viernes, 5 de junio de 2009

SEGURIDAD PRIVADA III: UN NEGOCIO QUE GENERA ABUSOS LABORALES E INGRESOS MILLONARIOS A CARABINEROS

La nueva Ley de Transparencia permitió conocer información sobre el negocio de la seguridad privada que CIPER persiguió por casi dos años. Si hasta ahora Carabineros había insistido en que no recibe dineros de privados, los registros indican que desde 2002, la Dirección de Seguridad Privada de la policía uniformada (OS-10), la única autoridad fiscalizadora del área, ha recaudado más de $2.600 millones de las empresas del rubro por concepto de evaluación y acreditación a guardias y vigilantes. Mientras, en la Dirección del Trabajo se acumulan las denuncias por abusos laborales de las mismas entidades. El récord lo exhibe G4S, la mayor empresa de guardias del país, con cerca de tres mil denuncias y multas por más de $1.390 millones. Allí trabajaban los guardias que fueron filmados hace algunos días golpeando brutalmente a un indigente en un mall de La Florida.

Las imágenes de nueve guardias con uniforme rojo golpeando a un indigente por pedir comida en el patio de restaurantes de un mall de Santiago causaron impacto hace algunos días. El video, filmado con un celular, mostraba la violencia desplegada por empleados de G4S, una empresa cuyo nombre sólo conocen los entendidos en el negocio de la seguridad privada. G4S es la multinacional de “recursos humanos” más grande del rubro en el país. Y exhibe también el récord de denuncias y multas por infracciones laborales.

Y no es la única en abusar de las leyes laborales entre las empresas que se dedican a vigilar bienes e inmuebles. CIPER solicitó a la Dirección del Trabajo (DT) y a Carabineros antecedentes sobre el cumplimiento de las empresas a las normativas que rigen al rubro. Las respuestas dan cuenta de un sector que acumula múltiples infracciones.

En todas las entrevistas hechas a trabajadores del sector destacaron las infracciones en el ámbito laboral de los dueños de G4S. Los datos enviados por la DT lo ratifican: entre las dos razones sociales de G4S (G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.) suman 250 páginas de denuncias y multas. La mayoría se refiere a infracciones relativas al contrato individual, aunque también las hay por no pago de cotizaciones previsionales, informalidad laboral y por no cumplir con las condiciones sanitarias básicas.

Group 4 Securicor (G4S), con presencia en Europa, Asia y África, adquirió en 2006 el 75% de la compañía chilena de guardias Segel Ltda. Y se convirtió en la más grande e importante entre las más de mil empresas dedicadas a los servicios de guardias de seguridad en Chile. En su sitio web, informa que cuenta con 8.400 empleados para desarrollar operaciones desde Arica a Puerto Montt. Los precios que cobra por cada guardia bordean el millón de pesos, uno de los más altos del mercado. Pero los sueldos que paga a cada uno de ellos promedia los $180.000.

La multinacional acumula más de 3.100 denuncias laborales –más de una por cada tres trabajadores- y multas por sobre los $1.390 millones desde 2002 a la fecha. Si bien hay que considerar que es mucho más grande que las otras empresas que proveen de guardias –el 90% de las empresas del rubro poseen menos de mil empleados–, las infracciones que registra son proporcionalmente mayores que las de la competencia que también hacen abuso de las leyes. La información que recogió CIPER de las otras cuatro empresas mencionadas por la Federación de Trabajadores de la Seguridad (Fetrasech) con las peores condiciones laborales - Pegasus, Shields, Megaservicios y Alfa- así lo demuestra. Sumadas, tienen 191 multas desde 2001, por un total que supera los $72 millones.

De acuerdo a los registros proporcionados por la DT, Pegasus acumula multas por $31 millones desde 2001. Le sigue Shield’s S.A., la empresa del general en retiro de la FACH Carlos Ottone (sobre quien pesa una querella por violación a los derechos humanos), que se dedica principalmente a la seguridad de supermercados, con sanciones por casi $21,5 millones. Alfa registra multas por más de $17 millones, mientras que Megaservicios Ltda., si bien no presenta denuncias ante la DT en los últimos 18 meses, entre 2001 y 2002 tuvo 33. De ellas, diez terminaron en multas por poco más de 1,8 millones de pesos. Omega, la otra empresa de Jorge Arellano, el dueño de Alfa, cuyos guardias mataron a un hombre a golpes en noviembre de 2008 en un supermercado de Viña del Mar, no registra ni una sola denuncia en la DT.

Camiones blindados: Prosegur, la más multada

En el negocio de la seguridad privada, los casos más extremos de abusos a trabajadores son los ocurridos en Wagner, la empresa de transporte de valores del ex detective Gabriel Vargas Guerra. En su historial cuenta con amenazas con armas, denuncias por secuestro y golpizas a sus empleados. Pero no es ni la más denunciada ni la más multada del área por malas prácticas laborales.

CIPER también había pedido en dos ocasiones información a la Dirección del Trabajo (DT) sobre denuncias realizadas en contra de empresas de seguridad. La respuesta llegó el 19 de mayo, luego de enviar por tercera vez la solicitud, una vez que entrara en vigencia la nueva ley de acceso a la información pública. Los resultados muestran que la marca Wagner, desde 2001, presenta 96 denuncias laborales y 51 multas por un total de casi $27,8 millones. Pese a ello, el presidente del sindicato de la empresa Pedro López, ratifica lo que ya dijo a CIPER su antecesor, Juan Correa, sobre la poca confianza que tienen al denunciar.

-Casi todas las denuncias que se han hecho en la Inspección del Trabajo de San Miguel han terminado en nada. Algo hay, porque Gabriel Vargas siempre sabe quién y por qué lo está denunciando sólo minutos después de haber hecho el trámite. Si ya casi ni ponemos denuncias allá… No tiene ningún sentido –dice López.

Entre las tres empresas más importantes del transporte de valores, Wagner cuenta con los castigos individuales más altos, pero ocupa el segundo lugar en cantidad de denuncias. Brink’s Ltda. no registra ni acusaciones ni multas mientras que Prosegur ha tenido que pagar más de $100 millones por las 128 sanciones que registran dos de las empresas que componen su holding en Chile: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L. Los montos pueden ser mayores debido a que la DT no envió información sobre Transportes de Valores Brinks Chile S.A. ni sobre Prosegur Ltda., las otras dos sociedades ligadas a ambas empresas.

Las reglas de la seguridad privada

Para trabajar en el lucrativo negocio de la seguridad privada hay que cumplir con varios requisitos. Los guardias, que con más de 92 mil agentes activos constituyen una fuerza laboral que casi triplica la dotación operativa de las policías, deben ser chilenos, mayores de edad, tener 8º básico rendido, estar contratados y no contar con antecedentes penales ni deudas en su registro en Dicom. A los vigilantes privados, quienes tienen derecho a portar armas, se les exige además, haber sido funcionarios de alguna rama de las Fuerzas Armadas y de Orden o haber hecho el servicio militar.

Pero lo crucial para ingresar al rubro es aprobar los cursos que dictan las 230 empresas de capacitación registradas y la evaluación que toma cada semana la Dirección de Seguridad Privada de Carabineros (OS-10). Después de eso, los postulantes que hayan pasado las pruebas estarán acreditados para desempeñarse en un negocio que genera ingresos por más de US$1.100 millones al año. Pero el proceso no es gratis. Cada postulante debe pagar 0,5 UF por rendir el examen.

Antes de que entrara en vigencia la nueva Ley de Transparencia, CIPER había enviado dos veces una solicitud de información pública a Carabineros para conocer los montos percibidos por la institución por concepto de evaluaciones y acreditaciones de guardias y vigilantes privados. La primera fue en octubre de 2007, durante una investigación sobre carabineros involucrados en delitos. La segunda fue en enero de este año, luego de comprobar que las acreditaciones que el OS-10 entrega a guardias y vigilantes privados tienen un costo que se le cobra a las empresas de seguridad o a los mismos postulantes. En ambos casos las respuestas fueron vagas y tardías. Pero el 20 de abril –el mismo día de la puesta en marcha de la nueva ley– CIPER solicitó nuevamente la información. La respuesta llegó el 12 de mayo y los documentos muestran datos que rebaten por completo la información entregada a la primera de las peticiones.

El OS-10 es la única autoridad fiscalizadora de la seguridad privada. Y aunque la respuesta a la solicitud de 2007 dice que Carabineros “no presta servicios a particulares” a través de dicho departamento, lo cierto es que éste se financia en gran parte de lo que recibe de las empresas de seguridad al evaluar y acreditar a guardias y vigilantes privados. Si se considera que cada semana son en promedio 1.650 los evaluados y que cada uno paga 0,5 UF, los ingresos anuales percibidos se traducen en millones: entre 2002 y 2008, la suma de esos montos se alza sobre los $2.600.000.000. Sólo el año pasado, el OS-10 recaudó más de 384 millones de pesos, lo que le significó el 26% de sus ingresos. Esas platas no se suman al presupuesto anual de Carabineros, sino que forman parte de un fondo independiente que maneja el OS-10 para la mantención de las 34 prefecturas territoriales del país, que son las responsables de fiscalizar a las empresas de seguridad correspondientes a su respectiva jurisdicción. Los gastos efectuados el año pasado fueron por más de $1.248 millones.

Un dato oficial extraño: el ítem de “publicidad y difusión” fue el principal destino de lo recaudado con 128 millones de pesos.

Guardianes sancionados

Ante las múltiples informaciones sobre robos y acciones de violencia perpetrados por guardias de seguridad en los últimos meses, en su última solicitud, CIPER pidió también información sobre las sanciones a dichas empresas por parte del OS-10. Como respuesta, Carabineros envió documentos en los que se especifican las infracciones sancionadas desde 2005 a la fecha. De ahí también surgen datos interesantes: en lo que va de 2009 han impartido 1.251 infracciones, poco más de un tercio que en 2008. La sanción que más se repite es por el no porte de tarjeta de identificación obligatoria (324), pero también se han cursado 196 infracciones por mantener servicios de vigilancia sin la capacitación necesaria.

Otras infracciones recurrentes son contar con servicios de guardia sin presentar la directiva de funcionamiento –una especie de protocolo de funciones que el guardia debe cumplir en un puesto específico- (194) y el rechazo de empresas con servicios de vigilantes privados a ser visitadas por la autoridad fiscalizadora (158). Pero hay otras que, sin ser tan comunes, sí ameritan una mención especial: durante 2009 se han cursado 89 sanciones a vigilantes privados por porte de arma en la vía pública sin estar cumpliendo funciones de transporte de valores. El resguardo de esos bienes son los únicos que permiten el porte de armas en la vía pública.

Carabineros también tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de esas empresas de las leyes laborales con excepción de las prácticas antisindicales. En este año, la policía registra 46 multas a empresas por no otorgar el seguro de vida obligatorio a guardias, nocheros o rondines. Esta misma falta fue detectada 206 veces el año pasado.

-Todas las sanciones por incumplimiento son pecuniarias y van desde los 5 a los 100 ingresos mínimos mensuales ($159 mil) con cargo al fisco y siguen su curso en los juzgados de policía local. Cuando es por infracción, la multa va de 25 a 125 IMM. Y si hay reincidencia, la sanción es mayor. En todo caso, la ley da a la empresa un rango de 10 a 15 días para regularizar la observación y presentar descargos, lo que puede terminar con que se deje sin efecto la sanción. Y así sucede. La mayoría queda sin efecto –explicó a CIPER el subdirector del OS-10, coronel Alberto Etcheverry.

En las nóminas de infracciones no aparecen nombradas las empresas sancionadas porque Carabineros consideró que, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 19.628 (sobre protección de la vida privada), “resulta improcedente la individualización de los infractores”. Un criterio distinto al que aplicó la Dirección del Trabajo, que respondió a la solicitud hecha por CIPER con nombres y apellidos.


Documentos:
1. Solicitud de acceso a información pública a Carabineros (20 de abril de 2009)
Solicitud de acceso a información Carabineros.
Carta de respuesta de Carabineros.
Anexo 1: Ingresos percibidos por acreditaciones de guardias 2002-2008
Anexo 2: Planilla de ingresos v/s costos de OS-10 (2008)
Anexo 3 - Infracciones de empresas de seguridad detectadas por OS-10:
Infracciones, año 2005
Infracciones, año 2006
Infracciones, año 2007
Infracciones, año 2008
Infracciones, año 2009 (hasta mayo)

2. Solicitud de acceso a información pública a Dirección del Trabajo (21 de abril de 2009)
Carta de respuesta de Dirección del Trabajo.
Listas de denuncias y multas contra empresas de seguridad:
Alfa Ltda. y Omega Ltda.
Megaservicios Ltda.
Pegasus Ltda.
Shield’s S.A. (I y II)
G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.
Brink’s (I, II y III)
Empresas Prosegur: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L.
Empresas Wagner: Wagner Servicios Integrales de Seguridad y Transporte de Valores Ltda. y Wagner Custodia, Seguridad y Transporte de Valores S.A.

Vea además:
Seguridad privada I: El millonario negocio de explotar el miedo
Seguridad Privada II: Las historias no contadas del terror que impera en Wagner

Publicado originalmente en CIPER (04/06/2009)

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