viernes, 26 de agosto de 2011

10 PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN CHILE

Hace un par de semanas, la revista latinoamericana Distintas Latitudes me encargó un texto que explicara al lector extranjero el conflicto estudiantil en Chile. Ese texto daría inicio a un convenio de de colaboración entre esa revista y el sitio web mexicano Animal Político. Entonces escribí sobre la inequidad, los costos de estudiar en Chile y, entre otras cosas, cómo el lucro afecta a la población en uno de los países donde el futuro de la gente se define de acuerdo a qué tan pudiente sea la cuna donde le tocó nacer. Estos son los 10 puntos clave que, a mi juicio, explican por qué la sociedad chilena no aguantó más y salió a las calles.



Cuando el 19 de julio el presidente chileno Sebastián Piñera dijo que la educación es “un bien de consumo”, demostró que poco entiende de lo que está pasando en su país. Hasta hace poco, incluso desde la Casa Blanca, se alababa el modelo chileno, ese que se hizo tan famoso con el mediático rescate de los 33 mineros atrapados en 2010. The chilean way, lo denominaron, y Piñera lo promovió en una gira mundial con un papelito en cada reunión y pedazos de piedras de la mina San José para cada uno de sus anfitriones. Pero precisamente la base de ese modelo es la raíz del movimiento social que hoy tiene en jaque al gobierno de Piñera y también el primer punto clave a entender: en Chile, la educación es un mercado.

En un informe emitido en abril de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) situó a Chile como el país con mayor inequidad social entre los 34 que componen la organización. La economía ha crecido y puede ser una de las más estables en la región, pero la población chilena sigue siendo una de las más desiguales del planeta. El 20% más rico gana 15,7 veces más que el 20% más pobre. Varios estudios dicen que mientras los más pudientes tienen una situación de bienestar como en Noruega, los de menos ingresos viven como si estuvieran en el Congo. Esa es, al final, la ecuación que lo determina todo: dónde te atenderás si estás enfermo, dónde vivirás, dónde estudiarás y dónde trabajarás. De eso depende lo que podrás darle a tu familia. Es un círculo vicioso. Aunque la educación primaria y secundaria en Chile es un derecho garantizado por la Constitución, en la práctica todo se define según cuál haya sido tu cuna. O por cuánto dinero haya en ella. Ese es el segundo punto clave; eso es lo que los estudiantes quieren acabar.

Todos los años, los alumnos de educación primaria y secundaria rinden un examen a nivel nacional que mide los niveles de educación en los distintos establecimientos del país, el SIMCE. Allí radica un tercer punto clave. El resultado siempre es el mismo: mientras que los estudiantes de colegios privados obtienen los mejores puntajes, los alumnos de escuelas particulares subvencionadas (de financiamiento mixto) y municipales (públicos) figuran al fondo de la tabla. Eso significa que mientras los primeros van acorde a su nivel de desarrollo, los segundos presentan desfases de hasta dos o tres años. Son niños que pasan cursos sin saber leer ni escribir ni sumar ni multiplicar ni dividir. Si están en uno o en otro depende sólo de cuánto pueden pagar sus padres. Y todos ellos son finalmente parte de la misma competencia, aunque con distintas posibilidades de éxito.
Para ingresar a la educación superior, todos los egresados rinden la Prueba de Selección Universitaria (PSU) al final de cada año escolar. La prueba es la misma, independiente de cuál haya sido el tipo de educación. Según el puntaje que obtengan, pueden “elegir” carrera y establecimiento. Pero lo cierto es que todo se define en una relación de precio/calidad. Las universidades públicas generalmente captan los mejores puntajes y la mejor puntuación depende exclusivamente de cuánto se invirtió en la educación de cada persona. Si tu familia tuvo los US$ 420 que cuesta en promedio por alumno cada mes de educación en un buen colegio particular, sacarás un mejor puntaje y podrás ingresar a una de las mejores universidades públicas, que resultan ser las más baratas. Si no tuviste tanta suerte y estudiaste en una escuela pública, sólo te queda ingresar a una universidad privada donde los requisitos académicos son menores y el costo mucho mayor. Y el 65% de los chilenos gana menos de dos sueldos mínimos mensuales, o sea, menos de US$ 725. En promedio, estudiar una carrera en Chile cuesta unos US$ 4.200 al año sin contar materiales, matrícula ni costos de alimentación y transporte. Al menos en lo económico ya no hay diferencia entre educación pública o privada, ya que los aranceles están equiparados y cada año suben. Allí está el cuarto punto clave: como las familias y los estudiantes son los principales encargados de financiar su educación (costean hasta el 90% del valor), la gran mayoría de los chilenos está condenada a vivir endeudada por estudiar.

La banca ha sido una de las grandes beneficiadas con el sistema educacional chileno. Para pagar las altas mensualidades, las familias deben obtener créditos. Las tasas de interés varían según cada universidad y cada banco, pero suelen ser altísimas. También existe, desde finales del gobierno de Ricardo Lagos, el crédito con aval de Estado, el que funciona como garante. Ese mecanismo aumentó en los últimos años, especialmente después de que en 2006 los estudiantes se movilizaran por primera vez, pero no ha cambiado la situación y los egresados siguen estando endeudados. A mayo de este año había al menos unos 110 mil deudores morosos. Esa cifra no incluye a los deudores de créditos con la banca. Si se consideraran, se hablaría no de miles, sino que de millones.

El quinto punto clave tiene que ver con la calidad de la educación. Esa relación de precio/calidad que define el acceso a la educación superior no se mantiene en las universidades. Que se pague más no implica que se recibirá una mejor educación. Para que una universidad funcione debe estar acreditada ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Pero el sistema ha fallado, al punto de que sólo una de cada cuatro carreras que se imparten en los planteles particulares más grandes está acreditada. Hay una discusión sobre los factores que confluyen en ese resultado: mala calidad o simplemente la negativa de las instituciones a someterse a un nuevo sistema. Puede ser también porque en definitiva, se acreditan entre ellas mismas. Sea como sea, lo cierto es que la calidad de la educación que se está impartiendo está en tela de juicio. Universidades que apenan invierten en investigación, donde la calidad docente es baja, con enorme infraestructura que funciona sólo para tener más alumnos, pero no entregarles mejor educación, y con costos elevadísimos. Y allí aparece un sexto punto clave: la lógica con la que se maneja el sistema es, más que cualquier otra cosa, comercial.

Uno de los principales puntos que los estudiantes exigen es el fin del lucro en la educación. En Chile la educación es un muy lucrativo negocio, a pesar de que la ley les exija a todas las instituciones educacionales que sean fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. En varios casos –si no la mayoría- los directores de las mismas han creado inmobiliarias a través de las cuales desvían su capital hacia sociedades anónimas, arrendándole los edificios a sus propias universidades. También hay grupos económicos que tienen polos de inversión en colegios y establecimientos de educación superior y otras que han visto como una alternativa convertirse en fondos de inversiones. Mientras no existe una garantía del nivel de educación que se recibe, los dueños de las universidades se han hecho millonarios. Por eso fue que Piñera cambió hace sólo unas semanas al ministro de Educación. Joaquín Lavín por más de 20 años fue miembro de ese grupo de empresarios que fundó una universidad privada y que a través de una sociedad anónima inmobiliaria obtuvo ganancias. Aunque se desvinculó de las sociedades que lo unían a la Universidad del Desarrollo antes de asumir el cargo, su credibilidad ante la ciudadanía para manejar el conflicto se fue en picada. Sobre todo después de que el gobierno presentara su propuesta G.A.N.E. (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) en la que, en vez de tomar el rechazo de los estudiantes al lucro, proponía modificar la normativa para permitirlo, transparentarlo y en definitiva, institucionalizarlo.

Con la propuesta, aparece un sexto punto clave. Además de considerar la educación con un fin lucrativo, la propuesta del gobierno siguió por el mismo camino que partió en dictadura y que durante los 20 años que estuvo la Concertación en el poder no cambió. En vez de buscar los mecanismos para volver a una educación gratuita, como exigen los estudiantes, se propusieron paquetes económicos para paliar el gasto familiar, pero el sistema seguiría siendo el mismo. Por supuesto, los estudiantes lo rechazaron. Fue entonces que se recrudeció el movimiento.
Durante tres meses la mayoría de los colegios públicos y universidades han estado en paro o en tomas y algunos alumnos han pasado varias semanas en huelga de hambre. Lo que partió como una demanda de los jóvenes, se ha convertido en el mayor y más poderoso movimiento social de las últimas décadas. Cada vez que se llama a una marcha, son alrededor de 150.000 personas las que se mueven en todo el país. Eso, en una nación de 17 millones de habitantes, es mucho. Todos los puntos confluyeron para que el octavo exista: el movimiento es transversal. Actualmente existe un consenso más bien amplio sobre que la educación debe ser un derecho constitucional garantizado por el Estado. La discusión hoy se centra en cómo hacerlo. Para definirlo, los estudiantes solicitan un plebiscito que el gobierno y la clase dirigente se ha empecinado en obstruir. Porque allí hay un noveno punto clave que, si bien no tiene que ver estrictamente con la educación, está muy ligado al cómo se hacen las políticas en Chile.

La población no se siente representada por los políticos. En las últimas encuestas, el apoyo al gobierno de Piñera ha caído estrepitosamente hasta los niveles más bajos desde el retorno a la democracia. Pero no existe una alternativa y a todos le han llegado golpes por igual. La Concertación no ha sabido capitalizar los fracasos del gobierno y si no está al mismo nivel, el rechazo es aún mayor. Eso se ha acrecentado con la escasa autocrítica de los ex presidentes, al punto que Michelle Bachelet, quizás la figura con mayor aprobación en la política nacional, no se ha pronunciado ni una sola vez desde que comenzó el conflicto en mayo.

El último punto clave que habría que entender es que aún se ve lejano el final del conflicto. Cada día aparece una nueva convocatoria a marchar y los noticiarios siguen mostrando los enfrentamientos de policías y jóvenes encapuchados que queman autos, tiendas y destruyen todo a su paso. Pero esos son sólo unos pocos que se aprovechan del pánico. Incluso los manifestantes se han enfrentado a ellos para que no desvirtúen el movimiento. Queda ver si la Iglesia Católica va a poder funcionar como mediadora y si el gobierno da el paso que permita un plebiscito. Se ve difícil: ambas partes están reacias a negociar. Queda esperar que la demanda de una educación gratuita y de calidad para Chile sea en algún momento una realidad.

Una versión de este texto fue publicado en Animal Político (25/8/2011)

2 comentarios:

Sergio dijo...

Juan Pablo, just ayer, estaba explicándoles a unos amigos lo que estaba ocurriendo en Chile, y se quedaron con la boca abierta, es algo desconocido para el resto del mundo, pero poco a poco y gracias a algunos medios (como el tuyo) se está sabiendo la verdad.

Me ha parecido un artículo excelente, sigue así, eres un grande.

Un abrazo desde África!

El HeRmAnO JuAnErO.-.- dijo...

Muchas gracias, hermano!!