DOS CARAS DE LA POLÍTICA DE GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: MÁS EQUIDAD EN EL ACCESO, MISMAS BRECHAS ESTRUCTURALES

La expansión de la gratuidad en la educación superior chilena se ha instalado como una de las reformas más significativas de las últimas décadas, al aliviar el endeudamiento estudiantil y ampliar el acceso de jóvenes de sectores populares a instituciones acreditadas. Sin embargo, este avance en justicia distributiva convive con profundas tensiones: sobre una estructura históricamente segmentada y sin políticas robustas de nivelación, la gratuidad ha operado más como corrección financiera que como transformación integral del sistema. Este breve ensayo propone leer la política en sus dos caras –como mecanismo de democratización del acceso y, al mismo tiempo, como dispositivo que reproduce brechas de calidad, trayectorias formativas desiguales y retornos laborales dispares– para argumentar que el verdadero desafío no es revertirla, sino completarla.



Más allá de los posibles matices, no hay duda de que la política de gratuidad en la educación superior que se implementa en Chile desde 2016 –consolidada dos años después por la Ley N.º 21.091–marcó un punto de inflexión en la historia educativa reciente del país. Surgió como respuesta a dos crisis estructurales del sistema: por una parte, el altísimo endeudamiento para estudiantes y sus familias, derivado del modelo de autofinanciamiento; y, por la otra, la profunda deslegitimación institucional tras los escándalos de lucro y desregulación. En un contexto de masificación progresiva que ya se había potenciado con la irrupción del Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2006, la política de gratuidad que sacó adelante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet buscó restaurar el principio de la educación como derecho social y reducir el peso del gasto privado que asfixiaba a las familias (Brunner, 2023; Espinoza & González, 2016).

Es en ese marco que la gratuidad vino a reparar un problema de equidad en el acceso a los estudios terciarios, eliminando para la población más vulnerable (hasta el sexto decil de ingreso) el riesgo financiero que implicaba ingresar a la educación superior. Al eximirlos del pago de aranceles, la política permitió que miles de jóvenes –muchos de ellos primera generación universitaria– pudieran acceder a formación profesional sin el peso aplastante de la deuda. Investigaciones recientes muestran que el número de estudiantes provenientes de colegios municipales y particulares subvencionados en instituciones acreditadas aumentó sostenidamente desde 2016 (Gedda-Muñoz & Carrasco-Bahamonde, 2023).

Más allá de su impacto distributivo, la gratuidad reorientó el marco moral y político del sistema, conteniendo el lucro y ordenando la competencia institucional. De la lectura histórica que hace Brunner (2023), la política de gratuidad se entiende como la culminación del tránsito desde un régimen predominantemente de mercado hacia uno crecientemente regulado e incluso financiado en parte importante por el Estado. En términos simbólicos, contribuyó a reinstalar la confianza en la educación superior como bien público y a corregir una desigualdad de origen: que el acceso dependiera del ingreso familiar.

Sin embargo, su implementación sobre una base desigual ha generado efectos colaterales. Según Bourdieu (1986), el éxito académico depende no solo del acceso, sino del capital cultural acumulado en etapas previas. En Chile, la falta de políticas de nivelación escolar implicó que muchos beneficiarios de gratuidad ingresaran con desventajas formativas, afectando las tasas de retención y los perfiles de ingreso de las instituciones.

Clasing y Zapata (2025) documentan que varias universidades reestructuraron su oferta hacia carreras de menor selectividad o duración, tensionando los estándares de calidad. Por su parte, Villaseca (2023; 2024) advierte que el diseño mismo de la gratuidad impuso topes de matrícula y aranceles regulados que desincentivan la innovación y castigan el crecimiento institucional, convirtiéndola en un mecanismo de control más que de estímulo. A su juicio, la política se ha transformado en una “bola de nieve” fiscal: el número de beneficiarios crece inercialmente sin una evaluación clara de desempeño o de costos.

Por otro lado, las diferencias en empleabilidad e ingresos entre áreas de estudio y tipos de institución siguen siendo amplias y estructurales (Servicio de Información de Educación Superior [SIES], 2025; Fiscalía Nacional Económica [FNE], 2025). Según la FNE, las universidades presentan en promedio una probabilidad de empleo entre un 10% y 22% superior a la de los institutos profesionales y centros de formación técnica, aunque esta brecha tiende a disminuir en los últimos años. A su vez, la rentabilidad estimada por carrera varía de manera significativa –con tasas internas de retorno entre 19% y 30%, según área y selectividad institucional–, evidenciando que el sistema reproduce una segmentación persistente entre programas y subsistemas. Si bien es cierto que estas diferencias anteceden a la gratuidad y no son causadas directamente por ella, reflejan asimetrías de información y desajustes entre oferta formativa y demanda laboral que limitan la capacidad de la política de financiamiento fiscal para traducirse en movilidad social efectiva.

En suma, la gratuidad para el acceso a la educación superior chilena es una política necesaria desde el punto de vista histórico y justa desde lo social, que logró desmercantilizar parcialmente los estudios terciarios y reducir la deuda estudiantil. No obstante, sus debilidades de diseño y ausencia de acompañamiento formativo la han vuelto vulnerable a la desigualdad que pretendía corregir, ya que la justicia distributiva inicial no ha sido sinónimo ni garantía de justicia de resultados.

El desafío, entonces, no es revertir la gratuidad, sino completarla: articularla con políticas de nivelación educativa, financiamiento por desempeño y apoyos académicos diferenciados. Esos caminos podrían ayudar a pavimentar la ruta para cumplir su promesa original: no solo abrir las puertas de la universidad, sino asegurar que todos quienes entren puedan aprender, titularse y progresar en igualdad de condiciones.


Referencias 


Ensayo inédito, realizado para el Magíster de Políticas Públicas UDP (noviembre/2025)

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