sábado, 4 de febrero de 2012

LOS SEÑORES DE LA PESCA

Con el apoyo de las autoridades del gobierno, un grupo de poderosas familias chilenas se ha asegurado altísimas cuotas de captura que se contraponen con las recomendaciones científicas. Este reportaje forma parte del proyecto de investigación conjunta que realizaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto a CIPER e IDL-Reporteros (Perú) sobre la depredación del jurel en el Pacífico Sur. Ésta es la versión en español del artículo que se publicó en iWatch, el sitio web del Center for Public Integrity que agrupa todas las investigacioines de ICIJ.




A BORDO DEL SANTA MARÍA II, CHILE - Son las 10:30 de un domingo de agosto, a siete millas del Puerto de Corral, y los tripulantes del Santa María II recogen la red después de tenerla media hora en el agua. El capitán Eduardo Marzán observa desde el puente, su rostro desanimado. A su izquierda, otros 14 barcos navegan lentamente en círculos como él también lo ha hecho durante los últimos cuatro días en su búsqueda infructuosa de sardinas.

El gobierno reportó en 2010 que las sardinas aún son abundantes en aguas chilenas, mientras que el jurel encabeza una lista de 13 especies que estaban sobreexplotadas o altamente explotadas. Hoy, incluso las sardinas son escasas.

El Santa María II pertenece a Lota Protein, del Grupo Koppernaes en Noruega, que hasta diciembre de 2011 peleó una guerra de 21 meses con ocho grupos que poseen los derechos para extraer el 87% del jurel en aguas chilenas, como también la mayoría de sardina, anchoveta y merluza. Lota protein dice que las subastas de las cuotas le daría a otros una repartición más justa.

Poderosas familias chilenas controlan esos grupos. Ellos son, en esencia, los dueños de la pesca en Chile.

Un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con CIPER, muestra cómo en las últimas décadas los gobiernos sistemáticamente les han permitido desobedecer a los científicos y asegurar cuotas altas y poco realistas. Esto ha contribuido significativamente al precipitoso colapso del jurel en el Pacífico Sur, que una vez fue una de las zonas de pesca más ricas del mundo.

El Santa María II busca en vano. Finalmente, el sonar señaló un cardumen, y los tripulantes arrojan la red de cerco cuatro veces. Apenas 40 toneladas van a dar a las bodegas que pueden almacenar 850. Marzán abandona su optimismo habitual. Las autoridades han adelantado la veda anual de dos meses para proteger a las sardinas y comienza esta medianoche, en sólo unas horas.

Ningún otro pitido aparece en el sonar, y Marzán da la orden a su nave de volver a casa. Le pregunto si no les convendría salir a por jurel y él lanza un suspiro. Hasta hace unos años, responde, se hubiera embarcado hacia “La Feria”, un pequeño sector a unas 30 millas de la costa donde en las noches buenas los barcos cerqueros eran tan numerosos que sus luces parecían una ciudad flotante. Esos días se han ido.

Por radio, varios capitanes alejados en aguas abiertas más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) le han dicho a Marzán que han pasado 15 días pescando y sus bodegas siguen prácticamente vacías.

Mario Ulloa, piloto del Santa María II, recuerda esos días gloriosos: “Solíamos llegar y echar la red. Llenábamos las bodegas de una sola tirada y partíamos de vuelta al puerto con una carga completa de jurel. Salíamos unas dos o tres veces al día. Había mucha pesca, pero no la supimos cuidar”.


CONTROLES FLEXIBLES, STOCKS QUE SE DESVANECEN

La Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), uno de los dos códigos pesqueros en Chile, se remonta a 2001. Durante los ’90, los chilenos capturaron más de 28 millones de toneladas de jurel, y el gobierno dijo quería un mejor control. La ley dio a los pescadores artesanales –actualmente hay más de 80.000– acceso exclusivo al jurel dentro de las primeras cinco millas desde la costa y al 5% de la cuota global. Los dueños de las naves industriales obtuvieron lo demás.

Poco después, los peces grandes se comieron a los pequeños. Las compañías más grandes compraron competidores. Ellos han firmado contratos con los pescadores artesanales para adquirir sus cuotas. Juntos, funcionan como un crédito pesquero informal, una red interconectada en la que unos tienen acciones en otras. Y juntos se agrupan para defender intereses comunes.

El gobierno no cobra por las cuotas de captura. Las compañías pagan sólo una patente basada en el tonelaje grueso de sus naves, alrededor del 2% de sus ingresos por exportaciones, que le significan al Estado chileno una entrada por US$ 30 millones al año. El gobierno planea agregar un royalty a partir de 2013, reconociendo a la pesca, como la minería, como un recurso extractivo. La industria está tratando de bloquearlo.

Los chilenos capturaron el 74% del jurel desembarcado en el Pacífico entre 2000 y 2010, pero después de 2005 la competencia creció intensamente. Una veintena de países formaron la Organización Regional de Administración Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés), y las naves pesqueras más grandes del mundo ahora navegan poco más allá de las aguas chilenas.

El número de peces en Chile es tan bajo que la flota no han alcanzado su cuota completa desde 2007. En 2010, el límite de capturas para el jurel era de 1,3 millones de toneladas. Las redes capturaron menos de 465.000. Lota Protein tiene el 1,4% de la cuota de jurel y 1,2% de sardinas. No pescó lo suficiente en 2011 para completar siquiera esos niveles.

Se suponía que la LMCA duraría dos años, pero los amos de los peces hicieron un duro lobby y aún está vigente. Se espera que una nueva ley sea aprobada a principios de 2012, pero en gran parte extiende el status quo. Permite la licitación si el jurel resulta ser inusualmente abundante y permite más acceso a otras especies.

En Chile, las autoridades proponen las cuotas basadas en las recomendaciones del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el instituto pesquero financiado por el fisco. Después, esas propuestas se envían al Consejo Nacional de Pesca (CNP), compuesto por funcionarios públicos, dirigentes de asociaciones gremiales, un abogado, dos ingenieros comerciales y dos biólogos marinos. Pero el 60% del los integrantes del CNP son de la industria, y la mayoría manda.

Si el CNP rechaza la propuesta, la nueva cuota se establece automáticamente en 80% en relación a la del año anterior. Sin embargo, el proceso puede ser más complejo. Para 2009, mientras el stock de jurel se iba en picada, IFOP recomendó 750.000 toneladas. El gobierno propuso 1.400.000 toneladas –casi el doble– y el CNP lo aprobó.

Eduardo Tarifeño, en la Universidad de Concepción, uno de los biólogos marinos del CNP, dice que ha hecho un pequeño impacto. “Todo está discutido y ya cocinado antes de que entremos a las sesiones”, dijo a ICIJ. “La industria conversa con el subsecretario de Pesca y le pregunta cuánto está pensando en proponer. Luego ellos le dicen que necesitan más toneladas para mantener a la industria funcionando”.

En 2010, el gobierno se puso firme después de que los científicos del IFOP, quienes reportaron casi seis millones de toneladas en aguas chilenas en 2001, no encontraran ninguna en 2009. Presionó por un corte del 76% a 315.000 toneladas en 2011, y el CNP lo aprobó.

Pero después, esa dirección promisoria se revirtió. El pasado 20 de diciembre, con Tarifeño ausento porque estaba dictando clases, el CNP rechazó un corte significativo para 2012.

Mientras se espera que la nueva ley altere el rol que tendrá el CNP a contar de 2013 y disminuya la influencia de la industria, Tarifeño dice que sólo una veda de cinco años en la pesquería del jurel podrá salvarlo.


JUEGOS DE PODER Y PRIVILEGIOS

A medida que la crisis empeora, funcionarios de gobierno y los líderes de la industria intercambian acusaciones, cada lado acusando al otro y responsabilizándolo de la depredación de los peces.

Pablo Galilea, el subsecretario de Pesca, culpa a las grandes empresas –y a las administraciones anteriores que permitieron el lobby– por pescar demasiado. En diciembre dijo al diario El Mercurio: “Las pesquerías fueron administradas con una visión de corto plazo, lo que provocó daños irreparables en los recursos”.

Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes, una de las dos mayors asociaciones gremials del sector en el país, dijo a ICIJ que las autoridades, y no el CNP, han fallado. Si el gobierno hubiese querido proteger a los peces, aseguró, debería haber impuesto progresivamente cuotas menores.

Dijo además que el gobierno ha abusado de la controversial categoría de capturas conocidas como “pesca de investigación”, que le ha permitido a algunas empresas pasar por encima de las tallas mínimas legales de captura. Moncada individualizó a las empresas del norte, donde el influyente empresario Roberto Angelini controla tres cuartos de la pesca de jurel en una zona crucial para su reproducción.

“La captura de peces bajo talla o juveniles en el norte, ha puesto al recurso en un grave riesgo”, dijo Moncada.

Chile reserva el 3% de su cuota de jurel para la investigación, sin límites de talla. Los científicos sólo usan una fracción de lo que se captura; lo demás va a la industria. Pero las autoridades chilenas confirmaron a ICIJ que por años esta excepción se ha aplicado a todo el jurel que se pesca en el norte. Sólo en 2011, esto pudo aumentar la cuota de “investigación” al 17% de la cuota global, cerca de 48.000 toneladas.

De hecho, los reportes del gobierno demuestran que la mayoría de los peces capturados en el norte de 1998 han sido juveniles.

Mientras tanto, una ley reciente disminuyó la talla mínima del jurel en el norte de Chile desde los 26 centímetros a 22 centímetros. En contraste, el tamaño límite para pescar jurel en Perú es de 31 centímetros.


EL HEREDERO

Además de sus intereses pesqueros, el imperio de Roberto Angelini también incluye la más grande empresa de petróleos en Chile, con 620 estaciones de servicio. Él es presidente de Copec S.A., que pertenece en un 60% a su familia, un conglomerado que se extiende a la madera, celulosa, minas, electricidad, retail y franquicias de vehículos.

Los chilenos llaman a Angelini, de 63 años, “el heredero”. Él se hizo cargo de su tío, Anacleto, quien emigró de Italia en 1948 y se casó con una chilena. El año que Anacleto murió, 2007, la revista Forbes lo situó como el hombre más rico de Sudamérica, con una fortuna estimada en US$ 6.000 millones.

Cuando Roberto era aún un adolescente, sus padres lo enviaron a vivir con su tío. Él fue al Verbo Divino, el colegio católico favorito de la elite chilena, donde también estudió el Presidente Sebastián Piñera. Después de graduarse de la Universidad Católica, fue por su propio camino. Pero en dos año se unió al negocio familiar en una de sus principales áreas: la pesca. En cosa de años, Anacleto lo nombró como su sucesor.

Actualmente, las compañías pesqueras de Angelini, Orizon y Corpesca,controlan el 29,3% de la cuota global de jurel en Chile. Juntas, las dos compañías producen el 5,5% de la oferta mundial de harina de pescado.

Intensamente reservado, Angelini rehuye a entrevistas y fotografías. De hecho, rechazó emitir comentarios para este reportaje. Unas pocas fotos lo muestran con el cabello cano, elegante y saludable, la mayoría de las veces con una corbata roja oscura. Cuando Italia le dio la orden del mérito, accedió a hablar sólo frente a un pequeño grupo selecto de invitados a la embajada en Santiago.

Rodrigo Sarquis es otra figura primordial. Su fortuna proviene sólo de la pesca. El abuelo de Sarquis comenzó una pequeña compañía en 1961. Recientemente su compañía adquirió el control de varias empresas más pequeñas y en 2011 se fusionó con un competidor para crear Blumar S.A. La empresa tiene la porción más grande de jurel en el país: 18,6%. Sarquis es presidente de la principal asociación de industriales pesqueros, Sonapesca, y hasta diciembre de 2010 fue miembro del CNP.

Roberto Izquierdo Menéndez, 71, asumió el asiente de Sarquis en el CNP. Su familia posee dos empresas pesqueras, Alimar y Sopesa, y lideraun conglomerado que participa en la mayor compañía de telecomunicaciones del país, el principal periódico de negocios, la única empresa chilena que produce polipropileno, una enorme compañía forestal y papelera en Concepción y, desde 2010, en una central termoeléctrica. Perdió una batalla por tierras con el ecologista norteamericano Douglas Tompkins, quien estableció una vasta reserva en el sur de Chile.

Jorge Fernández y los hermanos Jan y Klaus Stengel fusionaron la mayor parte de sus operaciones pesqueras después de años compitiendo entre sí. Juntos, hoy controlan el 17,2% del jurel que se pesca en Chile. Ambos son activos en negocios separados, incluyendo granjas de salmón en el sur de Chile, las que dependen fuertemente de la harina de pescado hecha con jurel.

Francisco Javier Errázuriz, 69, mantiene una pequeña cuota, pero es un colorido miembro del grupo. Conocido como “Fra-Fra”, fue un candidato de centro derecha para la Presidencia en 1989, y más tarde fue electo senador. Mientras estaba en el Congreso, fue multado y condenado a una pena remitida por secuestro y agresión por una disputa sobre aguas.

Recientemente, Errázuriz fue acusado de trata de personas, con cargos por haber ingresado ilegalmente al menos 150 paraguayos para trabajar en sus campos. En octubre, justo cuando el fiscal lo iba a formalizar, sufrió un ataque cardiovascular. Aún está hospitalizado. Su compañía no respondió a los intentos de ICIJ por conseguir un comentario, pero su hijo Francisco Javier ha negado públicamente las acusaciones contra su padre, argumentando que todo ha sido un montaje del gobierno.

Sarquis, Fernández e Izquierdo tampoco dieron comentarios para este reportaje.


“EL MAR PERTENECE A LOS EMPRESARIOS”

En el Santa María II, Jaime Araneda habla sobre su familia de pescadores, desde su abuelo. Él ha trabajado por 11 años en las flotas de las grandes compañías. Ahora teme por su futuro.

Cuando comenzó a pescar, los botes volvían después de tres o cuatro días, siempre llenos de jurel. Hoy van a altamar, más allá de las aguas chilenas, por al menos 12 días. Y casi siempre vuelven prácticamente vacíos.

“El mar no es de los chilenos”, dice Araneda. “Es de los empresarios. Si la cosa sigue así, de aquí a uno o dos años más ya no va a haber qué pescar en Chile”.


Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).

Publicado originalmente en ingles en The Center for Public Integrity (EE.UU.) (25/1/2012)

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