martes, 14 de septiembre de 2010

PRESOS VIP: LOS RECLAMOS DESDE PUNTA PEUCO

Ayer 13 de septiembre, un grupo de nueve ex militares presos en la cárcel Punta Peuco, un recinto penitenciario hecho sólo para su comodidad, amenazó con irse a huelga de hambre si el Gobierno no cumplía las promesas que se le hicieron en campaña. Así, el carro que ya montan desde hace más de dos meses los 34 mapuche encerrados por la Ley Antiterrorista -que permite que sean juzgados por tribunales militares siendo civiles- y que desde hace unos días se copó con cuatro diputados que se sumaron al ayuno (y que 24 horas después ya casi desfallecían), se convertía en una micro donde todos los que consideran que tienen una causa por qué pelear quieren estar. Al final, pareciera dar lo mismo cuál sea esa causa.

El comunicado que los ex miembros de las Fuerzas Armadas enviaron a La Nación hablaba del mal
trato que han recibido, de las pésimas condiciones en las que cumplen sus condenas y además, de una supuesta desigualdad para recibir beneficios carcelarios. Lo bueno del documento es que por primera vez hubo un mea culpa: "Cometimos delitos contra la seguridad de las personas, más conocidos por violaciones a los derechos humanos", decía el texto. Pero exigía cosas que estaban completamente fuera de contexto.

El grupo compuesto por el general (r) Raúl Iturriaga, el coronel (R) Juan Morales Salgado, los brigadieres (R) Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike, el teniente coronel (R), Emilio Neira, el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez; y los tenientes (r) Jorge Vargas Bories y Sergio Rivera, todos condenados por ser autores al menos de crimen de homicidio, según lo establecido por cortes civiles en procesos acotados a la legislación penal ordinaria, exigía que se les considerara como "presos políticos militares". Además, pedían "la inmediata libertad de todos los suboficiales y empleados civiles" presos, debiendo su pena ser modificada por cualquiera de las tres alternativas fijadas en el artículo 2º, de la ley Nº 18.050.

Pero no era sólo eso: los militares también exigían que se les aplique una pena máxima de diez años "para aquellos casos que el monto de las mismas sea igual o superior a aquella cantidad de años, o se tratare de presidio perpetuo". Con ello pretendían que se aplicara a sus casos el mismo criterio en las penas de 282 presos políticos, conmutadas durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Patricio Aylwin.

La cosa es que hoy a las 9:00, cuando deberían haber enmpezado la huelga de hambre, ninguno lo hizo. Supuestamente, porque habrían alcanzado un acuerdo con los gendarmes que los custodian. Un grupo de 20 celadores para sólo 24 internos, según un informe de 2007 elaborado por los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco de su plan de visitas a distintos penales del país para evaluar las condiciones en que vive la población penitenciaria.

El documento se refiere a las condiciones de Punta Peuco: "Presenta elementos de lujo, como una sala de living ubicada en el módulo reservado para los ex oficiales del Ejército, sin perjuicio de calefacción eléctrica al interior de las habitaciones, las cuales lucen el adorno propio de una residencia particular acomodada". Pero los internos también tienen puntos en común con los miles de reos de las otras cárceles, donde el concepto de un habitación por preso no existe.

Los ministros de la Corte de Apelaciones descubrieron que en los allanamientos también se encuentran celulares que son requisados, porque con ello se vulneran las medidas de seguridad. Eso, porque los pobladores del penal pueden conectar a través de esos celulares sus computadores personales a Internet. De hecho, uno de los reclamos que se les hicieron en su visita fue el de Germán Cofré Pinto, que alegaba porque los gendarmes le habían retirado el CPU de su computador y que había estado cuatro meses sin él.

Las quejas desde la mansión-cárcel

Que los nueve ex militares tengan algo que reclamar parece simplemente una manera más de entrar a un juego de moda en el Bicentenario (¡qué palabra más manoseada!), o sea, reclamar algo. Lo que sea. Pero si bien los mapuche se manifiestan por algo legítimo -si la forma en que lo hacen es legítima o no, es una discusión aparte-, lo de los muchachos de Punta Peuco pareciera ser una broma.

¿Acaso se les olvida que sus causas han llegado en su mayoría hasta la Corte Suprema y que en muchos casos se les han otorgado penas que son inferiores a las atrocidades que cometieron? Mientras los mapuche piden algo completamente comprensible, que se les juzgue como al resto de los mortales en un estado de derecho -porque no piden su libertad, sino un juicio justo y acorde a los delitos que cometieron-, lo que quieren Iturriaga, Morales y los demás es un trato especial que consideran justo derecho. Pero lo cierto es que ya han gozado de muchos beneficios.

En Colina I, por ejemplo, hay 225 gendarmes para custodiar a 1.551 internos que viven hacinados y en condiciones insalubres. En Colina II la proporción es similar. En el CDP Santiago Sur los funcionarios encargados del a vigilancia bordean los 200 para más de 4.500 presos. Allí conviven en habitaciones más de 10 personas. Pero ellos, los de Punta Peuco, tienen casi a un gendarme por interno.
Su comedor y sala de estar tiene muebles de estilo y el patio donde se mueven cuando les place tiene pasto, un toldo y juegos. Además, cada uno cuanta con una habitación personal con todas las comodidades que la gran mayoría de los chilenos envidian en libertad. Y no, no son celdas. Todos tienen la llave de su propia habitación.

En las visitas que los miembros de la Corte de Apelaciones realizaron a los distintos recintos penitenciarios en 2007, se encontraron con que en cada lugar había algún interno que les presentó alguna queja. Sobre las condiciones de higiene y hacinamiento o sobre algunos malos tratos. Pero el documento sobre Punta Peuco (y que pueden encontrar más abajo) los internos presentaron sus quejas a los visitantes uno por uno. La mayoría se quejaba por la negativa a acceder a beneficios intrapenitenciarios, como las salidas dominicales o la remisión nocturna, a las que pueden acceder los presos normales de buena conducta. O que no cuentan con escuelas o talleres. Otros dicen de frentón, como Miguel Estay (El Fanta) o Osvaldo "el Guatón" Romo que son inocentes.

Llama también la atención el "adelanto" que hizo el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla del petitorio que ayer hicieron público los ex militares. Él presentó un escrito titulado "memorando", donde propone un proyecto de ley para otorgarle la libertad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido más de diez años de prisión o bien, cuando tengan más de 70 años de edad.


A continuación, una copia del informe de 2007 y que sólo en La Desdémona pueden encontrar.

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