miércoles, 4 de mayo de 2011

LA BOMBA QUE LE EXPLOTÓ EN LAS MANOS AL MINISTERIO PÚBLICO


Lo que pasó ese fin de semana del 15 de agosto de 2010 fue rápidamente catalogado por el Presidente Sebastián Piñera como “un golpe que refleja el espíritu del gobierno”. Para el mandatario, la detención de esas 14 personas, todas acusadas de participar en al menos 23 atentados con bombas en distintos lugares de Santiago, era el ejemplo más claro de cómo su administración se paraba frente a la delincuencia: “con todo el rigor de la ley”. Así, el discurso público hacía del Caso Bombas un emblema, de los detenidos unos terroristas y del fiscal Alejandro Peña un aliado privilegiado.
 
Días después, luego de una formalización que duró 16 horas, se determinó que el plazo para investigar sería de seis meses y que ocho de los acusados quedarían en prisión preventiva. El programa de TVN Informe Especial, que siguió el proceso junto al Ministerio Público, mostró en pantalla ese mismo día las pruebas que el equipo comandado por el (ahora ex) fiscal Peña había obtenido para inculpar a los sospechosos y que lo llevarían más adelante a solicitar para algunos el presidio perpetuo.
Pero al poco tiempo, como lo mostró un reportaje publicado en The Clinic el 15 de septiembre del año pasado, las dudas ya cubrían toda la investigación. Desde entonces hay quienes acusan que detrás del trabajo del Ministerio Público hay –como ayer denunció el diputado Hugo Gutiérrez– un montaje.
La Defensora Nacional, Paula Vial, se refirió a esas “pruebas” en su columna titulada La carne es débil, publicada la semana pasada en el sitio web de la Defensoría Penal Pública:
“Necesitamos superar el impulso de pavimentar el camino hacia la realidad desde la quimera dorada de una evidencia que pretende, en la acusación de la fiscalía, atribuir actividad terrorista por poseer discos de Los Ramones, literatura que incluye UN libro titulado “Severino di Giovanni”, 1 folleto con la leyenda “ni intelectualismo, ni estupidez”, 9 libros de temática socialista, 1 libro titulado “Los mapuches ante la justicia”, 3 libros de distintos autores y temas” (¿?¿¿¿, sí, sic), una copia del dvd La Batalla de Chile, una boleta Museo del Prado”.
Ya se había cumplido el plazo, y como la investigación de la Fiscalía Sur no acababa, a mediados de marzo se los volvió a formalizar a todos por asociación ilícita terrorista y por supuestamente colocar 29 artefactos explosivos e incendiarios en la capital desde el año 2005. Para esa altura, los que estaban en prisión ya llevaban allí siete meses sólo por ser sospechosos. Para exigir la realización de su juicio en “un plazo razonable”, los ocho comenzaron una huelga de hambre. Su huelga duraría más de dos meses, hasta que se constituyó una mesa de diálogo para establecer ciertas garantías.
De todo eso, hoy prácticamente no queda nada.
Los últimos días han sido clave para el caso emblemático de la administración Piñera. Desde que se constituyera la mesa de diálogo, los huelguistas depusieron su manifestación y a tres imputados se les conmutó la prisión preventiva por arresto domiciliario. Luego, se presentó una denuncia contra la Fiscalía por destrucción de evidencia y apareció la denuncia de un supuesto informante a sueldo para la Policía de Investigaciones. También se han desestimado más de mil pruebas presentadas por la fiscalía. Y esta mañana, dos días después de que comenzara la preparación para el juicio oral que tendrá lugar a mediados de año, se desecharon otras 130 al mismo tiempo que se cuestionaba el trabajo del ex fiscal Peña.
Hoy una crónica publicada por La Tercera da cuenta de los duros cuestionamientos del juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés, quien acusó a la Fiscalía Sur de sustentar “argumentos de cuarta categoría y sociología barata” y sobreseyó a uno de los ocupas acusados. De todo esto, el abogado de la defensa se burló:
-Quería probar la existencia de una asociación ilícita terrorista con una pistola plástica, porque por lo demás tenemos que recordar que esta asociación ilícita que es terrorista por lo demás no tiene ningún arma –dijo el abogado Rodrigo Román.
Aún queda para que todo llegue a su fin. Pero pareciera que al Ministerio Público, antes incluso de que comience el juicio, el caso bombas le explotó en las manos.

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