Cuando Alberto Fujimori aterrizó de improviso en el aeropuerto de Santiago desde Japón el 6 de noviembre de 2005, alteró una vez más el mapa de la política peruana. Hoy cumple condena en una cárcel limeña, desde donde se dice que dirige la campaña de su hija Keiko, quien disputa la carrera presidencial que lidera Alejandro Toledo. Tanto entonces como ahora, la diplomacia estadounidense ha seguido minuto a minuto los avatares de la política peruana y sus vínculos con Chile, según consta en los cables filtrados por Wikileaks.
Toledo llevaba cuatro años gobernando el Perú cuando supo que Fujimori, su antecesor en la presidencia, había dejado su exilio en Japón y pisado suelo chileno. Cogió el teléfono y llamó a La Moneda. Quería exigirle directamente a Ricardo Lagos que lo enviaran de inmediato a Perú para ser juzgado por las causas de derechos humanos (DD.HH.) y corrupción que pesaban en su contra. Pero Lagos no le contestó. El ex mandatario chileno no tomó ninguno de sus llamados porque estaba molesto. Esa al menos fue la información que recibió el gobierno estadounidense en el cable Nº 44.640, de su embajada en Lima, que recogió la versión del diplomático chileno Fernando Velasco, y que luego confirmó el asesor del gobierno peruano Juan de la Puente en el cable Nº 45.227.
Lagos tenía razones para estar molesto. Sólo días antes el gobierno peruano había promulgado la polémica Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú , que demarcaba unilateralmente los límites marítimos entre ambos países. Se trataba del gesto más inamistoso en la relación bilateral en décadas, el que abrió un conflicto limítrofe que tiene a ambos países enfrentados hoy en la corte de La Haya. Al no contestarle el teléfono Lagos estaba mandando una fuerte señal diplomática a Toledo. Sí le respondió en cambio al canciller peruano Óscar Maúrtua, quien “presionó para que Fujimori sea inmediatamente expulsado a Perú”. Pero Lagos le dejó claro que esa no era una opción: el “Chino”, como se le conoce a Fujimori, se quedaría en el país y al día siguiente sería detenido, luego de que el mismo Maúrtua se lo solicitara a la Corte Suprema a través de la embajada de su país en Chile. Maúrtua dijo entonces que su gobierno enviaría una petición de extradición, aunque en ese tipo de solicitudes Perú no tenía un buen registro.
Las peticiones hechas por la administración de Toledo para extraditar desde Japón a Fujimori no habían tenido éxito y los medios peruanos sólo habían criticado el proceso. Las probabilidades de que eso se repitiera eran altas. Según Velasco, con el ex mandatario peruano en Chile, el caso podría alargarse por mucho tiempo y no había garantía de que prosperara, “especialmente considerando la pobre calidad de las presentaciones que Chile ha recibido de Perú en otros casos de extradición”.
Se refería a dos peticiones fallidas por parte del gobierno peruano para extraditar desde Chile en 2002 al ex publicista de Fujimori, Daniel Borobio –quien después sería defraudado por el periodista Mauricio Israel–, y en 2004 al ex director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar, ambos solicitados por la justicia peruana por formar parte de la red de corrupción comandada por el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Perú y asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. El documento además indica que Fujimori parecía haber estudiado muy bien los riesgos de aterrizar en Chile.
El gobierno peruano estaba convencido de que su arribo a Chile estaba calculado y, de acuerdo a diversos cables filtrados por Wikileaks, creía que todo era una confabulación de los gobiernos chileno y japonés contra Perú.
El “plan de juego” de Fujimori
Al mismo tiempo que una delegación del gobierno peruano constituida por el ministro del Interior, Rómulo Pizarro; el abogado estatal anti-corrupción, Antonio Maldonado; el director de Interpol, Carlos Medel; y el asesor legal especial, Javier Ciurliza, viajaban a Chile para presentar el caso de Fujimori, el presidente Toledo telefoneó al embajador norteamericano en Lima, Curtis Struble. Eso dice el cable Nº 44.747. Aunque el llamado era “sobre otro asunto”, Struble aprovechó de preguntarle sobre el “plan de juego” de Fujimori.
-Es sofisticado y complejo –respondió Toledo, lo que para Struble era “otra forma de decir que aún no lo había descifrado por completo”.
Pero si no lo tenía claro, al menos sí se había hecho una idea. Toledo agregó que la estrategia de su antecesor era reducir la cantidad de cargos en su contra a algo que pudiera acarrearle una sentencia de dos años (sólo podría ser juzgado por los delitos por los cuales la justicia chilena otorgara la extradición, lo que era una oportunidad para reducir las acusaciones). Toledo también “se lamentó de que Fujimori hubiera comprado influencia en Japón y Chile”.
Mientras algunos grupos del partido fujimorista Sí Cumple y de la Confederación de Trabajadores Peruanos (opositores al ex presidente) se enfrentaban a puños frente a la residencia del embajador chileno en Lima, Velasco informaba a los diplomáticos norteamericanos de lo que había conversado con funcionarios de la embajada de Japón. El chileno revelaba que “los japoneses estaban extremadamente aliviados de que no serían más el foco de atención del GOP (gobierno peruano) en relación a Fujimori”. Ellos le dijeron a Velasco que su gobierno adoptaría un perfil bajo sobre la presencia de Fujimori en Santiago. Que como el ex presidente es ciudadano japonés, sólo le prestarían asistencia consular como lo exige su ley, pero que no querían llevar el asunto a una dimensión política en sus relaciones con Chile ni Perú.
Menos de 10 días después, otro documento emanado desde la embajada de EE.UU. en Lima daría cuenta de que nada se podía hacer: por mucho que se mantuviera un perfil bajo, el asunto Fujimori ya era un tema político.
La conspiración de Chile y Japón
Para el 15 de noviembre de 2005, el arresto de Fujimori aún ocupaba el lugar más importante en la agenda política de los medios en Perú. De eso habla el cable Nº 45.227, aunque es lo menos relevante del documento. El extenso informe de la sede norteamericana en Lima se refiere, entre otras cosas, a la reunión entre el presidente peruano con Struble. Allí, Toledo le preguntó al embajador si el gobierno de EE.UU. tenía información sobre los nexos entre Chile y Japón, “sugiriendo que esos dos países son cómplices en la llegada del vuelo de Fujimori a Santiago”.
Durante la conversación, Toledo se quejó de que el presidente mexicano, Vicente Fox, no le había avisado que el avión que traía a Fujimori había pasado por Tijuana y de que el gobierno chileno parecía haber sido sorprendido con la guardia baja, ya que el manifiesto de vuelo enviado por fax a Santiago no incluía su nombre, mientras que el que entregó la tripulación al llegar sí lo hacía. Struble le respondió que a su parecer, el gobierno japonés también había sido tomado desprevenido. Pero eso no convenció a Toledo: mientras se mostraba perplejo por la falla de “su amigo” Vicente Fox, el mandatario peruano le indicó a Struble que “aún sospechaba de la colusión entre Chile y Japón”.
-Las preocupaciones de Toledo sobre una conspiración anti-peruana por parte de Chile y Japón parecen ser compartidas en los más altos niveles del gobierno peruano –dice el informe.
Juan De la Puente, asesor político de Toledo, ese mismo día le reconoció a un diplomático norteamericano que la preocupación del Ejecutivo era que “el gobierno chileno y/o las autoridades judiciales podrían hacerle una mala jugada a la administración de Toledo en el caso Fujimori”. Que el enojo de Ricardo Lagos por el tema marítimo y que los procedimientos criminales contra el empresario chileno Andrónico Luksic podrían tener un impacto negativo en la petición de extradición.
Por su parte, el canciller Maúrtua alababa al gobierno chileno por el arresto de Fujimori, coincidía con Lagos en que debía ser extraditado en vez de expulsado y le hacía reverencia a la declaración de su par chileno, Alejandro Foxley, que decía que “no se les permitiría ni a Fujimori ni a sus aliados usar Chile como base para la actividad política apuntando a Perú”. Pero al parecer, todo eso era sólo parte del discurso público. Según indica el cable, en una reunión privada que Maúrtua sostuvo con Juan Pablo Lira, el embajador de Chile en Lima, el primero le entregó al segundo “una lista de 10 preguntas que eran hostiles y acusatorias en relación al supuesto rol del GOC (gobierno de Chile) en el vuelo de Fujimori”.
El documento no indica cuáles fueron las preguntas, pero dice que la respuesta de Lira fue directa:
-Si los dos gobiernos van a cooperar uno con el otro, entonces ninguno puede empezar asumiendo la mala fe de su contraparte.
El cable también señala que tanto los gobiernos de Chile como de Perú aparentemente reconocieron que sus relaciones deben ser manejadas con cuidado y que el embajador Struble se comunicó en dos oportunidades con el primer ministro peruano, Pedro Pablo Kuczynski –también en competencia para las elecciones presidenciales de este año–, para asegurar que la Armada de Perú no tomara ninguna acción unilateral que pudiera exacerbar las tensiones. Kuczynski estuvo de acuerdo. Hasta ese momento las relaciones militares entre los dos países se mantenían bien y ambos gobiernos se esforzaron para que el proceso de extradición no cambiara esa situación. Sin embargo, la convicción en Perú sobre una supuesta conspiración no desapareció.
Un embajador vuelve a casa
Mientras Perú intentaba cuidadosamente mantener su relación con Chile, hacia Japón la actitud fue distinta: no aceptarían que las visitas consulares a Fujimori continuaran. Para ellos, era “una interferencia inaceptable” en el proceso de extradición. Diversos comunicados de Torre Tagle citados en el cable dan cuenta de cómo escaló la tensión entre Perú y Japón, incluyendo el retiro de un embajador.
Según señala el cable, estaba claro que Maúrtua compartía la teoría conspirativa con Toledo, al menos con respecto a Japón. El 11 de noviembre el canciller le preguntó al embajador de EE.UU. si es que había oído algo de Japón sobre el caso Fujimori. Struble le dijo que el gobierno japonés le informó que no sabían nada sobre su salida del país.
-El lenguaje corporal de Maúrtua en respuesta claramente indicaba que él no compra la línea japonesa –dice el informe.
Antes de los primeros 60 días
Al momento en que se envió el cable, el 15 de noviembre de 2005, las agrupaciones de DD.HH. tanto en Perú como en el extranjero ya habían manifestado su apoyo a las autoridades para lograr la extradición del ex presidente. Llamaban a marchar por las calles, a manifestar el repudio contra Fujimori. El gobierno se mostraba preocupado por el efecto que tendría el tema en las campañas presidenciales que se venían.
Toledo le dijo al embajador Struble que los tres principales candidatos –Lourdes Flores, Alan García y Valentín Paniagua– estaban “mirando por sobre el hombro a Fujimori”. El documento señala que ninguno de los tres había abordado el tema de frente, enfatizando en todo momento que el asunto era legal y no político.
Para las autoridades peruanas, el tiempo para actuar se hacía cada vez más corto. El cable señala que funcionarios de gobierno reconocieron que el arribo de Fujimori a Chile los sorprendió con la guardia baja y que tendrían “que luchar para ensamblar una petición de extradición bien fundada para comienzos de enero de 2006”, cuando los 60 días de prisión preventiva se cumplieran.
Antonio Maldonado, el abogado estatal anti-corrupción, lideraba un grupo de 30 funcionarios de gobierno que preparaban los archivos de los 21 cargos criminales que existían contra Fujimori. Luego debían ser revisados y aprobados por Toledo y su gabinete. Aunque a esa altura ya existía la evidencia suficiente para justificar la extradición, en diciembre de 2006 Human Right Watch le solicitaría a EE.UU. la desclasificación de todos los documentos que ese gobierno tuviera en su poder y que pudieran aportar al caso (ver cable Nº 48.573). Así se podría tener la mayor cantidad de información para fortalecer la petición de Perú y favorecer una pronta respuesta positiva por parte de las autoridades chilenas. Pero al parecer, ni siquiera la administración Toledo confiaba en su equipo.
–De acuerdo a nuestras fuentes, el GOP reconoce que su actual equipo no tiene las capacidades requeridas para el trabajo y va a contratar asesoría legal privada. En Lima, las autoridades han reportado que están negociando con el respetado abogado y ex presidente del Colegio de Abogados de Lima, Jorge Avendaño, para liderar los esfuerzos del gobierno para ensamblar su solicitud de extradición –dice el cable.
Para completar el equipo, el gobierno peruano también contrató al penalista chileno Alfredo Etcheberry, quien se haría cargo del caso frente a la justicia en Santiago. El abogado recibiría una cuota fija de US$ 200.000 y, de obtener la extradición, el mismo monto como “bonus”.
La ruta a la extradición
A contrarreloj, el gobierno peruano logró pedir la extradición de Alberto Fujimori en los plazos estipulados, el 3 de enero de 2006. Según informa el cable Nº 49.210, se incluían 14 cargos criminales separados contra el ex presidente detenido en Chile, entre los que estaban el homicidio de 15 personas en Barrios Altos, la desaparición y asesinato de nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta y el pago de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos “por servicios indefinidos”. El documento también pedía que Fujimori permaneciera en prisión mientras la Corte Suprema consideraba la extradición, ya que “sigue siendo un riesgo su fuga”.
Al principio fue así, pero el 18 de mayo de 2006, el entonces embajador de EE.UU. en Chile, Craig Kelly, envió el cable Nº 64.626 informando que esa misma mañana la Corte Suprema le había otorgado la libertad bajo fianza. En un fallo de cuatro votos contra uno, se consideró que la liberación del ex mandatario peruano no constituía un “peligro para la sociedad o las víctimas, ni interfiere en las materias judiciales pendientes”. Luego de seis meses detenido en la Escuela de Gendarmería, Fujimori salía libre, pero con orden de arraigo hasta que se resolviera su extradición.
Un mes después, Toledo cumplió su período, dejó la presidencia y Alan García asumió el cargo en el Palacio Pizarro. El nuevo gobierno en Perú continuó con los esfuerzos para extraditar a Fujimori, que mientras esperaba en Chile la sentencia, se postulaba para las elecciones senatoriales de 2007 en Japón.
Cuando Kelly se reunió en una cena con Foxley y el presidente del Tribunal Constitucional (TC), José Luis Cea, la sentencia sobre la extradición se veía inminente. El cable Nº 100.839 señala que durante esa reunión, el 16 de marzo de 2007, Foxley se esforzó en que Cea le dijera algo sobre el fallo, pero éste le dijo que no sabía nada y que debería darse a conocer dentro de las siguientes dos semanas. La fecha era importante, pues el canciller iría a fines de mes a Tokio a firmar un tratado de libre comercio (TLC) y el fallo no podía ser más inoportuno.
“Un retorcijón de estómago para Perú”
Si bien EE.UU. pareciera no haberse inmiscuido activamente en el proceso de extradición de Fujimori, los cables demuestran que monitoreó cada uno de los pasos de las partes involucradas. En el informe de marzo de 2007, el embajador Kelly asegura que el impacto interno en Chile que tendría la sentencia –a favor o en contra de la extradición– sería mínimo. De hecho, señala que “mientras un puñado de activistas de DD.HH. siguen con avidez el caso, la mayoría de los chilenos son indiferentes si es que no, de alguna forma, simpatizan con Fujimori. La verdadera pregunta es qué impacto tendrá la sentencia en las relaciones bilaterales de Chile con Perú y Japón”.
Según indica Kelly, la embajada japonesa tenía un perfil relativamente bajo en el caso, pero la entonces reciente mudanza de Fujimori a un pequeño departamento cercano a la residencia del embajador y de la sede diplomática de ese país “incrementan los temores de que pueda pedir asilo y volver a Japón”, aunque también indica que la policía (con la vigilancia de 24 horas a Fujimori) y funcionarios del gobierno se anticiparon para evitar que eso sucediera. En todo caso, Kelly señala que la extradición no debería crear ningún tipo de fricción entre las relaciones bilaterales con Japón. Pero con Perú, la situación era distinta.
Mientras que el cable señala que la decisión de la Suprema podría significar “un hipo con Japón”, en el caso de Perú dice que podría ser “un retorcijón de estómago”. A diferencia de lo que ocurría con el país asiático, para EE.UU., el impacto en la relaciones Chile-Perú “está más llena de peligros y es más difícil de medir”.
-Una decisión de extraditar podría tender a solidificar las relaciones entre (la entonces Presidenta, Michelle) Bachelet y (Alan) García, posiblemente fortaleciendo la mano y la habilidad de García para llevar adelante la cooperación comercial y militar con Chile. Algunos en Chile temen que una decisión en contra de la extradición podría debilitar a García domésticamente, fortaleciendo los rumores sobre algún tipo de acuerdo oculto entre García y los fujimoristas, o proveyendo de argumentos a Ollanta Humala” –dice el informe.
García parece cómodo
A pesar de lo que había dicho Cea en su cena con el embajador en marzo, la sentencia de la Suprema demoró más de dos semanas en salir. Fue recién el 11 de julio de 2007 cuando la Corte falló sobre la extradición de Fujimori. Esa misma noche desde la embajada norteamericana en Lima se despachó el cable Nº 115.102, titulado: Extradición de Fujimori denegada por juez chileno.
La decisión del juez Orlando Álvarez de rechazar cada uno de los cargos presentados contra Fujimori se basó en que ninguno se había comprobado. Pero el gobierno peruano podría apelar. El cable indica que, al menos en lo privado, la administración de García pareciera estar cómoda con la decisión de la justicia chilena: un posible retorno de Fujimori a Japón podría acabar finalmente con su carrera política en Perú. Varios comentaristas políticos de ese país ya habían señalado que a García le convenía que Fujimori se quedara en Chile, ya que el bloque fujimorista en el Congreso “ha sido una confiable fuente de apoyo” para su gobierno.
Pero la comodidad no era total. El cable termina diciendo que a García le tocaría entonces lidiar con el descontento de los grupos de DD.HH. tanto con su gobierno, por haber perdido el caso, como con el gobierno chileno, por haber negado justicia a las familias víctimas de Fujimori, que había quedado bajo arresto domiciliario en Santiago.
Lo que vino ya se sabe. El gobierno peruano apeló y en septiembre de 2007 la Corte Suprema acogió la solicitud de extradición, luego de que se le acreditaran cinco cargos por corrupción y dos por crímenes de lesa humanidad. El 22 de ese mes, un día después del fallo, Alberto Fujimori viajó a enfrentar a la justicia peruana. En 2009 se confirmó su sentencia a ocho años de prisión por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad (por su participación en el allanamiento de la residencia de Trinidad Becerra, ex esposa de Vladimiro Montesinos) y recibió otras dos condenas: 7 años y medio por la entrega de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos (según Fujimori, para evitar un golpe de estado) y 25 años por los homicidios en La Cantuta y Barrios Altos.
Cuando en 2010 se ratificó la sentencia por 25 años contra Fujimori, su hija, la actual congresista Keiko Fujimori dijo: “Mi padre no necesita ningún indulto, él va a ser absuelto“. Ahora que Keiko está en plena competencia junto a Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski para acceder a la presidencia de Perú, la situación de Fujimori se convirtió en parte del debate de los candidatos. Kuczynski dijo en enero pasado que de salir electo, indultaría al ex presidente en caso de que sufriera una enfermedad terminal. Toledo, el hombre que según los cables diplomáticos norteamericanos se ve a sí mismo “como el hombre que bajó el régimen de Fujimori”, señaló que lo evaluaría en su momento. Keiko ha dicho que no beneficiaría a su padre.
Publicado originalmente en CIPER (9/3/2011)
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