Después de Fukushima parece insensato que el gobierno haya firmado con Estados Unidos acuerdos de cooperación nuclear. Pero Piñera ha sido sólo el continuador de una política de exploración para generar energía nuclear en Chile. En el proceso se han hecho estudios reservados y se han firmado acuerdos internacionales. Todo bajo la atenta mirada de EE. UU. Y se entiende. Chile es el mayor productor mundial de litio, un elemento considerado como de “seguridad nuclear”. Aunque no está claro si el país tendrá o no un plan nuclear, los estudios ya están avanzados. Pero sólo unos pocos están al tanto.
No fue un momento propicio. Porque cuando el pasado 18 de marzo el gobierno de Sebastián Piñera firmó el acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos (EE.UU.), en el mundo sólo se hablaba del desastre de Fukushima. Ocho días antes, especialmente para Chile, Japón era considerado un modelo en cuanto al uso de energía nuclear: si el miedo a construir plantas de energía atómica se basaba en gran parte a que Chile es un territorio sísmico, Japón era un ejemplo de cómo superar exitosamente ese problema. Pero el 11 de marzo todo cambió. Los graves daños en los reactores de Fukushima tras el terremoto y el tsunami, que aún no se han podido reparar, despertaron nuevamente todos los temores sobre los peligros de producir energía con material radioactivo no sólo en Chile, sino que a nivel global.
De ahí que la firma del acuerdo sólo unos días antes de la visita oficial del Presidente estadounidense, Barack Obama, generara tanta oposición. Incluso el ex Presidente Ricardo Lagos, que antes apoyaba la exploración de la energía nuclear como solución a la dependencia energética que tiene el país, en una entrevista con radio Cooperativa ese mismo día se mostró completamente en contra. Pero la consideración de las fuentes nucleares para alimentar la matriz energética en Chile, como lo demuestra una serie de cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, no es una opción exclusiva de la administración de Piñera.
Un par de meses antes de las elecciones de 2009, el cable Nº 239.181 indicaba que los tres principales candidatos –Piñera, Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami– coincidían en varios puntos de sus propuestas energéticas: la diversificación de la matriz, sacar provecho de las abundantes fuentes renovables, asegurar las necesidades de energía para un crecimiento continuo, mejorar la eficiencia energética y expandir los servicios a áreas marginadas y rurales. “La opción de la energía nuclear no ha sido descartada por ninguno y todos al menos apoyan profundizar los estudios sobre el tema”, decía el documento.
En todo caso, profundizar la investigación sobre las fuentes nucleares tampoco era una propuesta nueva. Desde hace años que Chile ha estado explorando la viabilidad de desarrollar energía nuclear. El proceso ha significado firmar y romper acuerdos, realizar estudios secretos y buscar ayuda internacional para articular una real política energética para Chile. Lo que ha hecho Piñera no es más que darle continuidad a una política que comenzó la Concertación cuando la Presidenta Michelle Bachelet decidió romper un acuerdo. La promesa rota de la Presidenta
Bachelet llevaba sólo seis meses en su cargo y se resistía a romper su promesa de campaña. En ese momento, con el peso de las protestas estudiantiles a cuestas, entraba de lleno al período más difícil de su gobierno. Por eso, quebrar el compromiso que adquirió con las organizaciones ecologistas cuando aún era candidata y firmó un acuerdo para no incluir la opción nuclear en sus políticas energéticas, le podía abrir un flanco que por entonces parecía inconveniente.
La situación energética en esa época era crítica. El cable Nº 77.356, emitido por la embajada de EE.UU. en Santiago en septiembre de 2006, señala que en materia de energía “sólo ha habido malas noticias”. El documento firmado por el entonces embajador Craig Kelly, se refería a los cambios unilaterales por parte de Argentina en el precio del gas, a los repentinos cortes en el suministro y al constante aumento en los valores mundiales del petróleo. Lo anterior amenazaba no sólo a la demanda de energía de la población, sino que principalmente al núcleo de la economía chilena: mientras que el consumo de los hogares estaba garantizado, para evitar las paralizaciones en la producción, las industrias habían comenzado a suplir la carencia del gas con diesel y carbón, más caros y contaminantes.
Al mismo tiempo que el gobierno intentaba atraer inversionistas extranjeros al sector eléctrico, para “poner su propio sello” en política energética, Bachelet creaba un comité interministerial para evaluar la opción de nuevas fuentes de energía, aunque el éxito de la iniciativa se veía complicado. El cable indica que el comité se encontraba en su etapa inicial y que su primera misión era identificar los terrenos estatales para el desarrollo de biocombustibles. Pero también decía: “No existen mecanismos legales en Chile para que el sector privado administre terrenos mientras aún permanecen en manos del GOC (Gobierno de Chile)”. Para que la opción de los biocombustibles llegara a ser viable, el gobierno aún debía superar su propia burocracia.
Frente a ese escenario, el compromiso de campaña de Bachelet era visto incluso en sus mismas filas como una limitante. El 21 de agosto de ese año, en una reunión entre los presidentes de los partidos de la Concertación y los ministros de Interior, Justicia, Vivienda, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia, se expresaron las dudas con respecto a la viabilidad del plan energético del gobierno y se propuso el inicio de estudios técnicos para evaluar la posibilidad de desarrollar energía nuclear en Chile. Los ex presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei pronto se sumaron a los que apoyaban la idea.
El documento diplomático termina diciendo que un plan nuclear no demoraría menos de 10 años en desarrollarse, que los estudios técnicos costarían entre dos y tres millones de dólares y que “lo único seguro es que, si Chile decidiera construir una planta nuclear, se localizaría en Taltal, en la norteña región de Antofagasta”.
Aunque Bachelet ya había firmado un acuerdo con Brasil para la cooperación en usos pacíficos de energía nuclear, su discurso público seguía siendo que esa fuente no era una opción en el país. Pero en lo privado, la Mandataria poco a poco se abría a la alternativa nuclear como una posibilidad para diversificar la matriz energética en Chile. El proceso sería seguido con mucho interés desde Washington.
Estudio de consumo privado
En el gobierno el debate ya estaba instalado. Pero cuando la entonces ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, se reunió en diciembre de 2006 con el embajador Kelly, le confirmó que la postura de la Presidenta aún era la misma: “No iría por lo nuclear” durante su administración.
-Más allá de las consideraciones políticas y sociales, permanece el miedo a los accidentes causados por la falta de estándares de mantención en el largo plazo como también por el potencial impacto que pueda tener algún terremoto en las instalaciones –dice el cable Nº 92.864.
El lobby para llevar adelante un plan nuclear en el país ya había comenzado. Para la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), la institución encargada por ley de asesorar al gobierno y regular todo lo relativo a lo nuclear en Chile, era una prioridad demostrarle a Bachelet que ese tipo de energía iba en línea con los movimientos medioambientales. Para ello, el gobierno ya les había hecho entrega de “un fondo no especificado” para comenzar un estudio de tres años sobre las plantas generadoras de energía nuclear. La investigación no sólo pretendía analizar los costos y beneficios de construir una en Chile y el manejo de los residuos radioactivos, sino también evaluar su impacto ambiental y “sensibilizar a la administración de Bachelet y a su sucesor sobre la necesidad de reevaluar la energía nuclear en el corto plazo”. Como la misma CChEN reconoció que no había suficiente personal calificado en el país, se planeaba contratar consultores de Brasil y Argentina que asistieran en el proyecto.
Según el cable, debido a la renuencia de Bachelet para contradecir su promesa de campaña, se determinó que los detalles del estudio “no son para el consumo público”. Poco después, en abril de 2007, el entonces embajador chileno en EE.UU., Mariano Fernández, se comunicó con Craig Kelly para coordinar una visita del canciller Alejandro Foxley a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. En la conversación, Fernández se refirió al estudio encargado a la CChEN. El cable Nº 103.707 detalla lo que se habló en ese contacto. Allí, Fernández dijo que Chile “agradecería la asistencia de EE.UU. para preparar el informe”.
Mientras que el gobierno contemplaba la opción nuclear y la ciudadanía seguía escuchando el discurso oficial que negaba esa posibilidad al menos hasta que Bachelet dejara el cargo, Washington se comprometía a colaborar en un área que siempre ha sido clave en sus intereses. Sólo unos meses antes de que EE.UU. se enfrascara en un intenso lobby para salvar la inversión norteamericana en la termoeléctrica Campiche, la solicitud de ayuda le abría las puertas al gobierno de George W. Bush para explorar un nuevo mercado en un país donde, según un reporte diplomático posterior, pareciera no existir una política energética.
“No es negocio para amateurs”
En septiembre de 2007, la CChEN entregó su informe sobre la opción núcleo-eléctrica en Chile. Allí concluía que no se podía “descartar la energía nuclear como una opción energética futura para el país”. Aunque el estudio no fue publicado, al poco tiempo las organizaciones que habían firmado el acuerdo con Bachelet se enteraron de que el “monto no especificado” destinado a la investigación en materia nuclear aparecía en el Presupuesto para 2008. La suma se alzaba a los US$ 2.000.000. En mayo de 2008, El Ciudadano consignó que las organizaciones medioambientales le quitaban oficialmente el apoyo al gobierno.
Ese año había partido con un pronóstico energético “sombrío” para el país. El cable Nº 140.461, enviado en febrero de 2008 por el entonces embajador estadounidense, Paul Simons, dice que la matriz chilena está dominada por hidro y termoeléctricas con una capacidad de reserva limitada, y que mientras las primeras funcionaban al mínimo por los bajos niveles de agua, las segundas habían debido cambiar su infraestructura al diesel y el carbón por los cortes en el suministro de gas argentino. También señala que las medidas adoptadas por el gobierno para reducir el consumo parecían ser la única solución a corto plazo, pero que no serían suficientes por sí solas para cambiar la ecuación y que generaban “muchas dudas sobre si Chile tiene una política energética”.
-Mientras el GOC lucha para desarrollar una política energética coherente, la embajada está trabajando con agencias norteamericanas y el Ministerio de Energía para incrementar la cooperación bilateral en cuatro áreas: energías renovables, energía nuclear para la generación de electricidad, formación en políticas energéticas y eficiencia energética –dice el cable.
Después de eso, el gobierno norteamericano mantendría distintas reuniones para profundizar la cooperación en esas materias. En julio de 2008, Simons se reunió con la Comisión de Energía y Minería del Senado a discutir sobre la investigación energética e innovaciones políticas. Un mes después, llegó al país el secretario adjunto del Departamento de Economía, Energía y Negocios de EE.UU., Daniel S. Sullivan, para reunirse con el ministro Tokman y con un grupo de líderes empresariales. En la primera junta, el ministro de Energía le dijo que existía consenso público sobre la necesidad de analizar la alternativa nuclear como parte de las soluciones energéticas proyectadas a 2020. También se refirió al plan del gobierno para crear un centro de energías renovables, que partiría como un centro virtual y que eventualmente conduciría investigaciones y desarrollo. En la segunda reunión, el entonces presidente de la SOFOFA, Bruno Phillipi, dijo que en cuanto a costos, la energía nuclear no era una opción competitiva comparada al carbón.
En octubre de ese mismo año vino también el embajador estadounidense en la Agencia Internacional de Energía Atómica, Greg Schulte. En esa ocasión dijo que “tener un reactor nuclear comercial no es negocio para amateurs”. Señaló además que las principales preocupaciones de los países interesados en la energía atómica eran la necesidad de asegurar fuentes de combustible y los medios para manejar el ya usado. Mencionó propuestas para la creación de un banco de combustible nuclear, idea que contaría con el apoyo de La Moneda. Schulte afirmó que, según el Tratado de No Proliferación Nuclear, los países tienen el derecho a obtener uranio enriquecido para la generación de energía, pero que éste representaba un vacío legal: algunos podrían usarlo en armas. Y también, que podría ser una opción la cooperación con Argentina y Brasil, ambos con tecnología de enriquecimiento, pero que “aunque podría ser una medida económicamente sensata, Chile podría no estar aún en ese punto del proceso de toma de decisiones”.
Al terminar, Schulte conversó con miembros de la CChEN sobre las reservas de uranio y las proyecciones del suministro. Luego se juntó con el senador Jaime Gazmuri, quien le dijo que “hay fuertes argumentos contra el uso de energía nuclear en Chile (…) Aún así, citando el éxito de Japón con la energía nuclear a pesar de los terremotos, él reconoció que todas las nuevas fuentes de energía tienen costos potencialmente mayores”.
Energía en manos extranjeras
Cuando en noviembre de 2008, Tokman se reunió con el congresista estadounidense Eliot Engel, le explicó que el 70% del consumo energético en Chile proviene de combustibles fósiles. De ellos, el 70% es importado y un 98% es petróleo. Agregó que casi el 24% de las necesidades de energía del país se satisface con gas natural importado desde Argentina y que desde 2004 el suministro había bajado entre 500.000 y 2.000.000 de metros cúbicos anuales. También le habría expresado que la meta del gobierno era obtener un 20% de energía doméstica renovable, pero que la falta de tecnologías era una barrera en un país que ha sido definido como una de las mejores fuentes del mundo de energía solar, eólica, geotérmica e hídrica, pero en el que casi todas las inversiones siguen estando en termoeléctricas a carbón y enormes proyectos hidroeléctricos. El ministro Tokman, quien hoy se desempeña como director regional de una empresa de energía eólica danesa, agregó que para lograr el objetivo, Chile necesitaba ayuda.
-La transferencia creciente y rápida de tecnología por parte de “países más ricos” como EE.UU. le permitirían a Chile utilizar mejor sus propias fuentes energéticas y a los empresarios contribuir sus capacidades y recursos a la investigación y el desarrollo –habría dicho Tokman según el cable diplomático.
En todo caso, el interés por el sector energético de nuestro país no sólo ha venido desde EE.UU. Ese mismo día, Tokman detalló al embajador Simons el apoyo proveniente de otros países, como el aporte de 95 millones de euros hecho por Alemania para que Chile financie proyectos de energías renovables. El ministro le dijo a Simons que contaba con hasta US$ 15 millones en apoyo directo para subsidiar una planta solar con capacidad para generar 10 MW, los que serían licitados. También aprovechó de alentar al gobierno de EE.UU. en apoyar los esfuerzos financieros, incrementar el monto del subsidio y así fortalecer el impacto del proyecto. En el cable se dice que en esa conversación Tokman habló de Hidroaysén y energía nuclear, donde también había intereses extranjeros.
El cable dice que la Comisión Nacional de Energía (CNE) realizó una licitación para que corporaciones internacionales investiguen la factibilidad de desarrollar energía nuclear en Chile. Como no participaron empresas de EE.UU., el embajador Simons señaló que aquello pudo tener su origen en que el alcance del proyecto y las guías del estudio eran muy limitados como para generar interés. Después de la reunión, el GOC anunció su selección: Amec-Cade (británico-chilena), Stuk (finlandesa) y Technopark-Intermash (chileno-rusa).
Un reporte posterior de la embajada indica que De Wind, filial de la compañía californiana Composite Technology Corporation, despachó turbinas de viento para un proyecto eólico en el país; que la empresa irlandesa Mainstream Renewable Power planea desarrollar una red de campos eólicos con capacidad para generar 400 MW; que la CNE está desarrollando un proyecto de ley para modificar las leyes de concesiones de proyectos geotérmicos; y que la Cámara de Diputados propuso una exención de impuestos a las constructoras que instalen paneles solares para calentar el agua. Sobre energía nuclear, el cable señala que la agenda bilateral entre Chile y Rusia incluye esa área al menos desde 2005, cuando Intermash, una de las empresas que ganó la licitación, comenzó a hacer lobby.
Chile sin uranio
Entre marzo y diciembre de 2009, la embajada norteamericana en Santiago despachó al menos otros cuatro informes sobre energía nuclear. En el primero, en medio de una conversación sobre la no proliferación nuclear, un funcionario de la Cancillería le exigió al embajador Simons garantías para acceder a combustible nuclear y le pidió “una iniciativa de EE.UU., el Reino Unido o Japón asegurando asistencia técnica”. El cable Nº 197.262, remitido el 17 de marzo, se refiere a Chile como el mayor productor mundial de litio, un elemento considerado como de “seguridad nuclear”.
El siguiente, informa de la reunión que mantuvo la CChEN con agentes del Departamento de Energía de EE.UU. en mayo, para coordinar la evacuación de uranio altamente enriquecido (UAE) de origen británico y francés que se encontraba repartido en los dos reactores chilenos: en La Reina y Lo Aguirre. Si bien ese documento es desclasificado, la operación para sacar el material radioactivo del país y llevarlo a EE.UU. para su eliminación, fue secreta. Y lo fue hasta que apareció un video un mes después de haberse realizado. Con la remoción del UAE a sólo una semana del terremoto del 27 de febrero, Chile quedaba virtualmente libre de uranio, “contribuyendo a la meta de Obama de asegurar todo el material nuclear vulnerable en cuatro años”.
El último de los cuatro cables es el que habla de las similitudes entre las propuestas energéticas de los tres principales candidatos presidenciales. Luego, cuando Piñera ya era presidente electo, salió rumbo a Washington el cable Nº 246.081. En él se señalaban distintos hechos destacados en materia energética durante los últimos dos meses de 2009.
El documento mencionaba que Chile se comprometió voluntariamente en la Cumbre sobre Cambio Climático en Copenhague a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2010. También, que en noviembre de 2009 se promulgó la creación del Ministerio de Energía, encargado de establecer las políticas energéticas de largo plazo enfocadas en la diversificación de la matriz, desarrollar energías renovables y promover la eficiencia energética. El cable, entre otros hechos, incluye la definición por parte del Ministerio y la CORFO de los requerimientos para la licitación de un campo fotovoltaico en San Pedro de Atacama de 500 KW y otro proyecto piloto -también en el norte de Chile- con capacidad para concentrar 10 MW; cambios en la Ley Nº 20.257 sobre energías renovables; la autorización para exportar gas a Argentina; y el lanzamiento de una campaña para fomentar la eficiencia energética.
Sobre energía nuclear, el cable indica que la CNE reveló los resultados de una cuarta comisión de estudio del gobierno: “Similar a reportes previos, el estudio concluyó que las plantas nucleares pueden proveer grandes bloques de energía con mínimos impactos en el medioambiente y recomendó que, si Chile decide desarrollar un programa nuclear, debe tener una autoridad regulatoria nacional e independiente de otros actores del sector energético”.
Publicado originalmente en CIPER (14/4/2011)
Comentarios