Las y los profesionales abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo absoluto ante la solicitud realizada por la Fiscalía Occidente –a través de la fiscal jefa de Alta Complejidad, Paulina Díaz Obilinovic– para obtener registros de llamadas, tráfico de datos y georreferenciación de 11 periodistas que han cubierto y revelado información del llamado “caso Hermosilla” en diversos medios de comunicación.
Aunque tanto el 4° Juzgado de Garantía de Santiago como la Corte de Apelaciones rechazaron la petición, el solo hecho de que una fiscal lo haya intentado es una señal que nos debe poner en alerta y acción.
No fue un error administrativo ni una simple desproporción procesal: fue un acto que desconoció garantías fundamentales básicas, entre ellas la libertad de expresión, el secreto profesional periodístico y, con ello, el derecho de todas las personas a estar informadas. Cuando el Estado, a través de cualquiera de sus órganos, busca intervenir las comunicaciones de la prensa y coartar su labor, se cruza una frontera peligrosa que socava los cimientos de la democracia.
El derecho de periodistas y medios a mantener en reserva la identidad de sus fuentes y todos los materiales que puedan revelarla, sin que puedan ser obligados a divulgarla “ni aun judicialmente”, está explícito en La Ley de Prensa (Ley N.º 19.733). No es un privilegio corporativo ni menos un capricho: es una garantía pública, pues sin fuentes protegidas, la prensa no puede fiscalizar al poder, revelar hechos de corrupción ni aportar información de interés público. Y entonces, la sociedad entera queda a ciegas.
Tanto la jurisprudencia como el Código Penal son claros: las interceptaciones requieren autorización judicial y solo proceden frente a imputados o personas sobre quienes existan sospechas fundadas de delitos graves. Extender esas medidas a periodistas constituye una extralimitación legal y ética.
Si bien esta vez el sistema judicial contuvo el abuso, se sabe que los controles institucionales no siempre bastan. Hace no mucho, el Ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar e intervenir el teléfono del periodista Mauricio Weibel, entre otros. Ese caso –aún abierto en tribunales– revela lo frágiles que pueden ser nuestras garantías cuando el poder actúa con opacidad y el control judicial falla.
No podemos normalizar que fiscales, policías o cualquier autoridad siquiera conciban la idea de “pinchar” a periodistas. Tan solo el hecho de que tal solicitud haya existido debiera movilizarnos no solo a profesionales de las comunicaciones, sino a toda la sociedad, porque lo que está en juego no es solo la libertad de informar, sino el derecho de toda persona a recibir información oportuna, relevante y libre de presiones o intereses del poder.
La libertad de prensa no es una prerrogativa del periodismo: es un derecho humano y constitucional que pertenece a la ciudadanía en su conjunto. Vulnerarlo –aunque sea en su intento– erosiona la confianza pública, empobrece el debate democrático y debilita las instituciones. Protegerlo es, en definitiva, proteger el derecho de las personas a saber e informarse.
Firmantes:
Aunque tanto el 4° Juzgado de Garantía de Santiago como la Corte de Apelaciones rechazaron la petición, el solo hecho de que una fiscal lo haya intentado es una señal que nos debe poner en alerta y acción.
No fue un error administrativo ni una simple desproporción procesal: fue un acto que desconoció garantías fundamentales básicas, entre ellas la libertad de expresión, el secreto profesional periodístico y, con ello, el derecho de todas las personas a estar informadas. Cuando el Estado, a través de cualquiera de sus órganos, busca intervenir las comunicaciones de la prensa y coartar su labor, se cruza una frontera peligrosa que socava los cimientos de la democracia.
El derecho de periodistas y medios a mantener en reserva la identidad de sus fuentes y todos los materiales que puedan revelarla, sin que puedan ser obligados a divulgarla “ni aun judicialmente”, está explícito en La Ley de Prensa (Ley N.º 19.733). No es un privilegio corporativo ni menos un capricho: es una garantía pública, pues sin fuentes protegidas, la prensa no puede fiscalizar al poder, revelar hechos de corrupción ni aportar información de interés público. Y entonces, la sociedad entera queda a ciegas.
Tanto la jurisprudencia como el Código Penal son claros: las interceptaciones requieren autorización judicial y solo proceden frente a imputados o personas sobre quienes existan sospechas fundadas de delitos graves. Extender esas medidas a periodistas constituye una extralimitación legal y ética.
Si bien esta vez el sistema judicial contuvo el abuso, se sabe que los controles institucionales no siempre bastan. Hace no mucho, el Ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar e intervenir el teléfono del periodista Mauricio Weibel, entre otros. Ese caso –aún abierto en tribunales– revela lo frágiles que pueden ser nuestras garantías cuando el poder actúa con opacidad y el control judicial falla.
No podemos normalizar que fiscales, policías o cualquier autoridad siquiera conciban la idea de “pinchar” a periodistas. Tan solo el hecho de que tal solicitud haya existido debiera movilizarnos no solo a profesionales de las comunicaciones, sino a toda la sociedad, porque lo que está en juego no es solo la libertad de informar, sino el derecho de toda persona a recibir información oportuna, relevante y libre de presiones o intereses del poder.
La libertad de prensa no es una prerrogativa del periodismo: es un derecho humano y constitucional que pertenece a la ciudadanía en su conjunto. Vulnerarlo –aunque sea en su intento– erosiona la confianza pública, empobrece el debate democrático y debilita las instituciones. Protegerlo es, en definitiva, proteger el derecho de las personas a saber e informarse.
Firmantes:
Iniciativa de Juan Pablo Figueroa y Patricia Alrringo, 7 Premios Nacionales, Premios Lenka Franulic, Premios Raquel Correa, Premio Excelencia Periodística, directores de carrera de periodismo, académicos de periodismo, directores de medios de comunicación, periodistas de medios de comunicación.
1. Juan Pablo Figueroa L, periodista. Ex director carrera de Periodismo UAH.
2. Patricia Alrringo, periodista. Ex presidenta Asociación Nacional de Mujeres Periodistas ANMPE. VP Regional Sudamérica AMMPE World.
3. Delia Vergara, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2025.
4. Patricia Stambuk, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2023.
5. Ascanio Cavallo, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2021.
6. Mónica González M., periodista, Premio Nacional de Periodismo 2019.
7. Abraham Santibáñez, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2015. Profesor emérito UDP.
8. María Olivia Mönckeberg, periodista , Premio Nacional de Periodismo 2009. Profesora titular U. de Chile.
9. Faride Zerán, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2007. Profesora titular U. de Chile.
10. Andrea Vial, periodista, Premio Lenka Franulic 2015.
11. Paula Escobar Ch., periodista, Premio Raquel Correa 2024 y Premio Lenka Franulic 2014. Académica y Directora Cátedra Mujeres y Medios U. Diego Portales.
12. Paulina De Allende-Salazar, periodista El Mostrador, Premio Lenka Franulic 2019.
13. Pilar Bernstein, Premio Lenka Franulic 2001.
14. Gloria Stanley, periodista. Premio Lenka Franulic 1984.
15. Claudia Álamo, periodista. Premio Raquel Correa 2022.
16. Cecilia García Huidobro, periodista. Premio Academia Chilena de la Lengua. Académica U. Diego Portales.
17. Matías Sánchez, periodista, periodista. Premio Periodismo de Excelencia UAH 2020.
18. Gabriela Pizarro, periodista, CIPER, Premio Periodismo de Excelencia UAH 2019.
19. Lyuba Yez, periodista. Presidenta del Consejo de ética de los Medios.
20. José Miguel Labrín Elgueta, periodista. Director de la Escuela de Periodismo Universidad de Chile.
21. José Miguel Infante, periodista. Director de Periodismo U. Central.
22. Sebastián Ansaldo, periodista. Director Departamento de Periodismo UAH.
23. Alberto Arellano, periodista. Director del CIP. UDP.
24. Ricardo Berdichesky. Director Ejecutivo Prisa Media Chile.
25. Pamela Castro, periodista. Directora The Clinic. VP ANP.
26. Max Valdés, periodista. Director medio digital Chócale.cl
27. Mario López, periodista y abogado. Director medio digital Estapasando.cl
28. Pedro Ramírez, periodista. Director Ciper.
29. Andrés Huerta, periodista. Editor general de prensa Radio ADN, y VP Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF).
30. Paula Afani, periodista.
31. Carolina Urrejola, periodista.
32. Mónica Pérez, periodista Canal 13.
33. Karin Ebensperger Ahrens, periodista.
34. Mauricio Weibel, periodista.
35. María Elena Hermosilla, periodista e investigadora en comunicación social.
36. Alejandra Matus, periodista. Académica UDP.
37. Alejandra Carmona López, periodista. Profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la U. de Chile.
38. Dino Pancani, periodista. Profesor asistente Universidad de Chile.
39. César Baeza Hidalgo, periodista. Corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras. / Director IPLE.
40. Patricia Rivera, periodista. Académica del Departamento de Periodismo UAH.
41. Tania Tamayo Grez, periodista. Académica y editora de Doble Espacio de la Escuela de Periodismo de la U. de Chile.
42. Claudia Lagos Lira, Periodista. Profesora Universidad de Chile.
43. Esteban González, periodista.
44. Fresia Soltof, periodista.
45. Pascale Bonnefoy, periodista. Profesora Universidad de Chile.
Carta abierta publicada y difundida por diversos medios (7/11/2025)
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