domingo, 11 de mayo de 2008

EL CAUTIVERIO DEL CAPITÁN

En la foto, el actual subsecretario de aviación, Raúl Vergara, posa junto a un grupo de la Fuerza Aérea Sandinista de Nicaragua. Antes de enlistarse ahí, su carrera como oficial de la Fach lo había llevado a ser la mano derecha del general Alberto Bachelet en la Secretaría Nacional de Distribución durante el gobierno de Salvador Allende y, después del golpe de estado, a ser su compañero de celda. En el proceso del primer Consejo de Guerra realizado en dictadura, Vergara fue uno de los seis condenados a muerte. Acá, la historia de años de prisión, torturas y espera para encontrarse ante un pelotón de fusilamiento que nunca llegó.

El 9 de septiembre de 1973, el capitán de bandada de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), Raúl Vergara Meneses, de 31 años, apareció en las noticias del Canal 7 dando una conferencia ante el pleno del Comité Central del Partido Comunista. Al alto mando de la Fuerza Aérea no le gustó para nada. Pero todo había sido un mal entendido. Las imágenes en que aparecía el oficial que trabajaba junto al general Alberto Bachelet eran de otra ocasión: habían sido puestas en la edición. Él jamás había estado ahí.
Al día siguiente, Vergara fue preocupado a explicarle al general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fach, sobre lo ocurrido. Logró salir tranquilamente e ileso. Al parecer, todo seguía su curso. El capitán-economista seguiría trabajando para el gobierno de Allende tan normalmente como lo había hecho hasta ese día.
El 11 de septiembre, Vergara llegó a la Secretaría Nacional de Distribución pero el hombre que sin conocerlo lo había convocado a su servicio no estaba. El general Alberto Bachelet no se encontraba en su oficina y eso era algo raro: él siempre llegaba a la hora.
Cuando intentó comunicarse con otros oficiales no lo logró. Sólo se pudo comunicar vía télex con el comandante Alamiro Castillo, un oficial constitucionalista y viejo amigo de él. Luego se contactó con la comandancia en jefe para pedir instrucciones. Las órdenes lo obligaban a quedarse ahí, a esperar. Desde el piso 19 del edificio Gabriela Mistral el capitán Vergara vio el bombardeo a La Moneda. En ese momento se dio cuenta: no era tan cierto eso de que todo seguía su curso.
Hasta ese día, Raúl Vergara había tenido una carrera brillante. Se graduó de la Escuela de Aviación con la primera antigüedad de su promoción, obtuvo el premio al mejor piloto en vuelo de instrumentos, el premio Reina de Inglaterra e hizo un curso de instructores de T-37 en Estados Unidos. En aquella época existía en el país un fervor por el conocimiento, por el desarrollo intelectual, que empezaba a beneficiar a los suboficiales de las Fuerzas Armadas.
Antes, a los militares (principalmente a los suboficiales) no se les permitía el acceso a otra carrera o educación que no fuese la militar como tal, pero el gobierno de Salvador Allende había acabado con eso. Sin embargo, a muchos oficiales les molestaba la sola idea de que se les diera a sus subalternos la oportunidad de acceder a la misma educación que hasta ese momento ellos tenían como derecho exclusivo por ser sus superiores. Vergara era de los pocos que apoyaba la iniciativa.
A fines del ’67, luego de dar la PAA, Vergara entró a estudiar a la Escuela de Economía de la Universidad de Chile financiado por la Fach y bajo la aprobación de su comandante en jefe, Máximo Errázuriz. Sus compañeros se sorprendían al verlo vestir el uniforme azul impecable, la gorra y el resto de accesorios propios de un aviador. Iba en las mañanas a la universidad para después ir a la Escuela de Aviación, donde ya ejercía como piloto de combate, instructor de vuelo y profesor académico. Después volvía a clases auxiliares y ayudantías. Cuando egresó fue uno de los primeros de su generación, y eso fue determinante para que el general Bachelet lo invitara, incluso sin conocerlo personalmente, a participar en el gobierno de la UP desde la Secretaría Nacional de Distribución. Pero no sólo fue ese el motivo.
Vergara, junto a otros oficiales y suboficiales de la Escuela de Aviación, formaba parte de un grupo encabezado por el comandante Alamiro Castillo: los “constitucionalistas”. El grupo, que tenía como finalidad contrarrestar la infiltración de la derecha en la institución y difería de algunos mandos de la Fach que incluso colaboraban con Patria y Libertad, se había puesto en contacto con dirigentes de izquierda de manera poco discreta y poco responsable. Esto hacía que los constitucionalistas fueran muy cercanos al gobierno y que los golpistas en las FF.AA. los vigilaran muy de cerca.
Los constitucionalistas eran fieles al juramento que prohibía a los militares entrometerse en política y los obligaba a defender el cumplimiento de la Constitución. Pero los tiempos habían cambiado. La situación polarizada en el Chile de principios de los ‘70 hacía casi imposible que las personas no se sintieran identificadas ideológicamente con uno u otro bando. Y las FFAA no estaban al margen de ese proceso.
Vergara tenía información sobre el golpe que presenció desde el edificio Gabriela Mistral, pero no esperaba que tuviera esas características y dimensiones. Al día siguiente fue detenido por el comandante de escuadrilla Jaime Estay. Horas después, el capitán Juan de Dios Reyes le notificó su baja de la institución. En su departamento lo despojaron de toda identificación que lo ligaba a la Fach y fue llevado hasta la casa de sus padres. Ahí pasó la noche.

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EL COMANDANTE ALAMIRO CASTILLO SE NOTABA ASUSTADO cuando se reunió con su amigo dos días después del once. Estaba preocupado. Con la caída del gobierno, sabía que su seguridad y la de las personas con las que se había relacionado últimamente pendía de un hilo. Pero Vergara no creyó que fuera tan así. Por lo mismo, rechazó la invitación de Castillo para ir al aeródromo de Tobalaba y tomar un avión directo a Argentina. En vez de eso, se quedaría en la casa de su madre. Para qué irse si todo lo que decía su amigo era una exageración; nada podría pasarles.
Tres días después, la propuesta de Castillo ya no se veía tan desesperadamente irracional. El capitán Juan de Dios Reyes lo fue a buscar para presentarse en la Fiscalía de Aviación. Vergara, algo más asustado y entendiendo que la situación era más grave de lo que creía, fue llevado a los subterráneos del Ministerio de Defensa. Ahí estaban el general Bachelet, el comandante Ernesto Galaz y el coronel Rolando Miranda. A las 15:30 hrs. del día 19, los cuatro oficiales fueron subidos a un helicóptero y llevados hasta el subterráneo de un antiguo convento de las monjas del Villa María, ya en ese momento, la Academia de Guerra de la Fach (AGA). En el camino, tanto él como Bachelet pensaban una sola cosa: “nos van a matar”.
Vergara y sus tres compañeros fueron dejados en una sala húmeda y oscura de 3x6 mts. Los despojaron de sus pertenencias, les vendaron los ojos y les amarraron las manos. Sobre sus cabezas pusieron capuchas y los obligaron a quedarse de pie. Tampoco podían emitir palabra alguna. La amenaza era tan simple como eficaz: si no cumplían, recibirían un balazo en las piernas.
En la habitación, que años atrás había sido una capilla, había una especie de catre metálico en la que los detenidos eran amarrados y torturados con electricidad. Al frente, y separado por una puerta, un baño con un lavabo y un inodoro que era tan oscuro y pestilente como la habitación en que Vergara y sus compañeros se encontraban. Las paredes estaban manchadas con sangre.
Para ese entonces, Raúl Vergara ya engrosaba la lista de los más de 70 uniformados de la Fach que fueron inagotablemente colgados, golpeados, electrocutados y amedrentados por el selecto grupo de oficiales encabezado por el general Orlando Gutiérrez. Las torturas se repetían cada vez que nuevos detenidos, quienes antes habían establecido contacto con Vergara y su grupo de constitucionalistas, llegaban a la AGA.
Hasta mediados de noviembre, Raúl Vergara estuvo encerrado e incomunicado en ese lugar. Se veía completamente demacrado. Luego fue llevado a la Academia Politécnica Aeronáutica, en la base aérea de El Bosque, donde fue obligado junto a los otros detenidos a permanecer sentados en una mesa mirando fijamente una pared. Nuevamente, sin autorización para hablar y bajo la constante amenaza de abrir fuego.
La comida en ese lugar no era de mala calidad, pero era escasa. Además, dormir era también un problema ya que lo tenían que hacer sentados, en el mismo lugar que ocupaban en la mesa. Para ir al baño, debían hacerlo con la compañía de uno de sus guardias: hacían sus necesidades mientras un hombre armado los observaba. Para Vergara y los demás eso era lo más denigrante. Además, cualquier murmullo era prohibido y violentamente reprimido. Sus celadores no les sacaban la vista de encima y nunca soltaban su arma.
La incomunicación duró hasta que a uno de los vigilantes se le escapó por error un disparo que mató a uno de los oficiales detenidos. Lo enterraron con todos los honores militares y culparon de su muerte a sus compañeros, de forma que se justificara su detención. Después del incidente, los reclusos pudieron relacionarse entre ellos con mayor “libertad”. Desde ahí, Raúl Vergara iría en dos ocasiones más a la AGA para tratamientos de “repaso”.
En diciembre del ’73, la celda nº 12 de la Cárcel Pública se llenó de caras conocidas y cuerpos maltratados y cadavéricos. Entre ellos estaban los generales Bachelet y Poblete, el coronel Miranda, el comandante Galaz y los capitanes Carbacho, Silva y Vergara. La calle 2 de la cárcel, en cuyo acceso estaba el rótulo “Prisioneros de Guerra”, tenía una cancha de básquetbol y fútbol en el centro, donde los presidiarios realizaban distintas actividades para no perder el quicio. Montaban obras de teatro, tocaban música, jugaban fútbol, pintaban y conversaban. Raúl Vergara no era muy bueno para la pelota, pero jugaba Volley y ajedrez. También tocaba flauta, aunque según algunos de sus compañeros, "de manera más bien empeñosa que virtuosa".
El día 5 del mismo mes, Raúl Vergara fue nuevamente llevado a la AGA. Ahí se encontraría con una sorpresa. A los comandantes Edgar Ceballos y Ramón Cáceres, que habían sido sus principales torturadores, se sumó un ex compañero de curso, el capitán Víctor Mattig Guzmán. La sesión duró una semana. Durante todo ese tiempo, el ex capitán estuvo desnudo recibiendo descargas eléctricas y golpes con manoplas. Además, debió firmar una declaración en la que se autodeclaraba como el principal instigador de los oficiales constitucionalistas, uno de los planificadores de una supuesta toma de la Escuela de Aviación y colaborador del MIR en sus planes de infiltración en la Fach. Cuando terminó, sus costillas y esternón estaban quebrados.
Después de haber firmado el documento redactado previamente y leído por él sólo cuando le levantaron la capucha, nada se podía hacer; la condena que pedía el general Orlando Gutiérrez ya tenía su justificación.
Ya de vuelta en la cárcel, sólo le quedaba esperar su condena. Los papeles que Gutiérrez necesitaba para comenzar con sus penas a muerte ya estaban firmados. El primer Consejo de Guerra realizado en la dictadura empezaba a tomar forma. Sólo faltaban algunos cupos de la lista por llenar.

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El CORONEL HORACIO ORTAÍZA FUE EL ENCARGADO de notificar las condenas a los 57 uniformados y diez civiles acusados en la causa “Aviación contra Bachelet y otros 1-73”. Era marzo de 1974 y uno a uno fueron entrando a la oficina de la alcaidía de la cárcel. Ese día fue eterno. La angustia que sentían hacía parecer que las horas no pasaban. Hubo mucha gente que se quebró, que lloraba, que no creía en lo que estaba pasando. El tiempo seguía sin querer transcurrir.
Los primeros en ser llamados fueron los seis condenados a penas de muerte. Vergara salió de la oficina de Ortaíza sereno, tranquilo, orgulloso, como siempre se había mostrado; ya resignado a su suerte y sin pensar en ningún momento que lo que había hecho estaba mal. Luego, a medida que iban saliendo los demás, los oficiales se acercaban a sus subalternos y a los mayores para darles algún consejo o alguna palabra de aliento.
A las nueve de la noche aún no paraba de entrar y salir gente de la alcaidía. Carlos Carbacho los esperaba en el patio con su guitarra y entonando canciones. Uno a uno se fueron sumando a los cantos de la época, de la guerra civil española y de Víctor Jara, que sólo unos meses antes había sido asesinado. La tensión que había marcado la jornada ya había desaparecido. Sólo quedaba cantar.
En los días siguientes, los habitantes de la celda nº 12 dejaron su testimonio en un cilindro de tabaco que introdujeron en un muro: “En esta celda estuvieron junto a otros, en la cárcel, víctimas de la persecución fascista, los siguientes oficiales de la Fach, apresados y torturados por la Fiscalía de Aviación: Sergio Poblete, Alberto Bachelet, Carlos Ominami, Rolando Miranda, Ernesto Galaz, Jorge Silva, Carlos Carbacho y Raúl Vergara”.
El día 12 de marzo, uno de ellos no resistió más tortura. El general Bachelet murió de un ataque cardíaco, luego de uno de los tantos interrogatorios en la AGA. Vergara, que hasta ese día se había mostrado casi inquebrantable, quedó desolado.
El 17 de abril del ’74 el grupo de procesados fue abruptamente levantado y llevado al patio de la cárcel. Los gendarmes ya no estaban; el control del lugar lo habían tomado soldados de la Fach, todos con sus rostros pintados y con metralletas en las manos. Había helicópteros sobrevolando la cárcel y las luces los alumbraban directamente a los ojos.
Eran las cinco de la mañana. Estaba aún oscuro y el frío hacía que todos temblaran. A la fuerza, Raúl Vergara y sus compañeros fueron sacados del recinto penitenciario y subidos en micros. Durante todo el trayecto no se les permitió tomar asiento. Los obligaron a arrodillarse mirando hacia la parte posterior del bus con sus manos en la nuca. El destino era el auditorio de la AGA. Ahí se llevaría a cabo el Consejo de Guerra. Ninguno había desayunado o se había tomado un café. Menos se habían abrigado. También temblaban por los nervios.
El Consejo de Guerra abrió sus sesiones en el auditorio de la AGA con asistencia de abogados, observadores internacionales y periodistas locales y extranjeros. El Mercurio titulaba en su edición del día siguiente “Iniciado Consejo de Guerra FACh: -Se pide Pena Capital para 6 Acusados; -30 Años de Prisión para Erich Schnake; -Concurren observadores extranjeros” y decía que todos los acusados se veían en “perfectas condiciones físicas y anímicas”.
El salón donde se realizaban las sesiones, las que según el abogado Nuerieldín Hermosilla eran más bien un “teatro de lo trágico”, estaba separado de la lóbrega, fría y fétida sala de torturas sólo por una puerta y un soldado armado que la resguardaba. Además, estaba dividido en sectores. Se había dispuesto un pequeño anfiteatro para la prensa autorizada que carecía de cámaras, grabadoras, micrófonos o cualquier otro instrumento que permitiera documentar la audiencia. Ahí también se sentarían los observadores internacionales del Comité Coordinador para la Paz y del Comité Pro Juicios Justos para los Presos Políticos Chilenos, presididos por el norteamericano Joseph Morrey, quien dijo no tener "ninguna queja para formular al Consejo sobre el proceso que se lleva a cabo".
En el primer piso estaban los siete integrantes del Consejo de Guerra sentados frente a una mesa. A su derecha estaba el fiscal, general Orlando Gutiérrez; a la izquierda estaban ubicados los respectivos abogados defensores y sus defendidos. A cada uno de los asistentes les habían registrado el nombre y los habían revisado por completo, como medidas de seguridad.
A la defensa no le era permitido referirse a las torturas o a los maltratos que habían sufrido sus clientes y ni a las confesiones obligadas de las que ni los propios acusados entendían algo. Pero a la defensa no le importaba mucho la negación de las confesiones firmadas contra su voluntad. De hecho, ni los mismos defendidos querían que fuese así. Ellos temían que si su abogado hacía referencia a las torturas, cayeran nuevamente en los tratamientos de “repaso” en la AGA.
El fin de la defensa, explica Hermosilla, “tenía entonces dos objetivos: sacar a los acusados de las manos de la Fach, que hasta el momento había actuado con una odiosidad terrible durante todo el proceso, y mantener el tema vigente, a la luz, asomado a la opinión pública”. Así se aseguraban que los procesados mostraran signos de vida y que, si bien no serían liberados, pudieran llegar a mejores condiciones fuera de las manos de la Fach. La idea era también evitar un bajo perfil, como los que tuvieron los Consejos de Guerra posteriores (del Ejército y la Armada) y las detenciones que siguieron al proceso. En esos casos, los afectados simplemente no volvieron a ser vistos.
Las sesiones duraron más de dos meses. Entretanto, la defensa de los inculpados solicitó la incompetencia del juicio por considerar que los tiempos de guerra no existieron antes del 11 de septiembre del ‘73, época en que los supuestos actos de traición y sedición se habían llevado a cabo. La petición fue rechazada. El Consejo de Guerra dictaminó y estimó que los crímenes contemplados en el Código de Justicia Militar se refieren no sólo al estado de guerra en sí, sino que desde que existe un “enemigo”, entendiendo como tal tanto al extranjero como al interno. Según el Consejo, éste existe no desde que los actos son realizados, sino que "desde la presencia de intención y la enemistad que llevan a cometer el acto y desde que las instituciones de seguridad y de inteligencia militar se ponen en campaña para contrarrestar su actuar". El juicio no daría pie atrás.
Durante ese tiempo los reos fueron llevados a Capuchinos, donde los dividieron en los tres pisos: en el tercero estaban los oficiales; en el segundo, los suboficiales; y en el primero, los civiles. Los condenados a muerte habían sido llevados a la Penitenciaría, pero luego los rejuntaron.
En Capuchinos la situación era algo mejor. Compartían celda de a dos, tenían agua caliente y realizaban distintos talleres de repujado en cobre, talabartería, pintura, música, teatro y deportes. En ese momento ya contaban con el beneficio de visitas y las cosas que hacían se las regalaban a sus familias.
Recién al medio día del 30 de julio, el Consejo de Guerra dirigido por el general Juan Soler Manfredini entregó su fallo. En el documento que contenía las sentencias para los 65 inculpados, se ratificó tres de las seis peticiones a la pena capital por los delitos de traición, sedición, formación de células extremistas, incumplimiento de deberes militares y otras violaciones al Código de Justicia Militar, además de otra condena a muerte para el ex vicepresidente del Banco del Estado, Carlos Lazo. Una de las tres condenas ratificadas por el Consejo fue la de Raúl Vergara. Desde ese momento, las sentencias quedarían a disposición del general de aviación José Berdichewsky Scher, quien tenía la facultad de mantener, elevar o conmutar cada pena. El tiempo en que él deliberaría no estaba definido, pero ya había algo claro: Vergara y los otros tres acusados deberían enfrentar al pelotón de fusilamiento.

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BACHELET HABÍA MUERTO Y SU CASO HABÍA SIDO sobreseído por fallecimiento. Otro de los principales buscados y acusados, el comandante Alamiro Castillo, estaba asilado en Argentina. Pero los que habían caído y logrado sobrevivir hasta el final del proceso estaban en la cárcel y ya eran considerados como “civiles”. Cuatro de ellos esperaban el momento en que el pelotón los encarara, pero la resolución del general Berdichewsky, que fue expuesta el lunes 05 de agosto de 1974 en una conferencia de prensa del comandante Luis Rojas, terminó por rebajarles las condenas a 20 años y un día (por el delito del artículo 245, inciso 1ero del Código de Justicia Militar) y de diez años y un día (por el delito del artículo 274), debido a la “irreprochable conducta anterior” de los condenados. Uno de ellos era Raúl Vergara.
En 1978, un año después de haber sido nombrado “Preso del Año” en América Latina por la Amnesty International, Raúl Vergara salió de prisión para irse a Inglaterra. El decreto de ley 504 le permitió conmutar la pena por el exilio. Después de realizar una maestría de desarrollo económico en la Universidad de Sussex, se unió como “internacionalista” a la naciente Fuerza Aérea Sandinista de Nicaragua, donde se convrtiría en coorganizador y asumiría la segunda jefatura en la parte operativa, además de poder desempeñarse como piloto de guerra. La bandada que cayó presa después del 11 de septiembre del ’73 no salió ilesa. Muchos se quebraron en el camino y no pudieron superar lo vivido, pero Raúl Vergara no. Hoy, con 65 años, una barba canosa que se cuela por los bordes de su cabeza y una serenidad poco común, no espera el perdón de los que fueron sus camaradas y vuelve al trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet, hija de quien fuera su mentor, compañero de celda y amigo. Desde 2006 que ocupa el cargo de subsecretario de aviación en el Ministerio de Defensa.