lunes, 5 de diciembre de 2011

LAS DESCONOCIDAS OPERACIONES DE ANGLO QUE BLOQUEAN EL ACCESO DE CODELCO A LA PROPIEDAD DE LOS BRONCES


 

Nuevos antecedentes apuntan a que Anglo deliberadamente bloqueó el ingreso de Codelco a la propiedad de Los Bronces. Uno: la sociedad clave en la venta del 24,5% de la mina a Mitsubischi, se creó recién en mayo, después de que Codelco informó a Anglo que compraría el 49% de la mina. Dos: los abogados de Anglo, Claro y Cía., tuvieron acceso previo a información privilegiada sobre cómo la estatal financiaría la compra ya que asesoraron a Minmetals cuando Codelco le ofreció asociarse en esa adquisición. La guinda: el senador Carlos Larraín fue director de la mina cuando se vendió en 1977 a Exxon en US$93 millones.

Por Marcela Ramos y Juan Pablo Figueroa


 
“Anglo no quiere a Codelco como socio”. El economista senior del Banco Mundial y dos veces presidente de la minera estatal, Juan Villarzú, ni siquiera titubeó antes de decirlo en una entrevista que dio a CIPER. Para él estaba claro: a pesar del documento que garantiza a Codelco la opción de compra del 49% de Los Bronces, el quinto mayor yacimiento cuprífero del mundo; a su única dueña, la empresa británica Anglo American, no le interesa tenerlo como socio. Y los nuevos antecedentes indican que Villarzú puede estar en lo cierto, que incluso antes de que Codelco anunciara que ejercería esta vez su derecho, la gigante inglesa tenía ya un plan B en curso.

El 13 de octubre Codelco hizo pública su decisión de hacer efectiva esa opción de compra en enero de 2012, el período estipulado por contrato. Adquiriría el paquete accionario en unos US$ 6.750 millones que serían financiados con un préstamo de la empresa japonesa Mitsui. Según ha informado la minera estatal, desde enero de 2011 que Anglo sabía que la decisión de materializar la compra estaba en estudio. De hecho, para que Codelco tomara la decisión, Anglo American Sur S.A. –filial de la inglesa mediante la cual opera Los Bronces– debió hacerle entrega de todos los documentos financieros que le permitieran a Codelco evaluar los riesgos de la operación y fijar un monto a ofertar.

Pero sólo 27 días después, el 9 de noviembre, Anglo le frenó los planes a Codelco: le vendió el 24,5% de sus activos al grupo Mitsubishi, también de Japón, en una transacción millonaria que se realizó en un solo día, aunque estaba preparada desde antes.

Sólo unos meses después de que Codelco le informara por primera vez a Anglo que estudiaba la posibilidad de comprar, el 6 de mayo de 2011 se constituyó en Londres la sociedad que sería clave en el conflicto entre las dos mineras y de la que hasta ahora casi nada se conoce en Chile, sólo su nombre: MC Resource Development Ltd.

Poco más de dos meses después de que se creara esa empresa en Inglaterra, el 29 de julio, Anglo le hizo en Chile una oferta a Codelco para que desistiera de su derecho a comprar. En realidad fueron dos ofertas. La primera calculaba el precio de las acciones que la estatal podía comprar en base a las inversiones hechas por los oferentes con un interés anual. La segunda lo calculaba basándose en las utilidades de Anglo American Sur durante los cinco años previos multiplicado por ocho, más utilidades retenidas. Para Codelco, las dos opciones fueron insuficientes y siguió con su intención de comprar hasta que Anglo la paró en seco el segundo miércoles de noviembre.

Ese día, la minera británica anunció la venta a Mitsubishi de 303.983.890 acciones en US$ 5.390 millones. Aunque en rigor, la que adquirió ese paquete fue MC Resource Development, la nueva filial de la japonesa. Su directorio, compuesto sólo por ejecutivos nipones del grupo Mitsubishi, está conformado por dos vicepresidentes senior de esa empresa, Toru Nambu y Kanji Nishiura; el director de Minera Escondida Ltda., Norikazu Tanaka; el director de Jeco 2 Ltd. –otra empresa del grupo que funciona en el mismo domicilio en Londres–, Norihide Tsutsumi; y los administradores Kota Abe y Hiroshi Nakayama.

Hasta hoy no se sabía ni cuándo fue creada la sociedad en Londres ni la composición de su directorio. Ni siquiera en el contrato de compra de acciones aparecen esos datos. Porque ese documento es incompleto y remite a otro del que sólo quienes lo firmaron conocen los detalles. Por eso, el miércoles Codelco presentó ante el 17º Juzgado Civil de Santiago una medida prejudicial preparatoria en contra de Mitsubishi, un documento que se suma al recurso de protección que ya interpuso la estatal para detener la venta. Porque, les convenga o no a las cuatro mineras involucradas, su guerra ya es materia judicial.


EL SPA, UN CONTRATO OCULTO

Para los abogados que dan vida a este millonario litigio la etapa actual es la del apaleo. Entre hoy y el 1 de enero, cuando empiece la verdadera batalla, cada uno mueve las piezas y se muestra los dientes para preparar una negociación que va a ser dura, pero que debiera darse. Porque ni a Codelco ni a Anglo –menos a Anglo– les conviene que el tema se vaya por el largo e incierto camino legal.

La acción prejudicial que presentaron el miércoles por la mañana los abogados de Codelco tiene un fin claro: que el representante en Chile de MC Resource Development, el abogado del influyente estudio Barros y Errázuriz, Carlos José Ducci, ponga algunos papeles sobre la mesa. Los poderes con que cuenta y las características de la sociedad, entre otros antecedentes. El objetivo de fondo de los representantes de la minera estatal es conocer todos los detalles de la venta que hizo Anglo a Mitsubishi. Quieren demostrar “que tanto Anglo como Mitsubishi sabían que estaban violando el derecho de Codelco”, reveló una fuente a CIPER. O sea, que el origen del acuerdo “es ilícito”, que su objetivo era defraudar a Codelco.

Y si el contrato es ilícito, “se puede anular”.

Para demostrarlo, los abogados de Codelco requieren conocer el contrato inicial donde se plasmó el acuerdo entre Mitsubishi y Anglo. Un contrato oculto sobre el que hasta ahora no se sabe ni cuándo ni dónde fue firmado. De él sólo se conoce su nombre –Share Purchase Agreement (SPA)– y que fue refrendado en Chile el mismo día que la minera británica truncó los planes de compra de Codelco, el pasado 9 de noviembre.

Ese día, en la notaría de Raúl Iván Perry, en el centro de Santiago, los representantes de Anglo American y MC Resource Development firmaron un contrato de compraventa y transferencia de acciones por la suma de US$ 5.390 millones. En 6 páginas se selló la polémica compra del 24,5% de las acciones de Anglo. Una fuente asegura que es la inversión más millonaria que se ha hecho en Chile “en un solo acto”. Y podría tener razón. En la mayoría de los proyectos mineros las sumas envueltas son tan grandes como ésta, pero con plazos de 20, 30 o incluso 100 años para pagar.

CIPER tuvo acceso a ese contrato. Y se trata de un acuerdo bastante curioso. Como dice una persona vinculada a la defensa de Codelco, “lo que se firma en Chile es una apariencia de contrato, una carcasa”.

En el punto tercero del documento se menciona el citado SPA, el contrato madre sobre el que se no se entregan mayores luces, salvo que fue celebrado “en idioma inglés”. “Mediante instrumento privado denominado ‘Share Purchase Agreement’ (Acuerdo de Compra de Acciones) celebrado con esta fecha en idioma inglés entre el Vendedor y el Comprador, en adelante el SPA, el vendedor acordó vender, ceder y transferir al comprador (…) las acciones”.

Tan clave es el SPA, que en el contrato que se firma en Chile se señala que “toda controversia referida a la interpretación, ejecución o validez de este contrato será resuelta según lo establecido en el SPA” (…) Y que en caso de “contradicción, discrepancias o inconsistencias entre este contrato y el SPA, las partes expresamente acuerdan que el SPA prevalecerá por sobre este contrato”.

Que el SPA se ponga sobre la mesa es uno de los primeros objetivos de la defensa de la minera estatal. A través de su acción prejudicial quieren demostrar que el abogado de MC Resource Development, Carlos José Ducci, tenía poderes limitados por parte de Mitsubishi. Es decir, que la venta “se hizo sin que existan en Chile apoderados suficientes para poder discutir este asunto en los tribunales chilenos”. Para Codelco este sería otro antecedente más en el ilícito que da origen al acuerdo.

Carlos José Ducci es abogado del estudio Barros y Errázuriz, los mismos abogados que asesoraron al Presidente Piñera en la venta de sus acciones de Lan y que fueron asesores de La Polar hasta marzo de 2011. Aunque ese estudio jurídico no es el único que se ha visto salpicado en el conflicto por Los Bronces.


LA NOMINACIÓN QUE SE CAYÓ


Si el 16 de noviembre el Senado ratificó a la ex ministra de Defensa Vivianne Blanlot y al abogado José Luis Santa María como nuevos miembros del Consejo para la Transparencia, fue sólo porque los nombres que el gobierno propuso en un principio fueron polémicos y descartados. Después de que el Presidente Sebastián Piñera no renovara en sus cargos al presidente de esa instancia, Raúl Urrutia, y al consejero Juan Pablo Olmedo, luego de unos fallos contrarios a los intereses de La Moneda, los posibles reemplazantes que barajó el gobierno fueron los abogados y académicos Samuel Donoso Boassi (PPD), propuesto por la Concertación; y José María Eyzaguirre García de la Huerta (RN), por la Alianza. Pero ninguno de esos nombres duró mucho en carrera.

El primero en bajarse fue Donoso, el 5 de noviembre. La crítica transversal por haber participado como querellante en el caso Spiniak y litigante en el caso MOP-Gate, le pasó la cuenta. Quedaba entonces en carrera solo Eyzaguirre, aunque también era blanco de críticas por haber asumido la defensa de Augusto Pinochet cuando volvió de Londres. A pesar de ello, su partido le ratificó su apoyo dos veces antes de que súbitamente, renunciara a la nominación al Consejo por medio de una carta a Piñera:

“Considerando que diversos requerimientos se encuentran paralizados por la ausencia de un consenso político, es que he decidido declinar mi postulación, dejando de este modo a S.E. en absoluta libertad para formular una nueva proposición”, decía en su carta.

Pero lo cierto, es que nada tenía que ver la falta de consenso político en su declinación. Porque su carta la envió justo el día después del anuncio de la venta del 24.5% de Anglo Sur a Mitsubishi, el 10 de noviembre. ¿Qué relación hay entre su renuncia y la movida abrupta de Anglo? Que el influyente estudio jurídico donde Eyzaguirre es socio, Claro y Cía., está encargado de representar a la minera inglesa. Y que en la defensa de los intereses de Anglo, el entonces abogado nominado al Consejo habría incurrido en conflicto de intereses al presumiblemente utilizar información privilegiada a la que tuvo acceso al asesorar previamente a uno de los posibles financistas de Codelco para esa misma operación.

Hasta poco antes de que Codelco cerrara con Mitsui el préstamo para ejercer su opción de compra de Los Bronces, la minera del Estado mantuvo negociaciones con la empresa china Minmetals. Entre los negocios incluidos en esa negociación, estaba la compra del 49% de las acciones de Anglo American Sur. Los abogados en Chile que asesoraban a la compañía china Minmetals eran Claro y Cía., donde Eyzaguirre y dos de sus hijos son socios. Todos los contactos que tuvieron ambas empresas fueron bajo un acuerdo de confidencialidad. En su rol de asesores los abogados conocieron antecedentes reservados y relevantes, pues según ejecutivos de Codelco que participaron en ese proceso, una parte de esa gran operación era la compra de Los Bronces. El problema fue que días después los abogados de Minmetals pasaron a ser asesores de Anglo.

Al mismo tiempo que Codelco presentaba la acción prejudicial, Anglo entregaba un extenso informe para interponer un recurso de protección contra Codelco y el gobierno, por “intentar perpetrar un acto brutal de abuso de poder en contra de una empresa extranjera respetuosa del derecho”. CIPER también tuvo acceso a ese documento. El texto es patrocinado por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, hijo del ex nominado al Consejo para la Transparencia y también socio en Claro y Cía. Allí, Anglo justifica su posición diciendo que su contrato con Codelco “sólo puede ejercerse dentro de los treinta días siguientes al primero de enero, esto es, a partir del 2 de enero de 2012 y no de otra manera; y más relevante aun, el mismo contrato expresamente estipula que una operación como la anunciada sólo podría realizarse en la medida que mi representada no haya enajenado con anterioridad todo o parte de ese 49%”.


LAS AMENAZAS PARA ENERO

En Codelco aseguran estar tranquilos, pues ven que el escenario es mucho más complejo para Anglo que para ellos. Como dice una fuente de la minera estatal, “Codelco no arriesga nada de su plan de expansión ni de sus negocios habituales. Codelco está luchando por una oportunidad de un nuevo negocio, a diferencia de Anglo, que podría perder una parte importante de sus inversiones en Chile. O sea, la posición en la que entran a este pleito es totalmente distinta”.

La misma fuente grafica el complejo escenario que espera Anglo imaginando una nota en sus estados financieros. Un párrafo donde Anglo tiene que reconocer ante sus accionistas “que tiene una contingencia judicial que puede implicar perder el control de la compañía” en Chile. Es decir, “una embarrada de proporciones mayúsculas”. Y eso, durante todo el tiempo que se extienda el juicio.

Un juicio como éste puede durar entre 2 y 5 años. Y los abogados de Codelco están barajando solicitar medidas complejas para Anglo. Como que se nombre un interventor y se congele, por ejemplo, la distribución de dividendos para sus accionistas. Así lo reconoció a CIPER una fuente cercana a la defensa de Codelco. “Como vamos a pelear por las acciones, yo necesito que mientras se tramite el juicio, por ejemplo, éstas no se vendan y no se distribuyan los beneficios que se obtienen a través de ellas, que son los dividendos. Estamos hablando de las acciones objeto de la acción judicial, es decir, del 49%. De esta manera uno puede generar una incomodidad para Anglo no menor”, afirmó.



LA OTRA VENTA BAJO LA LUPA

El millonario conflicto económico y político que encierra la batalla por Los Bronces (Anglo American Sur), ha sepultado por ahora la necesaria revisión que emerge de la extraña venta que hizo el Estado de Chile de la mina en disputa a la compañía petrolera estadounidense Exxon, a fines del año 1977. Una venta que se decidió en el directorio Nº 467 de la empresa estatal ENAMI (Empresa Nacional de Minería) realizado el 26 de diciembre de 1977 y por la irrisoria suma de US$ 93 millones.

No sólo resulta extraña la fecha de la decisión, el 26 de diciembre, día después de la Navidad en que las actividades estatales funcionan por lo general a media máquina. También el precio. Exxon vendería más tarde la mina Disputada a Anglo American en US$1.300 millones. Para los expertos, la cláusula que se dejó estampada en el contrato de venta a Exxon, y que estipula el derecho a compra por parte de Codelco del 49% de la mina durante enero y cada tres años, y que rige desde entonces, es la prueba más explicita de que el precio de venta fue casi un regalo de Navidad para Exxon y otros.

A pesar de la intensa búsqueda que realizó CIPER para ubicar el documento y revisar sus contenidos e identificar a sus firmantes, éste no fue posible. Pero en documentos anexos se pueden rastrear algunos datos interesantes de esa venta. Como por ejemplo, que el actual senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Peña, fue uno de los actores principales de ese negocio redondo para Exxon en su calidad de director de la entonces estatal Compañía Minera Disputada de Las Condes (hoy Anglo American Sur).

CIPER le consultó al senador Larraín por los detalles de la operación. “No recuerdo nada. Fue hace mucho tiempo”, fue la escueta respuesta del parlamentario quien en esa época se dedicaba a asesorar como abogado a empresas extranjeras, principalmente mineras y estadounidenses.

El monto de la operación, que fue registrada el 24 de enero de 1978 ante el notario Patricio Zaldívar, surge de una de las memorias de ENAMI de mayo de 1979 donde bajo el título de “Juicio en Tribunal Arbitral” se da cuenta de lo siguiente: “El grupo financiero Peñarroya, antiguos accionistas mayoritarios de la Compañía Minera Disputada de Las Condes S.A. ha interpuesto una demanda contra la empresa, con motivo de la compra de acciones que ellos poseían de esa sociedad anónima, efectuada por ENAMI, en 1973, y de la posterior venta de ese paquete de acciones realizada por ENAMI a la firma Exxon Minerals Chile Inc., en el año 1978. El monto reclamado es de aproximadamente US$ 93 millones de dólares, valor total del precio de venta del paquete de acciones”.

¿Cuánto le costó al Estado chileno ese juicio con el grupo francés Peñarroya? No hay registro del fin del juicio. Cómo tampoco de por qué la entonces Junta de Gobierno autorizó la garantía y gestión estatal para millonarios créditos que se adquirieron en el extranjero para invertir en la compañía minera Disputada a sabiendas de que se estaba vendiendo en esos precisos días a Exxon.

* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.



Publicado originalmente en CIPER (2/12/2011)

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