Hasta el viernes pasado, cuando lo mataron, a Adelino Ramos lo conocían en Porto Velho como Dinho. Él era el presidente del Movimiento Campesino de Corumbiará y como líder del grupo que defiende a los agricultores frente a la explotación de la selva, que su muerte haya sido bajo las ráfagas de un arma de fuego no es algo que extrañe, o al menos no tanto. Según indica el diario español El País, Dinho ya había sobrevivido en 1995 a un primer encuentro con las balas. Lo que ocurrió ese día y terminó con 12 muertos –entre ellos campesinos, sus mujeres y sus niños–, fue después conocido como la masacre de Corumbiará. De esa, Dinho zafó. Pero sólo hasta el viernes, cuando unos tipos pasaron frente a él y le dispararon desde una moto.
En los últimos meses, Dinho venía denunciando la explotación ilegal maderera de varias hectáreas de selva amazónica y exigía la instalación de un campamento para los campesinos que han sido desplazados. Por eso no resulta raro que lo hayan matado. De hecho, desde hacía varios años que estaba amenazado. Pero lo de Dinho no fue un caso aislado y pareciera que la violencia en el Amazonas está recrudeciendo. Tres días antes de su muerte, una pareja de ambientalistas fue asesinada a tiros en el estado de Pará. Sus nombres eran José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo, ex líderes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Y como lo consigna el sitio web del noticiario colombiano NTN24, el sábado apareció el cuerpo de otro campesino con su cabeza baleada. En sólo una semana ya son cuatro los muertos.
Lo que viene ocurriendo en el Amazonas es alarmante. Hace diez días el gobierno brasileño recibió un informe que constató a través de imágenes satelitales que en los últimos meses la deforestación ha aumentado en un 27%. Eso significa que en sólo 9 meses, casi 1.850 kilómetros cuadrados han sido deforestados. Esto llevó a la administración de Dilma Rousseff a tomar medidas que incluso contemplan la movilización del Ejército. Puede que sea en efecto por los altos niveles de destrucción que está sufriendo la selva o porque antes se le ha criticado por defender enormes proyectos de alto impacto en el medioambiente. De hecho, uno de los principales planes de desarrollo de su gobierno es la construcción de dos represas en el Amazonas. En marzo pasado, la violencia que se generó entre opositores y los que apoyan el proyecto terminó en la paralización de la construcción de la central hidroeléctrica Jirau y hace sólo una semana organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la ONU a la empresa que construye la represa Belo Monte –Grupo Norte Energía S.A.– por haber intimidado a fiscales que cuestionan el emprendimiento por amenazar el hábitat de los indígenas. En abril pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado al gobierno brasileño la suspensión de la construcción de Belo Monte, lo que significó que Brasil retirara la postulación de su ex ministro Paulo Vannuchi para integrar dicha organización.
Sea como sea, Rousseff tiene claro que Brasil tiene una imagen que defender. Izabella Teoxeira, ministra de Medio Ambiente de Brasil, dijo: “La determinación de mi Gobierno es atajar con todos los medios a nuestra disposición la destrucción de la Amazonia. Pondremos a actuar hasta al Ejército. Todo el Gobierno federal va a estar concentrado en el combate contra el crimen ambiental”.
Lo paradójico es que sólo unos días después el Congreso brasileño aprobó una reforma al Código Forestal de ese país, ampliando las áreas cultivables, reduciendo las protegidas y otorgando impunidad para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la vegetación hasta 2008. Todo esto se suma al plan que se anunció a fines de 2010 para expandir las áreas disponibles para las concesiones madereras en el Amazonas. Una nota publicada en el sitio web Articulo.org indica que el año pasado el estado brasileño puso un millón de hectáreas a disposición de concesiones forestales, esperando que aumente a 11 millones en cinco años. Con este plan, en algunos años hasta el 10% de 280 millones de hectáreas de bosques públicos podrían ser gestionadas por empresas forestales.
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