En 2007, el “asesor” de los canteros de Colina, el abogado Álvaro Baeza, firmó un Acuerdo Marco que le entregó el 70% de sus terrenos en Chicureo a una empresa inmobiliaria. De los $800 millones que se pagaron, los mineros no vieron nada. Todo fue a la cuenta de Baeza, el mismo asesor clave de la ex ministra Matte en el caso Kodama. Ese acuerdo, que lo tiene enfrentado con la justicia, hoy es el tope para que la zona sea declarada Monumento Nacional. Pero un informe del Consejo de Defensa del Estado (CDE) destrozó ese acuerdo, el que califica más que como una compraventa, como un despojo.
La fiesta se desató apenas terminó la reunión que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) sostuvo el 13 de enero de 2010. Un año y medio antes, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina había presentado una solicitud para que el pueblo ubicado a 16 kilómetros de Santiago y las pertenencias mineras que le han dado vida desde fines del siglo XIX, sean declarados Monumento Nacional. Decían que sólo así podrían protegerse por ley su forma de vida y los 125 años de historia y actividad productiva en las canteras que tienen en Chicureo, uno de los sectores residenciales más exclusivos de Santiago y uno de los más importantes trofeos que hoy disputan empresas inmobiliarias.
Como consta en el acta de aquella reunión, ese miércoles de enero de 2010 se aprobó por ocho votos a favor y tres abstenciones la solicitud de los trabajadores de las piedras: las antiguas canteras en desuso pasaban a ser Monumento Histórico y el pueblo y las seis canteras en plena explotación se transformaban en Zona Típica. Apenas se dio aviso del resultado de la votación, los cerca de 300 canteros que esperaban afuera comenzaron en la misma calle las celebraciones. Para ellos era un triunfo. En cosa de días se los arrebataron.
Para que entrara en vigencia la designación de las nuevas áreas protegidas, la entonces ministra de Educación y presidenta del CMN, Mónica Jiménez, debía firmar un decreto que así lo estipulara. Pero no lo firmó. En marzo de ese año ella dejó el cargo y el nuevo ministro, Joaquín Lavín, tampoco lo hizo. En febrero de 2011, como señala El Mostrador, un grupo de organizaciones ciudadanas presionaron para que se sellara el acuerdo del CMN, acusando que la negativa de los ministros a firmar el documento se debía a presiones de los proyectos inmobiliarios en el sector.
Frente a las presiones, y “ante la eventual declaración de Zona Típica de las canteras uno a seis”, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) un informe jurídico “tanto desde la perspectiva civil como penal” sobre un contrato suscrito en mayo de 2007 entre la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina y la Sociedad Inmobiliaria La Reserva S.A., un documento que selló la cesión de 210 hectáreas a la empresa inmobiliaria y que derivó en litigios judiciales por estafa, apropiación indebida y prevaricación en contra del hombre que “asesoró” a los canteros y se quedó con los $800 millones que significó la transacción: el abogado Álvaro Baeza Guiñez.
El nombre de Baeza y su rol en ese “Acuerdo Marco” habrían pasado por alto si no fuera porque su papel como asesor de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, fue clave en el pago irregular de $17.000 millones por parte del Serviu a la constructora Kodama por el atraso en la construcción del corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda. La investigación de ese caso en Contraloría terminó con la renuncia de Matte y con la formalización que se llevará a cabo en marzo de Baeza y otros funcionarios del Serviu y el Ministerio de Vivienda por fraude al fisco.
El acuerdo gestionado por Baeza entre los canteros y la inmobiliaria se convirtió en la piedra de tope para que el Ministerio de Educación decretara vigente la decisión del CMN. Por eso, se le pidió al CDE que lo analizara. El pasado 2 de enero, el presidente de la entidad, Sergio Urrejola, le envió al actual ministro de Educación, Harald Beyer, el informe solicitado. El oficio resultó demoledor.
Como consta en el acta de aquella reunión, ese miércoles de enero de 2010 se aprobó por ocho votos a favor y tres abstenciones la solicitud de los trabajadores de las piedras: las antiguas canteras en desuso pasaban a ser Monumento Histórico y el pueblo y las seis canteras en plena explotación se transformaban en Zona Típica. Apenas se dio aviso del resultado de la votación, los cerca de 300 canteros que esperaban afuera comenzaron en la misma calle las celebraciones. Para ellos era un triunfo. En cosa de días se los arrebataron.
Para que entrara en vigencia la designación de las nuevas áreas protegidas, la entonces ministra de Educación y presidenta del CMN, Mónica Jiménez, debía firmar un decreto que así lo estipulara. Pero no lo firmó. En marzo de ese año ella dejó el cargo y el nuevo ministro, Joaquín Lavín, tampoco lo hizo. En febrero de 2011, como señala El Mostrador, un grupo de organizaciones ciudadanas presionaron para que se sellara el acuerdo del CMN, acusando que la negativa de los ministros a firmar el documento se debía a presiones de los proyectos inmobiliarios en el sector.
Frente a las presiones, y “ante la eventual declaración de Zona Típica de las canteras uno a seis”, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) un informe jurídico “tanto desde la perspectiva civil como penal” sobre un contrato suscrito en mayo de 2007 entre la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina y la Sociedad Inmobiliaria La Reserva S.A., un documento que selló la cesión de 210 hectáreas a la empresa inmobiliaria y que derivó en litigios judiciales por estafa, apropiación indebida y prevaricación en contra del hombre que “asesoró” a los canteros y se quedó con los $800 millones que significó la transacción: el abogado Álvaro Baeza Guiñez.El nombre de Baeza y su rol en ese “Acuerdo Marco” habrían pasado por alto si no fuera porque su papel como asesor de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, fue clave en el pago irregular de $17.000 millones por parte del Serviu a la constructora Kodama por el atraso en la construcción del corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda. La investigación de ese caso en Contraloría terminó con la renuncia de Matte y con la formalización que se llevará a cabo en marzo de Baeza y otros funcionarios del Serviu y el Ministerio de Vivienda por fraude al fisco.
El acuerdo gestionado por Baeza entre los canteros y la inmobiliaria se convirtió en la piedra de tope para que el Ministerio de Educación decretara vigente la decisión del CMN. Por eso, se le pidió al CDE que lo analizara. El pasado 2 de enero, el presidente de la entidad, Sergio Urrejola, le envió al actual ministro de Educación, Harald Beyer, el informe solicitado. El oficio resultó demoledor.
EL ACUERDO DE LA DISCORDIA
Aunque en 2006 una sentencia de la Corte Suprema indicó que el terreno era propiedad de los canteros, Inmobiliaria La Reserva S.A. insistía en que ambos detentaban derechos de propiedad y de concesión minera sobre los mismos terrenos en una extensión de aproximadamente 260 hectáreas. Ante esa ofensiva, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina requirió con urgencia asistencia legal para preservar sus pertenencias mineras en el subsuelo de 300 hectáreas de Chicureo. Se la ofreció la empresa Canteras Quintay S.A., cuyo único interés aparente en la disputa era adquirir a los canteros la roca molida. Ambas entidades formaron parte del Acuerdo Marco bajo la representación de Baeza. Los canteros nunca supieron que él era socio de Canteras Quintay S.A. y tenía interés económico en el negocio que se estaba gestando.
Las primeras cinco páginas del informe elaborado por el CDE analizan en detalle las características del Acuerdo Marco que se firmó en mayo de 2007. Según el CDE, el contrato corresponde a un “acto que se le denomina finiquito, que jurídicamente tiene valor de una transacción extrajudicial”, y su objeto era dejar sin efecto los procesos judiciales previos, lograr el desarrollo sustentable de las actividades tanto de los mineros como de la inmobiliaria y dar por terminadas las controversias judiciales anteriores.
El acuerdo terminó por sellar el traspaso y compraventa de 210 hectáreas por parte de los canteros a la inmobiliaria, el 70% del terreno dedicado a la explotación minera. También se acordó el usufructo minero y la servidumbre negativa a favor de La Reserva S.A. y que los canteros arrendarían pertenencias mineras a Canteras Quintay S.A. Por cada uno de los contratos se estableció como precio un peso. Además, “como contraprestación económica por cualquier causa pasada, presente o futura con relación a este acuerdo, a la actividad canterera y a las causas señaladas (…) y, en particular, por el costo que ha significado a Los Canteros los distintos juicios”, se estableció que la inmobiliaria pagaría un total de 40.000 UF ($800 millones) a la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina. Pero los trabajadores no vieron ni un solo peso.
El informe dice: “En el mismo acto y por instrucción de Los Canteros, se paga por cuenta de aquellos a la oficina de abogados Baeza y Compañía Ltda., pagando en efectivo a Álvaro Baeza, quien los recibe como contraprestación por los servicios prestados a Los Canteros, declarando Los Canteros recibir dicha suma a su entera satisfacción”.
Los dineros de la transacción fueron a parar al bolsillo del abogado Álvaro Baeza. En ninguna parte del documento dice que esa plata fue el precio de la compra de los terrenos, sino que se establecen como una “contraprestación económica”. Ese es sólo uno de los puntos que el CDE consideró no sólo para considerar el acuerdo lleno de vicios que podrían causar su nulidad, sino que también para calificarlo como “un ardid engañoso”.
Las primeras cinco páginas del informe elaborado por el CDE analizan en detalle las características del Acuerdo Marco que se firmó en mayo de 2007. Según el CDE, el contrato corresponde a un “acto que se le denomina finiquito, que jurídicamente tiene valor de una transacción extrajudicial”, y su objeto era dejar sin efecto los procesos judiciales previos, lograr el desarrollo sustentable de las actividades tanto de los mineros como de la inmobiliaria y dar por terminadas las controversias judiciales anteriores.
El acuerdo terminó por sellar el traspaso y compraventa de 210 hectáreas por parte de los canteros a la inmobiliaria, el 70% del terreno dedicado a la explotación minera. También se acordó el usufructo minero y la servidumbre negativa a favor de La Reserva S.A. y que los canteros arrendarían pertenencias mineras a Canteras Quintay S.A. Por cada uno de los contratos se estableció como precio un peso. Además, “como contraprestación económica por cualquier causa pasada, presente o futura con relación a este acuerdo, a la actividad canterera y a las causas señaladas (…) y, en particular, por el costo que ha significado a Los Canteros los distintos juicios”, se estableció que la inmobiliaria pagaría un total de 40.000 UF ($800 millones) a la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina. Pero los trabajadores no vieron ni un solo peso.El informe dice: “En el mismo acto y por instrucción de Los Canteros, se paga por cuenta de aquellos a la oficina de abogados Baeza y Compañía Ltda., pagando en efectivo a Álvaro Baeza, quien los recibe como contraprestación por los servicios prestados a Los Canteros, declarando Los Canteros recibir dicha suma a su entera satisfacción”.
Los dineros de la transacción fueron a parar al bolsillo del abogado Álvaro Baeza. En ninguna parte del documento dice que esa plata fue el precio de la compra de los terrenos, sino que se establecen como una “contraprestación económica”. Ese es sólo uno de los puntos que el CDE consideró no sólo para considerar el acuerdo lleno de vicios que podrían causar su nulidad, sino que también para calificarlo como “un ardid engañoso”.
EL DERRUMBE DEL CONTRATO
Luego de exponer sus características, el informe del CDE detalla punto por punto las “peculiaridades” que ponen en entredicho la validez del acuerdo entre los canteros y la inmobiliaria.
El documento indica que para que el acuerdo se haya llevado a cabo, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina debía aprobarlo a través de su Asamblea de Socios, pero no consta en ningún documento que así haya ocurrido. De hecho, sobre el mismo punto, el informe del CDE señala que el entonces presidente de los canteros, Elías Aravena Villarroel, convocó de manera irregular a una Asamblea el 19 de abril de 2007, y agrega: “Abusando de la ignorancia de los convocados y la confianza depositada en el abogado ‘asesor’, se obtuvo que los asistentes respaldaran en un 100% a la directiva en el cierre y firma final del acuerdo. No se dejó constancia en el acta ni en qué consistía el acuerdo, ni las partes del mismo ni ninguna otra circunstancia que lo hiciera inteligible. La exposición de un ‘posible acuerdo’, como refirió Baeza en la Asamblea, se hizo de modo verbal con planos y se evitó por el entonces presidente del directorio, dejar cualquier constancia escrita de lo aprobado por la Asamblea por razones que hoy se tornan obvias”.
Lo anterior, según el CDE, no sólo constituiría causal de nulidad del acuerdo, sino que además se configuraría el delito de estafa, ya que los canteros habrían sido engañados para llevarlo adelante. De acuerdo a lo que Nicolás Candel denunció en una columna publicada en CIPER, después de firmado el acuerdo Aravena “se fugó” a Casablanca donde construyó una casa y un nuevo taller de piedra.
El informe también dice que lo que se denomina como servidumbres negativas, no existe conceptualmente. Además, como el mismo acuerdo indica, en agosto de 2006 la Corte Suprema dictó sentencia sobre la propiedad de los terrenos en disputa y dijo que las 300 hectáreas eran de los canteros. “La referencia a ese juicio como asunto pendiente no es pertinente”, dice el informe del CDE, y agrega que sobre los otros juicios no se informa ni sobre qué tratan ni en qué estado se encuentran, por lo que no existiría causa que justifique la transferencia, lo que sería causa de nulidad absoluta. Y que si la hubiera, el documento no cumple “con el requisito esencial de contener concesiones recíprocas, siendo posible sostener que hay más bien renuncias de derechos no disputados”. O sea, que el acuerdo carga la balanza a favor de la inmobiliaria, la que obtiene las 210 hectáreas a cambio de prácticamente nada. Otra causal de nulidad.
El CDE también cuestiona los precios a los que se refiere el acuerdo. Como el valor de la compraventa, los usufructos y las servidumbres a favor de Inmobiliaria La Reserva S.A. se fijan en un peso, el informe indica que es otra causal de nulidad absoluta, ya que “no es un precio serio, por lo que puede afirmarse que no existe precio”.
En todo caso, para que el documento se declare nulo, el Tribunal Arbitral que el mismo acuerdo designa debe hacerlo. Pero los “árbitros arbitradores” son el mismo Baeza y el abogado de la inmobiliaria, Gabriel José Vial Vial, y las partes no pueden alegar, una cláusula que el CDE también cuestiona en su informe.
El documento indica que para que el acuerdo se haya llevado a cabo, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina debía aprobarlo a través de su Asamblea de Socios, pero no consta en ningún documento que así haya ocurrido. De hecho, sobre el mismo punto, el informe del CDE señala que el entonces presidente de los canteros, Elías Aravena Villarroel, convocó de manera irregular a una Asamblea el 19 de abril de 2007, y agrega: “Abusando de la ignorancia de los convocados y la confianza depositada en el abogado ‘asesor’, se obtuvo que los asistentes respaldaran en un 100% a la directiva en el cierre y firma final del acuerdo. No se dejó constancia en el acta ni en qué consistía el acuerdo, ni las partes del mismo ni ninguna otra circunstancia que lo hiciera inteligible. La exposición de un ‘posible acuerdo’, como refirió Baeza en la Asamblea, se hizo de modo verbal con planos y se evitó por el entonces presidente del directorio, dejar cualquier constancia escrita de lo aprobado por la Asamblea por razones que hoy se tornan obvias”.
Lo anterior, según el CDE, no sólo constituiría causal de nulidad del acuerdo, sino que además se configuraría el delito de estafa, ya que los canteros habrían sido engañados para llevarlo adelante. De acuerdo a lo que Nicolás Candel denunció en una columna publicada en CIPER, después de firmado el acuerdo Aravena “se fugó” a Casablanca donde construyó una casa y un nuevo taller de piedra.
El informe también dice que lo que se denomina como servidumbres negativas, no existe conceptualmente. Además, como el mismo acuerdo indica, en agosto de 2006 la Corte Suprema dictó sentencia sobre la propiedad de los terrenos en disputa y dijo que las 300 hectáreas eran de los canteros. “La referencia a ese juicio como asunto pendiente no es pertinente”, dice el informe del CDE, y agrega que sobre los otros juicios no se informa ni sobre qué tratan ni en qué estado se encuentran, por lo que no existiría causa que justifique la transferencia, lo que sería causa de nulidad absoluta. Y que si la hubiera, el documento no cumple “con el requisito esencial de contener concesiones recíprocas, siendo posible sostener que hay más bien renuncias de derechos no disputados”. O sea, que el acuerdo carga la balanza a favor de la inmobiliaria, la que obtiene las 210 hectáreas a cambio de prácticamente nada. Otra causal de nulidad. El CDE también cuestiona los precios a los que se refiere el acuerdo. Como el valor de la compraventa, los usufructos y las servidumbres a favor de Inmobiliaria La Reserva S.A. se fijan en un peso, el informe indica que es otra causal de nulidad absoluta, ya que “no es un precio serio, por lo que puede afirmarse que no existe precio”.
En todo caso, para que el documento se declare nulo, el Tribunal Arbitral que el mismo acuerdo designa debe hacerlo. Pero los “árbitros arbitradores” son el mismo Baeza y el abogado de la inmobiliaria, Gabriel José Vial Vial, y las partes no pueden alegar, una cláusula que el CDE también cuestiona en su informe.
QUERELLAS BIEN FUNDADAS
Después de que se firmara el acuerdo y los canteros perdieran el 70% de sus terrenos, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina estableció una querella contra los representantes y directivos de Inmobiliaria La Reserva S.A. y el abogado Álvaro Baeza por estafa, apropiación indebida y prevaricación. Esas acciones legales se fundan, según el informe del CDE, “en la utilización de ardides y engaños por parte de los querellados para obtener la suscripción de 12 escrituras públicas que determinaron la enajenación de 210 hectáreas de terreno superficial que corresponde a pertenencias mineras de propiedad de los querellantes, con el despojo y el perjuicio económico correspondiente”.
El análisis que realizó el departamento jurídico del CDE indica que “en base únicamente a la relación de los hechos de la querella”, pareciera tener buen fundamento jurídico. De ahí que en sus últimos dos párrafos señale que en caso de obtenerse sentencia condenatoria penal, podría darse la posibilidad de solicitar la nulidad, a lo menos relativa, del Acuerdo Marco, lo que permitiría que se volviera al status quo previo a los delitos cometidos.
Sobre la posibilidad de que se declare definitivamente el área como Zona Típica, el informe dice que es necesario otorgarle cierta protección al sector Las Canteras, si es que el CMN lo considera apto para ser declarado como tal. Ello, porque el Acuerdo Marco gestionado por Baeza, a juicio del CDE, “es un acto reñido con la ética por parecer más un despojo que un acto libre y voluntario de disposición de bienes”.
El análisis que realizó el departamento jurídico del CDE indica que “en base únicamente a la relación de los hechos de la querella”, pareciera tener buen fundamento jurídico. De ahí que en sus últimos dos párrafos señale que en caso de obtenerse sentencia condenatoria penal, podría darse la posibilidad de solicitar la nulidad, a lo menos relativa, del Acuerdo Marco, lo que permitiría que se volviera al status quo previo a los delitos cometidos.
Sobre la posibilidad de que se declare definitivamente el área como Zona Típica, el informe dice que es necesario otorgarle cierta protección al sector Las Canteras, si es que el CMN lo considera apto para ser declarado como tal. Ello, porque el Acuerdo Marco gestionado por Baeza, a juicio del CDE, “es un acto reñido con la ética por parecer más un despojo que un acto libre y voluntario de disposición de bienes”.
Publicado originalmente en CIPER (14/2/2012)
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