Lo que había al comienzo era un diseño básico e incipiente. Lo primero ya había sido acordado el 15 de noviembre de 2019, con el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución que firmaron los representantes de 11 partidos políticos de gobierno y oposición y, a mutuo propio, el diputado Gabriel Boric (CS): se abriría un camino para, después de 40 años, cambiar la Constitución vigente desde la dictadura.
Era la base de todo lo que vendría, una respuesta institucional para hacerse cargo -al menos en parte- de las demandas populares que desbordaron al país tras el estallido social del 18/O. Se propuso un plebiscito nacional a realizarse en abril para aprobar o rechazar ese cambio de Carta Magna y qué tipo de órgano se haría cargo de ello: uno 100% electo en las urnas o uno mixto conformado en partes iguales por ciudadanos y ciudadanas y parlamentarios.
En poco más de un mes, esa propuesta general se convirtió en ley y un día antes de navidad del año pasado, el camino ya estaba delineado: la Constitución ya no era la misma y ahora contemplaba un nuevo mecanismo para reemplazarla, el primero en la historia de Chile que involucraría a la ciudadanía en su redacción.
2019 terminó con un cronograma definido, pero también con varios aspectos clave pendientes que tendrían que ir resolviéndose a lo largo de este año. La paridad de género en la Convención, la participación de los sectores independientes y los escaños reservados para pueblos originarios, entre otros. Con la pandemia de Covid-19, todo se desbarajustaría y se sumó la incertidumbre sobre si el plan se cumpliría y si podría finalmente realizarse el plebiscito, además de cómo fomentar y garantizar, en un contexto de crisis sanitaria global, la participación de una población temerosa y el derecho a voto de miles de contagiados y contagiadas con el virus sin poner en riesgo -más aún- la salud de las personas.
Cada uno de esos temas significó una batalla que en algunos casos duraron meses, con distintos resultados, pero que irían modelando el paso a paso de la ruta constituyente. A continuación, un resumen de cómo se dieron esas peleas, cómo terminaron y cuáles son los efectos que tendrán sobre lo que viene para 2021.
Era la base de todo lo que vendría, una respuesta institucional para hacerse cargo -al menos en parte- de las demandas populares que desbordaron al país tras el estallido social del 18/O. Se propuso un plebiscito nacional a realizarse en abril para aprobar o rechazar ese cambio de Carta Magna y qué tipo de órgano se haría cargo de ello: uno 100% electo en las urnas o uno mixto conformado en partes iguales por ciudadanos y ciudadanas y parlamentarios.
En poco más de un mes, esa propuesta general se convirtió en ley y un día antes de navidad del año pasado, el camino ya estaba delineado: la Constitución ya no era la misma y ahora contemplaba un nuevo mecanismo para reemplazarla, el primero en la historia de Chile que involucraría a la ciudadanía en su redacción.
2019 terminó con un cronograma definido, pero también con varios aspectos clave pendientes que tendrían que ir resolviéndose a lo largo de este año. La paridad de género en la Convención, la participación de los sectores independientes y los escaños reservados para pueblos originarios, entre otros. Con la pandemia de Covid-19, todo se desbarajustaría y se sumó la incertidumbre sobre si el plan se cumpliría y si podría finalmente realizarse el plebiscito, además de cómo fomentar y garantizar, en un contexto de crisis sanitaria global, la participación de una población temerosa y el derecho a voto de miles de contagiados y contagiadas con el virus sin poner en riesgo -más aún- la salud de las personas.
Cada uno de esos temas significó una batalla que en algunos casos duraron meses, con distintos resultados, pero que irían modelando el paso a paso de la ruta constituyente. A continuación, un resumen de cómo se dieron esas peleas, cómo terminaron y cuáles son los efectos que tendrán sobre lo que viene para 2021.
CARA A CARA CON EL CORONAVIRUS 1: UN NUEVO CRONOGRAMA
Se veía muy encima y la premura hacía dudar a muchos de que se lograra hacer todo en tan poco tiempo: atar los cabos todavía sueltos y llevar adelante una campaña en todo el territorio para votar Apruebo o Rechazo en la fecha definida, el domingo 26 de abril. Se requería actuar rápido, pues había apenas cuatro meses para dejar todo listo. Pero 2020 no iba a ser un año para programaciones.
Mientras en Chile se vivía un verano marcado por las movilizaciones que se arrastraban desde el estallido social y las repetidas violaciones a los derechos humanos en la represión de las protestas, en el mundo se esparcía un virus proveniente de China y que avanzaba a una velocidad avasalladora. País donde llegaba la enfermedad, país que entraba en crisis. De a poco, las palabras Covid-19, coronavirus, epidemia y cuarentena pasaban a ser parte de las noticias ineludibles y las conversaciones cotidianas, aunque por estas latitudes se veía más bien como una amenaza probable, pero aún distante.
El proceso constituyente dominaba la agenda pública, pero el 3 de marzo se detectó oficialmente en Chile el primer caso importado de coronavirus. Todo cambiaría desde entonces.
No fue algo inmediato, pero en pocos días aparecieron más y más y más casos y el 11 de ese mismo mes la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó pandemia mundial. Ya casi sólo se hablaba de Covid-19 y lo constitucional quedaba en ascuas. Había miedo e incertidumbre y se desataba una de las primeras batallas constituyentes, una de las pocas no previstas al comenzar el año.
Estaban los que decían que había que postergarlo todo, que el riesgo sanitario era muy grande y que el foco de atención prioritario debía ser la contención del virus. También los que no querían desaprovechar la oportunidad de ir a un plebiscito lo antes posible y que querían mantener el cronograma tal como estaba. Y, por supuesto, había quienes proponían no posponerlo, sino cancelarlo todo indefinidamente.
Comenzó un debate intenso, aunque express. El 25 de marzo se promulgó el cambio de cronograma: el plebiscito de abril se corría para el 25 de octubre y, de paso, se postergaba el proceso completo por al menos seis meses.
Eso implicaría que habría más tiempo para hacer campañas y definir los aspectos que todavía estaban en el aire, lo que dilató debates clave para el proceso. También que, si ganaba el Apruebo, la votación de convencionales, la instalación de la Convención y la redacción de una nueva propuesta constitucional ya no sería en 2020, sino en 2021.
Mientras en Chile se vivía un verano marcado por las movilizaciones que se arrastraban desde el estallido social y las repetidas violaciones a los derechos humanos en la represión de las protestas, en el mundo se esparcía un virus proveniente de China y que avanzaba a una velocidad avasalladora. País donde llegaba la enfermedad, país que entraba en crisis. De a poco, las palabras Covid-19, coronavirus, epidemia y cuarentena pasaban a ser parte de las noticias ineludibles y las conversaciones cotidianas, aunque por estas latitudes se veía más bien como una amenaza probable, pero aún distante.
El proceso constituyente dominaba la agenda pública, pero el 3 de marzo se detectó oficialmente en Chile el primer caso importado de coronavirus. Todo cambiaría desde entonces.
No fue algo inmediato, pero en pocos días aparecieron más y más y más casos y el 11 de ese mismo mes la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó pandemia mundial. Ya casi sólo se hablaba de Covid-19 y lo constitucional quedaba en ascuas. Había miedo e incertidumbre y se desataba una de las primeras batallas constituyentes, una de las pocas no previstas al comenzar el año.
Estaban los que decían que había que postergarlo todo, que el riesgo sanitario era muy grande y que el foco de atención prioritario debía ser la contención del virus. También los que no querían desaprovechar la oportunidad de ir a un plebiscito lo antes posible y que querían mantener el cronograma tal como estaba. Y, por supuesto, había quienes proponían no posponerlo, sino cancelarlo todo indefinidamente.
Comenzó un debate intenso, aunque express. El 25 de marzo se promulgó el cambio de cronograma: el plebiscito de abril se corría para el 25 de octubre y, de paso, se postergaba el proceso completo por al menos seis meses.
Eso implicaría que habría más tiempo para hacer campañas y definir los aspectos que todavía estaban en el aire, lo que dilató debates clave para el proceso. También que, si ganaba el Apruebo, la votación de convencionales, la instalación de la Convención y la redacción de una nueva propuesta constitucional ya no sería en 2020, sino en 2021.
CARA A CARA CON EL CORONAVIRUS 2: LA INCERTIDUMBRE DEL PLEBISCITO Y EL VOTO COVID
Durante los meses que siguieron, la crisis sanitaria se hacía cada vez más grave, llegaba a lo económico y envolvía todo el espectro social y político. La urgencia se lo comía todo y sobre el plebiscito no había definiciones claras. Sí, había una fecha ya determinada, pero con miles de contagiados y muertos que aumentaban a diario, ninguna certeza de que las condiciones permitirían su realización y ninguna autoridad política se anticipaba.
Los mismos bandos que antes se enfrentaron para mover las fechas ahora discutían por la pertinencia de realizar un proceso electoral tan importante en medio de una pandemia y un estado de excepción constitucional. Los que no querían postergarlo de nuevo por ningún motivo; los que preferían la cautela, esperar y, si los datos lo justificaban, correrlo todo una vez más; y los que insistían en que sacar a la población a votar era irresponsable y que todo el proceso debía ser descartado definitivamente.
Recién en agosto, cuando estaba por comenzar el período legal de campaña, se confirmó que el plebiscito iba el 25 de octubre. Y entonces, se desató una nueva batalla: ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo garantizar la participación de una ciudadanía insegura y temerosa y, sobre todo, el voto de la población contagiada?
Para lo primero, el Servicio Electoral (Servel) y el Ministerio de Salud (Minsal) debían diseñar y aprobar un protocolo de seguridad. Chile no era el único país con elecciones en tiempos de pandemia, y ya había experiencias internacionales que se podían tomar como modelo. Contexto Factual fue registrando en distintos artículos ese proceso.
La primera versión contempló instrucciones obligatorias para los vocales de mesa, la entrega de kits sanitarios y recomendaciones para la ciudadanía, pero dejaba todavía varios aspectos sin resolver y que se irían completando con una mesa de trabajo. A comienzos de septiembre, el protocolo ya incluía una jornada extendida para la votación, además de un horario protegido y consideraciones especiales para población de riesgo, aforos por locales de votación y, entre otras cosas, la exigencia de que cada votante debía llevar implementos de seguridad sanitaria y su propio lápiz pasta azul. Aunque las indicaciones definitivas estuvieron listas a mediados de ese meses, y con eso se zanjaba también la otra batalla por Covid-19 que se dio en paralelo: el voto los contagiados y sus contactos estrechos.
Aunque muchos lo veían como una decisión estrictamente sanitaria, para otros era un debate sobre la garantía de un derecho político fundamental en una democracia: sufragar. Desde el gobierno se dijo varias veces que harían todo lo posible por garantizarles a los contagios activos su derecho constitucional a votar, aunque a medida que pasaba el tiempo, sus mensajes se empezaban a contradecir.
En la mesa técnica que conformaron el Servel y el Minsal junto a actores de la sociedad civil, se plantearon distintas opciones para no llevarles a las personas contagiadas directamente la posibilidad de emitir su preferencia de forma remota: se planteó el voto electrónico, el voto postal, doble jornada de votación y otras opciones -que también podrían haber beneficiado a otros grupos históricamente excluidos-, pero ya a fines de agosto el gobierno decía que cualquier alternativa era “inviable” y descartaba que esa población pudiera votar, estando habilitada legalmente para hacerlo.
El argumento: falta de tiempo. Pero también hubo de desidia, pues tal como mostramos en un artículo a inicios de septiembre, tiempo hubo para tomar decisiones.
Aunque parlamentarios intentaron revertir la situación mediante proyectos de ley express, no resultó y los cerca de 15.000 enfermos con Covid-19 que había a la fecha del plebiscito y sus contactos estrechos quedaron excluidos de la elección para aprobar o rechazar la redacción de una nueva Constitución. Eso sí, quedó el compromiso de resolver un mecanismo que para la elección de abril de 2021 permitiera a los pacientes con contagios activos votar. Aún no se ha formalizado cuál sería ese mecanismo.
Los mismos bandos que antes se enfrentaron para mover las fechas ahora discutían por la pertinencia de realizar un proceso electoral tan importante en medio de una pandemia y un estado de excepción constitucional. Los que no querían postergarlo de nuevo por ningún motivo; los que preferían la cautela, esperar y, si los datos lo justificaban, correrlo todo una vez más; y los que insistían en que sacar a la población a votar era irresponsable y que todo el proceso debía ser descartado definitivamente.
Recién en agosto, cuando estaba por comenzar el período legal de campaña, se confirmó que el plebiscito iba el 25 de octubre. Y entonces, se desató una nueva batalla: ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo garantizar la participación de una ciudadanía insegura y temerosa y, sobre todo, el voto de la población contagiada?
Para lo primero, el Servicio Electoral (Servel) y el Ministerio de Salud (Minsal) debían diseñar y aprobar un protocolo de seguridad. Chile no era el único país con elecciones en tiempos de pandemia, y ya había experiencias internacionales que se podían tomar como modelo. Contexto Factual fue registrando en distintos artículos ese proceso.
La primera versión contempló instrucciones obligatorias para los vocales de mesa, la entrega de kits sanitarios y recomendaciones para la ciudadanía, pero dejaba todavía varios aspectos sin resolver y que se irían completando con una mesa de trabajo. A comienzos de septiembre, el protocolo ya incluía una jornada extendida para la votación, además de un horario protegido y consideraciones especiales para población de riesgo, aforos por locales de votación y, entre otras cosas, la exigencia de que cada votante debía llevar implementos de seguridad sanitaria y su propio lápiz pasta azul. Aunque las indicaciones definitivas estuvieron listas a mediados de ese meses, y con eso se zanjaba también la otra batalla por Covid-19 que se dio en paralelo: el voto los contagiados y sus contactos estrechos.
Aunque muchos lo veían como una decisión estrictamente sanitaria, para otros era un debate sobre la garantía de un derecho político fundamental en una democracia: sufragar. Desde el gobierno se dijo varias veces que harían todo lo posible por garantizarles a los contagios activos su derecho constitucional a votar, aunque a medida que pasaba el tiempo, sus mensajes se empezaban a contradecir.
En la mesa técnica que conformaron el Servel y el Minsal junto a actores de la sociedad civil, se plantearon distintas opciones para no llevarles a las personas contagiadas directamente la posibilidad de emitir su preferencia de forma remota: se planteó el voto electrónico, el voto postal, doble jornada de votación y otras opciones -que también podrían haber beneficiado a otros grupos históricamente excluidos-, pero ya a fines de agosto el gobierno decía que cualquier alternativa era “inviable” y descartaba que esa población pudiera votar, estando habilitada legalmente para hacerlo.
El argumento: falta de tiempo. Pero también hubo de desidia, pues tal como mostramos en un artículo a inicios de septiembre, tiempo hubo para tomar decisiones.
Aunque parlamentarios intentaron revertir la situación mediante proyectos de ley express, no resultó y los cerca de 15.000 enfermos con Covid-19 que había a la fecha del plebiscito y sus contactos estrechos quedaron excluidos de la elección para aprobar o rechazar la redacción de una nueva Constitución. Eso sí, quedó el compromiso de resolver un mecanismo que para la elección de abril de 2021 permitiera a los pacientes con contagios activos votar. Aún no se ha formalizado cuál sería ese mecanismo.
PARIDAD DE GÉNERO Y LA VÍA INDEPENDIENTE A LA CONVENCIÓN
A pesar de que la posibilidad de que la Convención que redactaría una nueva Constitución fuera paritaria fue parte de las conversaciones para el diseño original del proceso constituyente, en el Congreso se resolvió verlo por una vía paralela. Fue así que el 23 de marzo se promulgó la ley que garantizó la paridad de género y la conformación electoral de pactos para candidaturas independientes.
Lo de la igualdad entre hombres y mujeres en la repartición de escaños para el órgano constituyente, salió del Congreso sin grandes peleas de por medio. Lo de las candidaturas independientes, en cambio, dejó abierta una batalla que se libró durante gran parte de 2020, básicamente por la disparidad frente a los postulantes de los partidos políticos.
Lo de la igualdad entre hombres y mujeres en la repartición de escaños para el órgano constituyente, salió del Congreso sin grandes peleas de por medio. Lo de las candidaturas independientes, en cambio, dejó abierta una batalla que se libró durante gran parte de 2020, básicamente por la disparidad frente a los postulantes de los partidos políticos.
Se definió que los independientes podrían participar individualmente o en listas para llegar a la Convención, pero que para eso debían juntar firmas: el equivalente al 0,4% de los votos emitidos en cada distrito en las últimas elecciones parlamentarias para las candidaturas individuales y el 1,5% para las listas. Las firmas debían ser ante notario y de forma presencial, una complicación extra en contexto de pandemia y confinamiento.
Las agrupaciones independientes comenzaron a presionar para “emparejar la cancha” disminuyendo las barreras de entrada a la competencia para ser convencional constituyente.
Llegó el plebiscito, ganó el Apruebo, y entre los cabos sueltos que quedaban uno era precisamente ese. Para fines de noviembre, todavía se tramitaba en el Congreso el proyecto para reducir los requisitos y las agrupaciones seguían en ascuas cuando faltaba poco más de un mes para que venciera el plazo para presentar candidaturas el 11 de enero de 2021.
Al final, todo se zanjó la primera semana de diciembre: se redujo a la mitad el número de firmas que debían reunir los candidatos y candidatas individuales y a 0,5% para listas, aunque con un mínimo de 300 y 500, respectivamente. No se les permitió hacer pactos con partidos y se determinó que los patrocinios se podrían hacer online haciendo uso de la Clave Única.
Con la ley lista, las organizaciones independientes se reactivaron para cumplir con los requisitos a la espera de que el Servel habilitara la plataforma para obtener las firmas. Eso último se concretó el 14 de diciembre por la noche, cuando se abrió oficialmente la carrera para lograr los patrocinios necesarios. El proceso estará abierto hasta el 11 de enero y ya más de 20.000 personas han firmado para promover la participación de algún o alguna candidata independiente.
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A LA CONVENCIÓN
Esta fue, quizás, la más dura de las peleas.
Partió a fines de 2019, cuando parlamentarios de oposición ingresaron un proyecto para reservar escaños en la Convención para pueblos originarios. Se plantearon además cupos protegidos para chilenos en el extranjero y también para mujeres como un mecanismo de paridad de género -cuando esa ley aún no salía-, como lo contamos en un artículo al comienzo de septiembre.
De esas opciones, la única que prosperó fue la de los pueblos indígenas. Aunque en la Cámara se propusieron 18 escaños supernumerarios, salió en julio al Senado sólo como un enunciado genérico, sin detalles de número ni mecanismo. Por eso los senadores intentaron darle forma, proponiendo guarismos y modalidades. Por supuesto, cuando llegó el plebiscito aún no había nada resuelto y eso complicó la situación mucho más.
De esas opciones, la única que prosperó fue la de los pueblos indígenas. Aunque en la Cámara se propusieron 18 escaños supernumerarios, salió en julio al Senado sólo como un enunciado genérico, sin detalles de número ni mecanismo. Por eso los senadores intentaron darle forma, proponiendo guarismos y modalidades. Por supuesto, cuando llegó el plebiscito aún no había nada resuelto y eso complicó la situación mucho más.
Aunque prácticamente desde el comienzo que en el debate legislativo se planteó que los cupos serían supernumerarios, el argumento oficialista de que en el plebiscito se votó por una Convención Constitucional de sólo 155 integrantes, trabó la discusión. La propuesta de senadores opositores que prosperaba y planteaba 24 escaños reservados extras, y uno más para el pueblo tribal afrodescendiente, se cayó. En cambio, desde Chile Vamos propusieron que fueran sólo 15 y dentro de los 155. Tampoco prosperó y todo se fue a una comisión mixta donde todo cambió.
Al final, se decidió que serían 17 escaños reservados para los nueve pueblos indígenas reconocidos por el Estado, y que no iría el nº 18 para los afrodescendientes -también reconocidos legalmente-. Y no sólo eso, se definió quiénes podrían elegirlos, cómo podrían postular y muchos otros aspectos que desmenuzamos en detalle en este artículo.
Por lo tanto, la nueva Constitución que empezará a redactarse en unos pocos meses, incluirá por primera vez a los pueblos originarios en la toma de decisiones, un hecho histórico y que genera altas expectativas entre las comunidades indígenas, aunque también críticas por cómo se desarrolló el debate.
Sobre esas críticas y las demandas que cada pueblo buscará llevar a la arena constitucional, pueden leer en este reportaje.
Publicado originalmente en Contexto Factual (28/12/2020)
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