, Arica y Punta Arenas. Los edificios eran, en general, de alto estándar y vistosos como un mall. Puesto que era una universidad nueva, la arquitectura debía suplir el prestigio del que carecía, hacerla llamativa para los alumnos: que entrara por la vista. Fue una estrategia muy efectiva para el perfil de alumno al que apuntó la universidad.

Según la información entregada por la propia UDM, en carreras como Pedagogía, Psicología o Trabajo Social, más del 90% de los matriculados viene hoy de colegios municipales o particulares subvencionados. La mayoría es primera generación de su familia en la universidad. No es una clientela fácil para la educación superior. A los problemas de financiamiento se agregan los problemas de formación. Debido a eso, en Agronomía el 48 % de los matriculados deserta en el primer año. En la carrera de Técnico de Empresas y Pedagogía la deserción es más del 40% y en Ingeniería Comercial llega al 39 por ciento.

Sostener una expansión como la llevada adelante por la UDM, con este tipo de clientela es imposible sin tener las espaldas suficientes. La estrategia de los controladores de la UDM fue, precisamente, buscar las espaldas. Las encontraron en inversionistas regionales que a cambio de construir las sedes, entraban al negocio de educar a través de inmobiliarias y sociedades de inversión que prestaban servicios a la UDM.


LA EXPANSIÓN


El diseño de esta estrategia quedó plasmado por primera vez el 7 de enero de 2003 en una reunión extraordinaria de los miembros de la Corporación, en el Campus Valparaíso, en Carmen 446, en el Cerro Los Placeres.

En la mesa se sentaron los ocho controladores de la Corporación: los cuatro fundadores (Héctor Zúñiga, Raúl Baeza, Mauricio Villaseñor y Sergio Vera) y las cuatro sociedades a través de las cuales extendían su control de la UDM.

El tema a discutir: la apertura, organización y funcionamiento de sedes de la Universidad en otras regiones o ciudades del país. Según el acta de aquella reunión, para llevar a cabo el plan de expansión era “imprescindible dotar a la Universidad de órganos y a éstos, de las atribuciones necesarias para dirigir las actividades y administrar el patrimonio de cada una de estas sedes, en forma descentralizada y desconcentrada”.

En ese sentido, los estatutos de la Corporación se modificaron para crear la figura de los “rectores de sedes”, nombrados directamente por la Junta Directiva bajo el criterio único de la “confianza”. Ellos serían los socios con los que desarrollarían un sistema parecido al feudalismo para administrar los distintos campus de la universidad. Pero para llegar a eso, había que tener nuevas sedes. La estrategia, entonces, sería buscar personas en otras ciudades que se sumaran al proyecto y, en definitiva, al negocio.

Ese modelo explica que, hasta el año pasado al menos, cada una de sus 18 sedes respondía a uno (máximo a dos) de los socios fundadores. Según los datos recabados por CIPER, la sede de Maipú estaba bajo el control de Baeza; Punta Arenas estaba bajo Baeza y Zúñiga. Iquique: Zúñiga y Baeza; Curicó, Talca y San Fernando: Villaseñor. Temuco: Vera. La Serena: los cuatro.

Una de las primeras cabezas de palaya que se ocupó con esta estrategia fue Iquique. Allí Zúñiga y Baeza se asociaron con José Daniel Greenhill (dueño de la Sociedad Educacional Aula XXI Ltda.) y tres miembros de una adinerada familia de la zona, los Vicuña Marín (dueños de la constructora RVC Corp). Este grupo creó al mismo tiempo (3 de febrero de 2003) dos sociedades con una inversión inicial de más de $352 millones: Comercial y Servicios Vizú Ltda. e Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Ltda. (Vea el mapa).

La primera de esas sociedades registra entre sus domicilios las sedes de la UDM de Arica e Iquique (Yungay 660 y Av. La Tirana 4802, respectivamente), y aunque resulta difícil establecer cuál es su vínculo con la UDM, un documento encontrado por CIPER (Repertorio 1578) muestra que la universidad le debe dinero a Vizú Ltda.

Doña Teresa, en tanto, construyó la sede de Iquique -inmueble avaluado en más de $1.358 millones- y empezó a cobrar UF 1.000 de arriendo. Siguiendo la estrategia diseñada, la junta directiva de la UDM nombró rector de Iquique a José Daniel Greenhill, quien ejerció el cargo entre 2006 y 2011.

El modelo parecía ser el mejor posible. Pero tenía un área de potencial conflicto. Los fundadores y los nuevos socios regionales podían diferir sobre el tamaño que le tocaba de la torta a cada uno. Eso parece haber ocurrido justamente en Iquique. En 2006, Doña Teresa subió el arriendo a UF 1.700. Si la universidad hubiera sido una organización independiente, que busca buenas oportunidades en el mercado para rentabilizar sus ingresos, podría haber rechazado el contrato. Pero en la rectoría estaba Greenhill, quien -según narran diversas fuentes- aceptó el alza. En la sede central de la UDM el rector era entonces Héctor Zúñiga, también socio de Doña Teresa.

¿Estaban habilitados para tomar una decisión que cautelara los intereses de la universidad si ambos eran socios de Doña Teresa? Zúñiga respondió a CIPER: "La firma de las modificaciones de los contratos de arriendo fue objetada por el suscrito en defensa de la universidad en el juicio de cobro de arriendos, no obstante el tribunal sentenció que, sin dar mérito al documento firmado, el Contrato mismo se había perfeccionado con el consentimiento en la no objeción de las facturas". (Ver entrevista)

Es posible que allí haya comenzado el conflicto entre los cuatro socios fundadores. Lo cierto es que en 2008 se suspendió el pago de arriendo –al parecer por instrucciones de Sergio Vera- y comenzó a acumularse una deuda, que como se verá más adelante, terminó con las cuentas de la UDM embargadas.

La creación simultánea de dos sociedades –una inmobiliaria y otra prestadora de servicios-, ambas viviendo de la UDM, fue el sello de la expansión de esta casa de estudios. Ese mismo procedimiento se usó para establecerse en La Serena. Allí los cuatro hombres fuertes de la UDM se asociaron a fines de 2003, con el licenciado en Educación Jorge Pastén para crear dos sociedades, cada una con un capital de $5.000.000. La primera, Inversiones Serena S.A., adquirió cinco inmuebles en la calle Lautaro que se fundieron para construir la sede de la UDM en esa ciudad. La segunda sociedad, fue Servicios y Asesorías Quilpué S.A.: al igual que Vizú Ltda., esta es una de las tantas empresas que figuran en la maraña de sociedades cuyo vínculo concreto con la UDM es difícil de definir y que deberían ser revisadas por la justicia y por una superintendencia que quisiera asegurarse de que la universidad no está lucrando.

En la expansión hacia La Serena, los cuatro fundadores recurrieron a una tercera sociedad en la que participaban todos: Inmobiliaria e Inversiones Rancagua S.A. A través de ella compraron en 2003 cinco propiedades en la misma calle Lautaro. En 2008 las vendieron a la UDM en $520 millones. Según fuentes consultadas por CIPER la Universidad ya no posee esos terrenos.

Similar situación parece haber ocurrido con los terrenos que poseía Inversiones Serena. En marzo de este año, en una junta extraordinaria de accionistas, Zúñiga, Villaseñor y Baeza -que juntaban el 69% de la sociedad- decidieron enajenar los terrenos que poseían en la ciudad “a la brevedad, como una manera de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que tiene esa sociedad y otras con la Corporación de la Universidad del Mar.

La decisión de vender esta propiedad coincide con una querella “por delito de apropiación indebida y contrato simulado en contra de los socios y directores de la Universidad del Mar”, presentada dos meses antes (diciembre de 2011) por los funcionarios y profesores de la sede de La Serena. En ella se acusa que los controladores de la universidad dejaron de pagar las leyes sociales de sus empleados a pesar de hacer los descuentos correspondientes en las planillas de sueldos. Sueldos que a su vez se pagaban parceladamente. ¿A dónde iba el dinero que entraba por mensualidades de los estudiantes? El presidente del sindicato, César Guisado, no tiene duda: “Todo podía fallar en la universidad pero el pago del arriendo jamás”, explica. El arriendo se cancelaba a Inversiones Serena.

Sobre la anunciada venta de la sede, CIPER no pudo determinar a qué precio se vendió y quién la compró. Y si algo de esa venta llegó a las arcas de la universidad, duró lo que un suspiro. Así lo demuestra el hecho de que solo un mes después, el entonces rector Raúl Urrutia, en un desesperado intento por reunir fondos para pagar los sueldos, investigara sede por sede los dineros disponibles, pudiendo encontrar solo $6 millones.

La estrategia de expansión descrita también se usó para llegar a Punta Arenas. Allí Baeza y Zúñiga se asociaron con Pablo Zúñiga Jiliberto (sobrino de Héctor Zúñiga y actual gobernador de Valparaíso) y el ingeniero comercial Jorge Aspée Westphal, más el citado Greenhill para crear una pareja de sociedades: Inmobiliaria e Inversiones Valparenas S.A. y Sociedad de Servicios y Asesorías Valparenas S.A. La primera posee los inmuebles que la UDM arrienda. La segunda, creada con un capital de sólo $4.000.000, no está claro qué servicios presta. Por supuesto, como rector de la sede se designó a uno de los socios locales. Primero ejerció el cargo Pablo Zúñiga hasta que asumió como gobernador.

Pablo Zúñiga permaneció vinculado con los negocios de la UDM hasta principios de junio de 2012, cuando se desprendió de su participación en la Inmobiliaria Valparenas S.A. después de la escandalosa renuncia del rector Raúl Urrutia. Su vacante pasó a ocuparla Jorge Aspée, quien renunció el año pasado y se fue a trabajar al Servicio de Salud de Osorno.

Para levantar la sede de Temuco, Sergio Vera se asoció con Marcos Almonacid y Jovanka Sapunar, en julio de 2005, y creó Inmobiliaria Temuco S.A., que adquirió la propiedad de Avenida Pedro de Valdivia desde el Nº 302 al 340 y levantó una sede. Siguiendo la tradición, Almonacid quedó de rector. En 2009, Vera vendió la sede a Aurus Renta Inmobiliaria, empresa que en 2011 la traspasó a Aurus Renta Inmobiliaria II SpA. Ambas inmobiliarias son controladas en un 100% por el Fondo de Inversión Privado Auras, donde Juan Carlos Délano, ex presidente de Chile Transparente es gerente general y socio fundador.

Fuentes de la universidad relataron a CIPER que durante la última semana de Urrutia como rector, cuando el socio fundador Sergio Vera lo presionaba para que pagara a las inmobiliarias, Urrutia recibió un llamado de Délano a quien conocía por los temas de transparencia. Délano le dijo que la UDM le debía $31 millones por tres meses del arriendo de la sede de Temuco. Urrutia le explicó que no tenían el dinero, que le tenía que dar tiempo y Délano entendió. A los pocos días Sergio Vera le dijo a Urrutia: "Tienes un problema menos, acabo de mandar que le paguen a Délano". Urrutia montó en cólera pues había dado instrucciones precisas de que ningún peso se fuera en arriendo hasta sanear la situación de trabajadores y docentes. Al renunciar Urrutia sostuvo lo mismo que el dirigente sindical de La Serena: que para los dueños el pago del arriendo era sagrado.

Fue así como se construyó un imperio a partir de un capital inicial de $2.000.000 de pesos. Y fue así como se estableció también la red de tuberías que explican el derrumbe actual de la universidad.



LAS CUATRO INVESTIGACIONES QUE PESAN A LA UNIVERSIDAD DEL MAR
La primera investigación sobre la Universidad del Mar la inició Contraloría General de la República (CGR) en enero recién pasado a partir de un contrato entre ex presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz Corvalán y la UDM. Según ese contrato se le pagaría $60 millones a Díaz por lograr la acreditación de la casa de estudios, más bonos que dependían de la cantidad de años que la UDM lograra acreditarse.

El documento fue hecho público en una investigación de CIPER que abordó pror primera vez en profundidad cómo funciona la UDM (ver reportaje Parte I y Parte II).

Debido a los reportajes de CIPER el ministro Harald Beyer se reunió con el pleno de la CNA señaló que era deseable que Díaz renunciara puesto que como ministro no tenía las facultades para exigirle la salida debido a que la comisión es un organismo autónomo. Diaz renunció una semana después de las declaraciones de Beyer.

Debido a que Díaz ya no es funcionario de la comisión lo más probable es que el sumario de CGR no dictamine castigos. Así lo aclaró el contralor general de la República, Ramiro Mendoza: “Las sanciones van a ser difíciles, porque ya no es funcionario (de la Comisión Nacional de Acreditación)”.

La segunda investigación la lleva adelante la Fiscalía Oriente. Se inició cuando la Contraloría entregó los antecedentes que había reunido en la investigación sobre el contrato entre Díaz y la UDM y que parecían constitutivos de delitos. Actualmente están a cargo los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Fiscalía Santiago Oriente, quienes dieron inicio a una indagatoria por una presunta “negociación incompatible” y “cohecho”. En la investigación tanto Eugenio Díaz como Héctor Zúñiga, ex rector de la UDM y quien firmó el contrato por parte de la universidad, tienen la calidad de imputados y ambos ya han prestado declaraciones. La PDI allanó el domicilio y las oficinas de Díaz y la sede central de la universidad donde incautaron computadores y documentos contables con el objeto de aclarar si la acreditación que logró la UDM en 2010 tuvo relación con los pagos por la posterior asesoría del ex CNA. Además, fiscalía envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe hacerse parte de la investigación ante las sospechas de un posible desvío de fondos públicos.

Una tercera investigación a inició el Ministerio de Educación, tras la renuncia de ex rector de la UDM, Raúl Urrutia. El abogado denunció públicamente que la institución privilegiaba el pago de los arriendos a sociedades que los benefician en vez de pagar sueldos y cumplir con las leyes sociales de sus trabajadores.

La revisión ministerial consiste en una fiscalización académica, en terreno, en toda las sedes del país, para determinar si la UDM entrega a sus alumnos el servicio que acordaron en los contratos de prestaciones de servicios educacionales. Ya han sido auditadas por los fiscales del Mineduc las sedes de Viña del mar, Reñaca y Santiago. Una vez que se termine la recopilación de antecedentes serán presentados al Consejo Nacional de Educación (CNED) para que determine multas, cierre de sedes o carreras o la revocación del reconocimiento oficial.

Esto se complementa con una fiscalización financiera que consiste en la revisión de los estados financieros. El plazo de entregar de los estados financieros fue el 3 de junio pasado y aunque la UDM cumplió, éstos no estaban auditados “lo que para efectos de esta cartera no son válidos, es como si no estuvieran recepcionados. Por ello, no se ha podido aún completar el proceso de auditoría económica”, () señaló el jefe de Educación Superior, Juan José Ugarte.

A raíz de todo lo anterior, la Comisión Ingresa, a mediados de julio congeló los $3.500 millones del CAE que la UDM debía recibir este año.

La cuarta y última investigación, hasta ahora, se originó en una querella por estafa que interpusieron 34 alumnos de la sede de Maipú en contra de la UDM por incumplimiento de los servicios educacionales que han recibido. La querella fue presentada el pasado 29 de junio y unos días después fue declarada admisible por el tribunal (ver artículo). El ministro Beyer dijo el 14 de julio a La Tercera que “no podemos, por así decirlo, castigar por estafa a la universidad”, aclarando que el Mineduc debe velar porque la casa de estudios cumpla con sus estatutos. En caso de no ser así la UDM se arriesga a multas de 100 UTM, el cierre de sedes o la pérdida del reconocimiento oficial. Desde que la querella fue admitida a tramitación, se han sumado 100 alumnos más.


Publicado originalmente en CIPER (30/7/2012)

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